La semana pasada una ola de indignación recorrió la opinión pública española: un hombre de 24 años había matado en Tenerife a una niña de tres al violarla, tras someterla, además, a distintas torturas.
Así constaba en el certificado médico del fallecimiento, lo que provocó la detención inmediata del presunto asesino y las declaraciones de indignación de la consejera de Sanidad canaria.
Pero todo era falso, aunque se presentaba como un caso más de pederastia, más cruel si cabe, que el de la niña Mary Luz Cortés, cuyo asesino la mató estando en libertad, pese a haber sido encasado por asaltos anteriores.
Se unía a la larga lista de hombres –y mujeres-- que abusan sexualmente o maltratan niños y que pronto están libres para volver a cometer iguales o peores crímenes.
Ante sucesos terribles como parecía el de Tenerife, se pide la máxima dureza de la ley, pero como esta mantiene su habitual tibieza, se desea que se encargue de castigar a los autores la justicia carcelaria, la que los presos le aplican a los que cometen los crímenes más odiosos,
Diego P.V. sufrió un cúmulo de errores que se iniciaron con un médico que atribuyó la muerte de la niña y sus heridas a una violación, dictamen tras el que casi todo el país puso en marcha su indignación, a lo que contribuyeron cronistas como el que escribe estas líneas.
Ahora resulta que la niña se había caído de un columpio. Pero en el centro médico aplicaron sumariamente el “protocolo de violencia de género” que convierte automáticamente al hombre en delincuente. Y unas veces lo es, y muchas otras, no.
Y creímos ese dictamen sin darnos cuenta de que coaccionados por el concepto de “violencia de género” impuesta por el feminismo que odia al hombre, como hay machismo que odia a las mujeres, tomamos por asesinos a algunos inocentes.
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Crónicas Bárbaras se adhiere al
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Miércoles, 2 de diciembre de 2009
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Lunes, 28 de mayo
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Pedro Fernández Barbadillo
Vicente A. C. M.
Antonio Cabrera
Miguel Torres Galera
Carlos Ruiz Miguel
Josep Carles Laínez
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
José Pómez
Manuel Molares do Val
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