El Jefe del Estado (I de II)

Si en esta vida siempre hay que priorizar, a fin de centrar los esfuerzos en lo que de verdad es más importante en cada momento, en las situaciones de auténtica emergencia (económica) nacional como la que vivimos, esto se hace aún más necesario.

Así pues las cosas quien estas líneas escribe es de las que piensa que este ni es el momento de abrir un proceso constituyente en España ni es el momento de plantearse si España debe ser una Monarquía constitucional o una República. El debate es perfectamente legítimo y desde luego que hay numerosos aspectos de la institución monárquica que resultan discutibles. Sin embargo si algo no está roto del todo y con algún arreglo puede seguir sirviendo eficazmente a su propósito, parece un principio en esta vida que sea antes arreglar que tirar.

Este artículo y el siguiente parten de la necesidad de arreglo de una institución que ha probado últimamente tener unos fallos que no son aceptables, no estar sirviendo adecuadamente a su fin constitucional y  estar rodeada del mismo horrendo halo de corrupción que parece ya omnipresente en la vida española y a todos los niveles. Si hay una institución que debe ser ejemplar, como se verá por su elevada función, es la Corona. La calidad de las instituciones es función directa de la calidad de las personas que encarnan sus órganos y la Corona no es una excepción.

Habida cuenta de que la soberanía residen en el pueblo español del cual emanan los poderes del Estado (artículo 1.2 de la Constitución), aquél está en posición de exigir —no solicitar sino verdaderamente exigir— que sus instituciones cumplan su papel y que las leyes que en su nombre se dictan, se observen. Hay profundos defectos técnicos en la Constitución española que hacen que cualquier intento de hacer valer el axioma de que el pueblo español sea el soberano, resulte de muy dudosa eficacia. Así pues las cosas, repasemos las exigencias de nuestra democracia, no sea que por auténtico hartazgo caigamos en una suicida oclocracia (gobierno de la muchedumbre, por la fuerza y al margen de la ley).

Unidad y permanencia

En España hubo transición, no revolución. La transición “de la ley a la ley a través de la ley” no fue sino un desenvolverse el cambio político a través de los cauces jurídicos. Se logró una verdadera revolución pero sin los traumas que suelen acompañarlas: sepamos valorar lo que tenemos.

La Monarquía (la Corona) —que en absoluto el Rey como tal persona física— fue, por sus especiales características, la institución que permitió este tránsito. La razón es que la Corona simboliza la unidad y permanencia del Estado. Esa nota de tradición histórica es lo que permitió aceptar que la Jefatura del Estado se ocupase legítimamente por la Corona, la cual, como pura abstracción que es, requirió para funcionar, que alguien “con ojos y cara” la encarnase.

La Constitución de 1978 no nació como Minerva, de la nada, sino que es heredera de toda una tradición jurídico-política por lo cual conceptos como propiedad, territorio y pueblo (entre otros numerosísimos) son bases de las cuales parte; y que la Monarquía en España tenía tradición, es indiscutible. La persona que siguiendo las normas establecidas desde Las Partidas (redactadas durante el reinado de Alfonso X el Sabio, años 1252 – 1284) resultó ser el legítimo sucesor, habiendo abdicado su padre, fue Juan Carlos de Borbón.

Todas las constituciones (1837, 1845, 1869, 1876) disponían que “La potestad de hacer cumplir las leyes reside en el Rey…” identificando de este modo Corona y Poder Ejecutivo. La Constitución de Cádiz de 1812 decía además “…exclusivamente…”

La Constitución de 1978 rompe precisamente con este modelo y dispone que “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…” pero en absoluto encarna el poder ejecutivo sino que se sitúa al margen de los tres poderes del Estado, fuera por tanto del juego de intereses coyunturales de los partidos. Esto es de por sí y a la vista de nuestra triste partitocracia, una ventaja evidente del diseño constitucional vigente.

Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político

Para Stein (1815 – 1890) el Príncipe (Rey) encarna el Estado. El Estado no es más que el esfuerzo por someter el poder al Derecho. El Derecho es la garantía de libertad que tenemos las personas.

Así pues el Rey (en nuestro caso la Corona, como institución) encarna la libertad, frente a los apremios resultantes de la lucha de clases, partidos, lobbies y fuerzas sociales reales que de otro modo se acabarían imponiendo (por ejemplo por quien ostentase una superioridad financiera o tecnológica). Es en el propio interés del Estado no sucumbir a ninguno de los poderes fácticos.

La libertad en un esquema de convivencia ajustado al Derecho supone la realización de la justicia y una garantía de igualdad y pluralismo político, ergo de paz. ¿A alguien le suena aquello de “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” del artículo 1.1 de la Constitución?

Si alguien se cree que nuestro constituyente se mató a pensar se equivoca: tiraron de libros y temas de oposiciones, e hicieron bien, pues no es necesario siempre reinventar la rueda.

Ese hombre que encarna el Estado como orden del libertad, no tiene más interés que el interés del Estado mismo, y con su sola presencia ya logra una cierta armonía: “El Rey es el Jefe del Estado” decíamos, y como tal arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…

Este situarse al margen de las coyunturas y las conveniencias permite a la institución monárquica ejercer verdaderamente como elemento moderador y garante de que el Estado en efecto sea la organización jurídica de la Nación, garantía al fin y al cabo de libertad de cada uno de nosotros frente a quienes tendrían el uso de la fuerza (u otras formas de inmenso poder de hecho).

Considerando que la Monarquía nos cuesta una barbaridad de dinero todos los años, y que tiene un papel mucho más importante que el que ha venido desarrollando hasta ahora, sólo parece prudente pedirle que empiece de verdad a cumplir, y más dada la dramática coyuntura de generalizada putrefacción institucional, invirtiendo el proceso por el cual el de abajo perdió el respeto porque antes el de arriba había perdido la vergüenza.

Continuará…

 

 

 

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