José Manuel Urquiza
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GRAVES ACUSACIONES DE CORRUPCION
31.03.08 @ 11:09:09. Archivado en Política, Corrupción
Los granadinos corrientes estamos asistiendo en los últimos días, entre la confusión, la perplejidad y el escándalo, a una gran ceremonia pública, en la que Don Carlos Marsá, un ciudadano cualificado por su cargo de Presidente del Granada 74, acusa de corrupción, en rueda de prensa convocada al efecto, sin ambages ni medias tintas, a los más altos responsables de la gestión urbanística de la capital. Mientras tanto éstos, sorprendentemente, lejos de negar adecuada y tajantemente las gravísimas imputaciones y de reaccionar de forma contundente contra el acusador, con todas las armas legales a su alcance, parece que consienten tácitamente y ocupan toda su energía en “matar al mensajero”, buscando afanosamente quién pueda ser el funcionario “desleal” que ha filtrado la documentación oficial reveladora al parecer de los desmanes urbanísticos a que se refiere el Sr. Marsá.
Pero es que, a este respecto, el Presidente del Granada 74 no se ha limitado a poner de manifiesto algunos casos irregulares concretos, a título de ejemplo. No. El Sr. Marsá ha ido más allá y ha denunciado, ante la ciudadanía, que existe toda una “trama” en la que participan funcionarios, políticos y empresarios de Granada, cuyo fin es "esquilmar las arcas municipales", y que se han cometido en este sentido numerosas irregularidades en los últimos años, en los que se ha perseguido a funcionarios honrados por negarse a participar de esas acciones. Esto es, más o menos literalmente, lo que ha dicho públicamente, con luz y taquígrafos, este hombre. O sea, que según él, estaríamos ante un supuesto de corrupción organizada y generalizada en el Ayuntamiento de Granada.
Quiero pensar, es más, estoy obligado a creer, que las acusaciones son falsas. Por varias razones. En primer lugar porque aún no se han puesto sobre la mesa pruebas fehacientes de las importantes acusaciones realizadas; y por ahí debía haber empezado Don Carlos para ser creíble. También porque nuestra Constitución ha consagrado el principio de presunción de inocencia, que todos debemos respetar escrupulosamente. En último término, porque a ninguna persona en concreto se ha referido este hombre; lo cual, por cierto, es mucho más grave, dado que, por eso mismo, ha incurrido en generalización.
Precisamente por todo ello, o sea, porque se ha acusado sin pruebas y porque la imprecisión incriminatoria es siempre injusta, resultando que la mayoría de los funcionarios, políticos y empresarios granadinos son gente honrada, me sorprende sobremanera que ninguna persona representativa de estos colectivos aludidos haya reaccionado aún de la única manera posible,a mi modo de ver, dadas las circunstancias: llevando al Sr. Marsá ante los Tribunales de justicia para, en el ejercicio de cuantas acciones legales sean procedentes, exigirle responsabilidades de todo orden por atentado grave contra el honor y la imagen, personal y profesional, de todos los funcionarios, políticos y empresarios de Granada. En última instancia, tendría que haberlo hecho la Fiscalía, obligada legalmente a emprender acciones judiciales cuando públicamente se acusa de un delito a una autoridad o funcionario público.
Si esto no se lleva a la practica cuanto antes, si los acusados convierten la pasividad y el disimulo en norma de conducta, y el Fiscal no actúa de oficio, cualquiera podría pensar, con toda lógica, que Don Carlos Marsá ha dicho la verdad. ¿O será acaso que este hombre ha dicho lo que ha dicho, sabedor de lo que significa en Derecho la exceptio veritatis?. Feo asunto, en todo caso.
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