¿Reconciliación o impunidad?

07.10.06 @ 00:52:53. Archivado en General, Archivo

Iris Jave

El reciente DS 018-2002-PCM, que otorga defensa legal a los militares y policías procesados en el fuero común por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha contra el terrorismo, ha originado un falso dilema entre la dignidad a las Fuerzas Armadas y la justicia en el país; entre la reconciliación y la impunidad; entre los responsables y las víctimas.
Y es que la perspectiva de reconciliación no debe ser vista como un canje de reparaciones por impunidad. Se trata de un proceso basado en la justicia en el sentido más amplio, y quiérase o no, en el Perú se produjo un conflicto armado interno donde hubo violaciones a los derechos humanos y más de 60 mil víctimas, como ha señalado la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Para que ese proceso -el de la reconciliación- pueda empezar, se requiere de bases mínimas de justicia que implica equidad de parte del Estado en el trato a las víctimas del conflicto.

El ministro de Defensa, Allan Wagner Tizón, ha sostenido que la defensa legal del Estado para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales puede ser “parte de un proceso de reconciliación entre quienes sufrieron la violencia en el campo, porque eran atacados por los terroristas, o quienes defendían a la sociedad y el resto de ella, que fue indolente, indiferente, frente al sufrimiento de tanta gente".

Quizá olvida el ministro Wagner que hay otros miles de peruanos que requieren de asistencia legal para que sus procesos vean la luz de la justicia y no cuentan con fondos para su defensa. Autoridades, pobladores, líderes sociales, militantes políticos –el propio presidente García ha recordado que fueron cerca de mil, los apristas que murieron a causa de la guerra interna entre 1980 y el 2000-, entre otros tantos pobladores, la mayoría de procedencia indígena, como señaló la CVR.

Defensa para todos
La preocupación del Estado peruano en torno a recuperar la dignidad de las Fuerzas Armadas es totalmente legítima. Como también es legítima la justa aspiración de los pobladores, la mayoría indígenas, que sufrieron pérdidas de sus familiares a causa del conflicto. Autoridades, pobladores, líderes sociales, militantes políticos –el propio presidente García ha recordado que fueron cerca de mil, los apristas que murieron a causa de la guerra interna entre 1980 y el 2000-, entre otros tantos pobladores, la mayoría de procedencia indígena, como señaló la CVR, requieren de asistencia no sólo legal, sino integral.

La Defensora del Pueblo ha hecho bien en solicitar al Ministerio de Justicia que asuma la defensa de las víctimas del conflicto, “es deber del Estado proveer una asistencia a estas víctimas”, ha señalado.

Lo que llama la atención es la reacción airada que ha ocasionado en algunos actores políticos, el debate público acerca de la responsabilidad que tiene el Estado peruano con las víctimas del conflicto armado interno. Tal parece que hablar de la reivindicación de las víctimas, la mayoría indígenas y pobres, saca roncha en algunos sectores. La congresista Lourdes Alcorta, quien viene solicitando la inclusión de la pena de muerte en la legislación peruana, ha dicho que la CVR dividió al país al señalar responsabilidades militares en violaciones a los derechos humanos. Pero se ha olvidado de señalar que la CVR también señaló responsabilidades políticas y civiles, pero sobre todo al mayor causante de la guerra interna: Sendero Luminoso.

Estamos saliendo de un proceso de guerra interna que ha dejado miles de víctimas indefensas, la mayoría de ellas pobres e indígenas, que no tienen ninguna institución de respaldo salvo su propio Estado. ¿No debería ser una prioridad de este Gobierno, brindarles atención? El inicio de un nuevo gobierno puede ser la oportunidad para diseñar e implementar políticas públicas en derechos humanos, que reparen a las víctimas. Estaríamos así a la altura de un país con crecimiento económico notable, que busca repartir de forma equitativa la riqueza que consigue para todos sus ciudadanos.

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