Desde el Exilio

Miguel Font Rosell

Sofisticadas corruptelas

 

Lo que voy a contar, no se si lo he vivido o lo he soñado, pues ya sabéis la delgada linea que existe entre lo real y lo ficticio, alimento de tantas religiones, de promesas políticas y de ilusiones de tanto crédulo, y lo digo por aquello de los falsos testimonios, el actual furor busca pleitos, y la presunción de inocencia que tanto le gusta sacar a pasear a los canallas.
La corrupción política, dependiente del urbanismo, la construcción y las concesiones, no se elimina, simplemente porque la mafia de los partidos políticos al uso, no lo desea. Se que es una afirmación rotunda y atrevida, pero he sido testigo, en estos últimos 40 años, de gran parte de sus prácticas con demasiada frecuencia. También se que es casi imposible probarlo, ya que no es fácil encontrar, ni pruebas, ni evidencias, pues algo así organizado responde a una sistemática bien estudiada para no dejar pruebas, aunque algunos vayan de sobrados. A pesar de ello, tengo la absoluta certeza de que lo que sostengo es real… o no, que diría Rajoy.
A lo largo de mi vida profesional dedicada al urbanismo, la mitad desde la propia administración y el resto desde el otro lado del mostrador, he llegado al convencimiento de que, al menos, dos de los partidos de todos conocidos, son profundamente corruptos, habiéndose alimentado de este sector durante décadas.
Hace años, alguien entrevistaba a Margarita Landi, conocida por la policía como subinspector Pedrito, una periodista muy peculiar, fumaba en pipa y llevaba “otra” en el bolso, ya de avanzada edad entonces, había dedicado toda su vida al periodismo de sucesos (25 años en El Caso), sector del que lo sabía todo, habiendo conocido a todo tipo de criminales, víctimas, procesos, sentencias, y un sin fín de vicisitudes al respecto. En un momento de la entrevista, el entrevistador le pregunta sobre cual es la enseñanza más sorprendente como resultado de toda una vida dedicada al estudio del crimen en general. La respuesta no solo fue inmediata, sino extremadamente impactante: en la mayor parte de los casos la verdaderamente mala, la culpable, la indeseable, es la víctima.
Algo parecido ocurre con la corrupción en materia de urbanismo, donde el verdadero corrupto no es tanto el que paga, sino el que cobra, no lo es tanto el promotor de cualquier iniciativa al que habrá de beneficiar la obra de que se trate, como el político que exige la mordida para que ello se produzca, quien además propone el negocio sin el menor rubor, casi siempre a través de personajes interpuestos, amenazando de que en caso de no entrar en el “negocio”, otro lo hará. Evidentemente todo en negro, en “B”, sin declarar, o de forma opaca, algo que exige, ya de entrada, que el beneficiado disponga de ese tipo de moneda, o bien de forma más sofisticada como expondré más adelante.
Como todo en la vida, también en el mundo de la corrupción ha entrado en danza el I+D+i, pues del primitivo cobro en dinero, hemos pasado al cobro en especies, servicios, u otro tipo de prestaciones infinitamente menos investigables, y menos en provincias, donde prácticamente no existe el periodismo de investigación.
En materia de urbanismo, la calificación o recalificación del suelo es el instrumento tradicional por excelencia. Pasar de un suelo rústico o no edificable, a otro urbanizable, o en el mejor de los casos urbano, supone, de la noche a la mañana, un incremento brutal en la cotización del terreno de que se trate. Este tipo de transformaciones de suelo, tiene su origen en la necesidad de crecimiento de las ciudades, bien por la escasez de suelo apto para la edificación, o por la decisión política de crecer hacia determinados lugares, o en determinadas condiciones aprovechando ciertas características, propias de los lugares a recalificar, etc.
Así como en física, por los principios de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma, en materia de urbanismo, la energía (edificabilidad) no sigue para nada esos principios, pudiéndose crear o destruir a nuestro antojo, siempre que dispongamos del poder para llevarlo a cabo.
Para el partido político, o el político en particular, que tienen en sus manos tal decisión, la borrachera de poder y consecuentemente el sentimiento de buscar una compensación a sus decisiones, suelen ser inmediatos.
El conseguir, de la noche a la mañana, que determinados vecinos, empresas, industrias o profesionales se enriquezcan con la revalorización inmediata de su suelo, acostumbra a tener un precio que tarde o temprano se suele cobrar, de una u otra forma, en bien de la causa, como ayuda al partido (donaciones), o simplemente como prestación por los servicios prestados, cantidad que no siempre llega “entera” a su destinatario final, pues entre el mensajero, el intermediario y el cobrador, acaban por menguar notablemente los “honorarios” del partido en cuestión.
No quiero decir con ello que eso sea la norma en general, afortunadamente, pero si una práctica muy extendida en la que los principales partidos han sido aventajados expertos, sin entorpecerse en sus prácticas unos a otros, pues ya se sabe que entre bomberos, no se pisan la manguera.
Si ello ocurre con el urbanismo, con la obra oficial ocurre tres cuartos de lo mismo. Aquí se trata de que la obra rematada, !oh sorpresa!, supere ampliamente el presupuesto aprobado de principio, aumento sobre el que habrán de beneficiarse todos los que puedan.
El asunto suele comenzar por la creación de un concurso público en el que valorar una serie de proyectos de arquitectos estrella. Se constituye un jurado, generalmente de políticos, notables, críticos de arte, otros arquitectos (hoy por ti, mañana por mí), etc. En general gente que habrá de limitarse a opinar sobre los aspectos estéticos de los proyectos a valorar, sin entrar en si tales proyectos se ajustan o no al presupuesto de obra de que se dispone, pues ni saben hacerlo, ni se paran a comprobarlo, ni les importa demasiado.
Adjudicado el proyecto, este se tramita y un grupo de técnicos de la propia administración, generalmente poco motivados para ello y con poca experiencia en obra, acaba informando sobre la puja más ajustada al presupuesto, para que finalmente el político de turno, en bien o no de lo indicado, acabe adjudicando la obra en cuestión. La obra se inicia y al cabo de un tiempo, !oh sorpresa!, la empresa adjudicataria (conocedora de la desfeita desde un principio) acaba descubriendo que el proyecto aprobado supera en bastantes enteros el presupuesto disponible, pues existen toda una serie de partidas que no fueron contempladas a la hora de su valoración, partidas absolutamente necesarias para la feliz finalización de la obra, lo que lleva a la necesidad de aprobar un anexo al presupuesto, que a veces acaba multiplicando por algunos enteros el presupuesto inicial, añadido del que suelen emanar toda una serie de cantidades de dudoso destino.
Evitarlo, si se quiere, es muy sencillo, pues se trata de establecer los oportunos controles por parte de expertos en la materia, pliegos de condiciones perfectamente determinados en cuanto a materiales, sistemas y confección de precios, a los efectos de que los optantes al concurso conozcan de entrada sus limitaciones, el presupuesto al que ajustarse, así como la condición de que de superar ese presupuesto su candidatura será anulada. Con anterioridad a que el jurado tome una decisión, es preciso contratar a una empresa de project management, para que fiscalice todos los proyectos presentados a los efectos de conocer el ajuste a los pliegos de condiciones citados así como al presupuesto disponible. Adjudicado el proyecto ajustado al presupuesto disponible, la misma empresa controlará la adjudicación de obra así como los precios ofertados para posteriormente llevar un exhaustivo control de obra a lo largo de la misma, a efectos de conseguir el cierre sin sobrepasar ni tiempos, ni presupuesto, y todo ello sin menosprecio de la obra conseguida. Todo esto, evidentemente, no le ha interesado para nada, en general, a partido político alguno, ni a sus líderes, ni a los sobrecogedores (los que cogen el sobre), aunque su coste represente una cantidad muy inferior a la que tal proceder ahorra.
El resultado suelen ser edificios muy sobrepasados en sus presupuestos, obras innecesarias, mala construcción, edificios a medio terminar, etc. y todo ello pagado con los impuestos de todos, a mayor gloria de partidos, políticos, “artistas” y técnicos, a los que nadie hace responsables.
En cuanto a otro tipo de obra, la privada concretamente, ya no se suele estilar el otorgar licencias a algo ilegal, pues ello supone un importante riesgo, resulta muy burdo y puede traer consecuencias de todo tipo. Desde hace ya tiempo, se suele dar otro tipo de práctica, que consiste en demorar largamente en el tiempo el otorgamiento de una licencia perfectamente otorgable, en aras de mejor información técnica, momento que se aprovecha para hacerle llegar al interesado que los problemas a solucionar son fáciles de arreglar, si se hiciese una donación al partido o algo similar, corruptela que suele no dejar marca, ya que se trata de otorgar una licencia perfectamente legal.
En materia de concesiones, o de favorecimiento de grandes empresas, suele darse un tipo de corrupción bastante singular y que requiere de la colaboración de cierta prensa, lo cual suele ser bastante evidente en provincias, ya que controlar la prensa para el político y para los partidos es algo fundamental, un anhelo fácil de lograr cuando se trata de ciudades en los que no existe más que un solo rotativo o poco más, y estos se encuentran en situación económica poco menos que lamentable.
El asunto consiste en lo siguiente: Al consignatario se le pide que programe una campaña publicitaria sobre el servicio que da a la ciudad, o sobre el producto que vende, aunque no lo necesite ya que tiene las ventas aseguradas, o como en el caso de los concesionarios, a nadie le venden nada, salvo al propio ayuntamiento, por lo que para nada necesitan acometer una importante campaña publicitaria. Esa campaña se contrata, a través de un intermediario, con el periódico local, quien aplica una tarifa bastante superior a lo habitual, de manera que con parte de la tarifa aplicada se podría acometer la campaña sobradamente, yendo el resto del importe a la magnificación del partido de gobierno, de su alcalde, o de todos aquellos “matices” que habrán de acompañar a las noticias de que se trate para asentar el poder local. Con ello el periódico no pierde honorarios, se le facilitan, se les aportan clientes y, a cambio, el político es bien tratado en cuanto a cualquier matiz de la noticia, se obvian ciertas noticias, o simplemente se le cierran puertas al enemigo. ¿A alguien le suena?. Yo confieso estar ahora más pendiente de ciertos anuncios, relacionarlos con ciertas noticias, y haberme llevado más de alguna sorpresa.
Evidentemente, estas muestras no son más que la punta del iceberg sobre las muchas formas que todavía hoy hacen mella en nuestra administración, muestras de las que al no disponer de pruebas evidentes y tangibles, aunque sobradamente conocidas, salvo que tal conocimiento tuviera su origen en un mal sueño, lo cual tampoco cabría descartar, nos llevan a no poder asegurar estas técnicas por toda certeza, pues ello siempre trae consigo la sempiterna disculpa del implicado que sabe que no ha dejado pruebas: “si sabes que es así, lo que has de hacer es denunciarlo, ya que si no lo haces, te puedo denunciar por calumnias”. Vamos, que si lo he soñado, me ha parecido tan real que he acabado por creérmelo.
Hoy ya son muchos los políticos (todavía no sus partidos) implicados judicialmente en estas y otras prácticas similares, algunos, no demasiado lejanos, en ejercicio y perfectamente considerados, aunque todavía tengamos que reprimir nuestra ira cuando vemos a los más claros ejemplos, como el mafioso clan Pujol, tan campantes, sin pisar correccional alguno, y lo que es peor, amenazando y con la certeza de que nunca lo pisarán, se irán de rositas y… aquí no ha pasado nada.
De momento, tienen razón, y no me refiero solo al “muy honorable”, al defensor a ultranza del “hecho diferencial”, sino sobre todo a las mafias en que se han convertido los partidos, sus capos y los que se benefician de la mamandurria correspondiente, quienes además dejan de vez en cuando caer a alguno, pareciendo así que algo cambia, para que todo siga igual.

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Miguel Font Rosell

Licenciado en derecho, arquitecto técnico, marino mercante, agente de la propiedad inmobiliaria.

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