Desde el Exilio

Miguel Font Rosell

¿Problema vasco y catalán, o problema Rajoy?

 

Siento, de nuevo, tener que afrontar el asunto del que trato, teniendo que hacer una pequeña entradilla para evitar lecturas inducidas por claros prejuicios, al considerar el origen de mis apellidos. Para ello diré que soy catalán, que no reniego ni renegaré nunca de mi tierra pero que, sobre todo, y entre otras consideraciones por ser catalán, soy español y estoy encantado de ejercer como tal, en un pais al que a fuerza de criticarle todas sus miserias, ante sus innumerable virtudes, no lo cambio por ninguno. Sea.
La Constitución española de 1978 pronto cumplirá 40 años. La España de entonces, en lineas generales, era muy distinta a la actual, aunque en otras, nada o casi nada ha cambiado. En materia politíca el cambio, no obstante, ha sido considerable.
Nuestra Constitución pretendía, entre otras cosas, regular el paso de una España que salía de una dictadura y se encaminaba a vivir en democracia, y aunque es cierto que teóricamente ello se ha conseguido, en la práctica ni estamos tan lejos de una dictadura, al menos de una dictablanda, ni tan cerca de una democracia.
En una democracia el poder pertenece al pueblo, es el pueblo quien toma las decisiones fundamentales, bien es cierto que ello solo es factible en muy pocos lugares en el mundo, siendo el gobierno, el poder ejecutivo, quien ejecuta tales decisiones, el parlamento quien elabora las leyes para llevar a cabo lo dispuesto bajo el imperio de la ley, dando cuerpo al Estado de Derecho, y el poder judicial quien controla que se cumplan tales planteamientos, corroborando con ello tal Estado de Derecho, pero la decisión, en última instancia, le pertenece al pueblo, y si no es así, no estamos hablando de una democracia, sino de un sucedáneo muy propio de los momentos políticos que vivimos a diario, en este ocaso de un sistema al que nunca hemos dejado acercarse a su ideal.
En España, los llamados problemas catalán y vasco siguen siendo cuestiones sin resolver. Con independencia de reivindicaciones novelescas más o menos fundadas, de fantasías o de exaltaciones románticas de minorías ilustradas, y de falsedades históricas de bulto, pues ni Euskadi pasó nunca de ser un Señorío, ni Cataluña un Condado, algo que, a estas alturas no debería tener el más mínimo peso sobre el fondo de la cuestión, existía ya con cierto cuerpo de conflictividad, con anterioridad a nuestra guerra de sucesión, algo que los vascos resolvieron, en parte, gracias a ser partidarios de los Borbones quienes por ello mantuvieron sus fueros, mientras los catalanes lo empeoraron al haber optado por los Austrias, siendo estos finalmente traicionados por el pueblo prototipo de traición por excelencia, los ingleses, y haciendo de ello una curiosa victoria, la Diada.
Hoy, las reivindicaciones independentistas capitaneadas históricamente tanto en Euskadi como en Cataluña por la derecha, han pasado a ser patrimonio fundamental de una izquierda, tan beligerante con el gobierno español como con esa derecha local, para ellos sometida y ajena a sus planteamientos de un nacionalismo beligerante (léase Pujol, Mas y toda la tropa de trincones de hecho diferencial), lo que ha inclinado la balanza de un sobrevenido centro-derecha hacia planteamientos independentistas, al menos sobre el papel, prisioneros de un sentimiento que, al menos en el caso de Cataluña, se incrementa en correspondencia con la poca cintura, la negligencia y la falta de ideas del gobierno de Rajoy, identificado con la derecha más casposa, heredera de un franquismo que nunca tuvo allí el menor apoyo.
Al final, unos y otros se encuentran enrocados en un callejón sin salida. Para unos se trata de buscar apoyos para independizarse de esa visión parcial de esa España cerrada e intolerante que tan bien representa Rajoy, y para otros de mantener que España es indisoluble por obra y gracia de la Constitución, y punto.
Aquí nadie parece hacer nada por conocer un paso anterior a todo ello, un paso que constituye el alma misma de la democracia, ¿que piensa el pueblo al respecto si se consigue que esté bien informado y sin tener que actuar por visceralidad?.
Ahí unos creen que solo es su pueblo concreto el que debe opinar sobre el particular, mientras que los otros creen que sobre ese asunto debe ser la totalidad del pueblo español quien opine.
Pero, ¿que dice la Constitución al respecto en cuanto a sopesar la opinión sobre el particular?.
Son cuatro los artículos a los que podemos remitirnos para conocer una repuesta.
*Artículo 2. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
*Artículo 92. 1 “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. 2 “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. 3 “Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previsto en esta Constitución”
*Artículo 137. “El Estado se organizará territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozarán de autonomía para la gestión de sus propios intereses”
*Artículo 149. Competencias del Estado. 32ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.”
Por el Artículo 2 sabemos que con la Constitución actual no es posible escisión, ni segregación, ni ningún tipo de independencia por parte de autonomía alguna en España, por lo que en tanto no se modifique la Constitución en este sentido, no cabe llevar a la práctica ninguna pretendida independencia, siendo además las Fuerzas Armadas, según reza la propia Constitución, las garantes del cumplimiento del mencionado artículo. Otra cosa pudiera ser el tratar sobre el asunto, sopesar la voluntad popular para la modificación de la Constitución y conocer el parecer de una parte o de la totalidad del pueblo sobre esta cuestión.
El articulo 92 nos dice que para decisiones políticas de especial trascendencia (el conocimiento sobre la voluntad de la pretendida independencia de una parte de España lo es) se podrán llevar a cabo referéndums consultivos de “todos” los ciudadanos, referéndums que han de ser autorizados por el Congreso de los Diputados, con propuestas del Presidente del Gobierno y convocados por el Rey. Es evidente entonces que han de serlo desde las propias instituciones del Estado, no desde las propias Autonomías.
Por otra parte, el artículo 137 autoriza a las Comunidades Autónomas a ser autónomas para la gestión de sus propios intereses. ¿Que mayor interés que el de conocer la opinión de sus ciudadanos en materia tan trascendente?.
Finalmente el artículo 149 es claramente determinante cuando adjudica al Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
Este es el marco legal en el que hay que moverse al objeto de conocer el alcance legal de la convocatoria de un referéndum para conocer el parecer de los catalanes sobre una posible independencia del Estado español. La respuesta es meridianamente clara (artículos 92 y 149) aunque no exenta de ciertas contradicciones (articulo 149), pero carente del espíritu democrático que ha de presidir cualquier Constitución en una democracia avanzada, donde la consulta popular es la base de cualquier conocimiento previo a cualquier ejercicio de poder. De ahí que decirle a alguien que no puede consultar a los suyos sobre lo que piensan, rechina aquí y en Honolulú.
¿Como salir de este callejón sin salida cumpliendo con la Constitución y a la vez consultando con el pueblo sobre tal cuestión?. Llevo ya años apuntándolo en repetidos artículos, los mismos que Rajoy se enroca en su irritante inmovilismo.
No se trata de llevar a cabo un referéndum vinculante, pues el asunto de que se trata (la independencia de Cataluña) no es factible sin antes modificar la Constitución, por lo que habría que llevar a cabo un referéndum puramente consultivo. En aplicación del artículo 137, y por considerar la Generalitat que la consulta es fundamental para la consecución de sus propios intereses, debería solicitar al Congreso de los Diputados, la autorización para la celebración de un referéndum nacional que, en aplicación del artículo 92 debería afectar a “todos” los ciudadanos. Autorizado por el Congreso, el Presidente del Gobierno llevaría a cabo la propuesta y finalmente el rey la convocaría. Considerando que la Constitución atribuye al Presidente la propuesta, esta debería ser redactada para poder ser votada por todos los españoles, de manera que fuéramos todos los españoles los que opináramos sobre un posible desmembramiento de España, no solo de Cataluña, sino en general. Evidentemente la cuestión a debate sería la propia pregunta, pero salvado tal difícil escollo, el asunto podría tener múltiples lecturas, ya que cada Comunidad podría leer la respuesta tanto en clave de Estado como de la querencia de su propia comunidad por un posible camino hacia la independencia.
Evidentemente, la campaña previa al referéndum sería clave para inclinar la balanza, sobre todo en las regiones más conflictivas como son Cataluña y el Pais Vasco, y ahí el gobierno debería poner toda la carne en el asador para desmontar falacias, mentiras y deseos imposibles de cara al bienestar futuro de nuestros ciudadanos.
La medida sería muy positiva para todos, pues clarificaría de una vez una voluntad popular que aun a pesar de moverse por instintos y querencias, también sabría reaccionar ante argumentos de razón práctica y de un acercamiento mucho más real entre los pueblos, que el que de simples intereses políticos lamentables y de ambiciones personales de poder pudiera desprenderse. No se trata de un referéndum vinculante como en el caso del Brexit (aquí no es posible), sino simplemente de sopesar un estado de opinión.
Particularmente no tengo la menor duda de que el resultado, en lineas generales, sería muy positivo para nuestra continuidad como pueblo unido, y aunque con mayor equilibrio en Euskadi y Cataluña, argumentos de raciocinio bien asumidos y la voluntad de entendernos generosamente, acabarían por diluir el problema en la resolución de los verdaderos problemas que nos afectan a todos los españoles, a nuestras inquietudes como ciudadanos y a nuestros anhelos como personas.
Hoy, si el conflicto vasco y catalán, en bien de todos los pueblos de España, no se resuelve, o al menos no se intenta seriamente, se debe por una parte a una panda de politiquillos locales de chicha y nabo, pero fundamentalmente a una actitud inmovilista, conservadora a ultranza y lamentable, del nuevamente investido, por obra y gracia de un pueblo que en esto se deja llevar exclusivamente por razones viscerales, y de partidos como Podemos primero y Ciudadanos y el PSOE después, Mariano Rajoy Brey.

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Miguel Font Rosell

Licenciado en derecho, arquitecto técnico, marino mercante, agente de la propiedad inmobiliaria.

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