En España estamos asistiendo en silencio a la ejecución de un preso preventivo con una gravísima leucemia al que una jueza le impide ser tratado en el hospital donde recibió un trasplante de médula que lo ha dejado con mínimas defensas a las infecciones.
El condenado a la pena de muerte en una cárcel se llama Eduardo Zaplana, tiene 62 años, fue alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del PP en el Congreso, y está encarcelado por la presunta corrupción de alrededor de diez millones de euros en el caso Erial.
Un delito gravísimo, sólo presunto de momento, pero acelerarle él la muerte es una ejecución que por decencia la sociedad española no debería tolerar.
Qué contraste con el caso de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el sádico secuestrador de Ortega Lara, liberado por padecer cáncer tres años antes de su fallecimiento…
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