Reforma Laboral

26.06.10 @ 16:31:49. Archivado en Artículos

Una reforma para el empleo estable
El Congreso de los Diputados convalidó el pasado martes el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Un conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno, tras la ruptura del diálogo entre los agentes sociales, que tienen como fin último contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española; que modifican un modelo laboral –el mismo prácticamente que hace 20 años- que, como acertadamente ha expresado el Presidente Zapatero, “ha devenido en antiguo e ineficaz y genera graves problemas para los trabajadores, para las empresas y para la propia economía”.
Su contenido se dirige a conseguir tres objetivos fundamentales, directamente relacionados con las principales debilidades y problemas manifestados por el marco laboral sustituido.
El primero de los objetivos es reducir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, impulsando la creación de empleo estable y de calidad; una dualidad que, lejos de ser un problema teórico, es una grave anomalía que se manifiesta en el hecho de que cada mes se firman 1,2 millones de contratos de trabajo en España, el 92% de los cuales son temporales; circunstancia que ha provocado la existencia de 15 millones de trabajadores con un amplio grado de garantías y ventajas laborales, los que tienen contratos indefinidos, y cuatro millones (han llegado a ser más de seis) que encadenan contratos temporales, que no tienen estabilidad y cuyo horizonte laboral y personal es, como mínimo, incierto cuando no angustioso.
Para corregirlo, el Real Decreto defendido por el Ministro Corbacho contiene medidas dirigidas a restringir el uso injustificado de las modalidades temporales de contratación; entre las que se puede destacar la limitación temporal máxima de los contratos por obra o servicio determinado, las destinadas a evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales o la penalización de la contratación temporal encareciendo paulatinamente la indemnización por finalización de contratos temporales. Pero sobre todo, introduce notables cambios en la regulación del contrato de fomento de la contratación indefinida, ampliando los colectivos y los supuestos en los que se puede suscribir esta modalidad de contrato y reduciendo las cantidades a abonar por las empresas en caso de extinción, sin que ello afecte a los derechos de los trabajadores que permanecen inalterados, con la indemnización de 33 días. Lo que, sin lugar a dudas, supone un atractivo e incentivo para la contratación indefinida.
El segundo objetivo, viene representado por la necesidad de reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en la empresa; se persigue que durante las situaciones de crisis económica se reduzca el recurso a las extinciones de contratos favoreciendo la adopción negociada de medidas de reducción temporal de jornada. Se introduce la figura de la reducción temporal de jornada, como instrumento para facilitar el ajuste de la empresa a las necesidades cambiantes del mercado, al tiempo que proporciona al trabajador un alto grado de seguridad, ya que con ella se conserva el puesto de trabajo y se mantiene el nivel de ingresos económicos, como consecuencia de la protección dispensada por el sistema de protección por desempleo. En resumen, pretende dejar el despido como última opción facilitando la posibilidad de reducir transitoriamente las horas de trabajo. Es lo que se ha dado en llamar, el modelo alemán.
El tercer objetivo, va en la dirección de aumentar las oportunidades de obtener un empleo de las personas desempleadas, y se concreta en favorecer especialmente el empleo de los jóvenes hasta 30 años y de los mayores de 45 años, con una permanencia prolongada en el desempleo.
Así, hasta finales de 2011, se bonificarán las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las contrataciones indefinidas de personas de entre 16 y 30 años desempleadas durante más de 12 meses y sin escolaridad; para trabajadores de más de 45 años inscritos en el paro 12 meses, y para las empresas que transformen en indefinidos contratos formativos y de relevo. Además se introducen mejoras sustanciales en la regulación de los contratos para la formación que incentivan su utilización por los empresarios, al contemplar una bonificación total de las cotizaciones sociales a la vez que se reconoce la prestación por desempleo a su término, derecho que no existía antes.
En definitiva, los socialistas estamos convencidos de que nos encontramos ante una reforma equilibrada y razonable, que mantiene intactas las condiciones de los contratos ya suscritos, que flexibiliza el mercado de trabajo sin abaratar el despido, sin debilitar la negociación colectiva y que, no supone merma para los derechos de los trabajadores. Una reforma del mercado de trabajo que contribuirá a aumentar la productividad y la competividad de nuestras empresas pero que, tan importante o más, ayudará a evitar la excesiva temporalidad y a la creación de empleo estable.

Carlos González Serna. Diputado por Alicante. Grupo Parlamentario PSOE.
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Pensiones

02.03.10 @ 16:15:32. Archivado en Artículos

Pensiones, ejercicio de responsabilidad

La propuesta formulada por el Gobierno de España sobre el futuro de las pensiones, planteando fijar de forma progresiva un nuevo límite legal de jubilación a los 67 años, dos años más que el tope actual, se trata a mi juicio de un planteamiento serio y sobre todo muy necesario, cuya formulación constituye un ejercicio de responsabilidad política del Presidente Zapatero. Cuyo propósito no es otro que garantizar el sistema público de pensiones para las personas que se jubilen a partir de la próxima década y las siguientes.

No hablamos de las pensiones de hoy. No. Afortunadamente, el actual sistema goza de una salud de hierro, como ha recordado el ministro Corbacho hace unos días. Hablamos de futuro; el objetivo del Gobierno es que continúe igual de saludable en los decenios venideros. No obstante, siendo esto así es normal que muchos ciudadanos se pregunten ¿Por qué ahora?. Si nos alejamos del discurso que quizá sea más fácil articular, analizamos dónde estamos y cuáles son las perspectivas de la población española para las próximas décadas, no es complejo concluir que probablemente éste sea un momento muy propicio. Ahora cuando, pese a la crisis económica, el superávit en 2009 de la Seguridad Social ha sido superior a los 8.000 millones de euros; cuando se cuenta con 62.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva; cuando por cada pensionista hay 2,59 cotizantes a la Seguridad Social; y especialmente ahora cuando todavía no nos apremia el tiempo y podemos ser capaces de decidir con perspectiva siendo plenamente conscientes de que estamos inmersos en una compleja tendencia demográfica que nos llevará a que, en 2050 por cada pensionista haya 1,33 cotizantes, es decir prácticamente la mitad.

Además, la reflexión sobre la oportunidad del momento no puede perder de vista que en 2049 la población mayor de 64 años se habrá duplicado respecto a la actual, siendo el 32% del total, alrededor de 16 millones. Eso es así por razones de natalidad y, sobre todo, por el progresivo aumento de la expectativa de vida. España, tras Japón, es el país del mundo con una mayor longevidad de sus habitantes. En ese periodo de tiempo, hasta 2049, la población entre los 16 y los 64 disminuirá en casi 6 millones de personas y por cada 10 personas en edad de trabajar habrá 9 menores de 18 o mayores de 65 años.

Parece por tanto evidente que la sostenibilidad del sistema estaría entonces gravemente comprometida, lo que exige que se deban abordar medidas cuanto antes para que, sencillamente, el sistema público de pensiones sea sostenible y en ningún momento se perciban riesgos sobre su viabilidad. En consecuencia, lo que planteamos es que es oportuno ponerse a trabajar sin dilación. Es lo que ha hecho el Gobierno y el propio Zapatero al impulsar su propuesta, una alternativa abierta al debate, hecha con la pretensión de escuchar alternativas y sobre todo con ánimo de consenso.

Por ello, considero necesario resaltar que la posición del Gobierno supone un ejercicio de coherencia y de responsabilidad política, pese a los evidentes riesgos de incomprensión e impopularidad que a corto plazo ello pueda suponer. ¿Acaso sería mejor para nuestro país, dejar ese asunto a quien sea presidente del Gobierno en el año 2020 y desentenderse en estos momentos? como dijo recientemente el propio Zapatero. Es una cuestión de honestidad, de compromiso y también de coraje político; Zapatero hoy, como Felipe González en 1995 cuando impulsó el Pacto de Toledo, persigue que las pensiones públicas de los próximas 20 ó 30 años queden amarradas en España desde ahora mismo.

Nuestro sistema de pensiones es uno de los logros más preciados del Estado del Bienestar que hemos construido a lo largo de nuestra Democracia y su reforma es una necesidad inaplazable para garantizar su sostenibilidad futura. El espíritu que mueve al PSOE a proponer cambios importantes no es otro que asegurar que mantenga intacto su vigor, su solidez y la sujeción a los principios de contributividad, universalidad, equidad y solidaridad intergeneracional que lo sustentan y orientan su evolución. Tras la propuesta y tras las legítimas reacciones de cada cual llega el momento del diálogo, la reflexión serena y el consenso político que son los instrumentos de que se valen los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo. En consecuencia, es el momento de que todos, partidos políticos y agentes sociales, hagamos un esfuerzo para mantener un debate sereno y constructivo, que nos permita llegar a acuerdos que sirvan para garantizar que todos y todas podamos mirar hacia el futuro con la certeza de que tenderemos una pensión pública garantizada y suficiente.

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Nuevo Registro Civil

14.01.10 @ 11:07:08. Archivado en Artículos

El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que la modernización del Registro Civil era un compromiso electoral del PSOE y uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para la presente Legislatura. En consonancia con ese planteamiento, el Consejo de Ministros del pasado viernes 8 de enero dio luz verde al anteproyecto de ley que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957.
La norma que ultima el Ministerio de Justicia y que verá la luz en el presente periodo de sesiones, representa un paso decisivo para avanzar hacia el muy necesario objetivo de la modernización de un modelo registral obsoleto que no da respuesta a las necesidades ni de los ciudadanos ni de los profesionales del Derecho; y que, pese a los ímprobos esfuerzos realizados en los últimos años, no permite aplicar las ventajas derivadas del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
La futura Ley creará un registro electrónico único, con una base de datos común para toda España, que permitirá el acceso a toda la información hasta ahora disgregada en los 8100 registros municipales y en los 177 registros integrados en las demarcaciones consulares; algo que será posible merced a la reciente culminación del programa Registro Civil en Línea, que ha permitido informatizar y digitalizar toda la información registral acumulada en más 120.000 libros desde 1950 y que ha supuesto una inversión total de 128 m.€ entre 2006 y 2008.
Con el cambio, se pasará del actual registro de hechos a un auténtico registro civil de personas. Esto es, el eje central será la persona, de modo que cada ciudadano tendrá una ficha personal única en la que se inscribirán los hechos y actos que le afecten a lo largo de su vida (nacimiento, matrimonio, filiación, modificaciones judiciales de la capacidad de las personas, etc.); es decir, se tratará de un registro individual donde constará todo el historial civil desde su nacimiento, frente al sistema vigente organizado en cuatro secciones estancas y fraccionado territorialmente.
En concreto, con la inscripción del nacimiento se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC) correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil; de ese modo los libros tradicionales darán paso a una base de datos electrónica común que garantiza la unidad y seguridad de la información y especialmente la eficacia en la gestión; y que además permite que el ciudadano pueda consultarlo por Internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del registro civil del país. Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales, que podrán solicitarse personalmente o a través de Internet.
Por otra parte, la modernización del Registro Civil conlleva su desjudicialización, pasando a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial. Lo que implica la descarga de los órganos judiciales de una función impropia, de trabajo, permitiendo que éstos puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Otra consecuencia positiva es la reducción de las cargas burocráticas y las comparecencias personales; con el nuevo sistema sólo de forma excepcional será necesario acudir personalmente al Registro Civil y la firma electrónica será el elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil. En esa línea, con la nueva normativa los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro, por lo que ya no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos. Y además los centros sanitarios, los Ayuntamientos o los propios órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los hechos objeto de inscripción registral.
En otro orden de cosas, el cambio legal en marcha propicia el reconocimiento del derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado y que, por ende, los ciudadanos puedan obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas en consonancia con la pluralidad lingüística del Estado. Asimismo se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico.
En definitiva, estamos en la antesala de un nuevo Registro Civil moderno y rápido, que aporta mayores niveles de accesibilidad y eficiencia a las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, sin que se resienta la imprescindible seguridad jurídica; y que está en perfecta sintonía con los objetivos del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero para la transformación del servicio público de Justicia contemplado en el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012.

Carlos González es Diputado del PSOE por Alicante y miembro de la Comisión de Justicia.
http://cgonzalez.info/article/686/un-registro-civil-moderno-y-eficaz