REVISTA DE PRENSA

04.02.08 | 18:14. Archivado en Sobre el autor

Juan Pablo González, Vocal del CGPJ, escribía en La Razón en su edición del pasado 4 de febrero, un comentado artículo sobre la responsabilidad del nacionalismo vasco -encarnado en el todopoderoso gobierno vasco- en la existencia de Eta.

Al Juez le han llovido todo tipo de críticas (y otras muchas alabanzas) por el artículo, incluso el gobierno vasco ha anunciado públicamente la presentación de una querella. ¡Quien se pica ajos come!

Yo, quede claro, me adhiero a lo dicho muy acertadamente en aquel escrito por este vocal del CGPJ, cuyo texto, por si alguno no lo pudo leer en su día, reproduzco a los efectos oportunos:

“El nacionalismo contra la justicia”

“La preocupante realidad no se hubiera producido sin la connivencia y la tolerancia de un Gobierno vasco cada vez más radicalizado, empeñado en ligar su destino al de una banda terrorista a la que lleva décadas proporcionando cobertura social, política e ideológica

Si se escribiera una historia universal de la sinrazón y del oprobio, debería reservarse uno de sus capítulos al nacionalismo gobernante en el País Vasco, cuyos dirigentes, desde la transición democrática hasta nuestros días, y pese a no haber sido víctimas directas de la extorsión y del terror de ETA, poco han hecho para contribuir a su derrota, oponiéndose a cuantas medidas judiciales se han puesto en marcha desde el Estado de derecho para poner fin a una lacra que sufren con especial intensidad sus adversarios.

Recientemente, el Gobierno vasco reaccionó con virulencia contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el conocido caso «Ekin», llegando a acusar a dicho tribunal de «herir a la democracia», o afirmando que «ha sido dictada por presión política» o de «constituir una herramienta de persecución contra ciudadanos incómodos o disidentes».

En la misma línea, ha dedicado diversos exabruptos y descalificaciones groseras al Tribunal Supremo, al que se ha llegado a identificar con «la extrema derecha y con posiciones antidemocráticas», por haber dictado sentencia condenando al Presidente del Parlamento Vasco Sr. Atutxa por desobedecer a la sala del 61 del mismo Tribunal con su reiterada negativa a disolver el grupo parlamentario de Batasuna.

Semejante soflama contra el poder judicial es buena muestra de la permanente actitud del nacionalismo vasco hacia jueces o magistrados, percibidos como baluarte del Estado y dique de legalidad frente a sus aspiraciones, y de su persistente falta de respeto a las instituciones de un Estado de derecho cuando se trata de manifestar discrepancias.

Dicha actitud tiene innumerables precedentes. Basta recordar ahora las palabras de Xabier Arzalluz invitando a los jueces a abandonar Euskadi, las constantes críticas a la Audiencia Nacional, la campaña del PNV contra las primeras extradiciones de terroristas, la oposición a la ley de cumplimiento integro de las penas y, más recientemente, la feroz campaña de acoso a la que fueron sometidos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por tanto, tampoco puede sorprender que en los últimos días el Presidente Sr. Ibarretxe haya reiterado su rotundo rechazo a la demanda de ilegalización y suspensión de las actividades de ANV y del PCTV.

Pero lo que más llama la atención es la hipocresía y el fariseísmo del que hace gala un Gobierno que conoce perfectamente que los condenados en el caso Ekin son dirigentes de organizaciones pantalla creadas por ETA constituyendo, como bien dice la Audiencia Nacional, «el corazón y las entrañas» de la organización, y que tanto ANV como el PCTV son mero instrumento y brazo político de la misma. Si esto es así, y lo saben, habría que preguntarse por qué se empecinan en convertirse en el mejor abogado de ETA saliendo en defensa de unos dirigentes condenados por pertenencia y colaboración con banda armada, por un tribunal independiente, y en un juicio con todas las garantías legales, o en proteger a unos partidos , -como hizo el Sr. Atutxa-, que actúan como correa de transmisión del entramado terrorista.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo, además de dejar en ridículo a una Fiscalía que pidió la absolución de los acusados, ha evidenciado la relevancia que la acción popular tiene en nuestro sistema penal.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional puso de manifiesto la profunda penetración de ETA en la sociedad vasca a través de todo un entramado de organizaciones instrumentales que actúan de manera disciplinada.

Esta preocupante realidad no se hubiera producido sin la connivencia y la tolerancia de un Gobierno vasco cada vez más radicalizado, empeñado en ligar su destino histórico al de una banda terrorista a la que lleva décadas proporcionando cobertura social, política e ideológica. Dicha situación, que se prolonga desde la transición, más allá de la falsa moderación y de la doble moral conforme a la cual un día condenan los crímenes y al siguiente apoyan a los verdugos, les hace, aunque les pese, responsables en el plano ético y político de sus crímenes.

Este juicio pudiera parecer excesivo a los ojos de una sociedad acostumbrada a minimizar o justificar la actuación de un nacionalismo al que todo se ha permitido con el bienintencionado propósito de facilitar la convivencia y de favorecer el consenso constitucional. Ningún esfuerzo ha sido más baldío. Por eso, que no se rasguen las vestiduras, y tengan el valor de afrontar la crítica del presente y el juicio, posiblemente más severo, que les reserva la historia.

* Vocal del Consejo General del Poder Judicial”