Los separatistas catalanes practican unas relaciones públicas tan eficaces que han conseguido que un relator del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pida la libertad de los políticos presos por romper unilateralmente la Constitución y declarar la independencia de Cataluña.
“La disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales” dice la parte fundamental del informe del relator, Fernand de Varennes, un jurista canadiense encargado de proteger a las minorías, en nombre de ese Consejo dominado mayoritariamente por dictaduras.
El error del Estado fue tolerar, todavía con Mariano Rajoy, que la Generalidad presidida por Carles Puigdemont firmara acuerdos como parte del Reino de España con ese organismo de la ONU, al que la Generalidad le pagó varios cientos de miles de euros.
Así compró voluntades que emplea ahora…
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