SOLUCIONES al desprestigio actual de la política
11.01.06 @ 10:06:33. Archivado en Política, Corrupción
Se precisan soluciones. Es urgente y necesario rehabilitar la desacreditada figura del político. Es condición indispensable para ello la regeneración del modelo político global. Tras analizar en un artículo anterior las causas del desprestigio de la política en la actualidad, me permito plantear seguidamente algunas ideas al respecto.
Se han de promover mecanismos legales, políticos y hasta judiciales que garanticen y promuevan la democracia real en el seno de los partidos políticos. Porque así lo quiere la Constitución ( “ su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos”, art. 6). El debate interno y la participación efectiva de los militantes en la toma de decisiones democráticas en el seno de las diferentes formaciones políticas es, por tanto, una exigencia constitucional de primer orden. La voluntad del partido se ha de formar de abajo hacia arriba y nunca en sentido inverso. Se respetaría así, de forma auténtica, el derecho de asociación ( en sentido amplio ) y el de afiliación ( restringido) de todos los ciudadanos.
Resulta imprescindible una reforma electoral que instaure de una vez por todas el sistema de listas abiertas, que permitiera al elector mostrar claramente sus preferencias a favor de uno u otro candidato. El votante sería más participativo y el político elegido se sentiría más comprometido frente a la ciudadanía. Reforma electoral que debería completarse con la elección directa de los Alcaldes.
El sistema de financiación de los partidos políticos, gran agujero de la democracia, ha de ser reformado urgentemente. Su regulación actual data del año 1987. Las campañas electorales son costosísimas, así como el mantenimiento de la enorme burocracia interna. Se han de limitar los gastos, no los ingresos. La reforma debe ser fruto, como todos los grandes asuntos, de un consenso general, pero todos los partidos son reacios a ella; se encuentran más a gusto con el sistema actual, mixto, ambigüo, incompleto, opaco en lo que a donativos privados se refiere, que carece de normas de control efectivo y sanción eficaz. De hecho, una Comisión parlamentaria creada en 1994, en las Cortes, trabajó durante dos años sin lograr bases sobre el acuerdo. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha acusado a la Junta Electoral Central de no investigar a fondo la financiación de los partidos. El Tribunal de Cuentas denuncia serios problemas y trabas a la hora de analizar las cuentas de los partidos, y ha remitido un documento a las Cortes en el que recomienda que se considere a los partidos políticos como “ una única realidad económico-financiera, en la que se integren tanto sus federaciones autonómicas y municipales como sus eurodiputados, diputados nacionales, parlamentarios autonómicos, concejales y diputados provinciales”.
Se impone, pues, una reforma legal en este ámbito, por la que se intensifiquen los controles, se refuerce su sometimiento al principio de transparencia y se evite el desvío de fondos públicos. El Estado no puede sustraerse por más tiempo ante conductas que alteran profundamente los fundamentos de la democracia y del pluralismo político.
Habría que extremar, en todos los aspectos, la regulación actual de las incompatibilidades de altos cargos. La norma que establece el que éstos deben declarar las actividades profesionales privadas que hayan desarrollado con anterioridad tiene un alcance muy limitado pues, por ejemplo, la participación accionarial propia o a través de familiares, en empresas, no genera incompatibilidad alguna. Por otro lado, la declaración de bienes presenta una doble insuficiencia, a saber: de una parte, la del cónyuge es voluntaria, cuando es tan frecuente que sea utilizado como testaferro para ocultar la titularidad real de los bienes; y, de otra, el registro es reservado y a él no pueden acceder los ciudadanos. Se impone, por tanto una seria reforma para que el derecho a la intimidad de quien ocupa puestos relevantes en la Administración no ampare la ocultación de datos económicos que resultan indispensables para la verificación de su probidad y honradez.
Ante la contundencia de la doctrina constitucional española ( que personalmente comparto), en el doble sentido de que los elegidos en unos comicios no pueden ser privados en su función por una decisión que no emane de los propios electores, y que el hecho de que un partido político expulse de sus filas a uno de sus miembros elegido en una lista electoral no puede suponer el que este pierda el cargo para el que fue elegido, teniendo en cuenta además que los partidos políticos no son órganos del Estado; ante
esos postulados jurisprudenciales, digo, estoy convencido de que la única manera de acabar con el transfuguismo en la política, o al menos mitigar en lo posible sus perversos efectos, ha de venir por la vía legal, reformando los reglamentos de organización y funcionamiento de las diferentes instituciones públicas, con dos propósitos: de un lado, para que el concejal o parlamentario que abandone su formación política propiciando un cambio de gobierno en la institución de que se trate, sea aislado protocolaria e institucionalmente, amén de ver reducidos al mínimo sus derechos económicos y, de otra parte, para evitar que otra formación política se beneficie de la aberrante circunstancia.
Este modesto análisis pretende revelar, siquiera someramente, algunas de las muchas y graves carencias de nuestro modelo político que, hoy día, atraviesa un mal momento. Las soluciones son ciertas, pero se presentan utópicas teniendo en cuenta que su puesta en marcha y, en última instancia, su eficacia, depende en gran medida de los mismos actores que se sitúan sobre el escenario político. Hace falta, previamente, mucha educación democrática en la población, acusado sentido de la responsabilidad en los dirigentes y, sobre todo, un alto grado de ética que impregne todo el quehacer político.
Comentarios:
Se muestran únicamente los últimos 40 comentarios de cada post.
Los comentarios para este post están cerrados.
José Manuel Urquiza
autor

