26.06.10 @ 16:31:49. Archivado en Artículos
Una reforma para el empleo estable
El Congreso de los Diputados convalidó el pasado martes el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Un conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno, tras la ruptura del diálogo entre los agentes sociales, que tienen como fin último contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española; que modifican un modelo laboral –el mismo prácticamente que hace 20 años- que, como acertadamente ha expresado el Presidente Zapatero, “ha devenido en antiguo e ineficaz y genera graves problemas para los trabajadores, para las empresas y para la propia economía”.
Su contenido se dirige a conseguir tres objetivos fundamentales, directamente relacionados con las principales debilidades y problemas manifestados por el marco laboral sustituido.
El primero de los objetivos es reducir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, impulsando la creación de empleo estable y de calidad; una dualidad que, lejos de ser un problema teórico, es una grave anomalía que se manifiesta en el hecho de que cada mes se firman 1,2 millones de contratos de trabajo en España, el 92% de los cuales son temporales; circunstancia que ha provocado la existencia de 15 millones de trabajadores con un amplio grado de garantías y ventajas laborales, los que tienen contratos indefinidos, y cuatro millones (han llegado a ser más de seis) que encadenan contratos temporales, que no tienen estabilidad y cuyo horizonte laboral y personal es, como mínimo, incierto cuando no angustioso.
Para corregirlo, el Real Decreto defendido por el Ministro Corbacho contiene medidas dirigidas a restringir el uso injustificado de las modalidades temporales de contratación; entre las que se puede destacar la limitación temporal máxima de los contratos por obra o servicio determinado, las destinadas a evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales o la penalización de la contratación temporal encareciendo paulatinamente la indemnización por finalización de contratos temporales. Pero sobre todo, introduce notables cambios en la regulación del contrato de fomento de la contratación indefinida, ampliando los colectivos y los supuestos en los que se puede suscribir esta modalidad de contrato y reduciendo las cantidades a abonar por las empresas en caso de extinción, sin que ello afecte a los derechos de los trabajadores que permanecen inalterados, con la indemnización de 33 días. Lo que, sin lugar a dudas, supone un atractivo e incentivo para la contratación indefinida.
El segundo objetivo, viene representado por la necesidad de reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en la empresa; se persigue que durante las situaciones de crisis económica se reduzca el recurso a las extinciones de contratos favoreciendo la adopción negociada de medidas de reducción temporal de jornada. Se introduce la figura de la reducción temporal de jornada, como instrumento para facilitar el ajuste de la empresa a las necesidades cambiantes del mercado, al tiempo que proporciona al trabajador un alto grado de seguridad, ya que con ella se conserva el puesto de trabajo y se mantiene el nivel de ingresos económicos, como consecuencia de la protección dispensada por el sistema de protección por desempleo. En resumen, pretende dejar el despido como última opción facilitando la posibilidad de reducir transitoriamente las horas de trabajo. Es lo que se ha dado en llamar, el modelo alemán.
El tercer objetivo, va en la dirección de aumentar las oportunidades de obtener un empleo de las personas desempleadas, y se concreta en favorecer especialmente el empleo de los jóvenes hasta 30 años y de los mayores de 45 años, con una permanencia prolongada en el desempleo.
Así, hasta finales de 2011, se bonificarán las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las contrataciones indefinidas de personas de entre 16 y 30 años desempleadas durante más de 12 meses y sin escolaridad; para trabajadores de más de 45 años inscritos en el paro 12 meses, y para las empresas que transformen en indefinidos contratos formativos y de relevo. Además se introducen mejoras sustanciales en la regulación de los contratos para la formación que incentivan su utilización por los empresarios, al contemplar una bonificación total de las cotizaciones sociales a la vez que se reconoce la prestación por desempleo a su término, derecho que no existía antes.
En definitiva, los socialistas estamos convencidos de que nos encontramos ante una reforma equilibrada y razonable, que mantiene intactas las condiciones de los contratos ya suscritos, que flexibiliza el mercado de trabajo sin abaratar el despido, sin debilitar la negociación colectiva y que, no supone merma para los derechos de los trabajadores. Una reforma del mercado de trabajo que contribuirá a aumentar la productividad y la competividad de nuestras empresas pero que, tan importante o más, ayudará a evitar la excesiva temporalidad y a la creación de empleo estable.
Carlos González Serna. Diputado por Alicante. Grupo Parlamentario PSOE.
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02.03.10 @ 16:15:32. Archivado en Artículos
Pensiones, ejercicio de responsabilidad
La propuesta formulada por el Gobierno de España sobre el futuro de las pensiones, planteando fijar de forma progresiva un nuevo límite legal de jubilación a los 67 años, dos años más que el tope actual, se trata a mi juicio de un planteamiento serio y sobre todo muy necesario, cuya formulación constituye un ejercicio de responsabilidad política del Presidente Zapatero. Cuyo propósito no es otro que garantizar el sistema público de pensiones para las personas que se jubilen a partir de la próxima década y las siguientes.
No hablamos de las pensiones de hoy. No. Afortunadamente, el actual sistema goza de una salud de hierro, como ha recordado el ministro Corbacho hace unos días. Hablamos de futuro; el objetivo del Gobierno es que continúe igual de saludable en los decenios venideros. No obstante, siendo esto así es normal que muchos ciudadanos se pregunten ¿Por qué ahora?. Si nos alejamos del discurso que quizá sea más fácil articular, analizamos dónde estamos y cuáles son las perspectivas de la población española para las próximas décadas, no es complejo concluir que probablemente éste sea un momento muy propicio. Ahora cuando, pese a la crisis económica, el superávit en 2009 de la Seguridad Social ha sido superior a los 8.000 millones de euros; cuando se cuenta con 62.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva; cuando por cada pensionista hay 2,59 cotizantes a la Seguridad Social; y especialmente ahora cuando todavía no nos apremia el tiempo y podemos ser capaces de decidir con perspectiva siendo plenamente conscientes de que estamos inmersos en una compleja tendencia demográfica que nos llevará a que, en 2050 por cada pensionista haya 1,33 cotizantes, es decir prácticamente la mitad.
Además, la reflexión sobre la oportunidad del momento no puede perder de vista que en 2049 la población mayor de 64 años se habrá duplicado respecto a la actual, siendo el 32% del total, alrededor de 16 millones. Eso es así por razones de natalidad y, sobre todo, por el progresivo aumento de la expectativa de vida. España, tras Japón, es el país del mundo con una mayor longevidad de sus habitantes. En ese periodo de tiempo, hasta 2049, la población entre los 16 y los 64 disminuirá en casi 6 millones de personas y por cada 10 personas en edad de trabajar habrá 9 menores de 18 o mayores de 65 años.
Parece por tanto evidente que la sostenibilidad del sistema estaría entonces gravemente comprometida, lo que exige que se deban abordar medidas cuanto antes para que, sencillamente, el sistema público de pensiones sea sostenible y en ningún momento se perciban riesgos sobre su viabilidad. En consecuencia, lo que planteamos es que es oportuno ponerse a trabajar sin dilación. Es lo que ha hecho el Gobierno y el propio Zapatero al impulsar su propuesta, una alternativa abierta al debate, hecha con la pretensión de escuchar alternativas y sobre todo con ánimo de consenso.
Por ello, considero necesario resaltar que la posición del Gobierno supone un ejercicio de coherencia y de responsabilidad política, pese a los evidentes riesgos de incomprensión e impopularidad que a corto plazo ello pueda suponer. ¿Acaso sería mejor para nuestro país, dejar ese asunto a quien sea presidente del Gobierno en el año 2020 y desentenderse en estos momentos? como dijo recientemente el propio Zapatero. Es una cuestión de honestidad, de compromiso y también de coraje político; Zapatero hoy, como Felipe González en 1995 cuando impulsó el Pacto de Toledo, persigue que las pensiones públicas de los próximas 20 ó 30 años queden amarradas en España desde ahora mismo.
Nuestro sistema de pensiones es uno de los logros más preciados del Estado del Bienestar que hemos construido a lo largo de nuestra Democracia y su reforma es una necesidad inaplazable para garantizar su sostenibilidad futura. El espíritu que mueve al PSOE a proponer cambios importantes no es otro que asegurar que mantenga intacto su vigor, su solidez y la sujeción a los principios de contributividad, universalidad, equidad y solidaridad intergeneracional que lo sustentan y orientan su evolución. Tras la propuesta y tras las legítimas reacciones de cada cual llega el momento del diálogo, la reflexión serena y el consenso político que son los instrumentos de que se valen los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo. En consecuencia, es el momento de que todos, partidos políticos y agentes sociales, hagamos un esfuerzo para mantener un debate sereno y constructivo, que nos permita llegar a acuerdos que sirvan para garantizar que todos y todas podamos mirar hacia el futuro con la certeza de que tenderemos una pensión pública garantizada y suficiente.
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14.01.10 @ 11:07:08. Archivado en Artículos
El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que la modernización del Registro Civil era un compromiso electoral del PSOE y uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para la presente Legislatura. En consonancia con ese planteamiento, el Consejo de Ministros del pasado viernes 8 de enero dio luz verde al anteproyecto de ley que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957.
La norma que ultima el Ministerio de Justicia y que verá la luz en el presente periodo de sesiones, representa un paso decisivo para avanzar hacia el muy necesario objetivo de la modernización de un modelo registral obsoleto que no da respuesta a las necesidades ni de los ciudadanos ni de los profesionales del Derecho; y que, pese a los ímprobos esfuerzos realizados en los últimos años, no permite aplicar las ventajas derivadas del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
La futura Ley creará un registro electrónico único, con una base de datos común para toda España, que permitirá el acceso a toda la información hasta ahora disgregada en los 8100 registros municipales y en los 177 registros integrados en las demarcaciones consulares; algo que será posible merced a la reciente culminación del programa Registro Civil en Línea, que ha permitido informatizar y digitalizar toda la información registral acumulada en más 120.000 libros desde 1950 y que ha supuesto una inversión total de 128 m.€ entre 2006 y 2008.
Con el cambio, se pasará del actual registro de hechos a un auténtico registro civil de personas. Esto es, el eje central será la persona, de modo que cada ciudadano tendrá una ficha personal única en la que se inscribirán los hechos y actos que le afecten a lo largo de su vida (nacimiento, matrimonio, filiación, modificaciones judiciales de la capacidad de las personas, etc.); es decir, se tratará de un registro individual donde constará todo el historial civil desde su nacimiento, frente al sistema vigente organizado en cuatro secciones estancas y fraccionado territorialmente.
En concreto, con la inscripción del nacimiento se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC) correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil; de ese modo los libros tradicionales darán paso a una base de datos electrónica común que garantiza la unidad y seguridad de la información y especialmente la eficacia en la gestión; y que además permite que el ciudadano pueda consultarlo por Internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del registro civil del país. Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales, que podrán solicitarse personalmente o a través de Internet.
Por otra parte, la modernización del Registro Civil conlleva su desjudicialización, pasando a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial. Lo que implica la descarga de los órganos judiciales de una función impropia, de trabajo, permitiendo que éstos puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Otra consecuencia positiva es la reducción de las cargas burocráticas y las comparecencias personales; con el nuevo sistema sólo de forma excepcional será necesario acudir personalmente al Registro Civil y la firma electrónica será el elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil. En esa línea, con la nueva normativa los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro, por lo que ya no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos. Y además los centros sanitarios, los Ayuntamientos o los propios órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los hechos objeto de inscripción registral.
En otro orden de cosas, el cambio legal en marcha propicia el reconocimiento del derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado y que, por ende, los ciudadanos puedan obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas en consonancia con la pluralidad lingüística del Estado. Asimismo se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico.
En definitiva, estamos en la antesala de un nuevo Registro Civil moderno y rápido, que aporta mayores niveles de accesibilidad y eficiencia a las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, sin que se resienta la imprescindible seguridad jurídica; y que está en perfecta sintonía con los objetivos del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero para la transformación del servicio público de Justicia contemplado en el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012.
Carlos González es Diputado del PSOE por Alicante y miembro de la Comisión de Justicia.
http://cgonzalez.info/article/686/un-registro-civil-moderno-y-eficaz
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26.11.09 @ 12:19:47. Archivado en Artículos
El socialista se felicita por el fin de la “maniobra antidemocrática” del Partido Popular que ha supuesto el bloqueo de la designación de Leire Pajín como senadora
El diputado socialista Carlos González, ha expresado su “plena y absoluta adhesión” a los planteamientos de la convocatoria de la concentración en el Día Contra la Violencia de Género que realizan el Consell Municipal de la Dona y la Asociación de Mujeres Vecinales, a la vez que expresaba su “consternación” por el hecho de que los casos de maltrato hayan aumentado en las franjas de edad inferior a 30 años.
González, que no podrá estar presente en la Concentración que se llevará a cabo estar tarde en la Plaza de Baix por asistir a la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados, ha manifestado que “tras casi cinco años de vigencia cabe asegurar que la Ley es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la violencia de género, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar la violencia cero”.
En ese sentido, el diputado expresaba su convicción de que la “acabar con esta lacra requiere seguir trabajando con determinación y firmeza en el ámbito de las medidas de protección y de seguridad de las víctimas” pero advertía que a su juicio “la erradicación total de la violencia de género exige intensificar la educación en valores democráticos tanto en el aula como en la propia familia”.
En directa relación con ello, señalaba que “es necesario poner todo el empeño y toda la energía para conseguir el compromiso activo y la implicación de padres, madres y profesorado, para desde la educación, favorecer el cambio de valores en nuestros y nuestras jóvenes”; a lo que añadía que “el reto es que el mensaje que demos a nuestros hijos e hijas es el de la mujer como sujeto de los derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y a la integridad”.
Así mismo, el diputado del PSOE recalcaba la necesidad de que “todas las administraciones públicas mantengan el esfuerzo político y económico en aras a la sensibilización social contra la violencia
González ha resaltado también “la valiosa tarea que desarrollan desde distintos ámbitos multitud de profesionales entregados a la causa de erradicar tanto dolor y tanto sufrimiento y que luchan cada día por acabar con la terrible injusticia y por devolver la libertad y la dignidad a las mujeres víctimas de la violencia de género”.
Además el parlamentario ha destacado “el trabajo serio, riguroso y constante que realiza el Ayuntamiento de Elche en el ámbito de la prevención de los malos tratos y la sensibilización social, asi como, por los medios de protección puestos al servicio de las ilicitanas víctimas de violencia de género”; asi mismo, González ha resaltado también “la gran tarea desarrollada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal e nuestra ciudad”.
SATISFACCION POR EL FIN DEL BLOQUEO DEL PP A LA DESIGNACION DE UN SENADOR SOCIALISTA. En otro orden de cosas, el diputado del PSOE ha expresado su satisfacción por la convocatoria hoy del Pleno de las Cortes Valencianas en el que se designará el senador socialista por la Comunidad Valenciana, que el PP “ha retrasado y bloqueado intencionadamente durante más de seis meses”.
González ha asegurado que el “el PP ha mantenido un comportamiento profundamente antidemocrático, que no sólo constituye una falta de respeto al PSOE, sino que ha sido una vulneración de las reglas del juego y un desprecio a los valencianos”.
Finalmente el diputado socialista ha felicitado a Leire Pajín y ha expresado su convicción de que será “una magnífica representante de los valencianos y valencianas en la Cámara Alta”
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03.04.09 @ 12:57:30. Archivado en Artículos
Como es natural, sigo con suma atención e interés toda la información en torno al desafortunado asunto de las facturas de publicidad del PSOE erróneamente pagadas por el Ayuntamiento de Elche. Y como socialista y ex concejal de hacienda, quisiera expresar mi opinión sobre los hechos y mi visión sobre la influencia del contexto político autonómico en el desarrollo de esta situación.
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http://cgonzalez.info/article/626/una-densa-cortina-de-humo
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01.03.09 @ 16:53:43. Archivado en Artículos
Estoy plenamente convencido de que la aprobación por el Gobierno de España del Real Decreto 100/2009 de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del sector de la fabricación y componentes del calzado a los cambios estructurales en el comercio mundial, es una muy buena noticia para la empresas y los trabajadores del sector y, por tanto, es una muy buena noticia para Elche. Considero que se trata de una valiosa herramienta para paliar los efectos perniciosos, en términos de destrucción de empleo, que el fenómeno de la globalización ha desplegado sobre el calzado y los componentes y que, en nuestra ciudad, se ha dejado sentir con especial dureza e intensidad.
Como posiblemente se recuerde, en octubre de 2007 a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y del Ministro de Industria, Joan Clos, el Gobierno tras un fructífero proceso de diálogo con los interlocutores sociales, adoptó el acuerdo sobre medidas sociolaborales que se dio en llamar Plan de Apoyo al Sector del Calzado. Un Plan que, por cierto, en una muestra de tacto y de cercanía política fue firmado en Elche, ante el alcalde de la ciudad, Alejandro Soler.
El Real Decreto ya por fin en vigor, -tras un preceptivo trámite de aprobación por la Comisión Europea excesiva e incomprensiblemente prolongado en el tiempo-, regula un conjunto de medidas en forma de incentivos, bonificaciones y subvenciones, con las que se pretende alcanzar tres objetivos fundamentales. El primero, evitar la expulsión del mercado de trabajo de más trabajadores del sector; el segundo, hacer un esfuerzo especial para que los trabajadores de mayor edad y aquellos otros que tienen dificultades objetivas para la reinserción laboral, tengan más posibilidades de integrarse de nuevo en el mercado de trabajo; y el tercero, aumentar la protección social de los desempleados del sector que se encuentren en situación de especial necesidad.
Así, el Plan establece medidas dirigidas a favorecer el mantenimiento del empleo en el sector, mediante el impulso de acciones formativas (planes de reciclaje), permisos individuales de formación e incluso poniendo a disposición de las empresas incentivos para el mantenimiento en sus plantillas de los trabajadores mayores de 55 años, en forma de bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social.
Asimismo, contempla otro grupo de medidas para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que ya han salido del sector, mediante incentivos consistentes también en la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social, con cuantías que mejoran las contempladas en el Programa de Fomento del Empleo en vigor (Ley 43/2006 de 29 de diciembre); y que varían según los colectivos destinatarios y sus características específicas, con el fin de favorecer la empleabilidad de quienes tienen mayores dificultades objetivas para encontrar un puesto de trabajo.
Además, los trabajadores y trabajadoras excedentes del sector, tienen la posibilidad de beneficiarse de subvenciones por participar en acciones de orientación para la búsqueda de empleo, por la participación en acciones de reciclaje profesional y de otras dirigidas a facilitar la movilidad geográfica.
Junto a ello, el Plan del Calzado establece subvenciones especiales para facilitar la inserción laboral de los trabajadores de 52 o más años y de los trabajadores de 55 o más años, atendiendo a la problemática específica de cada uno de los colectivos. A su vez, contempla un régimen especial de ayudas para la aquellos desempleados del sector que opten por establecerse como trabajadores autónomos, mejorando en este supuesto el sistema general de ayudas previsto para la promoción del empleo autónomo, en un 10% para los menores de 55 año y en un 15 % para los mayores de esa edad. Prevé, también, subvenciones especiales –hasta 3000 euros anuales- para los trabajadores mayores de 55 años que acumulen una dilatada antigüedad en el sector, una vez hayan agotado una prestación contributiva por desempleo de 24 meses de duración y persista la situación de desempleo.
Medidas todas ellas de naturaleza sociolaboral que, están directamente relacionadas con el paquete de iniciativas de contenido industrial y financiero, que ya se vienen aplicando desde la firma del Plan en octubre de 2007 y que están dirigidas a apoyar a las empresas; entre las que destacan, el impulso a la competitividad de sectores tradicionales mediante el apoyo I+D; la línea ICO-mejora de la competitividad del sector manufacturero; el programa de reindustrialización en zonas afectadas por procesos de deslocalización; las acciones de promoción del mercado interior para valorizar nuestras marcas ante el consumidor final; el apoyo a la promoción del mercados exterior a través del ICEX y los incentivos fiscales a las empresas para la elaboración de los muestrarios.
A mi juicio, se trata de un plan que es producto de un amplio acuerdo social, que lleva aparejada financiación suficiente, que llega en un momento muy adecuado y, especialmente, que atiende a las necesidades de las empresas y también a las de los trabajadores y trabajadoras. Pero además, y más importante todavía, el Plan de Apoyo al Calzado significa que el Gobierno considera que es un sector al que merece la pena apoyar, que tiene futuro, que es viable y que puede y debe seguir creando empleo y riqueza. Un plan que, en definitiva, concreta el compromiso firme del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el calzado.
Carlos González
Secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSPV-PSOE y Diputado por Alicante
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30.01.09 @ 15:44:14. Archivado en Notas de prensa
González considera que recortar el gasto público y el gasto social va en “dirección contraria” a las medidas adoptadas por las grandes economías del mundo.
El diputado socialista, Carlos González, ha valorado las conclusiones de la convención económica que el Partido Popular celebra en Alicante asegurando que las recetas económicas planteadas “evidencian que el PP no es capaz de plantear propuestas serias y rigurosas para ayudar a que el país salga de la crisis”, ya que, a su juicio, recortar gasto público productivo y gasto social “supone ir en dirección contraria a lo que están haciendo EE.UU y la propia Unión Europea y refugiarse en las viejas recetas fracasadas de la derecha”
Según el responsable de Economía de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE, “los recortes que plantea Mariano Rajoy conllevarían más paro y más tiempo para salir de la crisis”. De ese modo, no cabe la menor duda que "la crisis la pagarían los de siempre, es decir, los trabajadores, las PYMES, los autónomos, y también los ciudadanos con menores rentas”
González recordaba que los planteamientos del PP “han sido desechados incluso por los gobiernos conservadores de la Unión Europea que asumen que la salida de la crisis exige una acción coordinada de los gobiernos dirigida a reactivar la demanda, mediante un gran esfuerzo presupuestario público”.
En ese sentido el diputado ponía de manifiesto que el Consejo Europeo, en su reunión de 12 de diciembre, aprobó el Plan Europeo de Recuperación, que contiene un paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis, que representa un esfuerzo presupuestario de 200.000 m.€, un 1,5 % del PIB de la UE, “algo que el PP parece no saber”. “ Y a esas recomendaciones –aseguraba - responden las 80 medidas del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo impulsado por el Gobierno de Zapatero”.
REBAJA DE IMPUESTOS Y FUERTE INVERSIÓN PÚBLICA. En relación con ello González ha destacado que “El Gobierno de España ha aprobado una considerable rebaja fiscal para 2008 y 2009 que supone una inyección de liquidez de 20.000 m.€ a las empresas y a las familias”, por la vía de la reducción del impuesto de sociedades, del impuesto de patrimonio, la deducción de 400 euros a los contribuyentes, el adelanto de las devoluciones del IVA y los 2500 euros por nuevos nacimientos. Y ha recordado que el de Zapatero “ha sido el primer gobierno de la democracia que ha reducido el impuesto de sociedades”.
Además, el diputado socialista ha cifrado en 33.000 m.€ la inversión productiva durante 2009, aproximadamente el 3,3 del PIB, “producto de la inversión de 22.000 m€ en infraestructuras y medio ambiente contemplada en los Presupuestos Generales del Estado y de la inversión de 11.000 m.€ del Fondo de Inversión Local y del Fondo de Apoyo a Sectores Estratégicos, contemplados ambos en el Plan E”.
Finalmente, González ha criticado “el mensaje catastrofista y apocalíptico de Mariano Rajoy” que sólo sirve para “deteriorar más la confianza” y ha exigido al Partido Popular que “haga una reflexión serena sobre su actitud” porque los españoles esperan de la oposición que también “arrime el hombro” para salir de la crisis.
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28.01.09 @ 16:03:55. Archivado en Artículos
Afirmar que la economía mundial, la europea y por ende la española afrontan una de las crisis más complejas de cuantas se recuerdan, es expresar un planteamiento compartido por la generalidad de los ciudadanos, gobiernos e instituciones económicas.
Una crisis cuya intensidad y consecuencias sobre el sistema financiero y sobre la propia economía real eran difíciles de prever cuando se produjeron sus primeras manifestaciones en EE.UU, con las llamadas turbulencias financieras del verano del 2007, originadas por las hipotecas subrprime o hipotecas basura. Lo que aconteció en los meses posteriores está en la mente de todos: un auténtico terremoto financiero con epicentro en Wall Stret, al que sucedieron intensas sacudidas a uno y otro lado del Atlántico. España no ha sido ajena a los terribles efectos del seísmo y, en pocos meses hemos pasado de ser líderes en crecimiento del PIB y creación de empleo a experimentar un severo deterioro del mercado de trabajo.
Ante ese complejo e incierto panorama, el Gobierno de España no ha dejado de adoptar e impulsar iniciativas encaminadas a hacer frente al creciente deterioro económico. En total son más de 80 las medidas que componen el Plan Español de Estímulo a la Economía y al Empleo 2008-2010, el Plan E. como lo presentaba días atrás el propio Zapatero, y que persigue tres objetivos. Primero, facilitar liquidez a las entidades financieras para reactivar el mercado de crédito; segundo, impulsar la demanda para dinamizar la economía y reducir el desempleo; y tercero, reducir el coste de la crisis sobre los más vulnerables, que son las familias con especiales dificultades y, en el ámbito empresarial, las PYMES y los autónomos. Las medidas que integran el Plan E. se estructuran en torno a cuatro ejes.
El primero, ayudar a las familias y a las empresas. Durante 2008 se han puesto en sus manos más de 16.500 millones de euros, como consecuencia de la devolución del IRPF de 400 euros, de la reducción del Impuesto de Sociedades y de las ayudas por nuevo nacimiento. A lo que hay que añadir en 2009, la supresión del Impuesto de Patrimonio, que supone un ahorro fiscal de 1800 m.€ y la devolución mensual anticipada del IVA que ascenderá a 6000 m.€. Un conjunto de medidas de estímulo fiscal que en su conjunto sobrepasan los 23.000 m.€, más del 2 % del PIB, y que suponen un aumento de renta y de capacidad económica de familias y empresas. Así mismo, se ha regulado la moratoria del 50 % del pago de la carga hipotecaria durante dos años; el anticipo mensual en el cobro de la deducción por compra de vivienda que inyectará 2000 m.€ en las familias de menor renta que pueden acogerse. Además, a través del Instituto de Crédito Oficial –ICO-, el Gobierno movilizará este año 19.000 millones de euros para que las PYMES financien su capital circulante, dando respuesta a una necesidad acuciante.
El segundo eje supone una inversión pública de 11.000 millones de euros cuya finalidad fundamental es crear más de 300.000 empleos. Se generan dos fondos, el Fondo de Inversión Municipal, dotado con 8000 millones distribuidos entre todos los municipios españoles en atención a su población, del que a nuestra provincia le corresponden 323 millones de euros. Se trata de propiciar inversión directa desde el ámbito municipal en el sector de la obra pública, que tendrá una indudable repercusión económica en las ciudades generando actividad económica y creando empleo; pero que también provocará un notable impacto físico, ya que va a contribuir de forma notoria a la transformación y mejora de la fisonomía de los municipios. Y, el segundo fondo, de Apoyo a Sectores Estratégicos, conllevará 3000 millones de € para financiar la Ley de Dependencia, el sector del automóvil, la construcción de Comisarías y Cuarteles, rehabilitación de vivienda, medio ambiente, investigación, desarrollo e innovación, etc.
El tercero de los ejes está dirigido a apoyar el sistema financiero, según lo acordado por el Eurogrupo en el marco del Plan Europeo de Recuperación. Las medidas adoptadas han comprometido recursos por un total de 250.000 millones de euros. Se ha creado un Fondo de Adquisición de Activos Financieros de máxima calidad a los Bancos y Cajas españoles, al que se destinarán 50.000 millones €. Su finalidad es ofrecerles liquidez y reanimar de ese modo su actividad crediticia hacia empresas y familias. Se trata de una inversión con la máxima garantía que será recuperada íntegramente y que no tendrá ningún coste para los ciudadanos. Y con idéntica finalidad, se ha puesto en marcha el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación de la Entidades Financieras, por valor de 100.000 millones para 2008 y otros 100.000 para 2009.
Y el cuarto de los ejes, conlleva la adopción de medidas de modernización de nuestra economía. El Gobierno quiere acometer un conjunto de reformas en cuatro sectores claves de nuestra economía: servicios, transporte, energía y telecomunicaciones, así como también en el Pacto de Toledo. Porque aunque la política económica española afronta el reto de reducir el impacto de la crisis sobre la actividad económica, es esencial seguir trabajando para lograr un modelo de crecimiento a largo plazo más equilibrado.
Es evidente que con el Plan E el Gobierno pretende minimizar los efectos de la crisis financiera sobre la economía real, comprometiendo para ello cuantiosos recursos públicos dirigidos a afrontar inversiones productivas, capaces de estimular la demanda y de crear empleo. Considero que el Gobierno de Zapatero está haciendo lo que corresponde y lo está haciendo bien. Sin embargo, ante semejante reto colectivo echo en falta la implicación y colaboración activa de la Generalitat Valenciana. No he observado ni una sola iniciativa política de su Presidente, Francisco Camps, que haya estado dirigida a favorecer la coordinación con el Gobierno de España para luchar contra la crisis. No se ha producido ni un solo gesto de Camps requiriendo a los Consellers, a los Presidentes de las Diputaciones y a los alcaldes del PP que se empleen a fondo en la lucha contra la crisis. No ha habido ni un solo movimiento político de Camps arrimando el hombro para que la Comunidad que más destrucción de empleo padece en la construcción, que sufre un mayor número de trabajadores afectados por ERES, que padece una mayor caída del Índice de Producción Industrial, y en definitiva, la Comunidad en la que más crece el paro, dedique sus presupuestos autonómicos y locales a complementar las medidas del Gobierno de España para luchar contra la crisis.
En síntesis y al margen de la lamentable pasividad de Camps y el PP, considero que el Plan E del Gobierno de España, constituye un auténtico Plan Anticrisis y, en suma, representa un esfuerzo extraordinario del que todos esperamos que pronto comience a producir sus frutos.
Carlos González
Secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSPV-PSOE y Diputado por Alicante
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17.07.08 @ 17:47:59. Archivado en Artículos
El PSOE asegura que el nuevo gobierno de Denia está viciado de “ilegitimidad política” y huele “intensamente a podrido"http://carlosgonzalez.es
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08.12.07 @ 20:00:53. Archivado en Notas de prensa
González recuerda a Astarloa que en los años de gobierno del PP las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Alicante se situaron en el 65% y se perdieron 500 agentes
El diputado nacional del PSPV en el Congreso, Carlos González, le aconseja al que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP que haga ejercicios de memoria porque fue él mismo quien decía “quién quiera seguridad que se la pague”.
González asegura que en sólo cuatro años se han creado más de 40.000 nuevas plazas de Oferta Pública de Empleo y se han incorporado más de 17.000 agentes más en las calles
3.12.07.- El diputado nacional del PSPV-PSOE, Carlos González, le ha recordado al que fuera Secretario de Estado de Seguridad con el PP, Ignacio Astarloa, que fue el Partido Popular quien abandonó las políticas de seguridad y provocó “un intenso adelgazamiento de las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la provincia de Alicante” que se situaron “en el 65% y se perdieron más de 500 agentes en sus años de gobierno”. González contesta así a las declaraciones de Astarloa esta mañana en Alicante en las que asegura que la seguridad ha sido un fracaso del gobierno de Zapatero.
González le ha pedido a Astarloa que haga “ejercicios de memoria” porque su política de seguridad ciudadana estuvo inspirada en la máxima “quien quiera seguridad, que se la pague” que tantas veces pronunció como Secretario de Estado de Seguridad con el gobierno del PP.
Con los gobiernos de Aznar y Rajoy, según el diputado socialista, se produjo “ un notable deterioro de la seguridad ciudadana, ya que la criminalidad se disparó” y aumentaron los delitos más violentos. “En materia de muertes violentas como homicidios y asesinatos, se pasó de 813 en 1995 a 1366 en 2003, un 68% más. Nunca hubo tantos asesinatos como en los años de gobierno popular”.
Y también ocurrío en la provincia de Alicante “donde por ejemplo en Torrevieja entre 2000 y 2004 los homicidios y asesinatos fueron 61, en Orihuela 46 y en Alicante 75, cifras que ahora han caído considerablemente como cosecuencia de la inversión en seguridad”.
Carlos González ha indicado además que durante los años de Aznar y Rajoy aumentó la criminalidad organizada “y fue el gobierno del PP el que se negó a admitir la presencia del crimen organizado y a adoptar medidas específicas”.
Para González, las palabras de Astarloa “caen por su propio peso” porque ante las palabras sólo valen los hechos. “En sólo cuatro años, se han creado más de 40.000 nuevas plazas de Oferta Pública de Empleo y se han producido incorporaciones efectivas: más de 17.000 agentes más en las calles, de 119.245 en 2004 a 136.309 hoy”.
Además, ha dejado claro que en estos cuatro años de gobierno socialista “se han incorporado más de 1000 agentes a la provincia de Alicante” y los delitos y las faltas “han caído más de un 10%”
Por último González, ha exigido al PP que si quiere hacer campaña “que no engañe a los ciudadanos con alarmismo y palabras huecas de contenido”. “Fue el propio Astarloa el artífice de que el PP en lugar de barrer a los delincuentes de las calles, como dijo Aznar,en realidad “barriera a los policías de las calles”.
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11.09.07 @ 16:09:39. Archivado en Artículos
Puedes acceder al artículo de opinión titulado: No empieza bien el curso académico 2007-2008 en la Comunidad Valenciana, en la web http://carlosgonzalez.es
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Carlos González
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