Cualquier víctima de un crimen grave que no obtiene justicia porque se ha exonerado al criminal piensa que debería existir el derecho a la venganza.

Un deseo que ha debido pasarle por la cabeza a quienes, tras sufrir muchos años por el asesinato de un ser querido, ven que el verdugo, que no gozó de ninguna amnistía, ni siquiera es acusado porque “prescribió su delito».

Aunque sería lógico, no sabemos si desea vengarse o no la familia de José María Félix Latiegui, director de «Moulinex» en Usurbil (Guipúzcoa), acribillado en 1981 por el etarra José Antonio Zurutuza Sarasola, «Capullo», al que juzgaron este jueves en la Audiencia Nacional por dos asesinatos posteriores.

Nunca se le procesará por la muerte de Latiaegui: su delito ha prescrito, lo que provocó que su familia exigiera justicia a gritos en la Audiencia Nacional.

El presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez, expulsó a esa familia. No podía hacer otra cosa: el Código Penal (Art. 130.6) señala que el asesinato de Latiaegui prescribió a los veinte años de haberse cometido.

Una situación que se da cuando no hubo anteriormente procedimiento contra el culpable. Pero fue porque su autoría se conoció muchos años después del asesinato.

Los legisladores razonan toda prescripción al entender que el transcurso del tiempo hace que la sociedad olvide el crimen, además de dificultar la obtención de pruebas. Incluso puede suceder, dicen, que el criminal esté reinsertado.

Pero en este caso no hay nada parecido. Y además de haber pruebas ahora, las víctimas recuerdan y “Capullo” no se reinsertó nunca.

Como este etarra no será juzgado por ese crimen que ha destruido una familia, los Latiaegui tendrían el derecho moral de desear vengarse porque la justicia, creada precisamente para evitar la venganza, en este caso la ha instigado.