Auto del Caso Pallerols: una resolución ejemplar (I de II)

Tanto es obligado denunciar cuándo la justicia incumple su papel primordial como garante último del Estado de Derecho, como lo es comunicar las ocasiones en las cuales cumple esta función y con más razón cuando lo hace de manera ejemplar.

Este es el caso con el Auto de 1 de marzo de 2013 dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona en el proceso de ejecutoria 14/2013, y que trae causa de la Sentencia de 21 de enero de 2013, dictada en trámite de conformidad con los acusados. La sentencia condena a cuatro personas a penas de prisión y otras de multa en el conocido como “Caso Pallerols” o de financiación irregular de Unió Democrática de Catalunya (UDC), con fondos que estaban destinados a la formación de trabajadores, en activo y parados. Por diversos avatares, se tardó casi catorce años en dictar sentencia.

Los países funcionan a través de sus instituciones, y la confianza del ciudadano en ellas es un elemento esencial al ordenado desarrollo de la vida colectiva. La coyuntura española, ahogada en un mar de corrupción, está agravando los efectos de la crisis mucho más allá de lo que deberían ser.

Los dramas personales de los cuales son expresivas las disparadas tasas de suicidio (entre otras estadísticas), ha hecho que la confianza en unas instituciones ineficientes, cuando no podridas hasta los tuétanos, se haya desplomado.

El auto del caso Pallerols que se pasa a analizar es mucho, muchísimo más importante de lo que pueda parecer: es un soplo del aire fresco y una buena razón para tener esperanza en esos españoles gracias a cuya recta labor, el país sigue funcionando. Son muchos… y no suelen ser noticia. Vaya el análisis de este Auto ejemplar tanto por los Señores Magistrados, como por todos los que son como ellos.

Lo que el Auto debía resolver es si procedía —o no— suspender la ejecución de la pena de cárcel que se imponía a tres de los cuatro condenados, y si en un caso debía sustituirse —o no— la pena de cárcel por una de multa. La cuestión se plantea al hilo de la facultad —que no la obligación— que el Código Penal otorga al Juez para dejar en suspenso el ingreso en prisión o sustituir la pena de cárcel por una multa, siempre que se den determinadas condiciones

Hechos, delitos y penas

Desde el 3 de diciembre de 1993 hasta el 12 de abril de 1999, Don Lluis Gavaldá Casat, militante de UDC desde 1986, era Director de la Dirección General de Ocupación del departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Desde ahí promovía la realización de cursos de formación con las empresas en las cuales Don Fidel Pallerols Montoya era gestor y director. El hermano de Don Lluis, Don Vicenç Gavaldá Casat fue  Secretario de Organzación (de 1992 a 1996) y luego Secretario de Relaciones Institucionales (1997-1999) de UDC.

El modo en que se desviaban los fondos era que se libraban facturas contra las empresas del Sr. Pallerols, por servicios que ésta nunca había prestado. Un clásico, vamos…

El importe pactado llegó a ser de 595.972,61 €, aunque finalmente sólo se desviaron 388.484 €. Estos fondos inicialmente públicos, fueron a engrosar las arcas de UDC, además de los bolsillos de algunos militantes de UDC, entre ellos, Don Lluis y Don Vicenç.

Se apreció la comisión, de modo continuado, de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

Las penas inicialmente solicitadas y las finalmente aceptadas por los imputados en trámite de conformidad, fueron:

  • Cinco años y diez meses de prisión para Don Lluis, quedando en un año y seis meses;
  • Para Don Fidel y Don Vicenç, seis años que finalmente quedaron en doce meses y quince días, en ambos casos cada uno;
  • Hubo un cuarto acusado por los mismos delitos pero sus penas iniciales y finales fueron menores y se sustituyeron automáticamente por multa.

El fin de la pena

El artículo 25.2 de la Constitución establece que “las penas privativas de libertad […] están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”. En base a esta afirmación han corrido ríos de tinta acerca de la necesidad y la utilidad de la pena, en el caso de individuos que —al menos en apariencia— estarían perfectamente reinsertados socialmente: piénsese en todos los llamados delincuentes de cuello blanco, algunos de ellos de elevado nivel social y cultural. La primera impresión sería que poca reeducación parece que pudiese aportarles el ingreso en un centro penitenciario.

Al margen del fin reeducador de las penas, debe señalarse el de su doble función, tanto retributiva —o de “pagar por lo que uno haya hecho”— como preventiva, disuasoria, y tanto general como especial.

El hecho de que a cierto comportamiento se le anude como consecuencia la imposición de una pena privativa de libertad tiene el efecto general de desanimar de llevarlo a cabo. De manera concreta, o sea, “especial”, su imposición al culpable, tendrá el efecto particular de que la próxima vez no se sienta tan fácilmente tentado.

En el caso que nos ocupa y como dice el Auto, “nada autoriza a pensar que” [los tres condenados] “no estén reinsertados socialmente” …”entendido jurídicamente, esto es, que sean ‘capaces de llevar una vida sin delito’ por más que no deba pasarse por alto que a la pena le incumbe cumplir también una función e compensación de la culpabilidad […]

Continuará: en el próximo capítulo veremos la suspensión, la sustitución y la libertad condicional; y veremos por qué, aunque las penas eran en los tres casos inferiores a los dos años, el Tribunal optó en los tres casos porque los condenados fuesen a prisión.

 

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2 comentarios


  1. Sancho Amado

    Para explicarlo en dos palabras, aunque nunca tan bien como ya lo hace Cristina Falkenberg:
    1) Que un delincuente aprenda la lección y no nos limitemos a que pague una multa, que a veces le resulta “de risa”, porque terminan pagándola con el dinero saqueado al pueblo.
    2) Que la sociedad comprenda que, AHORA parece que existe la justicia que hasta ahora no percibe.
    Y aún así, me pregunto: (A) ¿Por qué “leches” 5 años y 10 meses terminan en 1 año y 6 meses (B) ¿Por qué no podrían convertirse 5 años y 10 meses en 15 años, por ejemplo?

  2. Cristina Falkenberg

    ¡Gracias Sancho pero no merezco tanto…!
    Respondiendo a tu pregunta y sin que yo sea penalista ni conozca el caso en sus detalles, al dictarse la sentencia en conformidad, lo cual la hace firme (irrecurrible) desde el momento en que se dicta, se “acuerda” la pena con los imputados y suelen salir rebajas sustanciales (nadie en su sano juicio acordaría una pena mayor que la inicialmente pedida por el fiscal o las acusación).