El Gobierno atribuye la reciente huelga de los secretarios judiciales y las protestas de los jueces a un movimiento corporativista contra las sanciones al personal de justicia de Sevilla que no detuvo al pederasta que, estando en libertad, mató a Mariluz Cortés la primavera pasada.
Pero, no: la pequeña multa al juez Tirado y la sanción de tres años de empleo y sueldo a la secretaria Juana Valdez tapan la indignación contra la intromisión política en la justicia.
Los paros de los secretarios de 3.000 de los 4.000 juzgados españoles, y las reuniones de protesta del ochenta por ciento de los jueces recordaban el caso Mariluz, pero sobre todo el de otra niña que fue asesinada en 1992, Olga Sangrador.
Ocurrió después de que el magistrado Ignacio Sánchez Yllera, de Jueces para la Democracia y juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, hubiera ordenado conceder el tercer grado, en contra del criterio de todos los especialistas penitenciarios, al peligrosísimo pederasta Juan Manuel Valentín Tejero.
Por razones ideológicas –el delincuente siempre es una víctima-- Sánchez Yllera repudió los múltiples informes que le presentaron, liberó a Valentín y este, inmediatamente, mató con crueldad infinita a Olga, de nueve años.
No castigaron al juez. Lo premiaron: en 1994, siendo Belloch ministro de Justicia, la hoy vicepresidenta lo nombró director del Gabinete de la Secretaría de Estado.
Luego, el 19 de abril de 2004, tras volver el PSOE al poder, Fernández de la Vega lo hizo Director del Gabinete de la Vicepresidencia. Hoy es letrado del Constitucional, otro premio político.
La protesta, dicen muchos jueces, es contra quienes atentan contra la justicia independiente politizándola, como la vicepresidenta, que ha exigido al Consejo General del Poder Judicial grandes castigos para Tirado –Valdez depende del ministro Bermejo--, mientras ella recompensa a sus afines que cometen terribles desviaciones por empecinamiento ideológico, como Sánchez Yllera.
Los comentarios para este post están cerrados.
Como se ve, hay una doble vara de medir, depende de si uno es juez de JpD o de la APM, y de si uno trabaja en Castilla y León o en Andalucía. Se sanciona a un Magistrado o a una Secretaria Judicial por algo que es culpa de la Junta de Andalucía, que es la que tenía que haber puesto al funcionario que hiciera la tarea monótona, burocrática pero necesaria de ir repasando las ejecutorias del Juzgado para que ninguna se retrase. Es otro ejemplo de incongruencia de la política, como el Sr. Belloch, que ahora dice que los jueces no tienen derecho a la huelga, cuando resulta que en el 92 decía que sí, e incluso publicó un artículo en la revista JpD en defensa de este derecho. Otra incongruencia más: el Sr. Bermejo, hoy ministro, afirmaba en el 2003 que no había medios adecuados en justicia para los juicios rápidos, y ahora parece decir que no, que hay medios para todo. ¿De verdad en cinco años ha superado él solito la secular dejadez que tienen? No hay quien se lo crea.
El sentido común, ¡es tan poco corriente entre nuestra clase política! Pensemos en algo tan sencillo y de fácil análisis como los jurados. Los juicios en los que participan resultan caros y lentos, por lo que sus actuaciones deben quedar restringidas a aquellos procesos en los que son absolutamente necesarios: enjuiciamiento del personal cuyas actuaciones, actualmente, son juzgadas por colegas de profesión.
¡Qué clase política padecemos! Algo tan sencillo y elemental les resulta demasiado complicado
Lunes, 28 de mayo
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Pedro Fernández Barbadillo
Vicente A. C. M.
Antonio Cabrera
Miguel Torres Galera
Carlos Ruiz Miguel
Josep Carles Laínez
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
José Pómez
Manuel Molares do Val
Autor
Contacto
