En 1863, en el escenario de la batalla de Gettysburg, Abraham Lincoln pronunció un breve discurso, enmarcado en la Declaración de Independencia del pueblo americano, cuyo párrafo final es considerado como la definición más completa de lo que constituye la democracia: “que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, jamás perezca sobre la Tierra”.
Pero, ¿que es gobernar?. Es evidente que sobre cualquier término se pueden crear gran cantidad de definiciones que más o menos nos acerquen al concepto a definir, y que no siempre son más descriptivas las más oficiales en cuanto a la comprensión que pretendamos, de ahí que, entre las que he consultado, me refiera a una de ellas que habrá de llevarnos a algo absolutamente relacionado con el fondo del asunto: “ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado, ciudad o colectividad”. Se trata de una definición que contiene términos paralelos a la teoría de los tres poderes que, en paralelo con la definición, enumeramos como: ejecutivo, legislativo y judicial.
Por otra parte, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nos puede llevar por varios caminos contradictorios, pues no otra cosa ha pretendido el anarquismo, como reacción a los abusos del poder establecido (ni del, ni por, ni para el pueblo) o la democracia directa, en la que es el pueblo, a través de consultas populares, quien toma las decisiones importantes que ha de ejecutar el Gobierno, reglamentar el Parlamento y controlar el Poder Judicial, un tipo de democracia ajena a los intereses de los partidos políticos, la más pura, y hasta ahora no practicada debido, entre otras consideraciones, a la dificultad de conocer la opinión del pueblo en todos aquellos campos en los que tomar decisiones significativas, una dificultad técnica hoy ya superada, si realmente el poder lo considerase oportuno.
De momento hemos de contentarnos con la llamada democracia de partidos, representativa, o indirecta, donde el pueblo no decide prácticamente nada, ni siquiera quien va a gobernar, decisión que corresponde a los partidos, ni las decisiones que se toman son siempre en interés del pueblo, por lo que estamos todavía bastante lejos (crédulos y creyentes aparte) de lo que hemos llamado “vivir en democracia”.
No voy a incidir aquí en algo tratado ya tantas veces en relación a los partidos políticos, como entidades poco menos que mafiosas, ajenas casi por completo al concepto de democracia, corruptas la práctica totalidad, agencias de colocación de personajes de lo más mediocre, enemigas de dar información fidedigna al ciudadano, castradoras de ideas, contrarias a cualquier tipo de formación para sus bases, auténticas dictaduras, campos de batalla interna permanente entre sus más ambiciosos caudillos, y tantas y tantas otras indignidades que difícilmente puedan considerarse transmisoras de la voluntad popular.
¿Que es entonces lo que sostiene mínimamente tamaña “desfeita”, lo que nos da a los ciudadanos cierto sentido de seguridad y aceptación de la realidad?. La Ley.
La ley es fruto del ejercicio de la democracia, permite incluso su modificación por procedimientos democráticos, pero está por encima de la propia democracia, ya que la regula y establece sus límites de acuerdo con la finalidad de buscar para el pueblo aquello a lo que el ciudadano tiene derecho, respetando al tiempo los derechos inalienables de los demás.
Cuando los independentistas catalanes proclaman que los encarcelan por votar, esa posverdad no responde para nada a una realidad acuñada en un Estado de Derecho, donde el imperio de la Ley es quien rige los destinos de la sociedad. Les encarcelan por vulnerar la ley, pues no todo ejercicio “democrático” es válido en un Estado de Derecho, las urnas no son armas contra todo, si con ello se vulneran otros derechos no tenidos en cuenta y que esa ley protege.
Si sometemos a consulta popular el no pagar impuestos, el repartirnos entre todos la fortuna de Amancio Ortega, o el de linchar sin pasar por juicio al mayor asesino de la historia, posiblemente la respuesta popular sería absolutamente contraria a lo esperado en un Estado de Derecho, pero todas ellas son cuestiones que la ley impide poner en entredicho, porque afectan a otros derechos a respetar, que están por encima de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos o de nuestras creencias.
En el caso catalán, no afecta exclusivamente a los catalanes, a su propio interés y a sus consecuencias, no se trata del hijo que se quiere emancipar y que su decisión no implica consecuencias ni lesiona derechos de otros, sino de un brazo, una pierna o un ojo en el cuerpo humano, de quien se quiere ir del equipo, de un equipo que le ha colocado donde está y de quien, sin su concurso, va a perjudicar a los derechos, intereses y aspiraciones del resto, de ahí que la ley lo impida, aunque esa misma ley fija las condiciones necesarias para ser modificada y, si ello favorece al bien común, al propio cuerpo o al propio equipo, poder hacer reformas que lleven a los independentistas a conseguir sus pretendidos fines, previo pago de la factura correspondiente, por supuesto (véase el Brexit). La pela es la pela…
La democracia está muy cerca de la utopía, pues para ejercerla correctamente, es preciso hacerlo desde la frialdad del análisis conceptual, desde el conocimiento de todas y cada una de las opciones, de su posibilidad real de ser llevadas a la práctica, de sus consecuencias, con la generosidad de buscar lo mejor para el colectivo, lo más justo, lo más necesario y hacerlo todo ello con responsabilidad y con la mente abierta. No hay nada más ajeno a la democracia que someter una consulta popular a un asunto regido exclusivamente por un sentimiento de sentirse superiores o de despreciar al resto, una creencia, o un interés personal, y en eso estamos en España desde que votamos, con un altísimo porcentaje de votantes que pasan de sus deberes de recabar información fidedigna como ciudadanos, con una masa ignorante muy extendida, con legiones de votantes en negativo, con tantos y tantos que solo votan por sentimientos, decidiendo con ello la desgracia y la pérdida de horizontes para sus hijos, etc.
Es evidente que en España no se dan actualmente las condiciones necesarias y suficientes para ejercer una democracia medianamente eficiente, con una división de poderes de risa, unos partidos impresentables en general, donde ya se admite sin que nadie altere su voto por ello, que nuestros políticos mienten sistemáticamente, que los partidos se alimentan de la corrupción, que sus componentes son de una mediocridad insultante, y tantas otras consideraciones que nos alejan del ideal de la democracia.
Hoy vivimos una muestra de todo ello con las elecciones catalanas. Los políticos en general disponen de tres tiempos de la mentira: en elecciones, en las formaciones de gobierno, y en el ejercicio del gobierno. En elecciones, todo son promesas que nunca cuadran, pero que se reparten generosamente, sin pudor y sin el menor criterio de responsabilidad, pues los votantes “militantes”, en un calco de lo que son las religiones, están deseosos de creerse cualquier patraña (posverdad), y todo ello peleándose con todos los demás y sin pactar con nadie y contándonos lo que nunca harían. Pasadas las elecciones y si no hay mayorías absolutas, las negociaciones por tocar poder, cambian a veces radicalmente todas las afirmaciones hechas en el anterior escalón de la mentira, haciendo lo que nunca harían, para ya finalmente y desde el gobierno, pasarse por el arco de triunfo todas y cada una de las promesas comprometidas, sin que ese pueblo “soberano” pueda hacer otra cosa que entregar de nuevo el poder, !pasados 4 años! y sin poder exigir responsabilidades, a otro perro con distinto collar, o al mismo más envalentonado e impune. Lo grave del asunto es que siendo así, los españoles seguimos votando por “fidelidad” al canalla de turno, del que nos negamos a ver sus miserias, a disculparlas y a no admitir la menor critica hacia “los nuestros”.
Finalmente, ¿que nos queda?. La Ley, una ley que supone el establecimiento de las reglas de juego, la garantía de que quien pretenda vulnerarla, aun utilizando la democracia para lo que la ley no permite, arrastrando a un pueblo con ello, a sus sentimientos y querencias al estilo flautista de Hamelin, con su aplicación habremos de obtener la rectificación necesaria, bien vía 155, la calculada rectificación de los independentistas, el intento de estos de llevar sus pretensiones por el camino de esa ley, o la consecución de un nuevo gobierno constitucionalista, aunque lo que ha de quedar meridianamente claro es que, quienes han pretendido vulnerarla y han propiciado el desastre por el que está pasando Cataluña, ya sea en lo social, en lo económico, o en lo familiar, han de acabar en el lugar que los jueces consideren adecuado a sus delitos.
El panorama que se presenta no solo es enormemente incierto, sino incluso desagradable y posiblemente muy dilatado en el tiempo, con la posible convocatoria de nuevas elecciones por falta de acuerdos de poder, y la aplicación del 155 por bastante más tiempo que el esperado, beneficiando afortunadamente en gran medida con ello a Cataluña, ya que de ser administrada por el gobierno central, pendiente de las necesidades sociales, de satisfacer la deuda y de reparar afrentas, en lugar de someterlo todo a la creación de una infraestructura nacional independiente, es indudable que la situación mejoraría en todos los aspectos.
Puigdemont, cada vez en un nuevo partido hasta la liquidación absoluta de la otrora poderosa Convergencia, nada más pisar España será encarcelado, juzgado y, con toda probabilidad, trasladado a residir en una prisión española por varios años. Junqueras, el masón meapilas, entregado al rezo diario del Magnificat, ya está en la cárcel, será juzgado y, casi con toda seguridad, siguiendo el camino del anterior. La misma suerte habrán de correr quienes tomen su testigo y persistan en sus objetivos.
En el Pais Vasco se intentó violentamente y aunque fue durísimo para todos, al final la aplicación de la ley acabó con esa vía. Sus máximos dirigentes lo intentaron en el Parlamento sin resultado, y hoy las últimas encuestas allí celebradas, dan como resultado un País Vasco en el que el ciudadano está mayoritariamente contento con seguir siendo español, disfruta del mayor bienestar que nunca tuvo, y aunque sigue existiendo un sentimiento larvado de fondo, la situación objetiva ha dejado de ser conflictiva, y el ciudadano vasco puede dedicarse a vivir su vida sin mayores alteraciones de convivencia. En Cataluña deberá ocurrir lo mismo, más tarde o más temprano, y volver con ello las aguas a su cauce.
De momento, hagamos camino, apliquemos la ley, modifiquemos lo que proceda en interés de todos y adentrémonos un poco más en el largo y difícil camino de la democracia, haciéndonos más responsables, ejerciendo con mayor dedicación nuestros deberes cívicos, exigiendo, pensando por nosotros mismos, sin dejarnos arrastrar, justificando nuestras respuestas y siendo mucho más objetivos, dominando sentimientos negativos, sin entregarnos a la mentira, sin incidir en antiguos errores y dejando huella de nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Ya lo dijo Machado, sin demasiado éxito, un siglo atrás: Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Casi nada por la proa…