El Jefe del Estado (y II)

A mi amiga AQ

Veíamos que en una Monarquía constitucional y parlamentaria, la Corona simbolizaba la unidad del Estado. Esto explica su intervención en numerosos actos de otros órganos constitucionales (artículo 62 de la Carta Magna):

  1. Respecto del Legislativo, sanciona y promulga las Leyes; convoca y disuelve las Cortes Generales y convoca elecciones.  También convoca los referéndums. He aquí dos puntos de conexión directa entre el Pueblo y la Corona.
  2. Respecto del Ejecutivo propone el candidato a Presidente del Gobierno y llegado el caso lo nombra o pone fin a sus funciones. Además nombra y separa a los miembros del Gobierno (Ministros), a propuesta de su Presidente. Expide los decretos del Consejo de Ministros (o sea, el Gobierno). Si el Presidente del Gobierno se lo solicita, el Rey podrá presidir la reunión del Consejo de Ministros. Además, confiere empleos, honores y distinciones, civiles y militares.
  3. Respecto del Poder judicial, ejerce el derecho de gracia (indulto) y además la Justicia, que emana del pueblo, se administra en nombre del Rey (artículo 117.1)

El Rey tiene otras dos funciones capitales: de acuerdo con la primera es el máximo representante del Estado, como sujeto (uno y permanente) de Derecho Internacional Público, frente a los demás Estados. Así el artículo 63 de la Constitución dispone que:

  • acredita y ante él se acreditan los representantes diplomáticos españoles y extranjeros
  • manifiesta el consentimiento del Estado en obligarse por medio de Tratados
  • declara la guerra y hace la paz, previa autorización de Cortes.

La segunda función capital es la de ser el Jefe de las Fuerzas Armadas.

Nación, Derecho, Estado

La Nación se define como una población asentada sobre un territorio. Esa población son personas que deciden convivir juntas. Nada las une más que el idioma y el Derecho: que todos hablemos la misma lengua y nos apliquen las mismas reglas, es lo que nos hace sentir que formamos parte del mismo país, del mismo proyecto de convivencia común.

Por eso es tan grave que —rebasando por completo lo previsto en la Constitución—, Cataluña haya ido promulgando, poco a poco todo un Código Civil propio, sin que nuestras (inútiles) instituciones parezcan haber tenido demasiado que objetar. El Código Civil contiene reglas sobre cosas muy cercanas al ciudadano, muy “de la vida diaria”. Es un ejemplo entre otros muchos posibles.

Si las leyes y la lengua son distintas, ¿somos del mismo país? Y, ¿qué papel ha tenido la Corona como símbolo de unidad y permanencia de la Nación española en todo esto? ¿O estábamos ocupados en otras cuestiones que nada tenían que ver con nuestro papel institucional? (El reloj tiene 24 horas para todo el mundo).

La Nación española se organiza jurídicamente. Por eso es un Estado. Ubi societas, ibi ius—donde haya sociedad, hay Derecho—, que dice el aforismo. Bien pues la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Nótese que estamos hablando de la forma política del Estado, que no la forma de Gobierno, que eso es otra cosa.

La vida en sociedad abarca todo lo que de la vida sean las relaciones entre las personas. No abarca las relaciones de uno consigo mismo, y no abarca las relaciones que puedan darse entre otros seres vivos. Es por esta razón que desde un punto de vista técnico-jurídico, los animales carecen de derechos, como carecen de obligaciones; y es por esta razón que los motivos internos al sujeto, sus “cogitationes”, son irrelevantes para el Derecho pues en no exteriorizándose, no forman parte de la vida de relación entre las personas.

De todas las relaciones entre las personas, hay una parte de ellas que se regulan por el Derecho. Otras quedan excluidas. Uno de los problemas actuales del Derecho —sobre todo el Administrativo— es que no sabe dónde parar, haciéndose atosigante, enfermizo, irracional, profundamente impeditivo de que cada uno pueda desplegar su potencial y en suma terriblemente dañoso para la sociedad.

El Derecho trata de realizar el valor “justicia”. La justicia no es sino hacer el bien en nuestras relaciones con los demás. Eso y no otra cosa es lo que el Derecho debe realizar (y a buen entendedor, pocas palabras).

Un ordenamiento jurídico se caracteriza porque en él no hay lagunas. Para cualquier caso que surja, hay una solución, siempre. Eso es un ordenamiento jurídico. O sea, en la zona de las relaciones sociales que regula el Derecho del Estado español y que afecta a su población —sean nacionales o personas que se hallen en su territorio—, hay una solución jurídica para cualquier caso que se plantee, y esa solución debe necesariamente atender a la realización de los valores justicia, igualdad, libertad y pluralismo político.

Esto es así y es lo que las cosas deben ser. Nosotros el pueblo español estamos en posición de exigir que se cumpla, porque somos el soberano, y el soberano lo es, porque es quien manda.

La inmunidad del Rey: puramente instrumental

El artículo 56.3 de la Constitución dispone que la persona del Rey es inviolable, y no está sujeto a responsabilidad. Esto significa que cada uno de sus actos con trascendencia jurídica deberá estar refrendada por otro.

La inviolabilidad del Jefe del Estado como su máximo representante, hay que buscarla en la regla par in parem, por la cual entre iguales no hay ejercicio del iure imperii, o sea entre Estados no hay soberanía de uno sobre otro. Esta inmunidad es instrumental al mantenimiento del orden internacional, del mismo modo que la inamovilidad de Jueces y Magistrados es instrumental a su independencia (y sometimiento exclusivo pero pleno a la ley), impidiendo la sustitución arbitraria del juez ordinario predeterminado por la ley por otro más conveniente a los intereses que fueren.

En Derecho Internacional Público todos los Estados son soberanos, y esto explica que el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y los representantes diplomáticos (entre otros) gocen de ciertas inmunidades, pero no todas. Cuando se hallen en territorio de otro Estado deben cumplir sus leyes, y desde luego siempre cuando actúen como sujetos privados.

El Rey es sin embargo también inmune frente a las leyes y los tribunales españoles. Esta inmunidad absoluta frente a las propias leyes nacionales es típica de las dictaduras. La explicación es que el dictador es fuente misma de la ley, y por tanto no está sujeto a ella. Hitler gozó de esta inmunidad.

Desde un punto de vista racional, la inviolabilidad regia absoluta es muy discutible. Más razonable parece que el Rey en cuanto actúe como personificación de la Corona —esto es realizando actos “de imperio”— fuese irresponsable; pero no así cuando actuase como sujeto de Derecho privado, es decir, realizando actos “iure gestionis”, ya fuese en el ámbito civil y mercantil, el penal o el administrativo.

Cabe concluir de este análisis muy básico pero técnicamente correcto, que rectamente entendida la Corona presenta ciertas importantes ventajas en su diseño institucional que no cabe ignorar. Resulta sin embargo inaceptable que pueda no cumplir su papel, que goce de inmunidad y que carezca de mecanismos de control a su actividad, que tanto ha dejado que desear a lo largo de estos años, para degenerar en algo terriblemente alejado de la alta misión que se le ha encomendado. Debería sentirse honrada en su papel, cuya propia naturaleza le exige un comportamiento ejemplar, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, pues del Rey para abajo, todos, y cuando el de arriba pierde la vergüenza, el de abajo pierde el respeto.

Como está demostrando estos días el Papa Francisco, por lo demás Monarca electivo pero absoluto, el factor personal, es clave.

 

 

 

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