¿Democracia y corrupción pública son conceptos compatibles?. ¿Es posible la existencia institucionalizada de prácticas corruptas en un Estado democrático, sin que éste quede desvirtuado como tal?. A mi modo de ver, en modo alguno. Veamos.
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Los ciudadanos hemos de asumir, como algo inevitable, el que los políticos al uso nos representen, al menos formalmente, en las instituciones públicas que conforman nuestro sistema democrático (también en procesiones y otros acontecimientos privados, claro), que (mal) gestionen nuestros intereses comunes y hasta que nos manden, en el sentido más amplio y negativo del término. Asimismo, debemos resignarnos por ahora a que tales políticos no sean los que nosotros queremos, sino los que quiera colocar en la parrilla de salida de cada proceso electoral la corte reinante de los partidos tradicionales.
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 En una sociedad libre, moderna y abierta como la española, todos somos responsables, en mayor o menor medida, de la ola de corrupción que nos asola, ahora principalmente en el plano local, amenazando muy seriamente nuestra incipiente y nunca bien consolidada democracia.
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 Confieso que me ha sorprendido gratamente saber que el socialista Juan Carlos Rodriguez Ibarra, que dejará de ser Presidente de la Junta de Extremadura el próximo mes de mayo, se verá necesitado entonces, para ganarse la vida, de volver a su actividad docente en la Universidad extremeña, dado que no percibirá sueldo alguno por su condición de ex Presidente de la citada Comunidad Autónoma.
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14.08.06 @ 14:13:56. Archivado en Corrupción
 Las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes, las rompen. (Anarcasis).
La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto recientemente, argumentando falta de pruebas, a los cuatro acusados en el conocido como caso Ollero (un ex Director General de Carreteras de la Junta de Andalucía, su hermano, y dos altos ejecutivos de la constructora Ocisa). Se les acusaba de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, ya que se presumía que el alto cargo de la Junta ofrecía información privilegiada a su hermano, el cual contactaba con los directivos de la sociedad citada y les gestionaba la concesión de determinadas obras públicas a cambio de comisiones. Los hechos enjuiciados tienen su origen en el mes de julio de 1992, cuando Jorge Ollero fue detenido en Sevilla con un maletín donde portaba 22 millones de pesetas en efectivo; dinero que, según el Fiscal era parte de una comisión de 51 millones de pesetas que pagó Ocisa por la adjudicación de una obra, concretamente el desdoblamiento de la carretera nacional 321 entre el puerto de Las Pedrizas y Salinas, en Málaga.
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.jpg "julian muñoz") El encarcelamiento de Julian Muñoz, decretado por un juez de Marbella, por supuestos delitos de corrupción pública, amén de absolutamente justo y necesario (¿cómo ha tardado tanto en producirse?), tiene para mí un alto contenido simbólico. Representa, a mi entender, varias cosas; a saber:
De un lado, la firme determinación del estamento judicial de actuar eficazmente contra el crimen cometido en el ámbito de la esfera pública, que es el peor de los delitos, por lo que de traición a la ciudadanía supone. Porque, hasta ahora, ni la fiscalía ni la judicatura españolas han estado a la altura ( por muchos y diferentes motivos). Se hacía preciso, pues, ante el clamor y la indignación popular, que intervinieran cuanto antes, una promoviendo la acción judicial y la otra resolviendo. Para que la sociedad pueda recuperar la confianza en el Estado de Derecho.
De otra parte, el ingreso en prisión del Sr. Muñoz simboliza el castigo de la comunidad al político desvergonzado, lenguaraz e inculto que todos conocemos, irrespetuoso con la legalidad y ladrón ( esto último sólo lo intuimos, por ahora). Y es que Julian Muñoz reúne perfectamente el perfil de muchos municipalistas al uso, políticos de segunda fila, que han hecho de la política un medio de vida, convirtiendo a los Ayuntamientos en auténticas plataformas de negocios, y que durante los últimos años se han desenvuelto con absoluta impunidad en un impropio mundo de lujo y ostentación, a costa del erario público.
En última instancia, la instalación del ex Alcalde de Marbella en su celda de Alhaurin de la Torre supone la ubicación del político barriobajero (éste y otros tantos afines) en el entorno más apropiado para él: junto a los de su calaña, donde no desmerece.
Pues eso, que cunda el ejemplo.
 Como ya hemos dicho en otro lugar, jueces y fiscales son garantes de la legalidad. Resultando que por determinadas circunstancias (falta de órganos especializados y de medios, legislación inadecuada, carencia de estímulos profesionales y de conocimientos específicos, etc.),no despliegan toda la eficacia que sería deseable en la lucha contra la corrupción pública.
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Sorprende desde luego que en España, al día de hoy, no se haya producido aún, al más alto nivel, lo que podría ser un gran Pacto de Estado contra la Corrupción. O, quizás, la falta de este gran acuerdo sea, precisamente, el indicativo más revelador de la falta de voluntad política para acabar con el dañino fenómeno.
Hay cuestiones capitales en el funcionamiento de un Estado, que están por encima de sensibilidades e ideologías políticas, cuyo control y adecuado encauzamiento necesitan de un amplio consenso, del que participen todas las fuerzas políticas y sociales del país. Es el caso de la corrupción pública.
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 En primer lugar, naturalmente, los políticos profesionales que han regido esta ciudad en las dos últimas décadas, así como sus adláteres y colaboradores más directos. Han sido los primeros actores de la corrupción a gran escala descubierta a última hora. Promoviendo el agio, la granjería y la especulación urbanística, o simplemente aceptando impasibles sus nefastas consecuencias. Por tanto, la labor de todos estos saltabalates al frente del Ayuntamiento marbellí no puede ser catalogada más que de miserable y criminal.
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 Primera cuestión: Marbella no tiene la exclusiva en materia de corrupción municipal, si bien es cierto que la misma forma parte del paisaje de la ciudad. La práctica perversa de la política, en mayor o menor medida, de una clase u otra, es muy corriente en los Ayuntamientos democráticos españoles. Además, es de justicia señalar, desde ahora, que no todos los munícipes frecuentan tan negativa práctica.
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 Ésta es, a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público.
En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse. La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella. El buen comportamiento del político en su esfera privada se reflejará sin duda en su función pública y desplegará efectos positivos sobre la comunidad que representa y dirige.
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 Nuestra Constitución proclama en su artículo 6 que los partidos políticos, que son el principal medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida pública, deben funcionar de manera democrática. El debate interno y la participación de los militantes en la toma de decisiones democráticas en el seno de las diferentes formaciones políticas es, por tanto, una exigencia constitucional de primer orden. En esta misma línea, como no podía ser menos, se pronuncian los estatutos de todos los partidos. Pura teoría. En la práctica se pone de manifiesto la gran influencia que las élites partidistas ejercen en los procesos de toma de decisiones internas, con la consiguiente marginación de las bases, lo que provoca un déficit democrático y de legitimidad, que afecta igualmente al funcionamiento del Estado, dado que los partidos son los principales instrumentos de representación de la ciudadanía en el Estado democrático.
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 La Constitución Española ordena a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación (artículo 47).
Sin embargo, hoy día, la actividad urbanística, función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación, y sus consecuencias para el entorno, y que corresponde a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos (la competencia del Estado en esta materia es prácticamente inexistente) es, quizá, la función pública más proclive a la especulación de la que se deriva, inevitablemente, la corrupción.
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 El mal gasto del dinero público es común, en mayor o menor medida, de manera más o menos notoria o impúdica, a todo el sector público (con honrosas excepciones, por supuesto). Los responsables políticos actúan en muchos casos al margen de los principios legales de eficiencia, economía y racionalidad en el gasto a que está sometida la actividad económico-financiera pública. Lo hacen así por varias razones: en primer lugar, porque el dinero que administran no es suyo; a continuación, por su incapacidad técnica en la materia, cada vez más manifiesta; también por falta de control eficaz del gasto público; y, en último término, porque no es frecuente exigir la responsabilidad contable que recae sobre quienes por acción u omisión menoscaban los caudales públicos.
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 En el mundo civilizado han existido tradicionalmente dos sistemas de acceso a la función pública: a) el spoil system ( reparto del botin para los vencedores), en el que los
funcionarios públicos están al servicio del partido político en el poder, que es el que les ha otorgado tal condición, cesando con el mismo; b) el merit system ( mérito y capacidad como única condición), en el que los servidores públicos son profesionales neutrales, al servicio de la Administración, con independencia del signo político que defina a la misma, siendo la estabilidad en la función su principal garantía.
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 Se precisan soluciones. Es urgente y necesario rehabilitar la desacreditada figura del político. Es condición indispensable para ello la regeneración del modelo político global. Tras analizar en un artículo anterior las causas del desprestigio de la política en la actualidad, me permito plantear seguidamente algunas ideas al respecto.
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 La política siempre ha sido un campo de ambiciones, influencias y envidias, donde el agio y la especulación han reinado en todas sus manifestaciones. Pero hoy, quizás por su exagerada presencia, por la profusión de gobiernos, asambleas parlamentarias, instituciones y empresas adosadas al poder, y la enorme repercusión de cualquier acontecimiento en los medios de comunicación, la cosa pública ha alcanzado unos niveles de desprestigio muy preocupantes.
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José Manuel Urquiza
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