Se afirma que el Gobierno y la Generalidad catalana, apoyados por sus afines políticos y mediáticos, chantajean al Tribunal Constitucional para que apruebe su Estatuto de Autonomía, pero debería aclararse que a quien extorsionan realmente es a cada uno de los españoles, incluidos los catalanes.
Porque ese Estatuto no mejorará la vida de los contribuyentes catalanes, sino la de sus políticos: sólo trata de igualar a la casta autonómica dominante con la que gobierna España.
Por eso impone el tú a tú del poder político catalán con el español, la obtención de fondos para la autopropaganda, y un sistema legal y administrativo exclusivo para dominar a la población por encima de la Constitución alegando características diferenciales y la necesidad de la Formación del Espíritu Nacional, que prevé la ampliación imperial catalanista a regiones vecinas, españolas y francesas.
Es, además, un camino independentista, pero pensando en mantener ventajas parasitarias en el mercado español, incluyendo el futbolístico.
Mientras, la ciudadanía catalana está cada día menos libre y más enclaustrada, al contrario que la de otras CC.AA. que miran al mundo, no el ombligo.
Las presiones sobre el Tribunal Constitucional para que apruebe ese texto castizo y aldeano han sido denunciadas ya por dos de sus expresidentes, ambos catedráticos y juristas de prestigio nacional e internacional.
Uno, Manuel Jiménez de Parga, granadino que pasó parte de su vida académica en Barcelona, y que en artículos de prensa y entrevistas afirmó que el Estatuto nació enormemente inconstitucional, y que continúa siéndolo.
Otro, Álvaro Rodríguez Bereijo, buen conocedor del autonomismo como gallego, que en una entrevista acaba de decir también que el Estatuto es inconstitucional y que el Tribunal actual está sometido a unas enormes e inadmisibles presiones.
Y que todo este desafuero nace del “error de dimensiones históricas” de Zapatero cuando le prometió a Maragall que respaldaría incondicionalmente el texto que saliera del Parlamento catalán.
