Aunque el expediente disciplinario que le abrieron aún no se ha resuelto, el funcionario pillado en el servicio de la prisión con un reo ha vuelto al trabajo después de que fuera suspendido cautelarmente de empleo en el Centro Penitenciario de Palma. El interno J.L.S.E., de nacionalidad colombiana, cumple una condena de nueve años de prisión por narcotráfico y volverá a verse las cara con el empleado.
Aunque el funcionario de prisiones hubiera contado con el consentimiento del recluso para practicarle una felación, habría incurrido en un delito. El Código Penal así lo tipifica en su artículo 180.1, a la hora de establecer los agravantes de los abusos sexuales. «Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad», especifica.
Los inspectores de Instituciones Penitenciarias interrogaron a los tres presuntos implicados: el funcionario presunto autor de los abusos sexuales, el recluso y la funcionaria que lo presenció. Los hechos que se investigan ocurrieron el pasado 15 de febrero en una zona mixta de la cárcel, en el módulo de comunicaciones de la prisión. La funcionaria sospechó de que algo extraño sucedía cuando vio salir al recluso abrochándose el pantalón de los aseos de mujeres. Al entrar, se topó allí también a un funcionario. Tras interrogar al interno, el recluso confesó.
Ahora, si el expediente disciplinario incoado determina que el funcionario ha incurrido en algún tipo de delito «se comunicaría de inmediato a la Fiscalía». Mientras tanto, al funcionario bajo sospecha se le mantiene el sueldo base, aunque exento de complementos. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias respaldó la apertura de la investigación interna en la prisión de Palma y la suspensión provisional de las funciones del vigilante.
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