El subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, dijo que se revisarán los criterios por los que se asignan beneficios fiscales para promover inversiones. El segundo de Economía adelantó que en este período hay "otros objetivos" de política económica que hacen cambiar esos criterios.
Explicó que en vez de otorgar puntos por cantidad de empleos creados, con un desempleo en nivel bajo es mejor apuntar a la calidad de éste, ligando la puntuación al aumento de la masa salarial que se genere con la inversión. Respecto al indicador de descentralización, se incentivarán los proyectos que se ubiquen en "zonas carenciadas" de Montevideo y el interior.
También se van a "aumentar las contrapartidas exigidas" a los mega proyectos. Se favorecerán las exportaciones que agreguen valor y se permitirá incluir inversión en "activos biológicos".
Mejores servicios
Por otra parte Buonomo explicó que en las asociaciones público-privadas para inversión en infraestructura "las actividades esenciales del Estado como la política educativa, de salud, los servicios de salud, de educación o de seguridad los va a seguir dando el Estado de acuerdo a sus criterios y sus desafíos".
"Pensamos que puede haber condiciones para aprovechar la eficiencia de los privados para mejorar la provisión de los servicios en aquellas áreas en las que es posible que entren los privados", agregó.
A su vez, la asociación entre el Estado y la empresa privada permite "liberar recursos para destinarlos a otro tipo de necesidades como el gasto público social, sin entrar en conflicto con las actividades esenciales del Estado y los objetivos y las políticas del Estado en cada una de las áreas", indicó Buonomo.
El gobierno prevé invertir 1.800 millones de dólares en infraestructura en todo el período.
Nuevos proyectos
En ese sentido, Buonomo presentó en el Foro Económico de ACDE "eventuales nuevos proyectos en proceso de identificación" para concebir proyectos público-privados.
Señaló que en infraestructura de transporte los posibles proyectos son en la red vial, ferroviaria y un puerto de aguas profundas; en infraestructura productiva puede haberlos en energía, telecomunicaciones y presas y cambio climático; en infraestructura social pueden ser proyectos para escuelas, hospitales, cárceles y vivienda social; y en infraestructura turística podría haberlos en centros de convenciones y predios feriales y en puertos náuticos.
"Lo que daría un privado (en esos casos) sería construir, financiar, dar determinado nivel de servicio y asumir el riesgo de ese nivel de servicio que se le exige. Si cumple el nivel de servicio que se le exige, el Estado le repagaría", explicó Buonomo.
"En el tema de cárceles (sería) en la parte de hotelería (construcción del complejo que puede incluir el servicio alimentario)", agregó.
Fuente: El País y Cenyt Media
Domingo, 27 de mayo
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