28.01.09 @ 16:03:55. Archivado en Artículos
Afirmar que la economía mundial, la europea y por ende la española afrontan una de las crisis más complejas de cuantas se recuerdan, es expresar un planteamiento compartido por la generalidad de los ciudadanos, gobiernos e instituciones económicas.
Una crisis cuya intensidad y consecuencias sobre el sistema financiero y sobre la propia economía real eran difíciles de prever cuando se produjeron sus primeras manifestaciones en EE.UU, con las llamadas turbulencias financieras del verano del 2007, originadas por las hipotecas subrprime o hipotecas basura. Lo que aconteció en los meses posteriores está en la mente de todos: un auténtico terremoto financiero con epicentro en Wall Stret, al que sucedieron intensas sacudidas a uno y otro lado del Atlántico. España no ha sido ajena a los terribles efectos del seísmo y, en pocos meses hemos pasado de ser líderes en crecimiento del PIB y creación de empleo a experimentar un severo deterioro del mercado de trabajo.
Ante ese complejo e incierto panorama, el Gobierno de España no ha dejado de adoptar e impulsar iniciativas encaminadas a hacer frente al creciente deterioro económico. En total son más de 80 las medidas que componen el Plan Español de Estímulo a la Economía y al Empleo 2008-2010, el Plan E. como lo presentaba días atrás el propio Zapatero, y que persigue tres objetivos. Primero, facilitar liquidez a las entidades financieras para reactivar el mercado de crédito; segundo, impulsar la demanda para dinamizar la economía y reducir el desempleo; y tercero, reducir el coste de la crisis sobre los más vulnerables, que son las familias con especiales dificultades y, en el ámbito empresarial, las PYMES y los autónomos. Las medidas que integran el Plan E. se estructuran en torno a cuatro ejes.
El primero, ayudar a las familias y a las empresas. Durante 2008 se han puesto en sus manos más de 16.500 millones de euros, como consecuencia de la devolución del IRPF de 400 euros, de la reducción del Impuesto de Sociedades y de las ayudas por nuevo nacimiento. A lo que hay que añadir en 2009, la supresión del Impuesto de Patrimonio, que supone un ahorro fiscal de 1800 m.€ y la devolución mensual anticipada del IVA que ascenderá a 6000 m.€. Un conjunto de medidas de estímulo fiscal que en su conjunto sobrepasan los 23.000 m.€, más del 2 % del PIB, y que suponen un aumento de renta y de capacidad económica de familias y empresas. Así mismo, se ha regulado la moratoria del 50 % del pago de la carga hipotecaria durante dos años; el anticipo mensual en el cobro de la deducción por compra de vivienda que inyectará 2000 m.€ en las familias de menor renta que pueden acogerse. Además, a través del Instituto de Crédito Oficial –ICO-, el Gobierno movilizará este año 19.000 millones de euros para que las PYMES financien su capital circulante, dando respuesta a una necesidad acuciante.
El segundo eje supone una inversión pública de 11.000 millones de euros cuya finalidad fundamental es crear más de 300.000 empleos. Se generan dos fondos, el Fondo de Inversión Municipal, dotado con 8000 millones distribuidos entre todos los municipios españoles en atención a su población, del que a nuestra provincia le corresponden 323 millones de euros. Se trata de propiciar inversión directa desde el ámbito municipal en el sector de la obra pública, que tendrá una indudable repercusión económica en las ciudades generando actividad económica y creando empleo; pero que también provocará un notable impacto físico, ya que va a contribuir de forma notoria a la transformación y mejora de la fisonomía de los municipios. Y, el segundo fondo, de Apoyo a Sectores Estratégicos, conllevará 3000 millones de € para financiar la Ley de Dependencia, el sector del automóvil, la construcción de Comisarías y Cuarteles, rehabilitación de vivienda, medio ambiente, investigación, desarrollo e innovación, etc.
El tercero de los ejes está dirigido a apoyar el sistema financiero, según lo acordado por el Eurogrupo en el marco del Plan Europeo de Recuperación. Las medidas adoptadas han comprometido recursos por un total de 250.000 millones de euros. Se ha creado un Fondo de Adquisición de Activos Financieros de máxima calidad a los Bancos y Cajas españoles, al que se destinarán 50.000 millones €. Su finalidad es ofrecerles liquidez y reanimar de ese modo su actividad crediticia hacia empresas y familias. Se trata de una inversión con la máxima garantía que será recuperada íntegramente y que no tendrá ningún coste para los ciudadanos. Y con idéntica finalidad, se ha puesto en marcha el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación de la Entidades Financieras, por valor de 100.000 millones para 2008 y otros 100.000 para 2009.
Y el cuarto de los ejes, conlleva la adopción de medidas de modernización de nuestra economía. El Gobierno quiere acometer un conjunto de reformas en cuatro sectores claves de nuestra economía: servicios, transporte, energía y telecomunicaciones, así como también en el Pacto de Toledo. Porque aunque la política económica española afronta el reto de reducir el impacto de la crisis sobre la actividad económica, es esencial seguir trabajando para lograr un modelo de crecimiento a largo plazo más equilibrado.
Es evidente que con el Plan E el Gobierno pretende minimizar los efectos de la crisis financiera sobre la economía real, comprometiendo para ello cuantiosos recursos públicos dirigidos a afrontar inversiones productivas, capaces de estimular la demanda y de crear empleo. Considero que el Gobierno de Zapatero está haciendo lo que corresponde y lo está haciendo bien. Sin embargo, ante semejante reto colectivo echo en falta la implicación y colaboración activa de la Generalitat Valenciana. No he observado ni una sola iniciativa política de su Presidente, Francisco Camps, que haya estado dirigida a favorecer la coordinación con el Gobierno de España para luchar contra la crisis. No se ha producido ni un solo gesto de Camps requiriendo a los Consellers, a los Presidentes de las Diputaciones y a los alcaldes del PP que se empleen a fondo en la lucha contra la crisis. No ha habido ni un solo movimiento político de Camps arrimando el hombro para que la Comunidad que más destrucción de empleo padece en la construcción, que sufre un mayor número de trabajadores afectados por ERES, que padece una mayor caída del Índice de Producción Industrial, y en definitiva, la Comunidad en la que más crece el paro, dedique sus presupuestos autonómicos y locales a complementar las medidas del Gobierno de España para luchar contra la crisis.
En síntesis y al margen de la lamentable pasividad de Camps y el PP, considero que el Plan E del Gobierno de España, constituye un auténtico Plan Anticrisis y, en suma, representa un esfuerzo extraordinario del que todos esperamos que pronto comience a producir sus frutos.
Carlos González
Secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSPV-PSOE y Diputado por Alicante
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