1.- “Chalaneo” En estos días escuchamos a algunos responsables del PP querer desacreditar la negociación que se produjo entre UPN y el PSOE con motivo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Por un lado se ha querido ocultar el avance en los compromisos que hemos obtenido de cara a la firma definitiva de un Convenio de Financiación para la construcción del AVE -que no parece poca cosa-, por otro se insiste en denominar “trapicheo” y “chalaneo” a esta negociación, cuando en política, y más en cualquier parlamento del mundo, la negociación es parte fundamental de su esencia. (por ejemplo si el PP y el PSE en el País vasco se ponen de acuerdo en los presupuestos para esa comunidad, lo que hacen es ¿negociar o chalanear?. El propio PP, cuando transacciona y/o consigue la aprobación de alguna de sus enmiendas en estos mismos Presupuestos, ¿trapichea o chalanea? Seamos serios)
2.- El veto. En mi opinión el veto a las enmiendas transaccionales entre UPN y PSE no tuvo nada que ver con los presupuestos. Podría afirmar que se trató de un "castigo" premeditado ante el rumor sobre el sentido de nuestro voto en la votación de la nueva financiación que se produciría al día siguiente. ¿Por qué creo que está fue la razón? Primero: porque nuestras enmiendas transaccionales fueron las únicas vetadas por el PP en las dos sesiones de votaciones de presupuestos. ¡Y votamos decenas de todos los grupos (incluido el PP)!. Y segundo por la agresividad con la que se recibieron por el PP nuestras transacciones. De hecho durante la votación desde la dirección del grupo del PP se envió un SMS a los diputados populares en el que se acusaba a UPN de trapichear con el PSOE las enmiendas. Hecho que tampoco es nada normal lo aseguro. (¿)
3.- La negociación.
TAV aparte, el PSOE fue explícito en sus límites económicos a la hora de negociar.
La transacción te permite ajustar posiciones. Eso hicimos, ajustamos cantidades recogidas en algunas enmiendas para poder meter en el paquete objeto de negociación el mayor número de inversiones. El primer día de votaciones no hubo sorpresas, aprobamos dos enmiendas de UPN, una sobre el TAV y otra que contenía una subvención para el Colegio Público Luis Gil de Sangüesa, (esta última sin el voto favorable del PP) Al día siguiente, cuando sorpresivamente nos comunicaron el veto del PP a las transacciones, segundos antes de empezar la votación, tuvimos que maniobrar rápido recuperando en unos breves minutos, el mayor número de enmiendas -con las cuantías originales- dentro de los límites económicos pactados.
Mi sensación, en todo momento fue la de estar asistiendo a un curso acelerado de parlamentarismo. “Unfair” parlamentarismo si se me permite.
Por lo que respecta a la votación de la nueva reforma de la LOFCA, cuatro reflexiones:
1º El 15 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió para debatir y votar el nuevo modelo de financiación autonómica de régimen común propuesto por el gobierno socialista. Estuvieron presentes los responsables económicos de las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas y ninguno de ellos, ninguno, se opuso al nuevo modelo de financiación que se proponía. (Cuentan que, incluso entre las CCAA del PP presentes, algunas estuvieron a punto de votar a favor)
2º El PP sobreactúa cuando se opone ahora al modelo ¿No es aceptable ahora el mismo modelo que sus responsables económicos autonómicos no desaprobaron el pasado 15 de julio? ¿Puede el PP, que tanto se queja del nuevo modelo, asegurar que la extrafinanciación que comprometió Zapatero no va a ser aceptada por “sus” comunidades autónomas?. Veremos.
3º Es verdad que el nuevo modelo no afecta directamente a la fiscalidad Navarra. Pero ello no significa que no debamos tener una opinión y una postura ante la reforma, porque como españoles, también nos incumbe el futuro de nuestro país y la estabilidad regulatoria en materia de financiación autonómica. Lo cierto es que nos mantuvimos al margen de la negociación técnica del modelo – que no contó con ninguna oposición pepera en su momento, repito- y hemos avalado los principios que la fundamentan (descentralización, corresponsabilidad, solidaridad, igualdad, equidad).
El tiempo dirá si le apuesta fue acertada. Pero lo que no son admisibles en ningún caso son las críticas sobre nuestro voto de aquellos que no actúan con la neutralidad que nos exigen a los demás.
De la comparecencia del Gobernador del Banco de España, D. Miguel Fernández Ordóñez, en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, de ayer miércoles, me parece relevante destacar algunos de sus comentarios:
Abro comillas:
- El asentamiento de la recuperación requiere inexcusablemente la absorción de un gran numero de desempleados, la reversión del efecto nocivo que el desempleo tiene sobre la confianza y las finanzas publicas, el saneamiento de la posición financiera de empresas y familias, en definitiva, la reestructuración de un modelo de crecimiento que no resultaba sostenible, especialmente en las nuevas condiciones creadas por la crisis internacional. Y para ello, es imprescindible, como ya he señalado en repetidas ocasiones, la adopción de medidas y reformas ambiciosas.
- ... el perfil de recuperación de la actividad en 2010 será todavía débil. Pero lo que más importa es darse cuenta que el déficit generado en estos dos años tiene un componente estructural importante, dado el gasto público corriente primario ha mantenido tasas de crecimiento elevadas y se han perdido con carácter permanente los importantes ingresos extraordinarios vinculados con el sector inmobiliario.
- ...el margen de la actuación expansiva de la política presupuestaria se ha agotado por completo, haciéndose imprescindible la adopción de una estrategia creíble de consolidación presupuestaria a medio plazo.
- En cualquier caso cuando el desajuste estructural generado alcanza una magnitud considerable se hace inevitable tener que revisar algunos elementos de la estructura tributaria…. En todo caso, es importante asegurar con los incrementos de la recaudación se destinen efectivamente a la reducción del déficit público y no a financiar posibles deslizamientos del gasto.
- ...dada la elevada descentralización del Estado en España, resulta capital que los entes Territoriales también se comprometan con la reducción del déficit mediante el cumplimiento de lo establecido en la ley de estabilidad presupuestaria...
- ...la viabilidad de cualquier estrategia de consolidación presupuestaria en la economía española depende de un cambio rápido y profundo de las tendencias que prevalecen en el mercado de trabajo. Sin una reducción significativa del desempleo será muy difícil revertir la trayectoria del gasto público y asegurar una recuperación sostenida de la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública. …Resulta, por tanto, ineludible que se acometan con prontitud reformas de instituciones laborales que acerquen nuestras tasas de paro al resto de los países más desarrollados y así frenar los flujos hacia el desempleo …. Una reformas que deben abarcar un amplio abanico de instituciones. Es necesario innovar en modalidades de contratación con el fin de facilitar el máximo de creación de puestos de trabajo, superando la acusada segmentación existente en la actualidad que configura un mercado de trabajo con una ratio de temporalidad muy elevada, con consecuencias altamente negativas para la estabilidad del empleo y eficiencia y la equidad de la economía. A su vez, la negociación colectiva debe reformarse para, por un lado, premitir que los salarios negociados se adecuen en mayor grado a la situación específica de cada empresa y a la evolución cíclica pero también para dotar a las empresas de la necearia flexibilidad que permita aumentar la productividad y los salarios allí donde sea posible. …Hay además otras reformas: reorientación de las políticas de apoyo a los desempleados, mejora de la capacidad de intermediación de los servicios públicos de empleo.
- ... Hay otros frentes de actuación que no se deben postergar: la educación, la energía, el transporte ferroviario de mercancías, ...
-... la economía española se enfrenta a una encrucijada decisiva, en la que son muchos los retos que han de abordarse para evitar que la situación desemboque en un largo período de debilidad económica y poder iniciar una nueva senda de crecimiento basada en un patrón más productivo y sostenible.
Cierro comillas
Mafo dixit. (y tiene bastante razón)
Reconozco que el momento previo a la designación de la ciudad olímpica de 2016 ha sido de lo más emocionante.
También he de confesar que, como español, he sentido en estos días previos una agridulce sensación al comprobar, minuto a minuto, lo fácil que nos resulta ponernos de acuerdo a los españoles cuando queremos. Cuando tenemos un adversario común. Cuando nos fijamos metas juntos.
La pena es que los mismos valores que nos han hecho llegar hasta la final -contra todo pronóstico, dicho sea de paso- (vitalidad, alegría, esfuerzo, solidaridad, voluntad de encuentro, amabilidad, ambición) no nos sirven cuando nos enfrentamos como país a otros asuntos más trascendentes que este. Como me hubiera gustado ver a nuestros distintos líderes nacionales juntos afrontar, con este mismo espíritu de equipo nacional, la gravísima crisis económica y social que padecemos. ¡Que oportunidad perdida! ¡que pena!
Las imágenes de los abrazos entre Zapatero y Rajoy; Esperanza y Gallardón; el Rey y la Reina, las lágrimas calladas de todos ellos, entran dentro del guión. Parecen sinceras. Si Madrid hubiera sido la elegida lo hubiéramos celebrado juntos con inmensa alegría. No siendo así, debemos también verles llorar juntos.
Ahora debemos felicitar a Río de Janeiro, y seguir trabajando, con nuevos afanes ante nuevos retos.
Ojalá no nos echemos los trastos a la cabeza, y podamos levantarnos de la lona lo antes posible.
Si lo hacemos juntos, la aventura, aunque fallida, habrá sido un éxito.
Ya veremos.
Si todo discurre como nos anuncia el gobierno socialista, en el próximo Consejo de Ministros (o sea este sábado) se aprobarán simultáneamente el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2010 y el Proyecto de Ley Orgánica de salud reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
¿Se trata de una coincidencia causal? ...
¿El día que el gobierno concreta la mayor subida de impuestos de los últimos tiempos es el mejor día para aprobar el proyecto más agresivo contra la vida humana que se conoce en la democracia española?...
¿Qué pretende el gobierno? ¿despistar? ¿confundir?...
Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Yo, desde luego, tengo las mías.
Primero: La coincidencia, si finalmente se produce, obviamente no puede ser casual.
Segundo: En ambos casos las soluciones adoptadas no van a ayudar a resolver los problemas que pretenden combatir. Ni subir impuestos a las clases medias generará una reactivación económica, ni liberalizar el aborto y legalizarlo como un derecho ilimitado reducirá la tasa de abortos en España.
Tercero: En materia económica, la reforma anunciada demuestra que el gobierno carece de capacitación y conocimiento para entender cómo funciona una economía liberal y social de mercado (cree que basta con repartir y gastar, gastar y gastar)
Cuarto: En la cuestión de la defensa de la salud y de la vida, con la nueva regulación ya pactada, el gobierno demuestra que carece –aunque presuma de ello- de una mínima sensibilidad social para apostar por la defensa de los más indefensos.
Quinto: Y, por encima de todo ello, sobre todo lo que confirman ambas medidas es que este gobierno no tiene ni imaginación -y por eso cree que ambas soluciones, aparentemente más sencillas, nos ayudarán a solucionar ambos problemas- ni confianza en la capacidad creadora de la sociedad para encontrar las soluciones adecuadas y justas.
En estos momentos el gobierno de la nación es pura ingeniería colectivista. Y nosotros sus ratones.
Y así, nos va.
El grupo de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados presentó ayer en Pleno una Proposición de Ley para modificar la Ley que regula el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el fin de introducir en ella una bonificación en la cuota tributaria del impuesto del 100% que supondría, de hecho, la supresión del impuesto a familiares directos en todo el territporio nacional.
Este impuesto estatal, según reza la propia iniciativa, se configura dentro del sistema de financiación como un tributo cedido totalmente a las Comunidades Autónomas. Éstas son, por tanto, las competentes para establecer reducciones de base imponible o de tarifas; la fijación de las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente; deducciones; bonificaciones; así como la regulación de la gestión y la liquidación.
En España diez Comunidades Autónomas (Navarra entre ellas) han dispuesto la tributación cero o prácticamente nula por este impuesto para las herencias directas. En Cataluña, por el contrario, no existe esta bonificación, porque su gobierno no ha considerado oportuno aprobar ese beneficio fiscal.
La iniciativa pretendía además que la pérdida de ingresos que motiva la bonificación estatal sea transferida desde y por el Estado a cada CCAA.
…
El impuesto parece injusto y confiscatortio y su desigual tratamiento fiscal puede provocar deslocalizaciones patrimoniales de una comunidad a otra. Pero subvertir el sistema de competencias autonómicas para resolver el dilema entre asimetría fiscal autonómica (el fuero) e igualdad entre los españoles (el huevo) no parece la vía más razonable....
He de reconocer que escuchar a CIU al PNV ¡incluso a ERC¡ argumentar a favor de una iniciativa tan centralista, defendiendo la modificación de una norma “estatal” cuyo contenido coartaría de raíz la libertad de aquellas comunidades autónomas que no han decidido aplicar esta bonificación fiscal, me ha resultado especialmente chocante.
Lo de ERC es de juzgado de guardia, pacta con CIU en el Congreso que la norma estatal cedida se cambie y no apoya ese mismo cambio en Cataluña donde comparte la responsabilidad de gobierno con el PSC. ¡Increíble!
Si se quiere uniformidad tributaria que se diga. Si no se cree en la madurez de las Comunidades Autónomas para gestionar impuestos cedidos, que se diga. Si se quiere revertir este sistema fiscal asimétrico que se diga. Y si van a empezar por nuestro fuero ¡qué lo digan!
Yo, a la hora de votar la propuesta, me debatí entre la abstención (postura tradicional de nuestro grupo en materia fiscal) y el voto en contra. Al final voté en contra. Porque la iniciativa es un ataque frontal a la autonomía, supondría un desastroso precedente parlamentario y sólo se interpreta en clave electoral catalana. Seamos serios.
En todo caso, visto lo visto, hasta la aprobación de los presupuestos y la celebración de las elecciones catalanas, vamos a a vivir un periodo de mucha lucha “táctica” de muy corto recorrido entre todos los contendientes y nula talla política. Y lo peor es que la oposición (me temo) lejos de poner cordura, pretende aprovechar el momento para sacar rédito electoral de este momento de flaqueza gubernamental.
Vivimos en el mundo al revés. Creánme. Y así nos va.
09.09.09 Primer debate de política general en la cámara baja trás el parón veraniego. A los efectos oportunos, dejo transcrita mi intervención en el mismo:
“Gracias, señora presidenta, Señorías, señor presidente, el 27 de noviembre del año pasado subí a la tribuna por primera vez en representación de mi partido, Unión del Pueblo Navarro.
Ese día, en un debate de política general, le sugerí, señor presidente, que buscara un consenso que a nuestro juicio era más que oportuno para afrontar la grave situación económica que entonces padecíamos y para hacerlo con más garantías de éxito.
Han pasado nueve meses desde entonces y, señor presidente, lo único que tenemos, sin ese consenso, es un millón de parados más y una situación económica y social que no ha hecho más que empeorar en todos los sentidos.
Si entonces creíamos en la bondad de esa petición que le hacíamos llegar, en ese acuerdo en materia económica, obviamente, hoy, ante la situación en la que estamos, muchísimo peor, pensamos que es más importante, necesaria, prioritaria y urgente que nunca.
Ese pacto debería permitir, señor presidente, dar credibilidad a las medidas que finalmente se tengan que adoptar; recuperar la confianza perdida en este Gobierno; eliminar la sensación generalizada de que el Gobierno va a la deriva en esta materia; demostrar, si todavía estamos a tiempo, que el Gobierno no improvisa permanentemente; pensar que este Gobierno, en definitiva, sabe cómo sacarnos de esta situación y contribuir con ello a salir de la misma.
En cambio, hoy nos ofrece acuerdos en educación y energía, que están muy bien y que son muy necesarios, pero hoy, señor presidente, lo urgente y lo prioritario, señor presidente, pasa por establecer una alianza estratégica, siquiera limitada y temporal, en materia económica, que es en lo que todos los grupos han coincidido.
De hecho, sinceramente, no entiendo cuál es la filosofía o la lógica que usted aplica para pensar que es necesario un acuerdo en educación y energía y, ante un problema que tenemos encima de la mesa, esto no sea extensible a la materia económica, que es lo que nuestro grupo le sigue pidiendo.
Lo cierto es que la situación requiere mayores esfuerzos a todos, a toda la sociedad española.
Es más, a estas alturas probablemente no quede otro camino, gracias a usted, o a pesar de usted, que pedirle a todo el mundo ese sacrificio y ese esfuerzo adicional.
Sin embargo, las soluciones no pueden consistir siempre en cargar más presión fiscal a los mismos, porque en su caso cada medida supone más gasto público. Desde luego, creo que falta imaginación.
Si fuera así, y efectivamente hubiera que aplicar esa solidaridad, usted debería de responder con la misma moneda, con gestión más responsable, con transparencia, con un ejercicio de máxima austeridad y rigor en las cuentas y altura de miras, pensando en el bien de España y no solamente en sus legítimos y propios intereses, llegando, señor presidente, a un acuerdo en esta materia.
Yo le pido que no haga caso a todos aquellos asesores que le dicen que no son necesarios los acuerdos con la oposición porque pase lo que pase en 2012 ya estaremos en la senda de la recuperación, porque hoy estamos gastando el doble de lo que ingresamos, la deuda pública se ha multiplicado por cinco y el paro, según nos han anunciado, podría llegar al 20 por ciento.
Y cuando le pido que llegue a un acuerdo no le pido nada más de lo que estamos haciendo nosotros en Navarra desde hace tiempo.
Pero es verdad, señor presidente, que aquí quien debe creer que estos grandes pactos son necesarios es usted y quien los debe buscar y liderar es usted.
Nosotros, como sabe, siempre lo hemos defendido y los aplaudiremos cuando lleguen.
En todo caso, yo sí que le agradezco porque, como sabe, recibió el acuerdo del Gobierno de Navarra de 31 de agosto que le pedía la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, las comunidades autónomas gestionan el 50 por ciento, y creo que es buena la iniciativa de convocarles en octubre.
Espero que más allá de las palabras se escuchen y se aporten ideas, se trabaje y dicha conferencia sea útil y eficaz.
Por último, quiero reiterarle que mi grupo cree necesario un pacto urgente en esta materia con el que, admitiendo que estamos en una crisis como país, podamos salir de ella como país, juntos y unidos.
Muchas gracias."
Eta pretende celebrar su 50 aniversario de la única manera que sabe hacerlo: extorsionando al gobierno de turno para obtener algún tipo de ventaja política para las tesis políticas etnico-secesionistas.
Nada nuevo bajo el sol.
El tamaño de la coacción (de la bomba asesina, el secuestro, el chantaje,…) parece siempre proporcional a la disposición de cada gobierno español a una negociación política con la banda mafiosa.
Ahora las puertas de una negociación política están cerradas.
¿Definitivamente?
1.- Circula una teoría, que algunos analistas políticos defienden, por la que la negociación podría volver abrirse sólo en el caso de que la crisis económica y social pusiera en peligro una nueva mayoría socialista en 2012, siempre que la negociación se planteara en términos de liquidación ordenada de la actividad de la banda (al menos de una parte significativa del entramado mafioso).
Pero incluso para poder pensar en ese escenario, todavía es pronto para despejar todos los interrogantes que confirmarían o no la hipótesis.
2.- Por otro lado es verdad que el gobierno socialista salió tan escarmentado de la última negociación que -si es verdad lo que nos dicen- no habrá una segunda oportunidad.
Pase lo que pase, lo cierto es que Eta sigue captando voluntades.
Hoy escribe en El País, el escritor Jose María Guelbenzu, un artículo titulado “Eta. La costumbre de odiar” donde dice: “los nacionalismos tienden a inventarse su propia historia: un acto de involución consentido y repetido como un mantra. Ahí está el caldo de cultivo de una educación en el odio, en la negación de la realidad y el rechazo al distinto. Esta visión etnocentrista domina la vida política vasca mientras en el caldero bulle bajo el cuidado de quienes se consideran los guardianes del caserío. En el extremo de esa expresión de odio se encuentran ETA y los vivas a ETA, pero ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la enseñanza y extensión de ese odio? ¿de convertirlo en costumbre?”
He denunciado la manipulación obscena que el gobierno vasco ha hecho de la historia común. La mentira institucionalizada que se enseña en la Comunidad vecina. El mátrix imaginario que defienden los etarras cuando matan. El origen del fenómeno.
Pero ni siquiera cambiando el color del gobierno autónomo parece que vayan a mejorar las cosas.
Los periódicos informan (El Mundo 28.07.2009) que la actual Consejera del Gobierno vasco, Isabel Celaá –del PSE- no va a modificar el delirante contenido del Currículo vasco para la educación obligatoria que consagra el Mátrix legitimador del odio.
¿Para qué entonces han pactado el PSE y el PP en el País Vasco?
Ya sé que desandar el irresponsable camino recorrido hasta hoy es muy difícil. Pero no hacer nada sería la peor de las soluciones.
Eta existe porque subsiste la mentira institucionaliza en el País Vasco. Podremos perseguirla con éxito tras sus macabras apariciones. Podremos tener suerte, como en Burgos. Pero si nos siguen atenazando los complejos y las contemplaciones no acabaremos con la raíz del problema.
Más claro no lo puedo decir.
... por cierto, !Viva la Guardia Civil¡
Los periódicos daban ayer la noticia de la falta de acuerdo en el órgano de gobierno de los jueces para dictaminar sobre la legalidad del proyecto de ley de modificación de la normativa sobre el aborto que pretende el ejecutivo socialista.
El titular más llamativo era el que abría en portada la edición de EL PAIS que dice: “Dívar apela a sus creencias para impedir el informe sobre el aborto”
Qué pasa ¿que los demás no tienen creencias para votar en un sentido u otro al informe?
¿Que creencias son las que apela un miembro del Consejo para votar favorablemente o no el informe progubernamental? ¿Las “creencias” del partido que le ha elegido para representar su cuota política en el Consejo (PSOE, PP, CIU, PNV)?
Y sí el órgano de dirección de esos partidos ha acordado una determinada postura partidista en este tema, ¿a que creencias debe apelar un consejero? ¿a la disciplina de partido o las propias – aunque éstas sean opuestas a las de su partido?
(El PNV votó en el Congreso en contra de una Moción que pedía la retirada del texto de este proyecto, que yo mismo presenté. Alguien me dijo que el propio EBB había tomado la decisión de no apoyar la Moción ¿Imaginan a Margarita Uría (exdiputada del PNV y ahora consejera de la cuota nacionalista), votando distinto de lo que su partido aprueba en esta materia?)
Por cierto ¿se puede estar en contra del informe sin apelar a ninguna creencia? Y ¿a favor?
¿Por qué no les preguntamos a todos los demás consejeros a qué creencias apelan para haberse posicionado en un sentido o en otro? O es que, simplemente, renuncian a sus creencias –si las tienen- y han votado lo que sus partidos les han dicho.
En España parece que votar en conciencia es lo anormal. O te alineas o estás jodido.
...
El editorial tampoco tiene desperdicio cuando dice: “Dívar ha justificado en privado su voto por sus creencias religiosas, lo que abre dudas sobre su capacidad para presidir un institución del Estado cuyo funcionamiento… debe estar por encima de cualquier consideración u opción personal”
Para El País esa “ consideración u opción personal” debe ser la que dictamine el partido. La que beneficie a ZP.
…!Y se dicen socialdemócratas¡
…Hay que reconocer que cuando la izquierda se pone antiliberal y comocuras pierde el oremus.
¡Viva la libertad¡
Acta del 10 de junio de 2008.
"— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(SEÑOR SALVADOR), RELATIVA A LA FUTURA
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN
REGULADORA DEL DERECHO A LA VIDA
QUE PRETENDE LLEVARSE A CABO EN LAS
CORTES GENERALES A INICIATIVA DEL
GOBIERNO, Y CONCRETAMENTE A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE IGUALDAD. (Número
de expediente 172/000097.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
A continuación interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, del señor Salvador, relativa a la futura
reforma de la legislación reguladora del derecho a la vida
que pretende llevarse a cabo en las Cortes Generales a
iniciativa del Gobierno, y concretamente a través del
Ministerio de Igualdad. Para formular la interpelación
tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias,
señora presidenta.
Señorías, la razón por la que presento esta interpelación
urgente en el Pleno de la Cámara es porque para
Unión del Pueblo Navarro este es un tema muy importante,
tan fundamental como que en el fondo, cuando
hablamos de esta reforma, estamos hablando del derecho
fundamental a la vida; un derecho que es el primero en
todos los tratados o declaraciones internacionales de
derechos humanos. Ayer hablábamos aquí de la gestión
del delta del Ebro, del aceite, del futuro de los chiringuitos,
del voto de los extranjeros residentes, de la
corrupción, pero hoy hablamos básicamente de la vida.
Como usted sabe, no es la primera iniciativa que he
presentado en esta Cámara después de conocer su decisión
de modificar la legislación que regula este derecho.
Para nosotros si en algún tema debería aplicarse el
máximo consenso y la máxima reflexión antes de llegar
a ninguna conclusión ni reforma es precisamente este.
Por eso nos llama tanto la atención que el Gobierno de
forma absolutamente unilateral quiera impulsar una
reforma de la normativa que regula el aborto, a través
del anteproyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo, del
que ya conocemos prácticamente todo: su contenido
final, a falta de alguna negociación de última hora con
algún partido; cómo la quieren llevar a término; con
quién parece que finalmente la van a pactar, y cuándo la
quieren tener aprobada, a decir de algún ministro, sin
dar un paso atrás. Por tanto, en mi exposición pretendo
probar la incoherencia que está demostrando en este
tema el Partido Socialista, el Gobierno y muy especialmente
el presidente, al pedir consenso y reflexión de
todos en los temas importantes y decidir precisamente
en este tema sacar adelante una reforma sin consenso y
sin reflexión.
Comenzaré repitiendo unas palabras pronunciadas
por el presidente Rodrí guez Zapatero en el pasado
debate sobre el estado de la Nación en las que afirmaba
que iba a trabar con fidelidad al programa electoral.
Pues bien, señora ministra, ¿podría decirme en qué
parte del programa electoral con el que ganaron las
elecciones en 2008 figura la promesa o el compromiso
de establecer el aborto libre a plazos? Ha pasado un
año desde su victoria electoral, ¿han cambiado tanto
las cosas para que este sea uno de los temas más trascendentales
para este Gobierno que además legisla tan
poco? En el programa de 2004 se decía: Reformaremos
la legislación sobre el derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo para establecer un sistema a plazo,
página 99. Era claro. En cambio, en su programa elec
toral de 2008, en este punto se dice únicamente: Promover
la reflexión atendiendo al debate social sobre la
vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo, y
la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la
equidad en el acceso y la calidad a la prestación sanitaria.
Es verdad que se añade un compromiso que dice:
Cualquier posible modificación deberá basarse en un
amplio consenso, garantizando en su aplicación la
seguridad jurídica para los médicos y para las mujeres
cuya voluntad debe ser respetada dentro de los límites
de la ley.
Si se fija, señora ministra, primero, en el programa
de 2008 desaparece el compromiso realizado en 2004.
Segundo, no se plantea siquiera modificar la ley, sino
solo promover una reflexión. Y tercero, sí se añade un
punto, un nuevo compromiso concreto, que es que cualquier
posible modificación deberá basarse en un amplio
consenso. Entonces, ¿por qué ahora, señora ministra?,
¿por qué ahora lo están haciendo de esta forma?, ¿porque
les sirve para desviar la atención y que no hablemos de
la crisis, o precisamente porque con esta crisis tan importante
será más fácil aprobar de tapadillo aquello sin saber
qué estamos aprobando? ¿Qué ha pasado, señora
ministra, en este tiempo para que modifique la situación
anterior a marzo de 2008?, ¿cuándo redactaron el programa
electoral de 2008 ya contaban con modificar esta
ley, con carácter unilateral, a la primera de cambio, en
un año escasamente? Y si ya pensaban impulsar la aprobación
de una legislación más permisiva con el aborto,
por qué no lo establecieron así, por qué no solicitaron la
confianza de los ciudadanos españoles, diciéndoles lisa
y llanamente la verdad, que es lo que querían hacer.
Porque alguien podría decir que entonces o con esa
dicción lo que estaban haciendo era engañar a los ciudadanos.
Ahora tiene su turno y su posibilidad de explicarnos
por qué así y por qué ahora.
Dicen en su programa electoral que quieren promover
la reflexión y a nosotros nos parece muy oportuno.
Es verdad que se constituyó una autodenominada
comisión de expertos y una subcomisión parlamentaria
para emitir un informe, tras numerosas comparecencias.
Pero, señora ministra, ¿es esa la reflexión social que
este asunto merece?, ¿es esa la reflexión que proponían
en su programa electoral? Todos somos conscientes de
que cualquier reforma en esta cuestión supone una
reforma de calado, porque cuando hablamos de la vida,
hablamos de una reforma que afecta íntimamente a las
personas y a los cimientos que sostienen el edificio de
nuestra convivencia y, en definitiva, a qué futuro queremos
para nuestra sociedad. Es una reforma que
plantea cuestiones en múltiples disciplinas, obviamente
científica, por supuesto médica, sanitaria, sociológica,
psicológica; obviamente jurídica, desde el punto de
vista, penal, administrativo, civil; obviamente constitucional,
desde el punto de vista educativo, pedagógico,
familiar, personal, moral. ¿Cree usted que el Gobierno
ha dado los pasos necesarios para obtener en un tema
tan sensible un mínimo debate social, una reflexión
multidisciplinar que nos ayude a solucionar o a reducir
el terrible drama del aborto? Yo, sinceramente, señora
ministra, creo que no. Y no crea que hago esta afirmación
a la ligera, la hago con absoluto conocimiento de
causa. Tengo que desconfiar de su voluntad de
reflexionar o debatir sobre este asunto cuando compruebo
el nulo interés que han puesto en atender a mis
anteriores iniciativas parlamentarias. Han sido más
de 46 las preguntas que he formulado por escrito al
Gobierno en relación con el contenido de esta reforma,
en relación con sus manifestaciones, en relación con
sus ocurrencias, en relación con lo que ustedes piensan
hacer. Son 46 preguntas por escrito en las que se concretan
más de 100 preguntas sobre este tema. ¿Sabe
cuál ha sido la respuesta? Todavía no me han contestado
a ninguna. Se comprometieron a promover la
reflexión social, pero cuando se les pide que expliquen
públicamente sus convicciones, las razones de la
reforma, cómo quieren reducir el aborto en España, se
olvidan de sus compromisos. Sin embargo, no tengo
ningún inconveniente, ningún problema en explicarle
los principios o los parámetros que inspirarían una
reforma que pudiera contar con nuestro apoyo y, si
puedo, en la replica se los concretaré.
Defendemos también que esta reforma se está planteando
incumpliendo los compromisos políticos expresos
adquiridos por el presidente del Gobierno en esta misma
Cámara. En el debate de investidura de 11 de abril
de 2008, si se acuerda, el presidente decía: «… Señorías,
tengo una convicción bien arraigada y que siempre he
procurado practicar. La España democrática, pluralista
y diversa, la España de hoy solo se puede gobernar bien
con diálogo, con actitud permanente de explicar los
planteamientos propios y de escuchar los ajenos; de
buscar el acercamiento de posiciones; de intentar
acuerdos. Esta será» —decía— «mi pauta esencial de
comportamiento. Haré del diálogo social un elemento
estratégico de la política económica y social…» Y seguía
diciendo: «… Tengo el deseo y el compromiso de procurar
el acuerdo con todos en cuestiones en las que, por
su contenido y entidad, nuestra democracia gana siempre
con la puesta en común de ideas y voluntades y pierde
siempre con la confrontación partidista…»
Las palabras del presidente, señora ministra, deben
tener valor, y los compromisos también. ¿No cree que
es precisamente en este tema donde más se debería exigir
al presidente del Gobierno que aplicara los compromisos
de búsqueda de consenso que él mismo se marcaba en
el debate de investidura el año pasado? Yo creo que sí.
Y si no es en este tema, señora ministra, ¿a qué temas se
refería el presidente en su intervención en el debate de
investidura del año pasado cuando él mismo se exigía
llegar a acuerdos?, ¿o es que esos compromisos, esas
palabras eran palabras huecas, señora ministra? Yo
espero que no.
Estará conmigo en que el asunto tiene enjundia, y no
poca, porque cuando hablamos de abortar, en definitiva,
señora ministra, hablamos de la posibilidad de eliminar
una vida humana. Pero también podemos hablar de otras
muchas cosas, hablamos de transformar un delito despenalizado
en un derecho sin límites, pero a plazos,
hablamos de apoyar legalmente o no la medida que
menos ayude al feto humano a pasar a la siguiente fase
de su evolución fuera del útero de la madre, hablamos
de cómo debemos enfocar las soluciones preventivas con
políticas públicas a una sexualidad no controlada,
hablamos de relaciones entre padres e hijos. ¿Y quién es
el Estado para interferir o suplantar el derecho de los
padres a ejercer su paternidad? Hablamos de familias,
hablamos de responsabilidad individual de padres e
hijos, hablamos del futuro de la sociedad, hablamos de
optar por soluciones fáciles o difíciles ante problemas
que yo sé que son complejos, hablamos de fraudes de
ley, de leyes que no funcionan efectivamente, hablamos
de médicos que están cometiendo delitos, hablamos, en
definitiva, de cómo buscar una solución positiva para
ayudar a la que más lo necesita y también al más indefenso
y al más perjudicado, y cómo con ello, señora
ministra, ser mejor sociedad cuando encontremos una
verdadera solución consensuada.
Voy terminando. La semana pasada algún otro portavoz,
en concreto el portavoz de Convergència i Unió,
pedía en público que se retirara este proyecto. Yo me uno
a esa petición por las razones que le he dicho y, además,
por una más de oportunidad política, como él decía. Y
es que hoy más que nunca debemos concentrar nuestros
esfuerzos y los de la sociedad en combatir la crisis económica
y social, más que nunca. El Gobierno debería
trabajar para encontrar proyectos e impulsar iniciativas
que nos unan en vez de buscar la confrontación en
aquello que de antemano el Gobierno sabe que, tal y
como lo plantea, todavía nos va a dividir más. Con la
que está cayendo, señora ministra, el Gobierno tiene la
obligación histórica de no buscar la división. También
podría apelar para que renunciara a esta reforma a
algunas voces que dentro de su propio partido están
cuestionando públicamente alguno de los puntos más
sensibles de su proyecto, y no sin razón. Es más, hoy
mismo algún periódico habla de que las elecciones europeas
van a provocar un debate interno dentro de su
partido. ¿Qué quiere que le diga? Yo le diría que lo aprovecharan
para analizar el impacto que esta reforma
equivocada ha tenido en el resultado electoral. Incluso
quisiera pensar que entre las causas de su derrota electoral
en las pasadas elecciones, al menos una de ellas en
alguna parte haya sido también el rechazo social a este
equivocado proyecto de reforma.
Finalmente, señora ministra, nosotros creemos que,
si esta reforma se aprueba tal y como la está planteando
el Gobierno, estaremos cometiendo un profundo y grave
error. Por eso hemos planteado esta interpelación urgente
con el ánimo de reflexionar con usted sobre la oportunidad
de la reforma y sobre las bases políticas sobre las
que esta se está formulando. Por último, le pido y le
animo a que, decidan lo que decidan en relación con esta
reforma, sobre este proyecto, no olviden estudiar siquiera
en paralelo e impulsar una legislación positiva y no
neutral con la vida del no nacido; una legislación que
transforme el drama de la decisión de abortar o no en
una apasionante apuesta social, pública y privada, compartida
por todos, en defensa de los más desfavorecidos,
de esos que no tienen en ningún caso ninguna posibilidad
de defenderse. En el fondo, señora ministra, es lo más
socialista que se me ocurre que podrían hacer ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Muchas gracias, señor Salvador.
Para contestar la interpelación tiene la palabra la
señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído
Almagro): Señora presidenta, señoría, en los últimos
meses he tenido el privilegio de escuchar muchas opiniones
en torno a la interrupción voluntaria del embarazo.
He compartido mesas, documentos y conversaciones
con decenas de expertas y de expertos, de
especialistas en la materia desde los distintos ámbitos.
Escuché opiniones tan diferentes como lo son las diversas
opiniones de la sociedad española; opiniones tan distintas
que hacen realmente complicado ofrecer a la
sociedad española una ley de salud sexual y reproductiva
de interrupción voluntaria del embarazo que satisfaga
completamente a todas y a todos. Difícilmente puede esa
ley satisfacerle a usted y al mismo tiempo a otros grupos
en esta Cámara. Interpreto, por su interpelación, que para
usted las mujeres no tienen derecho a decidir en ningún
momento de la gestación ni en ningún caso ni supuesto.
En este mismo hemiciclo se sientan diputadas y diputados
que quisieran que la ley reconociera la posibilidad
de interrumpir el embarazo en plazos más amplios de lo
que contempla nuestra propuesta. Interpreto que para
ustedes la interrupción de un embarazo es un crimen,
pero tiene que entender y que aceptar que junto a usted
se sienta una mayoría de diputadas y diputados que
reconocen el derecho a decidir de las mujeres sobre su
maternidad. Esa es la democracia, señoría: el debate en
libertad, la búsqueda de las mejores soluciones y la
aplicación de las que son preferidas por la mayoría. Esa
es la democracia. Señorías, con todas las diferencias que
he tenido el privilegio de observar de primera mano, al
menos he encontrado un punto de acuerdo: la situación
actual no satisface a nadie. La ley actual se ha quedado
antigua y ya no sirve. Fue necesaria y adecuada en su
tiempo, hace veinticuatro años, pero hoy es manifiestamente
mejorable. Es mejorable porque no ofrece suficientes
garantías jurídicas ni a las mujeres ni a los profesionales
que las atienden. Lo es porque contempla la
pena de cárcel en el Código Penal para las mujeres que
toman una decisión como ésta. Es mejorable porque no
garantiza la equidad territorial, y lo es porque tampoco
protege adecuadamente la vida prenatal.
Actualmente, el 97 por ciento de las interrupciones
del embarazo en nuestro país se realizan sobre la base
del supuesto de salud psíquica de las mujeres que, como
sabe S.S., no tiene límite temporal en la regulación
vigente. La realidad, señorías, invisible y callada pero
real y dura para miles de mujeres, profesionales y de
jóvenes, es que en España la cuestión de la interrupción
voluntaria del embarazo no está bien resuelta. Así me lo
han reconocido incluso las organizaciones que se oponen
a la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos todas
y todos de acuerdo. La situación actual no nos gusta a
casi nadie, y este Gobierno al menos ha tenido la valentía
de afrontar la situación, de hacer frente a las dificultades
y de buscar el mejor punto de equilibrio posible. Si la
situación actual no satisface a nadie, señorías, por qué
no hemos hecho nada durante tanto tiempo mientras
había mujeres que veían vulnerados sus derechos a la
intimidad y a la dignidad, mientras había otras que sentían
miedo e inseguridad sin saber si su historial terminaría
un buen día en un juzgado, mientras cientos de
jóvenes no sabían qué hacer ante un embarazo no deseado
y prematuro. ¿Qué hizo en ocho años el Gobierno del
Partido Popular? (Varios señores diputados: ¡Oooh!—
Risas.) Nada, señorías, absolutamente nada. (Aplausos.)
No cambió nada en ocho años. Prefirió mirar para otro
lado. (Un señor diputado pronuncia palabras que no
se perciben.) No cambió la ley en nada. Dejó que las
cosas siguieran como estaban. No cambió dando marcha
atrás, lo cual podría haber sido lógico teniendo en cuenta
su rechazo taxativo y constante a la regulación y, por
supuesto, tampoco cambió para mejorar ni para resolver
los problemas planteados. Pues bien, el Gobierno actual
ha tenido la valentía de abordar el asunto, sabiendo que
es complejo y sabiendo que en él se cruzan opiniones
enfrentadas, visiones diversas, principios irreconciliables.
Un gobierno responsable ha de encontrar un punto
de equilibrio entre los intereses y los principios contrapuestos.
Eso es lo que estamos tratando de hacer, señorías.
Señor Salvador, le agradezco su interpelación porque
el debate es bueno y muy saludable, pero quisiera que
quedara claro que estamos debatiendo aún sobre un
anteproyecto, que esta Cámara aún no ha recibido el
proyecto de ley, que tendremos mucho tiempo para
debatir en el trámite formal de la ley y, por supuesto, la
decisión final sobre la misma será de todas SS.SS. como
representantes de las españolas y de los españoles. Promover
la reflexión y buscar el consenso para reformar la
ley tal y como contemplaba nuestro programa electoral;
eso es lo que estamos haciendo. Porque, escuchándole
a usted, pudiera parecer que este Gobierno abre debates
innecesarios, pero, señoría, no piensan lo mismo las más
de 100.000 mujeres que interrumpieron su embarazo en
España el pasado año, no piensan lo mismo los profesionales
que han encontrado problemas a la hora de
dilucidar los límites de la ley. Tenemos una deuda histórica
que saldar con la igualdad, con la libertad y con
los derechos de las mujeres. En esta Cámara se han
registrado y debatido más de veinte iniciativas
desde 1995, de distintos grupos parlamentarios, para
acometer una nueva regulación sobre la interrupción del
embarazo. El problema existe y ustedes, los grupos de
derechas, lo saben muy bien.
Ante tal panorama, el Gobierno se ha planteado
abordar las reformas necesarias con diálogo y buscando
el mayor equilibrio posible. Se constituyó una subcomisión
en este Parlamento, cuyas conclusiones SS.SS.
conocen; hemos convocado a un grupo de personas
expertas, que han elaborado recomendaciones desde las
perspectivas sanitarias, jurídicas y sociales, y hemos
consultado a las organizaciones para encontrar las soluciones
más adecuadas a cada problema. Puede que a los
conservadores no les guste lo que proponemos, pero es
evidente que nuestra propuesta está meditada, está sopesada
y pretende ser equilibrada. Puede parecer también,
por los eslóganes fáciles que últimamente han proliferado
a propósito de este asunto, que el Gobierno pretende
simplemente despenalizar la interrupción voluntaria del
embarazo, y tampoco es cierto, señoría. El Gobierno
propone una ley de salud sexual y reproductiva y una
nueva regulación de la interrupción; una no tiene sentido
sin la otra, van juntas. Esa es la recomendación de los
organismos internacionales, de la subcomisión y de
nuestros expertos. ¿Qué proponen ustedes desde la
derecha, desde UPN o desde el Partido Popular? ¿Proponen
la abstinencia a los jóvenes? ¿Proponen el silencio?
¿Proponen que miremos para otro lado? Díganlo, sean
valientes. ¿Qué es lo que proponen? (Aplausos.)
Señorías, entiendo, respeto y asumo las críticas que
puedan formularse sobre los puntos más controvertidos
de esta ley, pero pedimos que se trate con rigor y les
ruego por tanto que no se queden con la anécdota, sino
con lo sustancial. En otros términos, les ofrezco debatir
con calma y sin demagogias. Intentémoslo al menos. Lo
que proponemos es una ley más equilibrada, que solvente
los problemas de la regulación vigente y que sea equiparable
a las de los países de nuestro entorno; lo que
proponemos es una ley de salud sexual y reproductiva y
eso es lo más importante e innovador de la propuesta que
realizamos, el amplio contenido de medidas en el ámbito
social, sanitario y educativo, para garantizar los derechos
a la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos
no deseados, todo ello enmarcado en una estrategia
nacional de salud sexual y reproductiva que el Gobierno
tendrá que elaborar cada cinco años, en colaboración con
las comunidades autónomas y con las sociedades científicas
y organizaciones sociales. Porque el principal
objetivo es frenar el incremento progresivo de embarazos
no deseados de los últimos diez años en nuestro país. En
materia de interrupción voluntaria del embarazo, proponemos
una regulación más segura que la vigente, que
ofrezca mayores garantías jurídicas para las mujeres y
para los profesionales sanitarios. También es una propuesta
más equilibrada, que, garantizando los derechos
de autonomía y libertad de las mujeres, no descuida la
protección de la vida prenatal.
La mayoría de las legislaciones de nuestro entorno,
señor Salvador, establecen un plazo inicial, que asegura
el respeto a la decisión de la mujer sobre su maternidad,
un plazo que varía entre las diez semanas y las veinticuatro
en los países europeos. Lo que nosotros proponemos
es garantizar a las mujeres la posibilidad de tomar
una decisión libre e informada sobre la interrupción del
embarazo dentro de las primeras catorce semanas y ese
sistema de plazos se complementa con la posibilidad de
interrumpir el embarazo por razones médicas; se propone
también la eliminación de la excepción establecida en la
Ley de Autonomía del Paciente, de manera que la interrupción
voluntaria del embarazo se equipare a lo que
está establecido para cualquier otra intervención sanitaria.
Esa fue una de las conclusiones aprobadas en el
Parlamento. Nos guste o no, una joven es mayor de edad
para tomar decisiones en el ámbito sanitario a los 16
años. Así es, señorías; a esa edad, una joven puede
decidir por sí misma acerca de cualquier intervención
quirúrgica, menos las tres excepciones incluidas en el
año 2002. Lo que proponemos es eliminar la excepción
en esta materia. Señorías, cuando una joven de 17 años
tiene tomada una decisión como esta y no quiere contarlo,
por los motivos que sean, ¿qué piensan que hará?
Seamos valientes y reconozcamos lo obvio, lo hará
igualmente, y no sabemos en qué condiciones. Puede
que acudiendo a la clandestinidad, sin las suficientes
garantías, o poniendo en riesgo su salud. Eso es lo que
no queremos que suceda. La ilegalidad y la clandestinidad
son circunstancias que queremos evitar a toda
costa. (Aplausos.) En cualquier caso, queda un largo
trámite parlamentario para debatir sobre este aspecto y
sobre el resto de los que contiene la ley. Nuestra voluntad,
señorías, es que esta ley cuente con el apoyo de la
mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara.
Termino ya, señor Salvador. Señorías, hemos cumplido
con los compromisos adquiridos, este ha sido un
proceso transparente en el que hemos ido anunciando
cada uno de los pasos que se han ido dando: conclusiones
de la subcomisión parlamentaria, recomendaciones del
comité de expertos, ronda de escuchas con la sociedad
civil y presentación del anteproyecto de ley, anteproyecto
que en estos momentos está pendiente de los preceptivos
informes antes de la aprobación como proyecto de ley y
de la remisión para su tramitación y aprobación por las
Cortes Generales. Será este Parlamento el que apruebe
la ley, señor Salvador, y lo hará a iniciativa de un
Gobierno del que me honro en formar parte. Pero sobre
todo será una ley precedida de un amplio debate y de
una amplia reflexión social y política, como pocas leyes
antes probablemente; esa es la manera de hacer política
que nosotros defendemos y practicamos. Señorías, cada
año 100.000 mujeres interrumpen su embarazo en
España. Es nuestro empeño y nuestra propuesta que
juntos logremos que sean menos quienes tengan que
hacerlo y que las que decidan interrumpir su embarazo
lo hagan con más información, con más garantías y con
más protección. Sé que no puedo obtener la complicidad
de todos ustedes en unas y las veinticuatro
en los países europeos. Lo que nosotros proponemos
es garantizar a las mujeres la posibilidad de tomar
una decisión libre e informada sobre la interrupción del
embarazo dentro de las primeras catorce semanas y ese
sistema de plazos se complementa con la posibilidad de
interrumpir el embarazo por razones médicas; se propone
también la eliminación de la excepción establecida en la
Ley de Autonomía del Paciente, de manera que la interrupción
voluntaria del embarazo se equipare a lo que
está establecido para cualquier otra intervención sanitaria.
Esa fue una de las conclusiones aprobadas en el
Parlamento. Nos guste o no, una joven es mayor de edad
para tomar decisiones en el ámbito sanitario a los 16
años. Así es, señorías; a esa edad, una joven puede
decidir por sí misma acerca de cualquier intervención
quirúrgica, menos las tres excepciones incluidas en el
año 2002. Lo que proponemos es eliminar la excepción
en esta materia. Señorías, cuando una joven de 17 años
tiene tomada una decisión como esta y no quiere contarlo,
por los motivos que sean, ¿qué piensan que hará?
Seamos valientes y reconozcamos lo obvio, lo hará
igualmente, y no sabemos en qué condiciones. Puede
que acudiendo a la clandestinidad, sin las suficientes
garantías, o poniendo en riesgo su salud. Eso es lo que
no queremos que suceda. La ilegalidad y la clandestinidad
son circunstancias que queremos evitar a toda
costa. (Aplausos.) En cualquier caso, queda un largo
trámite parlamentario para debatir sobre este aspecto y
sobre el resto de los que contiene la ley. Nuestra voluntad,
señorías, es que esta ley cuente con el apoyo de la
mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara.
Termino ya, señor Salvador. Señorías, hemos cumplido
con los compromisos adquiridos, este ha sido un
proceso transparente en el que hemos ido anunciando
cada uno de los pasos que se han ido dando: conclusiones
de la subcomisión parlamentaria, recomendaciones del
comité de expertos, ronda de escuchas con la sociedad
civil y presentación del anteproyecto de ley, anteproyecto
que en estos momentos está pendiente de los preceptivos
informes antes de la aprobación como proyecto de ley y
de la remisión para su tramitación y aprobación por las
Cortes Generales. Será este Parlamento el que apruebe
la ley, señor Salvador, y lo hará a iniciativa de un
Gobierno del que me honro en formar parte. Pero sobre
todo será una ley precedida de un amplio debate y de
una amplia reflexión social y política, como pocas leyes
antes probablemente; esa es la manera de hacer política
que nosotros defendemos y practicamos. Señorías, cada
año 100.000 mujeres interrumpen su embarazo en
España. Es nuestro empeño y nuestra propuesta que
juntos logremos que sean menos quienes tengan que
hacerlo y que las que decidan interrumpir su embarazo
lo hagan con más información, con más garantías y con
más protección. Sé que no puedo obtener la complicidad
de todos ustedes en una cuestión como esta, en la que se
cruzan principios morales, filosóficos y religiosos, pero
al menos les pido —y creo que hablo en nombre de todas
esas mujeres— respeto, rigor y altura de miras.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Muchas gracias, señora ministra.
Señor Salvador, es su turno de réplica.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias,
señora presidenta.
Señora ministra, quiero en primer lugar compartir con
usted el reconocimiento de que estamos ante un tema
muy complicado. Eso es así, de verdad. Pero son ustedes
los que se han comprometido a sacar este tema adelante
con un consenso y eso no es lo mismo que una mayoría
de 177 diputados. Es que es un compromiso suyo, no
mío, es suyo. Usted ahora me dice que le basta la
mayoría. Bueno, pero no es lo que ustedes han comprometido
en su programa electoral y lo que el señor Rodríguez
Zapatero dijo aquí en su debate de investidura: que
ustedes iban a hacer ese esfuerzo para sacar este tema
por consenso. Y yo le hubiera querido oír decirme que
al menos usted me va a contestar a las cien preguntas
que yo he hecho. Porque yo no digo de qué debate o de
qué reflexión hablan, es que hacen lo contrario de lo que
dicen. En todo caso sí que le pediría que no interprete
mis convicciones o que no haga decir lo que yo no he
dicho.
Y como sí que me pide que sea valiente, yo sí que le
voy a decir una serie de ideas o las bases en las que se
podría centrar una reforma. Primero, creo que debemos
empezar por desdramatizar un embarazo y no ser hipócritas;
en eso estoy con usted. Segundo, debemos decir
claramente que un hijo no deseado no es un cáncer que
haya que tratar y que extirpar y tratarlo así. Tercero,
debemos reflexionar sobre si una persona que es mayor
para tener relaciones sexuales plenas también lo debe
ser igual para asumir las consecuencias de sus actos.
Cuarto, podemos poner en cuestión si la simple voluntad
de querer tener un derecho es fuente del derecho por sí
misma o no, ya que querer algo no significa tener derecho
a ese algo porque sí. Quinto, podemos discutir si el
derecho a disponer del propio cuerpo también tiene
límites o no. ¿Tenemos derecho a automutilarnos?
¿Puede el Estado limitar nuestra voluntad si lo que hace
con ello es proteger nuestra salud? ¿Sí o no? Podemos
pensar que debemos respetar aquello de que la libertad
del hombre termina donde empieza la libertad y en este
caso la vida de otro ser humano. Nosotros defendemos
que un feto no es una parte del cuerpo de la madre de la
que se pueda disponer sin más. Todos pasamos nuestros
primeros momentos dentro de nuestras madres, pero no
somos nuestra madre ya desde el inicio.
Creemos que tenemos obligación de buscar y encontrar
una solución positiva para todos, que evite la irreversibilidad
de un aborto. No compartimos el criterio
por el cual la dignidad del ser humano y la protección
que el Estado le vaya a dispensar esté sujeta aleatoriamente a una fecha de catorce, de veinte, de veintidós
semanas. ¿Y por qué no de dos años? Nos parece un error
sustraer a los padres varones de cualquier tipo de responsabilidad,
ninguna, y dejar a la madre sola con la
decisión; eso nos parece, a nuestro juicio, que es no muy
feminista. También estamos convencidos de que sustituir
el papel de acompañamiento del padre, o de la familia,
o de la mujer embarazada por el del Estado es un experimento
que no puede traer nada bueno. Y nos preguntamos
si una normativa más permisiva va a provocar la
reducción del número de abortos si a esta no la acompaña
una educación no neutral con el respeto al derecho a la
vida del no nacido. Es como querer terminar o reducir
el número de accidentes de tráfico provocados por el
exceso de velocidad eliminando la limitación de velocidad,
sin más. (Rumores.)
Por último, el desfavorecido, el que no es responsable
de ser y estar, el más perjudicado, en definitiva, el inocente,
el que no ha elegido ni puede elegir es el no nacido
y ese es al que nuestra conciencia, al menos la mía, nos
pide ayudar, porque es la verdadera víctima, la irreversible,
el que más pierde, el que al final muere. Nosotros
—se lo dije— queremos que ustedes cumplan su programa
y que propicien ese debate social, la reflexión, y
que encuentren y encontremos entre todos un consenso
más que necesario, más allá de una mayoría justita en
este tema, tal y como ustedes establecían en su programa
electoral como requisito para cambiar la legislación. Es
lo único que les estamos pidiendo. Y como esto no se
produce, lo que pediremos en la moción es que, hasta
que eso no se produzca, la retiren, la pospongan o la
aparten. (Una señora diputada: Pues va a ser que
no.)
Finalmente, una última petición, señora ministra. En
estos días hemos venido oyendo hablar a varios miembros
del Gobierno sobre la existencia de brotes verdes
en la economía, que deberíamos vigilar, respetar, proteger
y cuidar, para que puedan llegar a su madurez y así
nos ayuden a salir de la crisis económica que vivimos.
Yo también quiero pedir hoy, como nos pide su Gobierno,
que respeten, que vigilen, que protejan y que cuiden a
estos otros brotes, también importantes, para que puedan
llegar a nacer y a nosotros y a usted nos hagan merecedores
del respeto de la historia. (Una señora diputada:
¡Madre mía!)
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Gracias, señor Salvador.
Señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído
Almagro): Señoría, la propuesta que realizamos no
obliga a nadie a interrumpir un embarazo. De lo que se
trata es de ofrecer más garantías jurídicas a las mujeres
y a los profesionales, de lo que se trata es de buscar el
equilibrio entre los derechos de las mujeres y la protección
de la vida prenatal y de lo que se trata, sobre todo,
es de prevenir embarazos no deseados. Por eso es una
ley de salud sexual y reproductiva.
Con respecto al plazo, ya he mencionado en mi intervención
anterior que la mayoría de los países europeos
tienen leyes de plazos que van desde las diez hasta las
veinticuatro semanas, siendo, por cierto, el país que
cuenta con una legislación más permisiva Holanda, el
que menor tasa de abortos tiene, debido por supuesto a
las políticas de educación y de salud sexual y reproductiva
que aplican. Pero su problema, señoría, no es que
vayamos a una ley de plazos, su problema no es este
anteproyecto; su problema es la irrelevancia que para
usted tienen las mujeres en un asunto como este. Ese es
su problema. (Aplausos.) Estamos acostumbradas a que,
cuando se trata de legislar sobre los derechos de las
mujeres, a ustedes todo les parece mal, todo les parece
inconstitucional. Ya les parecía inconstitucional la Ley
de Igualdad o la paridad en los cargos electos, ya les
pareció inconstitucional la Ley del Aborto que presentó
el Gobierno en el año 1983, pero, como todas SS.SS.
conocen y como toda la sociedad sabe también, todas
estas leyes han sido validadas por nuestro Tribunal Constitucional.
Y ahora, en el fondo, no hay más que la
negación de nuevo del derecho a la salud sexual y reproductiva
de las mujeres. Es el derecho a decidir de las
mujeres lo que les molesta, señoría.
Sobre la vida prenatal, creo que, con independencia
de ideas, de principios e incluso de planteamientos científicos,
la ley va a dar respuesta a una exigencia que el
Tribunal Constitucional dejó bien clara: el Estado debe
proteger la vida del no nacido. Y tendrá que convenir
conmigo en que el anteproyecto que proponemos es más
respetuoso con la vida en gestación que la regulación
vigente. Quiero decirle, señoría, que este Gobierno, que
quiere equipararse a Europa también en un tema como
este, es también el Gobierno que más políticas de apoyo
a la maternidad ha puesto en marcha. Hoy, las mujeres
embarazadas están más protegidas que nunca en el
ámbito laboral. (La señora Montón Giménez: ¡Muy
bien!) Hoy cuentan con una ayuda de 2.500 euros por
nacimiento; hoy tenemos un permiso de paternidad, que
se verá ampliado a cuatro semanas, con el acuerdo de
esta Cámara; existe una ayuda para las mujeres autónomas
que tienen que interrumpir su actividad laboral
por motivos relacionados con el embarazo o con el parto;
existe también una ayuda para las trabajadoras del
régimen especial de empleadas del hogar; la maternidad
no contributiva se ha ampliado en catorce días; hoy, los
periodos de excedencia se reconocen como periodos de
cotización efectiva; se está realizando una apuesta clarísima
por la conciliación de la vida profesional y de la
vida familiar con el establecimiento de esas 300.000
plazas de educación infantil con el Plan Educa 0 a 3, en
el que el Gobierno va a invertir, junto con las comunidades
autónomas, más de 1.000 millones de euros.
Señoría, sin ninguna duda es este Gobierno el que más
derechos ha reconocido para las madres y para los padres,
es el Gobierno que más apoya la maternidad.
(Aplausos.)
Con respecto al papel que juegan los hombres en una
decisión como esta, señoría, no haga demagogia y no
pervierta con esos argumentos el debate. La ley no
impide, ni podría hacerlo, que alguien pueda opinar,
compartir o ayudar a conformar la decisión de una mujer
sobre un embarazo o sobre un aborto. Las mujeres ya
compartimos esa decisión con las personas que nos
quieren y a las que queremos, pero, si no hay confianza,
ni la ley, ni un juez podrán imponer su decisión a la de
la mujer, porque precisamente la que está embarazada
es ella, salvo que quiera usted acercar nuestra legislación
a la de algunos países musulmanes, donde se exige la
autorización expresa del marido. Me pregunto qué ventajas
reporta semejante propuesta, que, por cierto, a
ningún país europeo se le ha ocurrido plantear. En relación
con el apoyo social, señoría, el consenso más claro
que existe es que la regulación actual no convence a
nadie, ese es el consenso más claro que existe.
Voy terminando. Defendemos cuestiones muy diferentes,
es cierto. Nosotros defendemos la necesidad de
una educación sexual responsable y poner en marcha
más medidas para prevenir embarazos no deseados,
defendemos el derecho a decidir de las mujeres, defendemos
que las mujeres no puedan ser penadas con cárcel
por la decisión de interrumpir un embarazo y además
respetamos la opinión que usted tenga con respecto a un
tema como este. Es a este Parlamento soberano al que le
corresponde debatir y discutir la ley, cuando el Gobierno
remita el proyecto, y confío en que los debates que se
produzcan en esta Cámara tengan un tono sereno y obedezcan
a planteamientos rigurosos, como creo que
merece una cuestión de la envergadura de la que estamos
tratando. (La señora Montón Giménez: ¡Muy bien!—
Aplausos.)"
... perdonad la extensión del acta, pero me parecía lo más correcto transcribir el debate tal y como finalmente quedará en las actas.
Cuando uno se acerca a la realidad política de España se da cuenta de que nuestro principal problema radica en que no somos capaces (gobierno y oposición) de entregar y recoger el testigo de la historia a los siguientes.
Con cada alternancia política, España vuelve a la casilla de salida. Nada de lo que hizo el anterior se consolida en el tiempo. Todo se cuestiona. Nada permanece.
No hay unidad, no hay lealtad, no hay continuidad.
Quizás la renuncia a una saludable continuidad histórica de instituciones, políticas y decisiones sea la nota que mejor define esta época zapateril. Nada de lo que hicieron los anteriores se mantuvo en pie (educación, agua, unidad nacional, lucha antiterrorista, pacto por la justicia, gestión económica, papel internacional,…)
Todo vuelve a analizarse una y otra vez con perspectivas antagónicas cada día más politizadas, más enconadas y menos razonables.
Lo que hizo el anterior no sirve, ¿por qué? Porque lo hizo el anterior.
...
…Y así nos va
El modo en el que se ha producido la última detención de un miembro de Eta en Paris; la desaparición de otro miembro de la banda, huido al parecer con gran cantidad de dinero procedente de la extorsión; junto a la indisciplina de dos significados etarras al aceptar sendos trabajos en el economato de la cárcel donde cumplen condena (contraviniendo así una orden expresa de la banda) confirman la sensación de que la Eta del 2009 tampoco puede abstraerse a las crisis.
...Ni discreción, ni lealtad, ni disciplina.
Me alegro
Que España tiene un problema -y gordo- en materia energética es algo que nadie puede negar.
Nuestro país no puede tolerar, como sí no pasara nada, el comprar el 85% de la energía al exterior
Existe una preocupación creciente sobre este tema, y también un consenso político, social y económico muy mayoritario en que debemos reducir nuestro grado de dependencia cuanto antes.
Lo que no parece que vaya a ser tan fácil es llegar a un acuerdo en el modo en el que se debe combatir este problema. Porque en función del criterio que se prime para atacar la cuestión, la solución puede ser una u otra muy diferente.
Queremos que la energía sea de calidad, sea autóctona, sea barata, sea eficiente, sea limpia, sea gestionable, esté garantizada, sea respetuosa con el medio ambiente y con los compromisos asumidos por nuestro país en materia de lucha contra el cambio climático. Pero no sabemos como hacer todo ello posible.
En el PSOE, que –muy a mi pesar- es el que tiene la responsabilidad de liderar la solución a este problema, ni siquiera tienen claro que modelo apoyar. Felipe González, Carlos Solchaga, Luis Atienza (Presidente de Red eléctrica Española), Javier Gómez Navarro, Miguel Sebastián (¿Sebastián también? Sí, tambien) defienden el papel de la nuclear. Zapatero, Caldera (Presidente de la Fundación Ideas) y otros, en cambio, se posicionan con beligerancia frente a la continuidad del sector.
Lo cierto es que, como señalan los expertos, la unidad de medida en política energética es el lustro o la década. Y por eso se hace tan necesario tomar decisiones. ¿Que se quiere cerrar una central nuclear? Vale, pero habrá que buscar una solución para que al día siguiente otra fuente de energía supla con garantías los megavatios que dejan de estar disponibles en el sistema. ¿Qué se decide repotenciar con tecnología de cuarta o quinta generación una central nuclear en el mismo emplazamiento donde se localiza la antigua? Perfecto, pero hagámoslo ya. porque entre la burocracia administrativa y la construcción, igual tienen que pasar 10 años.
Para dar con la mejor solución deben analizarse muchas ¡muchísimas! cuestiones: el “Mix” más favorable; el cumplimiento de los compromiso de Kyoto; la obsolescencia y caducidad de la tecnología de las nucleares; el exceso y diversidad de regulación administrativa; la inseguridad política de los países productores; la volatilidad de los precios de las materias primas; el coste o sobrecoste de oportunidad de las primas; el equilibrio entre grandes y pequeños generadores de energía; la solución al déficit tarifario; el combate de los nuevos mercados especulativos unidos a la generación; el respeto a derechos adquiridos, el coste económico de las energía limpias; la desinformación interesada entre productores; el tratamiento y almacenamiento de residuos radioativos; la urgente ampliación de los depósitos de gas; la insuficiente interconexión; los riesgos de los cuellos de botella en la red de transporte; …
Por todo ello constituye un error o una irresponsabilidad, como ustedes quieran, no plantear un consenso en esta materia de forma urgente. Un consenso que debe ir unido a una explicación pública abierta y transparente sobre las ventajas de uno y otro modelo. Y mientras el consenso no llega… así nos va.
Pobre España.
Sábado, 21 de noviembre
Francisco Rubiales
Rufino Soriano Tena
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Vicente Torres
Pedro Fernández Barbadillo
Manuel Molares do Val
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