Corren malos tiempos para Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional que persigue dictadores como Pinochet o que se niega a investigarlos, como el también sanguinario Fidel Castro, que se olvida de dictar prisión contra narcotraficantes o que es implacable con ellos o con los etarras, que entra en política cegado por las promesas, y que se venga de quienes las incumplieron resucitando el caso GAL.

Un juez de un tribunal especializado en grandes delitos como los de terrorismo puede llegar a creer que es un dios. Tiene un poder omnímodo, los medios que desea, envía a la cárcel o libera a quien decida.

Debería ser persona equilibrada, que no se deja llevar por el espectáculo de su propia grandeza, sobre todo al recordar con soberbia sus humildes orígenes y el esfuerzo que lo llevó a ese puesto que no alcanzaron otros de arranque social más afortunado.

Garzón, a sus 55 años, con 29 de carrera judicial, se encuentra ahora acusado de prevaricación tras una denuncia del supuesto sindicato de la función pública Manos Limpias, fundado por un reconocido ultraderechista, Miguel Bernard.

Pero lo importante no es quién acusa, sino el motivo: haber querido invalidar desde su juzgado la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento a principios de la Democracia, que olvidaba los crímenes de unos y otros a causa de la guerra civil 1936-1939.

La denuncia está en el Tribunal Supremo, instruida por Luciano Varela (62), nada sospechoso de derechista: fue cofundador de Jueces para la Democracia.

Dice este magistrado que los móviles altruistas sobre las víctimas de los horrendos crímenes del franquismo no eximen de la posible prevaricación al tratar de invalidar una Ley del Parlamento.

Garzón quiso reescribir la Historia, e inesperadamente podría terminar arrollado por ella.