Como hay filtraciones de numerosos casos judiciales sometidos al secreto del sumario, y cada día son más, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido que estudió la posibilidad de sancionar a los medios informativos que divulguen esos secretos.

Sólo se lo planteó como hipótesis teórica, pero aun así, y ante la eventualidad de que alguien pensara en controlar la libertad de prensa, los medios informativos se lanzaron contra él como si ya hubiera impuesto La Censura Franquista.

La función del ministro en todo caso es evitar que los funcionarios y demás actores judiciales rompan el secreto del sumario para divulgarlo edntre los medios, porque el delito sólo sería de quien vulnera la cadena de confidencialidad.

Pero el problema del secreto roto es que este siglo XXI ha traído la informatización, una situación nueva que casi nadie enfoca adecuadamente.

Antes casi no había filtraciones porque cada caso se escribía a mano o máquina y quedaba enterrado