Resulta descorazonador, tras ya tantos años de supuesta democracia, el ver como lo de la independencia de poderes sigue siendo una entelequia, algo que, para mayor desgracia, perece no reivindicar nadie en este país, ni la propia ciudadanía, ni ese llamado cuarto poder que tanto profundiza en asuntos de alcoba, de sucesos a los que sacarle tajada, de intrascendencias, de personajillos de chicha y nabo (algunos más de nabo que de chicha), de chillonas petardas, de marchitos de tatuaje dabuten, o de corruptelas varias, pero que pasa de puntillas ante lo fundamental. 

Poder es capacidad absoluta de actuación, e independencia el llevarlo a cabo sin tener que contar con la aprobación de nadie para ello. Esto en política significa algo muy sencillo: “presupuestos propios”, ya que no otra cosa que el presupuesto es el instrumento que marca la política de cualquier entidad. Disponer del dinero que genero, o que tengo asignado por ley, y que invierto o gasto en aquello que decido, esa es la base de la independencia del poder que ejerzo.

Lo fundamental en nuestras democracias actuales, a parte del sufragio universal, es la independencia de poderes, de esos tres poderes que constituyen la piedra filosofal de toda democracia avanzada. La aplicación del sufragio, absolutamente discutible en cuanto a la forma de entenderlo y de entender los partidos, su falta de democracia interna, sus listas cerradas y su incapacidad por parte del ciudadano de poder votar a los que considera mejores, al no figurar en lista alguna, en general nadie que valga la pena, o en hacerlo en puestos intrascendentes, nos lleva a designar el poder legislativo, como único poder al que en su designación se aplica la democracia o poder del pueblo, ya que en cuanto al poder ejecutivo, no lo designa el pueblo, sino los elegidos para el poder legislativo, lo que constituye no solo un modo de democracia indirecta, delegada o una burla del propio concepto de la democracia para mejor entenderlo, sino una injerencia de poderes, o un enorme contrasentido al ser un poder el que designa al otro, brillando por su ausencia la independencia de poderes, algo que aun se pone más de manifiesto cuando coincide en el mismo partido el poder ejecutivo y la mayoría absoluta en el legislativo, lo que nos acerca al concepto de dictadura, con la confusión Gobierno-Estado y el ninguneo hacia todo lo que no sea el partido en el gobierno.

De todas formas, donde más chirría el sistema es en relación con el poder judicial, un poder que designa el legislativo y a quien su presupuesto se lo asigna y maneja el ejecutivo, en una burla vergonzosa del llamado Estado de Derecho, con una Constitución que supone la existencia de tres poderes independientes. Así las cosas, el llamado poder judicial, ni es poder, ni es independiente, de forma que en algunos casos se nos antoja que ni siquiera es “judicial”, cuando se trata del poder que requiere, para ser fiable, de mayor independencia.

Si la democracia es el PODER del pueblo, es al pueblo a quien le corresponde decidir y designar quienes ha de formar parte de cada uno de los tres poderes y ello es algo que carece de dificultad alguna el hacerlo con criterios independientes, como corresponde a lo que cada poder representa. Si a mi como ciudadano, la Constitución me asigna el poder, y yo no he renunciado a ejercerlo, ni he delegado en nadie para ello, ¿que razón existe para que no pueda designar más que el poder legislativo y de forma harto mejorable?. El poder legislativo tiene como misión crear las leyes por las cuales hemos de regirnos, el ejecutivo acordar y llevar a término los acuerdos de gobierno, mientras que la misión del judicial es la de velar por el cumplimiento de la legalidad. Como ciudadano, y amparado en la Constitución que todos votamos, quiero ejercer el poder que se me asigna, designando mis representantes en cada una de las tres ramas de poder en que se construye una moderna democracia, sin delegaciones, porque soy mayor de edad y no tengo limitados mis derechos, ni partido alguno está en derechos por encima de los que me corresponden como ciudadano. ¿Porque consentimos que los partidos nos hurten nuestros derechos constitucionales, negándonos nuestra participación en la designación del poder ejecutivo y del judicial?. Si vivimos en un Estado de Derecho, ¿quienes son los partidos para atropellar los derechos de los ciudadanos a ejercer el poder que les asigna la Constitución? 

En cuanto al poder legislativo, hoy formado por dos Cámaras, habiendo ya fracasado estrepitosamente una de ellas en su funcionamiento, como es el Senado, concebido como cámara territorial y que hoy no es más que una cámara de segunda lectura, con distintas proporciones que la primera, sería absolutamente lógico su desaparición, ya que nada aporta a la calidad democrática ni de pureza de las leyes, sino todo lo contrario, contribuyendo grandemente a la desvirtuación de las mismas, a la hora de aplicar enmiendas que distorsionan el contenido de las leyes propuestas en su coherencia interna, dando finalmente como resultado leyes que ya nacen con contradicciones en su propio contenido, con lagunas y con verdaderos problemas para su correcta aplicación. Con una sola cámara, el procedimiento en cuanto a la consecución del sufragio para su designación, con los perfeccionamiento a que haya lugar (listas abiertas, posibilidad de participación de independientes en la política activa, etc.) se haría de forma similar al actual.

La elección del poder ejecutivo, si el poder pertenece al pueblo como indica la Constitución, es una aberración que dependa del legislativo, por lo que, lógicamente  debe ser el pueblo quien lo elija, lo cual tampoco presenta dificultad alguna, pues cada partido presentaría su propuesta de equipo de gobierno y el pueblo decidiría sin más por aquel equipo que le ofreciera mayores garantías.

El principal problema en cuanto a designación, es el del poder legislativo, ya que si para los dos primeros, teóricamente debería ser solo gente perfectamente preparada para su cometido, en la práctica los partidos presentan a cualquiera, sin preparación adecuada para el cargo, por las razones más variopintas, y por aquello de que todos tenemos derecho a la política activa, aunque para cualquier profesión se requieran conocimientos acreditados, pero para llevar las riendas del país o para darle a este sus leyes vale cualquier componente de una lista de partido. Cosas veredes Sancho… 

Volviendo al poder judicial, habiendo asociaciones profesionales de juristas, al menos 6 que yo conozca, como son Francisco de Vitoria, Profesional de la Magistratura, Foro judicial independiente, Nacional de Jueces, Jueces para la democracia y Justicia democrática, similares en su organización a los partidos, al menos teóricamente, ya que en estas si rigen los criterios democráticos en cuanto  a sus  organizaciones internas y demás decisiones, al revés que en los partidos, donde aunque constitucionalmente tenga que ser de tal guisa, las dictaduras oligárquicas internas se imponen siempre sin el menor problema, de manera que el asunto en cuanto a la designación de su poder, tampoco debería causar mayores dificultades, ya que a las elecciones se presentarían las distintas asociaciones, con sus programas, ofreciendo sus mensajes y designando candidaturas de gobierno que el pueblo valoraría, decidiendo como corresponde en función de lo ofrecido.

Si eso fuese así y los presupuestos del poder judicial saliesen de un porcentaje fijo y perfectamente determinado en los presupuestos generales del Estado, suficientes como para tener una justicia ágil, independiente y bien dotada, y todo ello con independencia del resto de los poderes, estaríamos en disposición de ser mucho más creíbles, no solo por ahí afuera, sino sobre todo interiormente, a la hora de ir considerando a España como un Estado social y democrático de Derecho, como reza nuestra Constitución más como un deseo que como una realidad.

Lo que hoy ocurre con la profusión de huelgas en todo lo que atañe a cuestiones relacionadas con el poder judicial, no es más que la consecuencia de que tal poder no existe pues carece de autogobierno, no solo para nombrar a sus cargos, algo fundamental tanto de jueces y magistrados como de fiscales, a la hora de establecer su “poder”, sino que al carecer de presupuesto propio no tiene la menor autonomía como para gobernarse eficientemente, ya que depende del exiguo presupuesto que el ejecutivo le asigne a través incluso de un instrumento de ese ejecutivo, como es el ministerio de Justicia, un ministerio absurdo, de ser el poder judicial un poder independiente, hoy cautivo de la clase política. ¿Que pinta un ministerio  de “justicia” en el ejecutivo?.

El Consejo de Europa, acaba de situar a España a la cola en la lucha por la independencia de la justicia, al considerarla el país menos comprometido en la lucha contra la politización judicial, dejando claro que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de magistrados”.

De momento, lo de la independencia de los tres poderes, la democracia interna de los partidos y la participación ciudadana en el ejercicio del poder, que la Constitución le otorga, no es más que una coña marinera, y nadie hace absolutamente nada por evitarlo. Una vulneración urbi et orbe de la Constitución. 

La revolución pendiente convertida en utopía, la consecución de la democracia,  un engaño, un logro imposible, una meta ajena a los intereses de partido político alguno, convertidos en dictaduras oligárquicas, con todo tipo de medios de “información” a su servicio. 

Hoy, solo alguien que viva directa o indirectamente de ello, que sea un pobre ingenuo, que no tenga ni idea de lo que significa el sistema político que decimos vivir, o que sea tonto, pero muy tonto, puede creerse que vivimos en una democracia.