Está bien que las cárceles españolas estén entre las más confortables del mundo, como la de Archidona, Málaga, inaugurada en febrero, con instalaciones de un agradable hotel para 1.140 reclusos.
Quienes ingresan allí han cometido delitos que le han costado a sus víctimas heridas, muertes, o daños económicos que han afectado a familias y a toda la sociedad; o sociales además de económicos, como los ocasionados por los políticos presos.
El Art. 25.2 de la Constitución señala su derecho al trabajo y a un salario, y los que trabajan reciben una pequeña paga que va desde 2,59 euros la hora en el economato hasta 4,51 en labores de mantenimiento.
De los casi 60.000 reclusos actuales, 12.238 reciben esos salarios, y los que no realizan trabajos cobran ayudas a partir de 150 euros mensuales que también perciben los golpistas catalanes u otros políticos preventivos, algunos en libertad en espera de juicio tras muchos meses de cárcel, como Ignacio González y Francisco Granados, exdirigentes corruptos del PP madrileño…
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