El caso de Marta del Castillo, con su asesino Carcaño condenado a veinte años, sus cómplices exonerados, y todos negándose a revelar dónde arrojaron su cadáver, hace defender la aplicación de algún método no doloroso para extraerles una información que dignificaría la Justicia, atenuaría la desesperación de la familia y sujetaría la ira social.
Igual ocurre con José Bretón, el padre de los dos niños desaparecidos el 8 de octubre bajo su custodia en Córdoba. Imaginemos que mientras la policía lo interrogaba inútilmente, los tuviera donde nadie los cuidara y que hubieran muerto lentamente de inanición.
O el caso de un terrorista detenido que ha puesto una bomba terrible no se sabe dónde, y que no hay forma de extraerle esa información vital, quizás, para decenas o millares de personas.
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