La sentencia

20.06.08 | 20:08. Archivado en Política, Justicia

Manuel Olmeda Carrasco
Valencia

El hombre público, en sus diferentes aspectos, establece con el resto de los mortales, o viceversa, unas relaciones sigilosas tan especiales como inamovibles que conforman la cualidad de aquel sobre estos, constituyen el requisito sine qua non sobre el que se asienta su preeminencia. Discriminar, separar la persona de su revestimiento público es quebrar el pacto, cortar el cordón umbilical que la cosa pública establece con el individuo y por el que fluye el elixir que le hace y mantiene especial. Rota la ligazón, el ser queda relegado de nuevo, de manera irreversible, a su condición primigenia.

Árbitros, toreros, artistas, políticos; aventureros, en fin, huidos -fugaces o persistentes- del anonimato tienen su cara y su cruz, como toda realidad mundana, que han de gozar y sufrir. Presentan una dualidad incompatible que les impide mancornar una con otra a su capricho o interés. Aquí, por desgracia para ellos, se impone la disyunción no la copulación, acto que algunos -básicamente políticos- ejecutan con el ciudadano de a pie con verdadero arrebato y complacencia. ¿Alguien se atreve si quiera a imaginar a un árbitro denunciando a la gradería por injurias o atentado a su honor? Sin embargo, es evidente el derroche de motivos para hacerlo, tanto que se convierte en figura paradigmática de su sino, nada diferente al de otros personajes, o personajillos, revestidos por la fama, cuya respuesta ante el mismo estímulo presenta diferencias astronómicas. Nadie podría presentar, en puridad, tantos avales ante la justicia, si el improperio no fuera parte inherente de la tramoya.

Aparto, sin brusquedad ni maledicencia, a aquellos que alimentan a la prensa rosa para centrarme en ese sector elitista, endogámico, cada vez más abusivo y con una aptitud en proporción inversa a su impunidad. Me refiero a los políticos; esa clase que no precisa detractores para dejar su crédito bajo mínimos, en severa subsistencia. Como se afirma con agudeza castiza: “no necesitan sardinas para beber vino”. En democracia, entre los ciudadanos y sus gobernantes, hay un compromiso tácito por el que aquellos o sus portavoces -los medios de comunicación- pueden verter, como titulares de la soberanía, toda clase de comentarios, opiniones y juicios a los políticos como tales a cambio de que estos estén protegidos mediante una coraza de inmunidad por sus tropelías involuntarias, o menos, en el ejercicio de su elevado ministerio. Todo ello, insisto, forma parte de la farsa; se hace tabla rasa para todo, para todos. Es el statu quo que se ha venido respetando, hasta ahora.

Soy hombre de buena fe y creo en la persona y en sus virtudes. No obstante, pongo en cuestión la honradez, la dignidad y el honor de cualquier político que supere el nivel de responsabilidad con que el partido, sus líderes, le permitan un grado total de decencia. El honor de los políticos es tan liviano como su lealtad, por esto hablar en serio del tema a mi me parece tener ganas de cachondeo. Son ellos, y no al revés, los que insultan y atentan contra la dignidad de los ciudadanos tratándolos continuamente de idiotas. El Sr. Gallardón ha impetrado como político la defensa de su honor como persona sin deslindar la esencia, del revestimiento. Craso error. Denota, de entrada, una carencia absoluta de principios democráticos; es el primero, y me temo que el último, que somete a juicio, investido de político, a un ciudadano que tiene el derecho a juzgarlo como tal político, cual es el caso. Por otro lado se infiere que al Sr. Alcalde de Madrid, a partir de ahora, se le puede exigir a su persona, por reciprocidad, todas las responsabilidades civiles y penales por los presuntos delitos no ajenos -estos por supuesto- que cometa en su actividad política: nepotismo, enchufismo, uso impropio de bienes públicos, abuso de autoridad, gestión económica ruinosa, recalificaciones sospechosas, etc, etc. Es que D. Alberto es uno y duo, un escalón menor que el trino. El camino emprendido sería calamitoso si estuviéramos en un estado de derecho real y no doctrinal.

Aprendan los señores políticos y jueces de ese otro señor, sinónimo en funciones -al político se le llama árbitro de la cosa pública y al árbitro se le denomina también juez- , de actitud demócrata y de cordura ante la grada hostil y de verbo tórrido. Es un ejemplo casi heroico de coherencia asumida.

Hacer comentario