Definición que supone, pues, la remisión a las características que para la personalidad legal regula el meritado artículo 30 del Código Civil, que recoge el sistema de viabilidad legal o plazo de vida para reconocer personalidad al nacido, en contraposición con otras legislaciones nacionales que se decantan por la llamada viabilidad propia (grado de madurez fetal) o viabilidad impropia (aptitud del feto para seguir viviendo por ausencia de vicios internos). [vide Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de septiembre de 1996 (RJ 1997/1846)].

*3.- Las personas obligadas a realizar tal declaración —en virtud de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley del Registro Civil— son aquéllas que están también obligadas a declarar el nacimiento, es decir, el padre, la madre, el pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de verificarse, el jefe del establecimiento o el cabeza de familia de la casa en que el nacimiento haya tenido lugar y la persona que haya recogido al recién nacido abandonado, así como el médico, comadrona o ayudante técnico sanitario que asista al nacimiento.

*4.- En cuanto a la información que ha de suministrarse, el artículo 173 del Reglamento del Registro Civil prevé al efecto que: “La declaración y parte expresarán el aborto o, en su caso, el alumbramiento y muerte; contendrán, en cuanto sea posible, las circunstancias exigidas para la inscripción de nacimiento y defunción y, particularmente, el tiempo aproximado de vida fetal y si la muerte de la criatura se produjo antes, al tiempo o después del alumbramiento, indicando en este último caso, con toda exactitud, las horas del alumbramiento y muerte”.

Se ha comentado que la existencia del Legajo de Abortos se explica por razones sanitarias y estadísticas, aunque sin duda su principal efecto jurídico es que la incorporación en el citado Legajo de Abortos resulta presupuesto previo para que se expida licencia de sepultura, ex. artículo 174 del Reglamento del Registro Civil.

Como hemos tenido ocasión de comprobar, el artículo 45 de la Ley del Registro Civil no fija un plazo taxativo para la inscripción de la criatura humana abortiva, sino que lo determina por estimación, esto es, a partir de los 180 días de vida fetal, aproximadamente. Por lo tanto, una de la conclusiones principales que se obtiene del referido plazo aproximativo, no es sólo la lógica indeterminación del mismo, sino que incluso “de lege data” pueden existir supuestos de interrupciones voluntarias del embarazo que por las circunstancias específicas del caso, no accedan al Legajo de Abortos; no digamos ya “de lege ferenda”, según la legislación que en materia de aborto se está 2gestando2 en la actualidad en España.

*5.- Así pues, en España, contamos con una legislación decimonónica (la de nuestro artículo 30 del Código Civil) y una registral de 1957 [3], a nuestro juicio obsoletas y en clara discordancia con la Convención de los Derechos del Niño, hecha por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el día 30 de noviembre de 1990, que en su artículo 7 recoge textualmente que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre.

*6.- En este sentido, con acierto y en aras a dicha armonización, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil [2], ya que el actual artículo 40 de la citada Ley sólo prevé la inscripción en el Registro Civil de los nacimientos en que concurran las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil. La Exposición de Motivos de dicha Proposición de Ley es claramente reveladora del estado y alcance de nuestra legislación registral sobre la materia y de los propósitos de esta pretendida reforma legislativa, al establecer lo siguiente: “…Cuando no se dan estas condiciones, ya sea por defunción prenatal, perinatal o antes de las veinticuatro horas de vida, no existe la posibilidad de inscripción en el Registro Civil, remitiéndose el archivo de la declaración y parte de alumbramiento de criaturas abortivas al legajo de abortos, a los efectos de expedir la licencia de inhumación.

No se puede proceder a su inscripción en el Registro Civil como tal, incluso se impide atribuir un nombre a esa persona que ha nacido y ha fallecido o que ha nacido ya muerta, teniendo que referirse a ellas con sobrenombres impuestos de hembra, varón o difunto. Con esta proposición de Ley se pretende posibilitar, en estos supuestos, la inscripción en el Registro Civil a los meros efectos de reflejar la filiación y poder otorgar un nombre, pero sin los efectos jurídicos que se otorgan al feto nacido en el que concurren las condiciones del Artículo 30 del Código Civil. El objetivo de esta Ley no es otro que humanizar nuestro ordenamiento jurídico, sin que por ello se pretenda conceder efectos jurídicos a hechos que no lo producen”.

Sin duda alguna, la referida Proposición de Ley tenía intenciones muy loables, como son la posibilidad de inscripción registral del nombre y filiación de la persona que ha nacido y fallecido, o bien, que ya hubiere nacido muerta, aunque no se le reconociere propiamente la personalidad legal de la misma.

Sin embargo, esta Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha sido objeto de enmienda de totalidad y de devolución por el Congreso de los Diputados. Éste resultado no es de extrañar, si se tiene en cuenta las preferencias del legislador actual sobre la materia, a saber, la conocida reforma legislativa como “Ley de plazos” en materia del aborto, sobre cuyo debate, – una también conocida Ministra de Igualdad – ha sostenido en medios de comunicación que el “nasciturus” no pertenece al género humano.

No es éste el momento, de ofrecer el gran abanico de críticas a dicha reforma legislativa abortiva, al no ser el objeto del presente comentario, aunque sí que podemos decir que con estas pretensiones, cómo el actual Gobierno y el Grupo Parlamentario que lo sustenta iba a refrendar una reforma legislativa como la pretendida por la Proposición de Ley citada, cuyo objeto, era humanizar nuestro Ordenamiento Jurídico para que se inscribiera en el Registro Civil el nombre y la filiación de quien no haya nacido con los requisitos del artículo 30 del Código Civil.

*7.- Al hilo de lo anterior, no podemos por menos que no compartir la argumentación jurídica que el representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados realizó en su enmienda a la totalidad de devolución, al afirmar la incogruencia de la Proposición de Ley, cuando pretende otorgar efectos jurídicos (nombre y filiación) a quien no cumple con las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil, puesto que se hace salvedad de la obtención de la personalidad legal en la propia Proposición de Ley. Aunque sí comprendemos que su postura viene dada por la negación absoluta del concepto de persona humana al concebido y no nacido, así como por la eliminación de cualquier atisbo de reconocimiento explícito de derechos personalísimos (tales como nombre y filiación) a quien no reúna las condiciones de viabilidad legal del artículo 30 del Código Civil, actuación por otro lado en consonancia con la postura sobre interrupción del embarazo sostenida por el Gobierno actual y el Grupo Parlamentario que lo sustenta.

En conclusión —sin dejar de prestar reconocimiento a las medidas legislativas francesas antes apuntadas ya que en virtud de las mismas, al menos, se rebajaba a 16 semanas el plazo para la inscripción del feto en el Registro Civil— consideramos que una reforma legislativa como la propuesta aquí en España hubiera venido a fortalecer igualmente dicha dignidad. Sin embargo, la misma no ha sido objeto de atención por los motivos de política legislativa ya apuntados.
Es decir, en el marco de la legislación de países de nuestro entorno de la Unión Europea como Francia, con su conocida visión laicista de la sociedad civil, se están adoptando reformas legislativas (éstas sí, verdaderamente progresistas) tendentes al reconocimiento de derechos del niño sin vida, los cuales continúan sistemáticamente negándose en nuestro país.