José Manuel Urquiza
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URBANISMO: EL MAYOR ESCENARIO DE LA CORRUPCION
17.02.06 @ 19:42:42. Archivado en Política, Corrupción
La Constitución Española ordena a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación (artículo 47).
Sin embargo, hoy día, la actividad urbanística, función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación, y sus consecuencias para el entorno, y que corresponde a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos (la competencia del Estado en esta materia es prácticamente inexistente) es, quizá, la función pública más proclive a la especulación de la que se deriva, inevitablemente, la corrupción.
El boom inmobiliario que se ha generado en nuestro país en las dos últimas décadas ha desbordado todas las expectativas, haciendo ineficaces, en muchos casos, los controles legales en la materia. En este sentido, de poco ha servido hasta ahora la introducción en el Código Penal de 1995 (artículos 319 y 320), del delito específico sobre la ordenación del territorio (confiriendo rango delictivo a lo que hasta entonces eran meras infracciones administrativas) que penaliza con cárcel e inhabilitación la conducta de promotores, constructores y técnicos que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección; y la actividad de autoridades y funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, hayan informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes.
Los Ayuntamientos han descubierto en la gestión urbanística una gran fuente de ingresos y la quieren rentabilizar al máximo, sin importarles demasiado que sea racional o equilibrada, haciendo caso omiso, en muchos casos, a la legislación urbanística. Olvidan los responsables municipales que están construyendo la ciudad en la que viven y vivirán sus descendientes.
De otra parte, promotores y constructores inmobiliarios ceden lo que haga falta con tal de que su actividad urbanística mantenga un ritmo creciente, pues al final todo se repercute sobre el precio de la vivienda.
Las Comunidades Autónomas miran para otro lado, conscientes de que mientras tanto los municipios no exigirán de las mismas más recursos financieros. En esta coyuntura, Alcaldes y concejales de urbanismo sin demasiados escrúpulos hacen caja. El terreno está, pues, abonado a la corrupción, que se ha institucionalizado en muchos lugares de España. No hay más que mirar al panorama de la construcción en la Comunidad Autónoma madrileña, cuya gravedad sólo se atisbó en el momento de la crisis política surgida en el seno de la Asamblea madrileña con motivo de las elecciones fallidas del año 2003.
En el ámbito autonómico andaluz, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de esta Comunidad ha denunciado ante la Comisión parlamentaria correspondiente, la pasividad habitual de las administraciones municipal y autonómica ante los cada vez más frecuentes atentados a la legalidad urbanística. Estima que en Andalucía existen no menos de 1.100 urbanizaciones ilegales y cientos de miles de viviendas construidas fuera de la ley.
Por su parte, el coordinador de la red de fiscales medioambientales de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez, ha manifestado recientemente que el noventa por ciento de las sentencias condenatorias por delitos urbanísticos no conllevan la demolición de lo ilegalmente construido, y cuando lo hacen, la orden judicial no es ejecutada por el Ayuntamiento de turno; lo que provoca el efecto perverso de que el promotor o constructor ilegal asume la futura multa como un coste más de la edificación que no afecta gravemente a la rentabilidad del proyecto.
La situación urbanística de la Costa del Sol es, con todo, la más escandalosa. Hasta el punto de que, según ha revelado la Memoria especial de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sólo en la provincia malagueña se registraron en los últimos cinco años un total de 184 procedimientos penales relativos a delitos sobre la ordenación del territorio, correspondiéndose la mayoría de ellos con licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Marbella, municipio en el que la corrupción urbanística forma parte del paisaje.
( Del libro Corrupción Municipal; JM.Urquiza;Edit.Almuzara. 2005)
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Comentario por un ciudadano 23.04.08 @ 00:33
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