13.02.09 @ 11:26:21. Archivado en Corrupción
Cuando el trabajo constituye hoy el bien más preciado por los españoles, debido a la gran tasa de paro que asola el país y que supone un drama para muchas miles de familias.
Aunque la Constitución diga que todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo (artículo 35) y que a la función pública se ha de acceder en condiciones de igualdad (artículo 23), debiendo primar a este respecto sólo el mérito y la capacidad.
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 Los granadinos corrientes estamos asistiendo en los últimos días, entre la confusión, la perplejidad y el escándalo, a una gran ceremonia pública, en la que Don Carlos Marsá, un ciudadano cualificado por su cargo de Presidente del Granada 74, acusa de corrupción, en rueda de prensa convocada al efecto, sin ambages ni medias tintas, a los más altos responsables de la gestión urbanística de la capital. Mientras tanto éstos, sorprendentemente, lejos de negar adecuada y tajantemente las gravísimas imputaciones y de reaccionar de forma contundente contra el acusador, con todas las armas legales a su alcance, parece que consienten tácitamente y ocupan toda su energía en “matar al mensajero”, buscando afanosamente quién pueda ser el funcionario “desleal” que ha filtrado la documentación oficial reveladora al parecer de los desmanes urbanísticos a que se refiere el Sr. Marsá.
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03.03.08 @ 13:20:24. Archivado en Política
La campaña electoral se desarrolla de forma frenética, apabullante, incierta, crispada. Muchos de los candidatos a un cargo institucional trabajan ahora, en quince días, más que durante toda la legislatura; me refiero, sobre todo, a los que conformarán la nutrida oposición política. Recorren barrios y pueblos, participan en actos múltiples, leen la prensa y estudian dossieres Como no están entrenados, acaban exhaustos.
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26.02.08 @ 18:31:22. Archivado en Política
Oficialmente, ya estamos en campaña electoral para las elecciones del próximo día 9 de marzo. En realidad, nada ha cambiado sustancialmente respecto a los últimos días, meses o años. La pugna entre partidos, con fines electoralistas, la venimos sufriendo todos desde hace 4 años, concretamente desde el día 14 de marzo de 2004; sí, desde el día en que unos accedieron al gobierno de la nación no estando preparados para ello y otros pasaron a ser oposición sin esperarlo; desde entonces, aquéllos vienen esforzándose, con más o menos acierto, en demostrar su capacidad para el mando y éstos últimos pierden el tiempo en su empeño por hacernos ver lo injusto de aquella derrota.
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 Se avecinan elecciones. Los aparatos de los partidos se afanan en la elaboración de las listas a través de un proceso, taimado y traumático donde, amén de legítimas ambiciones personales, se ponen de manifiesto, notoriamente, dos cosas:
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Ante la opinión pública, en mi doble condición de ciudadano libre y de obligado contribuyente, me propongo denunciar, por este medio, de forma periódica y conforme se produzcan, lo que a mí me parecen abusos y perversidades del poder municipal establecido, con independencia de cual sea su signo político. Para que se sepan. Y también con el fin de provocar que alguien, con la autoridad necesaria, se vea obligado a poner coto, en la forma y medida que sean procedentes, a tales desmanes; aunque soy consciente de lo ilusorio de este último propósito.
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 En España no existe una política global, organizada y programada, contra la corrupción, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, hoy principalmente las locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático.
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¿Democracia y corrupción pública son conceptos compatibles?. ¿Es posible la existencia institucionalizada de prácticas corruptas en un Estado democrático, sin que éste quede desvirtuado como tal?. A mi modo de ver, en modo alguno. Veamos.
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Los ciudadanos hemos de asumir, como algo inevitable, el que los políticos al uso nos representen, al menos formalmente, en las instituciones públicas que conforman nuestro sistema democrático (también en procesiones y otros acontecimientos privados, claro), que (mal) gestionen nuestros intereses comunes y hasta que nos manden, en el sentido más amplio y negativo del término. Asimismo, debemos resignarnos por ahora a que tales políticos no sean los que nosotros queremos, sino los que quiera colocar en la parrilla de salida de cada proceso electoral la corte reinante de los partidos tradicionales.
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 En una sociedad libre, moderna y abierta como la española, todos somos responsables, en mayor o menor medida, de la ola de corrupción que nos asola, ahora principalmente en el plano local, amenazando muy seriamente nuestra incipiente y nunca bien consolidada democracia.
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 Confieso que me ha sorprendido gratamente saber que el socialista Juan Carlos Rodriguez Ibarra, que dejará de ser Presidente de la Junta de Extremadura el próximo mes de mayo, se verá necesitado entonces, para ganarse la vida, de volver a su actividad docente en la Universidad extremeña, dado que no percibirá sueldo alguno por su condición de ex Presidente de la citada Comunidad Autónoma.
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14.08.06 @ 14:13:56. Archivado en Corrupción
 Las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes, las rompen. (Anarcasis).
La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto recientemente, argumentando falta de pruebas, a los cuatro acusados en el conocido como caso Ollero (un ex Director General de Carreteras de la Junta de Andalucía, su hermano, y dos altos ejecutivos de la constructora Ocisa). Se les acusaba de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, ya que se presumía que el alto cargo de la Junta ofrecía información privilegiada a su hermano, el cual contactaba con los directivos de la sociedad citada y les gestionaba la concesión de determinadas obras públicas a cambio de comisiones. Los hechos enjuiciados tienen su origen en el mes de julio de 1992, cuando Jorge Ollero fue detenido en Sevilla con un maletín donde portaba 22 millones de pesetas en efectivo; dinero que, según el Fiscal era parte de una comisión de 51 millones de pesetas que pagó Ocisa por la adjudicación de una obra, concretamente el desdoblamiento de la carretera nacional 321 entre el puerto de Las Pedrizas y Salinas, en Málaga.
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José Manuel Urquiza
autor
Es descrédito, no conspiración
