El opaco Ayuntamiento de Benahavís

La falta de transparencia es indicio de corrupción y constatación, desde luego, de falta de eficiencia. Es ley de vida que cuando uno ha trabajado honradamente y bien, está deseoso de compartir si trabajo con los demás, de mostrarlo contento de que otro se tome un interés en ello.

Y al contrario, cuando algo hay que no es bueno, las cosas no se muestran, se esconden, se ocultan, porque se ha hecho algo que no se debía hacer. A esta circunstancia se suman las “instituciones desastre”, las que siguen abiertas porque se les asigna un presupuesto anual, pues de ser una empresa privada con una clientela libre de irse a la competencia, habrían cerrado hace años.

Nuestras instituciones son lentas y pastosas, con una carga burocrática que a veces no es culpa de la institución en sí sino que les viene dada. Otras veces ellos mismos demoran las cosas, no son “facilitadores de la vida en sociedad” sino un verdadero obstáculo, un estorbo, un impedimento al funcionamiento del Estado de Derecho mismo en vez de ser el cauce limpio por el cual discurra.

En estos casos a la pesada carga que la elevada presión fiscal ya supone para los ciudadanos, se añaden los enormes sobrecostes de la ineficiencia y de la corrupción que suele ir de la mano.

El caso del Ayuntamiento de Benahavís

El 18 de septiembre pasado pedí vista y copia de una serie de expedientes urbanísticos. Finalmente pedí y pagué para que se me entregasen los CDs de las siguientes seis zonas:

  1. BH_SU_UE2.2 El Herrojo
  2. BH_SUP_UE39 Vega del Jaque
  3. BH_SUP_UE40 Tajos Blancos
  4. BH_SUP_UE47 Real de la Quinta
  5. BH_SU_UE15 Cerro Artola
  6. BH_SUP_UE38 Ampliación Cerro Artola

Pese a que se trata simplemente de grabar en un CD lo que ya está en un ordenador, a fecha de hoy no lo tengo: tengo largas, tengo la falta de respeto por el ciudadano y por la ley, digámoslo abiertamente: es una de las cosas más desagradables que tiene este país, tanto por la tomadura de pelo en sí como por la vergüenza ajena que se siente ante estos comportamientos institucionales.

Las sospechas de corrupción y de que algo inconfesable se haya podido hacer con estas zonas resultan inevitables.

 

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NO A LAS PERRERAS DE LOS HORRORES EN MARBELLA

NO A LAS PERRERAS DE LOS HORRORES

MARBELLA: RECHAZO MASIVO AL CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS Y MUERTOS
15.03.2018

La licitación del servicio de recogida de animales muertos y abandonados ha suscitado el rechazo absoluto de la gran comunidad animalista de Marbella y de amplios sectores de su sociedad civil.

El contrato, Expediente SE 52/18, tiene una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos, y cuenta con un presupuesto anual de 30.000 €, menos el IVA del 10%, o sea 2.273 € al mes. A cambio de este precio el contratista se compromete a:
1º. Tener un servicio de recogida de animales vagabundos o abandonados, con un teléfono abierto las 24 horas del día, si bien establece que la recogida se realizará en horario comercial, de 9 a 14 y de 16 a 19 h de lunes a viernes y de 10 a 14 los sábados. No sabemos si al animal en cuestión le avisarán para que esté a tiempo en el lugar acordado, dentro del horario prescrito.
2º. Además, y pese al título del contrato, éste incluye recoger todos los animales muertos, incluidos los que mueran en los domicilios de sus dueños, disponiendo de ellos (incinerándolos). Podemos imaginar que a éstos se les cobre una tasa —aún desconocida—, siendo un servicio de pago y recepción obligatoria para el ciudadano, aunque se preste por alguna de las contratistas de las perreras de los horrores. Por tanto, uno como tributo a la vida de su querido animal, paga al negocio del holocausto animal (véase el punto 22.2 del Pliego de condiciones económico-administrativas: “Memoria descriptiva y programa de gestión”).
3º. Además por este precio, deberán tener a los animales, tras lo cual se los podrá ceder, regalar o sacrificar: a los animales sin chip los mantendrá por diez días, tras los cuales podrán ser sacrificados; a los que tienen chip, se les da un plazo adicional de cinco días más, para que sus dueños los recojan, previo pago de una tasa: pasado ese plazo, pasan a formar parte de los abAndonados.
Incidentalmente, el punto 3.3.2 del pliego de condiciones técnicas es tal que o se deja inaplicado, o ningún dueño podrá retirar a su animal, porque es imposible de cumplir.
4º. Sin duda alguna, el coste del sacrificio masivo habrá de pagarse también, no sabemos aún el precio (¿por kilo?) de animal cremado. Es decir, con el dinero de nuestros tributos —incluidas las tasas, que son una forma de tributo— ahora vamos a pagar perreras de los horrores y holocausto animal.
Por supuesto este precio de 2.273 € al mes cubre el coste del personal, vehículos e instalaciones de recogida y tenencia de los animales, seguros, veterinarios, comida, medicamentos, limpieza, etc. además del beneficio comercial del contratista (punto 12.8 del Pliego de condiciones económico-administrativas).
En efecto, una de las condiciones para presentarse al concurso es tener cuentas depositadas en el Registro Mercantil, lo que excluye a todas las Protectoras.
Otra de las condiciones —por nombrar alguna más—, es contar con la pertinente autorización de la Junta de Andalucía para la destrucción y eliminación de animales (punto 10 del Pliego de condiciones técnicas). La proximidad a Marbella es otra de las condiciones que se valorarán. Otra de ellas es claro, la de guardar secreto el contratista y su personal, acerca de la ejecución del contrato, salvo expresa autorización de la Administración para divulgar detalles (condición 12.10 de las condiciones económico-administrativas).
A fecha de hoy, la mayor de las protectoras locales, Triple A, cuenta con 276 perros y 55 gatos, disponibles todos ellos para adopción. Si aplicamos el precio del contrato sólo al mantenimiento de estos animales, ello da un presupuesto de 6.86 € por animal al mes, esto es para su manutención, mantenimiento de las instalaciones, cuidados higiénicos, veterinarios, recogida, transporte, destrucción de los muertos o sacrificados, etc.
Por supuesto el contrato no se sostiene económicamente, por lo que cabe concluir que hay algo que se está ocultando. ¿Será el horrendo negocio del sacrificio masivo de animales, con pago por cada animal destruído?
La iniciativa parte del Concejal Delegado de Sanidad Don Carlos María Alcalá Belón, del Partido Popular; el Decreto de propuesta de aprobación de este servicio se firma por Don Manuel Osorio Lozano de OSP; y el Técnico Biólogo de Sanidad que firma tanto el Pliego de prescripciones técnicas es Don Francisco J. Becerra Romero. ¿Asumimos que es también quien firma el Informe de precios de mercado concluyendo que 2.500 € al mes es suficiente?

COLONIAS FELINAS

La Ley andaluza 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, considera que es animal abandonado todo aquél que aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna. Por tanto técnicamente, todos los gatos de las colonias felinas en Marbella son animales abandonados.
En Marbella se ha hecho un esfuerzo ímprobo por implementar el protocolo CES —captura, esterilización y suelta— de los gatos callejeros, esterilizando a miles de ellos. Los gatos son parte de nuestro ecosistema y necesarios para su equilibrio (aunque es posible que haya quien prefiera tener muchos roedores, que para gustos los colores).
En numerosas ocasiones se ha ido mucho más allá del protocolo CES: los gatos enfermos se han tratado, testado y vacunado; y se cuidan y alimentan por quienes a diario se exponen a recibir una multa de de 75 a 500 €. En efecto, la vigente Ordenanza prohíbe “Alimentar a los animales abandonados o sin dueño en la vía pública, patios de viviendas, solares, zonas públicas y privadas” (artículos 28.6 y 33.1.6).
Ley, Ordenanza y contrato en mano, todos los gatos de las colonias que hay en Marbella son susceptibles de ser capturados y a los diez días, sacrificados. Será legal y no habrá absolutamente nada que lo impida, pues se trata de gatos sin microchip, pues la Ley no contempla la posibilidad de ponérselo.
Bien pues es inmoral ver sufrir a un animal y no prestarle asistencia, como es inmoral multar a quien asiste a un animal. Y es inmoral que habiendo soluciones —buena prueba de ello es la gestión de las colonias felinas en Marbella que no ha necesitado de ninguna norma ni de la iniciativa de ninguna administración para implementarse—, se opte por matar a quien como uno mismo, desea seguir vivo.
Si hay un área en que la Administración ha demostrado ser un completo fracaso es en el del bienestar animal. Los avances se deben a la encomiable labor de protectoras, veterinarios, voluntarios y donantes, y ello pese a que no siempre han contado con la cooperación diligente de las autoridades obligadas a prestarla.
Gracias al esfuerzo, en Marbella, la situación es de sacrificio próximo a cero; y es sencillamente aberrante pretender ahora el retroceso que se propone, propio de las zonas más subdesarrolladas de España, con sus perreras de los horrores.
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El indudable atractivo de la Justicia

Cuando se invierte en un país se mira todo: un buen ejemplo eran los tradicionales estudios del Economist Intelligence Unit que a todos nos tocó leer en algún momento y que buscaban ofrecer un primer marco de referencia a partir del cual empezar a buscar información sobre las condiciones de inversión en un país.

Recuerdo hace ya muchos años que me ofendí profundamente cuando en una reunión de inversores internacionales que estaban mirando comprar suelo en España, uno de los factores que se tuvieron en cuenta fue lo podrida que estaba la justicia. En la misma reunión había un diputado y un magistrado, ambos callados mientras yo, ilusa de mí, consideraba aquello una ofensa casi personal y ciertamente intolerable.

Qué razón llevaban, y qué equivocada estaba yo.

“Lo podrida que estaba la justicia” resulta que era uno de los factores que aquellos inversores tenían en cuenta, como lo era la belleza del paisaje, el clima o los mapas de inundabilidad de los suelos limítrofes y que operaban como garantía —pensarían ellos— de que ahí no se edificaría.

No es misión de los ciudadanos estar denunciando y persiguiendo los delitos cometidos en el seno de las administraciones: los ciudadanos con hacer su trabajo, no dar guerra y tributar lo debido, hemos cumplido. Es misión de los funcionarios llamados a vigilar en las instituciones, dar la voz de alarma ante el incumplimiento de la ley, y no sólo en nimiedades sino sobre todo cuando están ante grandes desfalcos.

Esos funcionarios deben poder confiar en una justicia recta, valiente e inteligente, que sepa dar una respuesta eficaz, tempestiva y completa a las cuestiones que se le plantean. Ello tiene no sólo una función preventiva en el caso particular, sino que manda el mensaje a la sociedad de que la ley está para cumplirse y quien trasgreda sus límites, se verá ante el Juez.

Sin embargo cuando eso no ocurre el mensaje está claro: vengan todos aquí a hacer lo que les plazca, que aquí tenemos manga ancha.

Hay muchas maneras de mandar ese mensaje: desde la elección de tiempos y formas, a la manera de conducir una instrucción o dictar una resolución, sin el más mínimo sentido del decoro intelectual o moral.

La llamada a los quinquis del mundo está clara, el problema es que eso no deja más que mugre y miseria. Es sin embargo la realidad que hay hoy en España, y no se esperan cambios. Por tanto, “lo podrida que está la justicia” debe estimarse como un factor a la hora de hacer inversiones.

Por tanto, quinquis del mundo: vengan, que aquí algunos les esperan con los brazos abiertos.

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El PGOU y la Señora Guardabrazo

Que el PGOU de Marbella se falsificó está fuera de toda duda, o sea, esta es una cuestión fáctica que además es palmaria. Que algún día lleguemos a saber con nombres y apellidos quiénes lo falsificaron es otra cosa, pero que se falsificó es evidente y lo ve un niño de cinco años.

También están claros algunos beneficiados por la falsificación, otros no los conocemos. Por ejemplo, la falsificación en la zona de La Cañada valía entre 100 y 150 millones de euros; la falsificación en la zona de las lindes unos treinta millones de euros, etc.

La pregunta inmediata es si nadie en el Ayuntamiento veía lo que estaba pasando, y la respuesta es, evidentemente “sí, pues ciegos no están, pero todos callaron”. Esto es lo que resulta absolutamente inaceptable.

La inmensa corrupción que asola España no sería posible si a muchos niveles no hubiese personas fácilmente corruptibles, dispuestas a cooperar  de manera más o menos activa o al menos a tolerar lo que ven mientras miran para otro lado. Esto es lo que resulta tan preocupante, por su extensión y lo arraigado que está.

Estos días Marbella Confidencial ha traído a portada la figura de Doña Isabel Guardabrazo, de profesión abogada y que fue empleada por el Ayuntamiento como cargo de confianza del Partido Popular con un sueldo de 90.000 € al año pagado entre todos. Era la encargada de coordinar el PGOU y como tal muy próxima a los Concejales de Urbanismo Doña Alba Echevarría y Don Pablo Moro, que en paz descanse.

Conviene recordar que el PGOU se aprobó provisionalmente en la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 29 de julio de 2009 y que lo aprobado fue la versión auténtica, la que presentó el Equipo Redactor el 12 de junio de 2009 por Registro de Entrada (Edicto 11896/2009 del BOP 156, publicado el día 13/08/2009)

Relevos en Urbanismo

A la vuelta del verano Doña Alba cesó como Concejal de urbanismo (Edicto 13758/2009 del BOP 199, publicado el día 16/10/2009) en favor de Don Pablo Moro.

El día anterior el los medios informaban que Don Federico Guardabrazo, topógrafo del Ayuntamiento de Marbella y hasta entonces Jefe de Planeamiento, dimitió (http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/14/andalucia_malaga/1255547795.html), resultando sustituido por el arquitecto Juan Muñoz.

Sin embargo su hija, Doña Isabel Guardabrazo ha seguido trabajando para el Ayuntamiento hasta hoy. Como jurista sabe perfectamente que un PGOU tiene por misión clasificar y calificar urbanísticamente el suelo de un municipio. En 2007 se había realizado un deslinde que traducía los antiguos cuadernos de campo de noviembre de 1874 en modernas referencias UMTS. En marzo de 2009 la Junta recordó al Ayuntamiento que se acababa de hacer el deslinde —que no es otra cosa que redibujar por dónde iba la linde— y que no veían razón para alterarla.

Parece que no fue a instancias de la Concejal sino de una administrativa que Doña Isabel Guardabrazo habría emitido sus informes oponiéndose a que la linde oficial apareciese reflejada en el Texto Refundido del PGOU. Sería bueno conocer el nombre de la administrativa solicitante y entender la razón de la solicitud.

Considerando que un PGOU debe ceñirse al suelo propio, abarcándolo por completo, parece que nada más deseable que marcar sobre el plano la linde oficial vigente e inalterada desde 1874, a fin de clarificar para el ciudadano del común que el PGOU de 1986 dio a Marbella un poquito más de suelo del que le correspondía y que por tanto en esa zona ha de entenderse nula la clasificación y calificación marbellí del ’86.

No resulta fácil comprender la postura de la Señora Guardabrazo, al menos desde la perspectiva de la defensa del mejor orden y los intereses de la ciudad que paga su sueldo.

Preguntas al aire

Cuesta entender que ninguno de los muchos empleados del Ayuntamiento que sabían que el PGOU se había falsificado alzase la voz. Podrían llegar a plantearse, al menos en abstracto, preguntas como si no es prevaricar emitir informes o dar licencias a sabiendas de la falsedad del PGOU que les servía de base. En Derecho la respuesta es “sí”, claro.

La falsificación del PGOU sólo valía algo si se otorgaban licencias para llevar a cabo (o acabar de bendecir) los desarrollos urbanísticos contrarios al planeamiento auténtico, y eso requiere otorgar licencias. Tales licencias se presumen legales y son válidas mientras el PGOU estuvo aprobado, pero decaen si se prueba que se dieron y se recibieron a sabiendas de su falsedad. En ese caso son nulas de pleno derecho y es posible deshacer lo mal hecho y que los autores de la fechoría no se salgan con la suya.

Si un simple grupo de ciudadanos a base de mirar unos planos y otros somos capaces de ver que el PGOU era falso, y de deducir que algunas de las falsificaciones valían muchos millones, es impensable que los técnicos del Ayuntamiento que llevaban años tramitándolo y que lo informaron, no lo supiesen.

Si a ello añadimos que tanto Doña Isabel como su padre Don Federico Guardabrazo estuvieron asesorando de manera privada a promotores con fuertes intereses en el municipio, se plantean, al menos para el ciudadano del común, una serie de preguntas de calado. Y es posible que incluso la justicia sienta que tengan entidad bastante como para merecer ser respondidas en sede judicial.

El tiempo dirá, pero indicios racionales de evidencia, hay.

 

Una ex alto cargo de confianza del PP elaboró los informes jurídicos de Urbanismo que tumbaron las enmiendas de Podemos

 

 

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Sin transparencia

El empirismo filosófico es cosa sana, pues obliga a contrastar los buenos deseos proclamados en Leyes y Reglamentos con su verdadera aplicación en la práctica.

La ciudadana que escribe estas líneas participaba en dos movimientos sociales: Marbella por sus Árboles y La Plaza es nuestra que reclamaban cosas tan simples como que se cuide el arbolado de la ciudad y no se permitan las talas injustificadas y que los espacios públicos no estén totalmente copados por bares y restaurantes, expulsando a los ciudadanos de sus calles mediante el capitalismo salvaje de cañas y tapas.

Como miembro de Marbella por sus árboles, el 30 de junio de 2016 (NRE TEL-E_2016043303) solicitó acceso al expediente de las costosas obras de la Avenida Nabeul, donde entre otras cosas se les cayeron todos los árboles. Pese a las proclamas de transparencia del Ayuntamiento, nunca recibió respuesta.

Hartos de esperar y de promesas el 12.03.2017 se interpone queja ante el Consejo de la Transparencia (CSV feXMZ46FUZD870+hzLdbkWHWIFc5Ch)

Lo que se ha pedido ver es el expediente completo, incluida la fase de adjudicación de la obra. Bien pues se reciben dos respuestas:

Una del Ayuntamiento de Marbella firmada por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Antonio Sarmiento y que en una hoja por las dos caras contiene su informe sobre el arbolado, ese que tras una viva reunión se le recordó que debía producir. Los árboles de nuestras calles y plazas son jurídicamente bienes inmuebles de dominio público, que deben estar debidamente inventariados y donde los encargados de velar por su cuidado tienen una responsabilidad personal y directa por los daños que se les ocasionen.

El sistema del Ayuntamiento es que iba el técnico y de palabra decía “este sí”… “este no”.

La otra respuesta que se recibe es del Consejo Andaluz de la Transparencia quien recuerda al Ayuntamiento la necesidad de abrir un periodo de alegaciones de 15 días antes de dar vista y copia del expediente completo de obras —incluida la fase de adjudicación y cualesquiera modificaciones posteriores al proyecto—, por lo cual la solicitud de información de este interesado queda paralizada a la espera de retrotraer el expediente administrativo a este punto con el cual el Ayuntamiento no ha cumplido.

Desde entonces no se tienen más noticias.

Por su parte el Movimiento Vecinal “La Plaza es Nuestra” el 12 de marzo de 2017 solicitó copia del plano a escala que se estaba elaborando de la plaza porque no tenían (¿y entonces cómo se daban las licencias?) así como vista y copia de todos los expedientes de licencia (¿o es que la mitad estaban en precario?)

La solicitud la hizo el Portavoz del Movimiento (la redacté yo pero la presentó mi compañero en nombre del Movimiento Vecinal).

Ante la falta de respuesta presenté queja, en nombre del Movimiento Vecinal, ante el Consejo Andaluz de Transparencia. Expliqué qué era el Movimiento , iba su logo… en fin, todo muy clarito.

Sin embargo el Consejo deniega mi petición por entender que carezco de legitimación.

Veamos: los Movimientos Ciudadanos por definición, carecen de personalidad jurídica, de estructura formal o de ninguna norma que los regule: no tienen una lista de miembros y son por definición una cosa informe.

Sin embargo son perfectamente legales, por aquello de que todo lo que no le está prohibido a los particulares, por definición les está permitido. La razón de ser es algo tan simple como que el Derecho está al servicio de las personas y lo esencial del ser humano es la libertad. Perder esta perspectiva es suicida.

Las personas jurídicas y las administraciones con sus órganos, organismos y demás inventos son creaciones del Derecho, a disposición de quien quiera someterse a ellas acogiéndose a los modelos y estructuras que ofrecen.

El Portavoz del Movimiento —cuyo nombramiento no consta en parte alguna— está tan legitimado para pedir una información como lo está cualquier otro miembro —cuya pertenencia al Movimiento se presume, pues en ninguna parte consta tampoco que el Portavoz sea miembro: todo ello se basa en la buena fe, que se presume.

Y en base a ello se presume que cualquier miembro del movimiento vecinal La Plaza es Nuestra debe poder reclamar para el movimiento el acceso a los expedientes que se piden y más cuando está ocurriendo en la ciudad algo tan tremendo como que la plaza del pueblo está copada entera por los restaurantes, Plaza que dicho sea de paso es demanial y está clasificada como sistema general: vamos que esto, jurídicamente, es como poner mesas en la A7.

El fin de nuestras pomposas Leyes de Transparencia nacional y Andaluza es hacer efectivo el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos contenido en el artículo 105.b) de la Constitución salvo cuando afecte a la intimidad de las personas, la seguridad nacional o la averiguación de los delitos.

Suspenso categórico pues al Ayuntamiento de Marbella y suspenso también al Consejo de Transparencia y que siga otro: los demás tenemos cosas mejores que hacer con nuestras vidas que luchar contra una administración imposible.

 

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Lo que el Consejo Consultivo sí decía

El ir y venir de noticias sobre la falsificación del PGOU de Marbella estos días se ha centrado en lo alegado por las defensas. Éstas en resumen dicen que alterando las lindes cumplían con lo que les ordenaba la Junta a través del Consejo Consultivo (cuyo dictamen ni era preceptivo, ni era vinculante, por cierto).

Eso es falso, radicalmente falso.

La Junta jamás ordenó que se dibujasen unas lindes falsas… ni mucho menos dijo que se le diesen 70.000 metros cuadrados de centro comercial a la proyectada Fase III de La Cañada, un regalito de 100 a 150 millones de EUROS que queremos pensar que no se dieron gratis.

Ese suelo donde iba la Fase III de La Cañada y ahora va la Feria de noche era suelo que había que entregar a la ciudad de Marbella, entre otras cosas a cambio del que se quedaron para construir la Fase I (la parte del Leroy, Alcampo…) y II (donde están Zara y la FNAC). Ese primer suelo se lo quedaron mediante un misterioso convenio por el cual el Fiscal Anticorrupción pedía 18 años de prisión a Tomás Olivo y 20 a Roca.

Y no es lo único que hay…

Volviendo a las lindes y lo que dijo el Consejo Consultivo, como su dictamen es extenso, no se lo ha leído casi nadie, de modo que la impresión de que se puede decir “lo que sea” que “total cuela” a estas alturas empieza a resultar inevitable.

Bien, pues para ahorrarles  a ustedes la lectura, les copio algo de lo que decía el famoso Dictamen y es que bajo ningún concepto se pueden alterar lindes en un PGOU. El Dictamen se pidió desde la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta y se refería a Mijas, Benahavís y Ojén en sus lindes con Marbella. Se evacuó rapidísimo, en 15 días, y aunque Marbella hizo alegaciones, no constan.

El Movimiento Ciudadano “Ni un metro de Marbella para otra población” en cuyo Grupo de Trabajo técnico-jurídico tengo el honor de participar, pidió vista y copia del expediente completo, que por supuesto jamás le enviaron. Claro cuando uno se lee luego la hiperbólica Ley de Transparencia andaluza más que nada le entra la risa floja.

Algún parrafillo de enjundia

Para resolver esta problemática, hemos de insistir en que el elemento determinante que, inicialmente, ha de utilizarse como criterio orientador, es el de la sujeción al lindero oficial del término municipal. La subordinación del planeamiento general a dicho lindero no solamente viene impuesta, como se ha anticipado, por ser el municipio el sustrato físico sobre el que se ejercen las competencias municipales, más aún las urbanísticas, como sugiere la propia Ley 7/2002, en los términos ya expuestos, sino también por la dependencia o subordinación en la que, respecto a la ordenación del territorio, se encuentra la ordenación urbanística. En este sentido, no podemos olvidar que la alteración de un término municipal, que conduce obviamente al replanteo de sus lindes, está contemplada como una actividad de intervención singular enumerada en el Anexo de la Ley 1/1994, con la consideración de Actuación con Incidencia en la Ordenación del Territorio (art. 30 del citado texto legal), lo que conlleva, dada la regla de vinculación que el planeamiento territorial proyecta respecto al urbanístico (del que igualmente es muestra el artículo 23 de la Ley 1/1994), que alterado un término municipal por el procedimiento establecido en la normativa de aplicación, el paso siguiente deba ser la adaptación del planeamiento general a dicha nueva demarcación territorial. Pero no a la inversa, es decir, el Plan General no puede, por sí mismo, alterar el término municipal ya delimitado. Por una parte, porque no es ni el instrumento ni el procedimiento establecidos para ello en la normativa de demarcación territorial, ya citada a lo largo del dictamen. Y por otra, porque ha de respetar la ordenación territorial preexistente, representada a estos efectos por la demarcación territorial establecida para el municipio en cuestión.

De estos párrafos hay unos cuantos que no son sino decir lo que dice la Ley. Luego, en las conclusiones, el Consejo dice lo siguiente:

Primera. En el supuesto contemplado en el apartado 2.B. del fundamento jurídico III -realización, por parte de un municipio, de manera continuada y de buena fe, de actos de jurisdicción sobre un territorio que, tras la comprobación de la demarcación oficial, resulta pertenecer a un municipio limítrofe-, si el Plan General está aprobado definitivamente, debe acometerse el correspondiente expediente de deslinde o de alteración del término municipal, mediante el oportuno procedimiento y con los efectos que en dicho apartado se señalan. Si, por el contrario, el Plan general se encuentra en tramitación, deberá instarse ante el órgano competente bien el deslinde bien la alteración de dicho término, antes de proceder a su aprobación definitiva. En todo caso, de la resolución que recaiga en el correspondiente expediente dependerá la necesidad de modificar el documento de aprobación definitiva o, en su caso, de mantenerlo en su formulación.

ES DE CAJÓN QUE CUANDO NECESITAS MOVER 24.000 METROS CUADRADOS POR VECINO, LA BUENA FE DE TODA LA OPERACIÓN SE PONE EN SERIA TELA DE JUICIO. ESO SÍ, NO HAY NADA COMO VIVIR CON AMPLITUD…

Segunda. En el supuesto aludido en el apartado 2.C del fundamento jurídico III -solapamiento en el mismo territorio de dos instrumentos de planeamiento general, sin haberse producido sobre el mismo actuaciones de desarrollo y gestión urbanística, o habiéndolas producido el municipio a cuya demarcación oficial pertenece dicho territorio-, si los Planes Generales están aprobados definitivamente, uno de ellos deberá ser modificado para su adaptación a la demarcación oficial. Si se encuentran en fase de elaboración y correspondiente tramitación, la adaptación a la demarcación oficial ha de ser previa a la aprobación definitiva de los mismos, sin perjuicio de una eventual aprobación definitiva parcial, con suspensión de las determinaciones relativas a los suelos afectados (art. 33.2 de la Ley 7/2002).  COSA QUE POR SUPUESTO NO SE HIZO

Tercera. En el supuesto descrito en el apartado 2.D del fundamento jurídico III -territorio no ordenado urbanísticamente por ningún instrumento de planeamiento-, el Plan General al cual queden adscritos los terrenos no ordenados, según demarcación oficial, deberá ser modificado para acoger su inclusión. O SEA EL PGOU ES EL QUE SE HA DE ADAPTAR A LA LINDE OFICIAL SI SE ESTÁ DEJANDO FUERA UN TROZO DEL MUNICIPIO Y NO AL REVÉS

Cuarta. No procede la utilización de la figura del Plan de Ordenación Intermunicipal para la resolución de los desajustes entre la cartografía oficial y la del planeamiento urbanístico.

La denuncia del PGOU

Ya en febrero de 2015 el Movimiento tenía clarísimo que el PGOU se había falsificado y en mayo de 2015, antes de las elecciones y tras asegurarnos bien de todo, debatir, reunirnos, votar, tomar café y hacer mil cosas más… se decidió denunciar. El Movimiento ya no clamaba porque a Marbella no se le privase de casi 170.000 m2 de suelo “porque sí”, sino que clamaba porque prevaleciese la más elemental decencia y sentido común.

No es sólo que el Consejo Consultivo dijo muy bien dicho que nada de cambiar lindes en un PGOU; es que además es evidente que si quitas el dotacional (público) deportivo proyectado en lo que hoy es la explanada de la feria y le das 70.000 metros más a La Cañada —entre otras falsificaciones varias— tienes que abrir un tercer trámite de alegaciones, porque a lo mejor acabas para siempre amén con lo que queda de comercio minorista en Marbella y tienes que hacer cambios en los sistemas generales.

El “regalito” insisto, a una repercusión de 1.500 – 2.000 € el metro cuadrado de superficie comercial son unos 104 a 140 millones diga usted que 100 a 150 millones de euros para que el diablo no se ría de la mentira. Vamos, que lo hicieron gratis… ¡anda ya!

Sí hay que celebrar que Doña Isabel Pérez a la sazón marbellí, arquitecto y Concejal de Urbanismo, haya dicho que van a poner las lindes oficiales sobre el refundido de 1986 que se acaba de aprobar y que ha nacido con tres lindes con Benahavís, ninguna de ellas correcta y una de ellas tan disparatada que se refiere sólo a una parcela catastral —o sea, no enlaza con el resto de la linde pero no passsssa nada: le pedimos a “Juande” que pinte una rayita aquí y otra allá para enlazar y nos lo arregla en un pis-pas.

Juande, para los recién llegados a la saga, es el usuario desconocido que falsificó el PGOU aunque como pulgarcito con las miguitas, los hongos con las esporas o el dinero cuando se mueve, siempre será posible seguir el rastro. Todo es ponerse a ello, porque alguien que sabía AutoCad retocó de manera importante los planos.

Las declaraciones de Doña Isabel han sido como un soplo de aire fresco en medio del generalizado bochorno.

En efecto, en 1986, en 1968, en 1990, en el año 2000, en 2009 y en 2010 la linde oficial estaba ahí: y estaba porque lleva ahí desde mayo de 1873 y sigue ahí a fecha de hoy, mayo de 2017, 144 años después. Por tanto estar a la linde que es la oficial como ahora se va a dibujar en el Refundido, ESO SÍ ES CUMPLIR CON LO QUE DIJO EL CONSULTIVO (y con lo que dice la Ley), Consultivo quien jamás, jamás dijo que la linde, una línea recta que iba del Cerro del Colorao al del Beanaira, se redibujase para salvar la pista de tenis del vecino de Doña Ángeles Muñoz (la suya la casa más abajo con piscina en forma de trébol):

Y mucho menos dijo el Consultivo que se le diesen 70.000 metros cuadrados más a La Fase III de La Cañada dando el cambiazo a los planos sin que nadie los viese antes ni abrir el preceptivísimo trámite de alegaciones del público… sí, de usted que me lee…

Se pueden ustedes ahorrar ya tranquilamente la lectura del Dictamen porque ya saben lo que sí decía; y de paso se pueden ahorrr también el articulo de Héctor Barbotta hoy en el SUR, porque no da pie con bola, y no será porque desde el Movimiento no se le haya enviado toda la información. HÉCTOR: LOS PLANOS DEL PGOU DE 1986 DABAN SI ACASO AÚN MÁS SUELO A MARBELLA, ¡NO MENOS! Daban casi toda la Vega del Jaque a Marbella, de hecho.

Eran unas lindes generosas con Marbella, y si bien eran generosas son inadmisibles por incorrectas, que a cada uno lo suyo. Estas eran, dedicadas con cariño a Héctor:

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Marbella, mesificada

Marbella siempre se ha dicho que era algo distinto, aparte, mejor: que en llegando a Marbella se respiraba, dejando atrás el ladrillo por doquier densamente poblado hasta lo agobiante. Sin embargo cada vez nos parecemos más, sin darnos cuenta de que eso es el principio del fin: es ofrecer un turismo barato, apelotonado, sin calidad… un negocio muy poco rentable (otras consideraciones aparte).

El Movimiento Vecinal “La plaza es nuestra – Marbella”, en el cual modestamente participo, reivindica algo tan básico como que el pueblo, las gentes de Marbella, podamos acceder a nuestra plaza.

Parece una reivindicación tan elemental que no habría siquiera que estarla haciendo, y mucho menos con un tripartito que se dice de izquierdas, si bien en política municipal poco margen hay para ideologías.
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Algunas comunidades de propietarios en Marbella

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Carta abierta a Carmina Shoemaker

Muy Señores míos:

Ayer, con absoluto horror, ví la siguiente información en Facebook. Relata el horror de las granjas de cocodrilos en Vietnam. No dejen de verlo. Lo que ahí se cuenta es muy verdad.

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Ni corta ni perezosa me dirijo a ustedes por Facebook y les pregunto si han contrastado ustedes el origen de las pieles exóticas que usan en su calzado. Personalmente no tengo nada en contra de que se coma carne o se usen pieles de animales SIEMPRE QUE TENGAN UNA VIDA DIGNA Y UNA MUERTE SIN DOLOR Y NO SE USEN ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.

Para mi horror, no es sólo que no recibo respuesta sino que el “community manager” borra mi comentario.

Esto entre personas civilizadas está absolutamente fuera de todo orden de cosas.

El lujo ahogado de crueldad, dolor y miseria es simplemente inaceptable, porque es inmoral y repugna a la más elemental sensibilidad y no es lujo ni es calidad: es mugre. Sólo un psicópata o un perfecto imbécil vuelve la espalda a estas cuestiones.

Quedo a la espera de su respuesta. Su reacción de ayer de momento confirma que no han contrastado ustedes el origen de sus pieles exóticas, eso en el mejor de los casos y en el peor, que saben bien del horror y el sufrimiento animal que hay detrás de ello.

Atentamente,

Cristina Falkenberg

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Lo falso es el PGOU, y de rebote, el acta

Lo denunciado por el Movimiento Ciudadano “Ni un metro de Marbella para otra población” es la falsificación del PGOU, falsificación que abarca mucho más que sólo las lindes, si bien el valor de esta falsedad en concreto se estimó por el movimiento en unos treinta millones de euros.

El PGOU se falsificó porque lo que se quería hacer no se podía hacer: era una completa burla a la ley y al pueblo de Marbella, ciudad saqueada donde las haya.

Otra de las grandes falsificaciones atañe al suelo del paraje de la Trinidad, la explanada de la feria, que era para la ciudad (uso deportivo público) pero donde alguien, al falsificar el PGOU, lo recalificó, posibilitando un uso comercial privado: otro montón de millones.

Eso es lo que estos días ha entrado en los Juzgados de Marbella.

Que con ánimo de “vestir el muñeco” se añadiese al acta una parrafada que nadie conocía es otra cosa, pero es casi lo de menos.

Tratar de reducir mediáticamente el asunto a la mera falsificación del acta de un pleno es algo peor que estar haciendo periodismo de la Señorita Pepis: es estar cooperando activamente con la corrupción más abyecta; y con la repugnancia que ello suscita deben leerse los medios que puedan llegar a hacerlo.

Muchos millones en juego

La falsificación del PGOU no salió gratis: alguien pagó muchos millones, y otros los recibieron. Los actores son pues, unos cuantos y es misión de las instituciones investigar lo ocurrido.

El PGOU de Marbella se falsificó porque lo conocido por los ciudadanos, lo que informaron los técnicos, lo que estudió la Comisión de Urbanismo y lo que aprobó el Pleno fue una cosa distinta de lo que luego se envió a la Junta. Se aprobó un documento pero desde Alcaldía se envió a la Junta otro, que era falso, y esa falsificación valía muchos millones: por eso se hizo.

Algunas de las alteraciones sólo podían hacerse falsificando el documento, caso de dibujar mal las lindes para que se adaptasen el Plan Parcial Vega del Jaque aprobado en 1999. Otras propuestas hubiesen requerido la exposición al público y a buen seguro hubiesen generado una avalancha de alegaciones en contra.

He aquí un panel comparativo. La primera imagen muestra la linde auténtica: Vega del Jaque queda en Marbella, entre la autopista y la linde, que es la línea marcada en amarillo. Por supuesto el suelo a quienes construyeron ahí les salió baratísimo, porque es suelo rústico. La segunda imagen muestra la linde del PGOU falsificado: Vega del Jaque deja de estar en Marbella para pasar a pertenecer a Benahavís, y de golpe y sin pagar un céntimo, se legalizan las mansiones ahí construidas ilegalmente.

La tercera imagen es de diez años antes: es el Plan Parcial Vega del Jaque que se tramita siendo Teniente de Alcalde de Benahavís Dª Ángeles Muñoz Uriol, si bien ella se venía absteniendo en estas cuestiones “por tener intereses en la zona”. Y tanto que Dª Ángeles tenía intereses, pues el promotor era su marido, quien también era administrador único de la sociedad Vega del Jaque dueña del 63% del terreno (unos 175.000 m2)  y socio único de Hacienda Property, dueña de unos 25.000 m2: o sea, había un interés personal directo respecto de unos 200.000 m2 de suelo en un Plan Parcial de 256.000 m2.

Como se puede ver, la linde del PGOU falso que se remite desde Alcaldía en 2009, coincide con la linde del Plan Parcial Vega del Jaque, cuyo promotor era el marido de Dª Ángeles.

Yendo a más, es que se mejora ligeramente: si se mira en detalle, el Plan Parcial del 1999 cuyo arquitecto fue D Nicolás Aguado Arrabe, dejaba fuera un trozo de las pistas de tenis y de pádel del vecino de Dª Ángeles. Bien pues el usuario “Juande” que acaba de “retocar” los Planos de Ordenación a las 14:45 horas del 28.07.2009 lo mejora, para que las pistas del vecino de Dª Ángeles caigan completas en Benahavís.

Quién sea el usuario “Juande” y quiénes hayan podido intervenir en la falsificación del PGOU, así como el grado de responsabilidad tengan, es cosa que debe dirimir la Justicia. Empero lo que es un hecho es que el saqueo de Marbella continuaba, y que falsificar un PGOU es estarse pitorreando del Pleno y de todos los ciudadanos de Marbella a quien uno se toma por el pito del sereno.

La potestad de planeamiento es indelegable y es una de las grandes manifestaciones de la autonomía municipal, sin perjuicio, claro está, del que el artículo 47 de la Constitución Española dice que las plusvalías que genere la acción urbanística revertirán a la comunidad, no al bolsillo particular de nadie.

Una zona eminentemente rústica

Las siguientes imágenes muestran la zona de la Vega del Jaque, escasamente desarrollada por ser suelo rústico de Marbella. Es, técnicamente, un diseminado, y construir ahí, como se está haciendo ahora mismo, es un delito urbanístico.

Si en vez de ser de Marbella ese suelo es de Benahavís, lo recalificamos de un plumazo y nos embolsamos un montón de dinero: simplemente por cambiar una raya de sitio.

Que España es un país podrido hasta las trancas es una realidad. Que lo siga siendo, depende de los ciudadanos. De modo que por si alguien tiene curiosidad, las imágenes de Google 3D nos muestra lo que hay en Vega del Jaque. A la vista de ello quizá el amable lector quiera compartir este pequeño post.

 

 

 

 

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