(PD).-El peticionario, David Raya Fernández (L’Hospitalet de Llobregat, 27 años), señaló hoy ante la comisión de Peticiones que «cada día me veo obligado a tomarme más de 40 pastillas diarias, además de varios medicamentos líquidos».
También recordó que, «debido a mi diabetes tengo que viajar siempre con un lata de Coca-Cola». David Raya relató que, desde la entrada en vigor de las nuevas normas comunitarias sobre seguridad en los aeropuertos, se ve obligado a mostrar su historial médico a los policías de los aeropuertos, «un documento de gran complejidad que yo mismo tengo dificultades para entender», puntualizó.
Asimismo, pidió que no se legisle de espaldas a los ciudadanos y calificó de «absurda, ineficaz y discriminatoria» la normativa, en vigor desde el 6 de noviembre de 2006. Raya aprovechó su intervención para pedir que el reglamento se haga público.
Por su parte, la representante de la Comisión Europea, anunció que el reglamento se publicará en el Boletín Oficial de la Unión Europea «para garantizar la plena transparencia de esta normativa». Además, señaló que «cuando se elaboró esta normativa, el Ejecutivo europeo era plenamente consciente de que hay pasajeros enfermos que necesitan medidas específicas». Por esta razón, «existe una excepción contemplada en un anexo para los medicamentos y las bebidas no alcohólicas».
El diputado británico Sir Robert Atkins (PPE-DE) dijo que no se puede negar la realidad del peligro y, por tanto, «este reglamento es esencial». Además, dejó claro que el problema no es el reglamento, sino la forma en que éste se aplica.
Por su parte, el eurodiputado español Willy Meyer (GUE), recalcó que «el señor Raya es víctima de la aplicación de un reglamento oscurantista y que no está publicado en ningún sitio». También celebró el anuncio de la Comisión Europea de que las nuevas normas van a ser publicadas y apeló a AENA a que «tome nota para que no se repita el caso de David Raya».
El también español Ignasi Guardans (ALDE) declaró que «estamos ante un reglamento secreto con un anexo secreto» y exigió que se derogue porque «la Comisión Europea está imponiendo a los ciudadanos unas prohibiciones con excepciones que se mantienen en secreto».
El diputado David Hammerstein (España, Verdes) pidió a la Comisión Europea que informe de la publicación del anexo en su momento y dijo que «no se trata de un hecho aislado, ya que estamos ante reglas totalmente secretas».
La socialista española Inés Ayala destacó que no es el reglamento sino su aplicación lo que está generando problemas.
Finalmente, la petición se mantendrá abierta a futuras investigaciones.
Rueda de prensa
Durante la rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo, Guardans insistió en que «el problema no es el contenido concreto» del reglamento sino que el aspecto «más grave» e «injustificable» es «el carácter secreto de la norma». Por lo que parecen «ridículas», en su opinión, las excepciones al no estar al alcance del público ni de los agentes de seguridad de los aeropuertos. Defendió que para tener un debate entre la protección de las garantías jurídicas de los ciudadanos y las restricciones en nombre de la seguridad primero hay que conocer las normas. De hecho, el reglamento permite portar líquidos y otros contenidos «por necesidades médicas o de dietas especiales», pero no se sabe. «Lo que crea situaciones dañinas es el secreto», resumió.
La Comisión «lleva anunciando hace meses que lo va a hacer público», recordó Guardans. El Parlamento Europeo ya aprobó en septiembre del año pasado una resolución solicitando que se hiciera pública la norma. Posteriormente, la abogada general del Tribunal de Justicia Europeo, la británica Eleanor Charlston, pidió que se declare «inexistente» la normativa. El Tribunal tiene que emitir ahora su sentencia. El pasado 29 de abril, en una carta dirigida al eurodiputado Paolo Costa, presidente de la comisión de Transporte, el Comisario Barrot comunicó por escrito «la revisión y publicación de la norma», «pero aún no se ha hecho», añadió Guardans.
Con una norma declarada «inexistente» y «contraria a los principios básicos del Estado de Derecho», «lo normal es que un ministro (en su país) dimitiera», sugirió el diputado, pero señaló que teme que en la Comisión eso no va a ocurrir.
Respecto a la responsabilidad de los países de la Unión, Guardans opina que «los Estados miembros no están exentos de responsabilidad» ya que participaron en la publicación de la norma y son responsables de la aplicación. Sin embargo, habló de «hipocresía de la Comisión» porque si ven que una norma no se aplica bien, tienen todos los instrumentos necesarios (como las inspecciones) para realizar una «aplicación homogénea» y que respete la normativa comunitaria.
El eurodiputado Meyer, por su parte, enfatizó que «no se puede esperar ni un día más para que la Comisión publique el reglamento y para saber cuáles son sus excepciones».
