José Manuel Urquiza
autor
Despilfarro en el gasto público
03.02.06 @ 19:44:48. Archivado en Política, Corrupción
El mal gasto del dinero público es común, en mayor o menor medida, de manera más o menos notoria o impúdica, a todo el sector público (con honrosas excepciones, por supuesto). Los responsables políticos actúan en muchos casos al margen de los principios legales de eficiencia, economía y racionalidad en el gasto a que está sometida la actividad económico-financiera pública. Lo hacen así por varias razones: en primer lugar, porque el dinero que administran no es suyo; a continuación, por su incapacidad técnica en la materia, cada vez más manifiesta; también por falta de control eficaz del gasto público; y, en último término, porque no es frecuente exigir la responsabilidad contable que recae sobre quienes por acción u omisión menoscaban los caudales públicos.
El fenómeno en sí es tan generalizado que podemos tener como referencia de este incumplimiento a cualquiera de nuestras instituciones. Pensemos en las más cercanas, para comprender mejor el sucinto análisis que sigue.
No puede ser solvente económicamente un Ayuntamiento en el que, por ejemplo, el Capítulo I, Gastos de Personal, del Presupuesto anual, se ve fuertemente incrementado cada año, algunas veces por la
creación innecesaria de plazas en la plantilla de personal, otras por necesidades de orden clientelar de los partidos políticos que la conforman y, ocasionalmente, por el incremento desmedido ( curiosamente no existe límite legal para ello ) de las retribuciones de los cargos electos; consolidándose el citado capítulo de gastos como el más importante, cuantitativamente, de todos cuantos conforman dicho Presupuesto, en claro perjuicio, obviamente, de las necesarias inversiones reales dirigidas a la creación de las oportunas infraestructuras públicas y a la conservación y mejora de los distintos servicios que se han de prestar al ciudadano.
Por otra parte, se actúa incorrectamente casi siempre en la planificación y proyección de obras. Tampoco se prevén adecuadamente los costes financieros que originan las inversiones. Asimismo, el control interno de la gestión contractual no está siempre garantizado, orillándose a menudo los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y publicidad en la contratación de obras, servicios y suministros. Con lo cual, obligatoriamente, el gasto se dispara.
El derroche en gastos supletorios y suntuarios es tan evidente que no necesita mayor explicación. En este apartado, la falta de austeridad es aún más relevante. Parecería que somos una ciudad, una provincia, una región o una nación, ricas, sobradas de recursos, donde el lujo y la ostentación estarían justificados.
El irrefrenable deseo de burocratizar la sociedad civil hasta la exageración, creándose nuevos patronatos, consorcios, empresas públicas, fundaciones etc., redundantes en sus competencias y puramente artificiales, donde pululan más políticos y más funcionarios. Innecesario gasto público, en definitiva.
Todo lo anterior trata de paliarse mediante un injustificado aumento de la presión fiscal, y también con un irresponsable endeudamiento, que alcanza en muchos casos los niveles máximos que, por prudencia financiera y por imperativo legal nunca tendrían que sobrepasarse; a costa, necesariamente, de hipotecar económicamente la gestión de venideros dirigentes.
Por supuesto, existe fiscalización oficial del gasto. De una parte, mediante el control interno, en su faceta interventora y también en sus acepciones de control financiero y de eficacia, a cargo de funcionarios de la
propia entidad; pero éste no resulta operativo siempre, por escasez de medios o simplemente por interesada marginación funcional. De otro lado, mediante el control externo, que llevan a cabo determinados órganos de las respectivas CC.AA., y el Tibunal de Cuentas del Estado.
Pero en las memorias anuales de estos órganos, que elevan a los respectivos Parlamentos, se expone siempre que las cuentas públicas, en general, adolecen de falta de claridad, y que no todas las instituciones les remiten las mismas para su debido examen. Sus informes fiscalizadores han detectado que, de forma demasiado corriente, se cometen infracciones, abusos o prácticas irregulares en la inversión o aplicación de los fondos públicos. Se dan determinados consejos en orden a la mejora de las cuentas, los cuales, por cierto, son sistemáticamente desatendidos año tras año. Nadie asume responsabilidades.
Urge, por consiguiente, lege ferenda, reforzar los mecanismos legales para controlar con todo el rigor posible el gasto público. Hace falta que nuestros políticos tengan el sincero propósito de gastar solo lo preciso, concienciándose de que están administrando dinero ajeno, fondos comunes que, por lo mismo, son sagrados. Y, en última instancia, se impone la exigencia de responsabilidades administrativas, y hasta penales a los malos administradores de la cosa pública.
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