Desde hace 25 años ninguna niña o mujer fue encarcelada en España por abortar, por lo que la nueva ley que acaba de entrar en vigor para facilitar más esa intervención no librará de la prisión a nadie, al contrario de lo que afirma el Gobierno, sino que servirá para mejorar el negocio de las clínicas abortistas.

Además, es otro paso de la ingeniería social de Rodríguez Z., empeñado en regular la vida y la muerte humanas.

Las clínicas abortistas eran mataderos y ahora lo serán más. Unos guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) enviados en 2009 a inspeccionar varias clínicas en distintas ciudades españolas, testificaron haber visto trituradoras industriales de carnicería y una horrible mezcolanza de fetos, pequeñas cabezas, troncos, huesecillos.

El Poder Judicial desautorizó al juez que ordenó la inspección, pero los guardias, dedicados habitualmente a salvar animales en peligro de extinción, vivirán siempre traumatizados.

Las clínicas españolas son un gran negocio. Tan eficaz que vienen mujeres de toda Europa a abortar seres viables o que ni siquiera necesitarían incubadoras para sobrevivir.

Es el caso de una periodista danesa que acudió a la clínica barcelonesa Emece con cámara oculta. Grabó la propropuesta de ejecutar a su hijo –eso no es un embrión– de treinta semanas, siete meses y medio de embarazo.

Las principales clínicas suelen ser propiedad de feministas de antigua militancia ultraizquierdista asociadas con médicos de orígen cultural ajeno a la moral hipocrática, que aunque ya no es obligatoria, sigue inspirando a los médicos europeos.

Casi todos los ginecólogos españoles se declaran objetores, lo que irrita al zapaterismo, que con estos métodos de ingeniería social quiso aportar una novedad extraordinaria al mundo: eliminar la patria potestad de los padres de las menores.

Ya no habrá picoletos inspeccionando clínicas: ellas mismas se autoevaluarán.

Y superada esta frontera, ancianos y enfermos, mucho cuidado: ahora quieren prepararles la eutanasia.