Durante este primer semestre del año, hubo 380 operaciones de compraventa que pagaron precios promedio de casi 4.000 dólares la hectárea. En el sur del país se pagan más caras las tierras. En orden de importancia, el promedio por hectárea más caro se ha pagado en Colonia y San José (aquí ha sido público la compra de tierras para explotaciones lecheras), en tanto que los peores valores promedio se tienen en el norte, en Artigas y Salto.

El total vendido en el semestre fue de casi 340 mil hectáreas, y los departamentos con más superficie vendida fueron Rivera y Tacuarembó, con casi 100 mil hectáreas en total. En su mayoría, estas compraventas estarían asociadas a proyectos vinculados a la actividad forestal. Este tipo de proyectos ha dinamizado las ventas de tierras en estos años. También otros vinculados a producciones agrícolas como la soja. En total, desde el año 2000, año desde el cual el MGAP está relevando estas estadísticas de compraventas de tierras, se llevan vendidas casi 5,4 millones de hectáreas, lo que equivale a un 33% de la superficie total agropecuaria. Estamos hablando entonces que un tercio de la superficie agropecuaria cambió de propietario desde el 2000 a la fecha.
Los arrendamientos también son importantes. Ahí no contamos con la información del primer semestre. Pero con los datos disponibles hasta el 2007, el precio promedio por hectárea de arrendamiento se ubicó en 60 dólares, duplicando el precio promedio del año 2003.
Se produce un importante dinamismo entonces en compraventas y arrendamientos agropecuarios, que va a ser sometido a prueba en este segundo semestre del año. El crecimiento del precio de la tierra estuvo explicado en parte por el significativo aumento del precio de los principales productos agropecuarios que el país exporta, precios que están registrando una caída como consecuencia de la situación económica mundial.
Si sumamos menores precios al aumento muy importante que han tenido otros costos de producción agropecuaria, esto determina una menor rentabilidad, que consideramos puede poner un límite o incluso revertir al significativo aumento que ha registrado el precio y el arrendamiento de la tierra en estos años.