El blog de Carlos Blanco

Argumentos en contra de la desigualdad

27.02.17 | 17:05. Archivado en Sobre Carlos Blanco

(Artículo publicado en la revista Razón y fe 1420 (2017), 143-157)

La lacra de la desigualdad desmesurada flagela nuestro mundo. Si en 1960, el 20% de los ciudadanos más ricos de la Tierra poseía un ingreso medio anual treinta y una veces superior al 20% de los habitantes más pobres, en 1999 la cifra se había multiplicado por prácticamente tres. En lo que concierne al patrimonio total, según datos de la ONG Oxfam (que se basa en la información suministrada por Credit Suisse), en el 2016 se calcula que el 1% de las mayores fortunas del planeta copa casi el 50% de la riqueza neta global.

Asistimos a una escandalosa ostentación de la riqueza. El espíritu puritano, de raigambre calvinista, ha cedido el testigo a una exhibición continua del poder, el dinero y el lujo que no sólo supone una clara injusticia en un mundo aguijoneado por la desigualdad, el sufrimiento y el hambre, sino que representa un peligro mucho más sutil y lacerante: el de provocar que sean estas figuras, y no las personalidades reconocidas por sus aportaciones intelectuales, por su solidaridad, por su contribución al bien de la raza humana, las que conciten la admiración de las nuevas generaciones.

1. Poder, mérito y justicia

La posesión de riqueza entraña la detentación de un poder inmenso sobre las voluntades ajenas, quizás de dimensiones no tan despóticas y colosales como las que puede adquirir el poder político, pero desde luego de una magnitud a veces exorbitada, y por ende no menospreciable. Por ello, no debe concebirse como un premio neutro al talento y al esfuerzo desplegados por el individuo, sino como una retribución investida de unas propiedades tan inusitadas que instan a una regulación no menos singular, obsecuente de los ideales de justicia y humanismo que abrigue una época concreta. Se trata, ciertamente, de un equilibrio enormemente complicado y difuso, que suspira por conciliar el incentivo a crear riqueza con la protección de la sociedad -sobre todo de las capas más vulnerables- ante la tiranía potencial intrínseca a toda acumulación exagerada de poder.

Es evidente que la medición del esfuerzo no es fácil –aunque tampoco es imposible, sobre todo a la luz de la ciencia actual-, por lo que fiarla a la oferta y a la demanda se revela como el mecanismo más parsimonioso desde el punto de vista cognitivo. Sin embargo, la injusticia de observar cómo individuos cuyo esfuerzo y mérito son cuestionables perciben cantidades ofensivamente superiores a las de otros nos obliga a introducir criterios que mitiguen este fallo del conocimiento y de la organización económica. ¿Qué es más difícil, asistir a un consejo de administración, trasplantar un órgano, calcular el valor de una función de onda, interpretar a Hamlet…? ¿No es injusto que una persona, por el simple hecho de haber nacido en un entorno poco favorecido, por disponer de menores aptitudes para el estudio o por haber sido rehén de la mala suerte haya de barrer las calles? La tecnología nos brinda la esperanza de que las máquinas puedan realizar este tipo de tareas, pero por el momento es imperioso atenuar la injusticia congénita al sistema, al menos mediante la mejora de las condiciones laborales, de las prestaciones sociales, del acceso a las oportunidades educativas…

En muchos casos, la herencia, con la consecuente injusticia de recibir algo sin atesorar mérito alguno en su obtención, no sólo propaga, sino que aumenta el nivel de desigualdad y de concentración de la riqueza en el seno de una sociedad, como han puesto de relieve las investigaciones del economista francés Thomas Piketty .

El problema del rentismo es más serio de lo que se pensaba hasta hace poco. Quizás como reacción contra la visión apocalíptica de Marx, que abocaba el capitalismo a fomentar una exacerbada concentración de la riqueza cuyos inmorales efectos terminarían por liquidar el sistema y abrirían las puertas al socialismo, otros estudiosos, como el bielorruso Simon Kuznets, concluyeron que el crecimiento económico bastaría para paliar la desigualdad inherente al proceso de desarrollo capitalista. Así, según la famosa “curva de Kuznets”, lo que contemplaríamos sería un incremento inicial de la desigualdad, vinculado a los estados primigenios de la expansión económica de un determinado país, pues esta situación exige acometer grandes inversiones para propiciar la transformación de una economía agraria en una industrial. Pero conforme el crecimiento lograra afianzarse, las desigualdades se reducirían automáticamente, lo que conduciría a una cierta equiparación en la esfera de las rentas.

Piketty aporta datos en los que rebate la tesis de Kuznets. Se muestra mucho menos optimista sobre esas virtualidades intrínsecas al capitalismo que le permitirían armonizar, feliz y mágicamente, crecimiento e igualdad de renta. Con independencia del juicio que nos suscite su lectura de unos datos cuidadosamente acumulados a lo largo de las últimas décadas, en un trabajo de acopio encomiable, el economista francés nos advierte sobre el peligro de que elementos como la herencia, el usufructo de las rentas y el desacoplamiento entre mérito y remuneración se consoliden y emponzoñen el sistema democrático, despojado ahora de su entraña meritocrática, la única racionalmente legítima para justificar las diferencias de estatus social entre los hombres.

Algunas cifras son verdaderamente alarmantes. Así, constatamos que las cuatrocientas rentas más elevadas de Estados Unidos pagaban de media una tasa impositiva del 29% en 1992, mientras que en 2010 estos gravámenes se habían reducido al 21%. Desde los años ’70, la mediana de los estadounidenses ha visto cómo se estancaba su riqueza neta, lo que sugiere que gran parte de la prosperidad creada ha lucrado a un porcentaje mínimo de la población.

Está claro que existen problemas de índole política, no sólo económica, pues es difícil demostrar que el crecimiento económico norteamericano se habría ralentizado si las rentas más altas hubiesen estado sujetas al mismo tipo impositivo que en los años ’90. Es el poder de influencia que otorga el dinero el responsable de estas ventajas escandalosas y económicamente ineficientes, porque la experiencia señala que en sociedades más cohesionadas y equitativas incluso los ricos, aunque tengan que renunciar a parte de sus ganancias presentes, acaban por vivir mejor y se benefician de mayores oportunidades, como un mayor número de consumidores potenciales a quienes vender sus productos, superiores niveles educativos para la mayoría de la población y mayores niveles de seguridad y menores cotas de violencia. Por supuesto, en el extremo de cohesión y equidad tendríamos sociedades rígidas e inmovilistas, donde el afán igualitario ahoga los impulsos creadores del individuo y condena la economía a la más flagrante ineficiencia, pero es evidente que, en el espectro comprendido entre los polos de la igualdad absoluta y la libertad absoluta, caben posiciones intermedias razonables.

Es cierto que la reducción de los precios de innumerables productos (billetes de avión, teléfonos móviles…) ha propiciado un mayor acceso a estos bienes y servicios para sectores mucho más numerosos. Semejantes avances, sin duda propiciados por el libre mercado y el desarrollo tecnológico, son espectaculares, y han de despertar la máxima admiración en toda persona que verdaderamente busque el progreso de la humanidad en las sendas de la justicia, la libertad y el conocimiento. Lo que antes constituía un privilegio de los más acaudalados se convierte ahora en un bien o en un servicio al alcance de la mayoría de la población. Este potencial del mercado de la tecnología es insoslayable y representa, junto con el conocimiento y las instituciones, la mejor herramienta que posee el hombre para jalonar niveles más elevados de bienestar e igualdad.

Sin embargo, refugiarse en el argumento libertario de que la disminución de los precios creará abundancia práctica choca con evidencias empíricas insoslayables , pues es innegable que muchas desigualdades se han perpetuado e incluso incrementado, como indican las estadísticas cuidadosamente reunidas por autores como Piketty y Saez.

El abaratamiento de los precios, que en ocasiones llega al virtuoso extremo de generar un coste marginal nulo (de manera que producir una unidad adicional de determinados productos no presenta costes marginales, principalmente en el ámbito digital y del Internet de las cosas) , puede traducirse, efectivamente, en una mayor riqueza colectiva, porque más personas logran acceder a tales bienes y servicios, pero no hay una conexión lógica apodíctica entre este fenómeno y la reducción de la desigualdad.

De hecho, si pensamos en los ingentes beneficios acaparados por quien ostente la patente de cualquiera de las tecnologías que ahora emplean cantidades inimaginables de personas, es incuestionable que, aunque en el cómputo global todos ganen, uno seguirá ganando bastante más que el resto. Habrá quien lo considere justo e incluso positivo, pero el peligro de que gigantescas plutocracias absorban más y más poder se cierne como una amenaza apremiante sobre el buen funcionamiento de un sistema democrático. La tecnología puede entonces exacerbar las desigualdades y provocar externalidades negativas que afecten a toda la humanidad (el cambio climático nos ofrece un ejemplo aciago de este riesgo).

Las brillantes oportunidades que nos abre este mundo de asombrosos avances tecnológicos nos obligan también a reflexionar sobre la sociedad que anhelamos y sobre el tipo de vida al que aspiramos. Quizás haya llegado el momento de proponer un nuevo contrato social que contribuya a distribuir, de la forma más equitativa y al unísono eficiente posible, la vasta y esperanzadora cornucopia de bienes y servicios a la que nos encamina el progreso científico. Por sí sola, la exuberancia productiva no eliminará las clases sociales y muchas de las desazonadoras distinciones que de ellas derivan, pero sí coadyuvará a hacerlas cada vez más irrelevantes, de modo que el origen no determine el resultado, ni la extracción social adquiera la injusta importancia que hoy posee.

Por tanto, el problema fundamental no reside en la transmisión automática de la herencia, corregible mediante impuestos que graven la injusticia de lucrarse de un esfuerzo no realizado. Por el contrario, la raíz última de la desigualdad yace en la diferencia de capacidades, contextos e incentivos. El creador de una gran empresa tecnológica en Silicon Valley que carecía de riqueza y, al cabo de unos años, llega a encabezar las listas de las mayores fortunas del planeta contradice de lleno el planteamiento de Piketty, pues presta un servicio inconmensurable a la humanidad gracias a haber creado valor, del que muchos otros se benefician. Ciertamente, se nutre de un gigantesco caudal de invenciones e investigaciones previas, muchas de ellas financiadas por los Estados, que impiden atribuirle la exclusividad de su desarrollo (y menos aún legalizar la retención, en forma monopolística, de su aportación concreta), pero se nos antoja extremadamente complicado cuantificar su “porcentaje de mérito” más allá de las convenciones legales vigentes. Y, en último término, como sería injusto prohibir el consumo de determinados bienes y servicios objetivamente positivos para la sociedad, mas cuyo éxito aboca a clamorosas desigualdades, además de vías impositivas que mitiguen las disparidades de renta sin desincentivar el anhelo de crear valor es importante configurar nuevas oportunidades. El conocimiento es la llave hacia un mundo más justo, en el que todos disfruten de posibilidades inéditas para crear valor. Lo que resplandece es la creatividad como valor supremo de la cultura y del hombre.

En este sentido, y aunque la tecnología pueda conducir inicialmente a un aumento de las desigualdades, no es descartable que auspicie, a medio o largo plazo, tales niveles de acceso al conocimiento compartido y al establecimiento de nuevas formas de colaboración económica que conlleve una mayor democratización de la sociedad y una mejor distribución de la riqueza, reparto que ya no implicará, como sucedió históricamente en los regímenes socialistas, una disminución de la riqueza colectiva y una merma de las libertades personales. Características como la posibilidad fehaciente de nutrirse del prodigioso cúmulo de conocimientos de la humanidad, la mayor flexibilidad en las relaciones humanas, que derruye barreras raciales, clasistas y nacionales, y la mayor transparencia en el acceso a la financiación de los diversos proyectos empresariales definirán esta nueva era. Un poder cada vez más huidizo y efímero ofrece la indudable ventaja de no caer -al menos con la misma facilidad que antaño- en unas pocas manos tentadas de utilizarlo como herramienta tiránica. Sin embargo, un poder tan confusamente desperdigado entre innumerables agentes también puede impedirnos tomar las decisiones correctas y necesarias, por lo que, al diluir toda jerarquía, quizás desemboque en caos e incertidumbre .

En cualquier caso, la democratización satisface un ineludible ideal de justicia humana. Así, el acceso cada vez más universalizado a los resortes del poder constituye una magnífica noticia para la humanidad. Exige, ciertamente, la asunción de mayores responsabilidades por los individuos, pero no hace sino satisfacer un anhelo inveterado: el deseo de que todo hombre, solidarizado con sus semejantes, se convierta en rector de su propia vida.

La solución al problema de la desigualdad de renta, posición social y patrimonio requiere entonces de dos medidas simultáneas: crecimiento económico y políticas fiscales redistributivas. Sólo con fiscalidad progresiva es imposible disminuir las desigualdades, porque la humanidad necesita expandir sus horizontes económicos, crear, innovar, comerciar..., para que regiones del globo antes arrumbadas y prácticamente condenadas al subdesarrollo se beneficien de los avances tecnológicos y de los intercambios comerciales en un mercado libre. Pero el crecimiento no garantiza la igualdad; reduce, sí, las diferencias entre países, pero puede acentuar la brecha entre los ciudadanos dentro de un país.

En un mundo globalizado, quien logra situarse en la vanguardia de un determinado sector puede vender sus productos en todos los continentes y multiplicar inconmensurablemente su fortuna. Antiguas dinastías diluyen su riqueza, potestades otrora canonizadas se desvanecen en la vorágine de la historia y figuras antes consagradas se disipan como la bruma matinal. Un inmenso potencial democrático palpita en la creatividad tecnológica y económica, porque el único criterio válido es la bondad de un producto (tal y como la juzgue la demanda), no la extracción social o la ideología de quien lo elabora.

Sin embargo, el abismo entre quienes triunfan y quienes quedan arrinconados en esta carrera incesante se agudiza, y puede provocar que cunda la desesperanza entre amplias capas de la población. Por ello, la justicia fiscal, el cómputo de los límites razonables que han de alcanzar los impuestos redistributivos para que no desincentiven la actividad económica (cálculo hoy más asequible que nunca, gracias a los avances informáticos y a la disposición de una mayor cantidad de datos y de reflexiones de científicos, economistas y pensadores), se revela como un instrumento neurálgico en el camino hacia una sociedad más justa.

Al igual que del orden puro no podría surgir nada, la igualdad absoluta (un coeficiente Gini equivalente a 0) conduciría a la parálisis absoluta. Sin cotas no lesivas de desigualdad, el desarrollo económico sería imposible, pues se anularía el juego de los incentivos y no existiría manera de recompensar el trabajo bien hecho frente al viciado. Mientras la psicología humana no sufra una metamorfosis radical, mientras el hombre siga precisando de alicientes que le motiven a afanarse en metas cada vez más sofisticadas, la desigualdad emergerá como el resultado inevitable de la libertad económica. Pero mientras el hombre sea hombre, persistirá el escándalo ante desigualdades excesivas que signifiquen un premio exagerado a favor de determinados individuos. Por supuesto, en muchas ocasiones este recelo ante la desigualdad procederá de pasiones nocivas, como el vil rugido de la envidia y el resentimiento , aunque en otros escenarios lo justificarán un amor profundo a la especie humana y una búsqueda honesta de la justicia.

2. Razones extrínsecas e intrínsecas contra la desigualdad

Pensar que la clave del crecimiento económico reside exclusivamente en el ahorro, la inversión y la iniciativa de los individuos olvida que, sin propensión a consumir, la economía se precipitaría hacia una espiral de desconfianza e inacción cuyo efecto más probable sería la paralización absoluta de toda producción y de todo consumo. Es en este punto donde resplandece la aportación fundamental de Keynes a la economía, hoy por hoy insoslayable . De hecho, es desalentador contemplar cómo, en la teoría económica contemporánea, cultivada por innumerables investigadores a lo largo y ancho del globo, receptora de incontables atenciones y entronizada como la reina de las ciencias sociales, surgen pocas intuiciones intelectuales tan profundas como las de Keynes. Parece que una mayor complejidad del aparato matemático con el que expresar los modelos económicos se ha traducido en una alarmante pobreza creativa, como si destreza matemática y poder explicativo fueran realidades inversamente proporcionales. Ya no despuntan ideas del calibre de las alumbradas por Marx, Schumpeter o Keynes, aun cuando nunca tantas mentes brillantes habían consagrado sus esfuerzos a desentrañar los entresijos de los procesos económicos.

De acuerdo con Keynes y con la lógica del sentido común, sin capacidad de ahorro es imposible acometer inversiones privadas, que subyacen -dada la imposibilidad de una planificación central de la economía que resulte sostenible- a la generación de riqueza en un país, pero la completa abstención de consumir, la férrea austeridad calvinista, la frugalidad desbocada, hundiría la economía en un abismo sin fondo.

Podría argüirse que si las tasas de consumo se redujeran drásticamente, también lo harían los precios, por lo que algún individuo encontraría siempre el incentivo a consumir, pero este razonamiento ignora las volubilidades de la psicología humana. En efecto, si se palpara una atmósfera en la que nadie estuviese dispuesto a consumir, lo que probablemente aumentaría sería el bucle de desconfianza generalizada, no el incentivo a consumir para beneficiarse de los bajos precios.

Como careceremos de una teoría predictiva del comportamiento humano, a la hora de juzgar qué modelo de crecimiento favorece mejor los intereses de la mayor parte de la población debemos basarnos en evidencias empíricas, en series históricas y no en la aducción de argumentos apriorísticos que corren el riesgo de incurrir en auténticas antinomias de la razón pura, pues con total legitimidad puedo defender tanto que se incrementaría el consumo gracias al descenso de los precios como que preponderaría la desconfianza causada por aires entumecidos de abatimiento y pesimismo.

Ciertamente, la prioridad de una sociedad debe residir en la generación de riqueza y en la eliminación de la pobreza, para así propiciar que el máximo número posible de personas accedan a mayores niveles de bienestar, prosperidad y autonomía. La igualdad, o es un fin subordinado a la creación de riqueza, o se convierte en un objetivo vacuo y contraproducente. Una sociedad en la que todos fueran igualmente pobres no habría coronado ninguna meta digna del hombre, ningún perfeccionamiento de la vida individual y social, ninguna victoria sobre las imposiciones de la biología, sino que habría circunscrito el margen de su actividad política a esparcir miseria y a erigir el resentimiento en principio moral. Por tanto, permanecería atenazada por las garras de la parálisis, la sequía creadora y la envidia.

Sin embargo, desigualdades descomedidas y persistentes conducen al odio, a la desconfianza y a una irreparable fragmentación social. Inexorablemente enemistan a unos hombres contra otros y contaminan la vida comunitaria con afilados recelos y heridas no sanadas. Al dificultar la comunicación entre los hombres, fácilmente desembocan en el clasismo, la suspicacia y una cohorte de dolorosas divisiones acendradas por la valoración unilateral del individuo desde el empequeñecido ángulo de la productividad. Además, desaprovechan un enorme potencial para la sociedad y para su desarrollo.

De todo ello se sigue la importancia capital de la redistribución de la riqueza, al menos en aquellos márgenes que permitan no desincentivar el trabajo, y siempre desde los cánones de la “igualdad de esfuerzo”: la sociedad ha de exigirles más a quien más posee y a quien más puede. De lo contrario, el reparto social del esfuerzo padecerá desequilibrios irracionales y no discerniremos ningún principio transversal de justicia, apto para sobreponerse a las inevitables diferencias de capacidades individuales y de posiciones sociales que definen la vida comunitaria.

Sin esta transferencia de renta a los sectores menos favorecidos es imposible crear la anhelada igualdad de oportunidades, fundamento de una sociedad auténticamente meritocrática, basada en los derechos inquebrantables de un individuo que no ha de purgar por azares genéticos o contingencias familiares, herencias de las que nunca puede considerarse plenamente responsable. La igualdad de oportunidades se yergue entonces como la plataforma insustituible para crear un espacio sazonado de nuevas oportunidades, donde toda discriminación por motivos de nacimiento, género, orientación sexual, raza o creencias ceda el testigo al ideal de un mundo justo, libre y humano.

Podemos definir la democracia como un sistema político fundado en la razón, esto es, en la aplicación de los principios de simetría y parsimonia a los derechos y deberes de todos los ciudadanos, en el imperio insobornable de la ley y en la noble aspiración a integrar plenamente igualdad, libertad y fraternidad en una sociedad verdaderamente humana y humanizadora, donde se minimicen las colisiones entre todas las libertades legítimas existentes (individuales y colectivas) . Presupone, claro está, la participación de individuos bien formados, capaces de juzgar la realidad por sí mismos y de alzarse como dueños de su propio destino, más allá de ideologías, propagandas e inercias generalizadas. En consecuencia, la base de una democracia madura no puede ser otra que el conocimiento.

La esencia de la democracia estriba en la igualdad política, pero ésta no tiene por qué implicar igualdad social. Existen, de hecho, diferencias sanas y tolerables que contribuyen a incrementar el progreso colectivo. Sin embargo, la cuestión se refiere siempre al límite permisible en esas desigualdades, de manera que la desigualdad social no pervierta el sistema democrático. La desigualdad desmesurada quiebra la igualdad política, fomenta la distribución asimétrica del poder, menoscaba la igualdad de oportunidades, auspicia la explotación de unos hombres por otros, consiente la exclusión social, promueve la insensibilidad colectiva y aboca, tarde o temprano, a la tiranía y el despotismo, ya sea de los privilegiados sobre los desfavorecidos o de los desfavorecidos, sedientos de venganza, sobre los privilegiados, impasibles ante el sufrimiento ajeno.

En resumen, sabemos que tanto la igualdad absoluta como la desigualdad extrema son perjudiciales para el bien de social e individual, pero a falta de mayores adelantos en el conocimiento y en la tecnología, no disponemos de un algoritmo que indique el grado preciso de desigualdad tolerable e incluso beneficiosa para el progreso de la sociedad.

En cualquier caso, podemos recapitular las razones contra una desigualdad excesiva de la siguiente manera:

1) Extrínsecas: la desigualdad desperdicia talento y divide profundamente a los hombres. Malgasta capacidades, por cuanto no brinda las mismas oportunidades a todos los miembros de la sociedad, lo que inevitablemente se traduce en un desaprovechamiento de las posibilidades que atesora cada individuo –con independencia de su condición social para contribuir al bien común. Además, si supera determinados límites que, hoy por hoy, no podemos calcular con la prolijidad y el rigor requeridos, esta inexorable descohesión social genera toda clase de miedos, envidias y recelos: temor en los poderosos y envidia en los desvalidos. Nada positivo surgirá entonces de una sociedad demasiado polarizada, donde la riqueza de unos será contemplada por otros con sospecha y resquemor, mientras que las carencias de la mayoría suscitarán un pavor fundado en las minorías más afortunadas, siempre acechadas por el espectro de la rebelión. Una concentración desmesurada de riqueza confiere un poder inmenso sobre el resto de los hombres, fácilmente dispuestos a contentarse con poco, condenados por la penuria a convertirse en siervos de nuevos señores feudales, desprotegidos ante los avatares del destino y las iniquidades de la historia. Esta situación es impropia de una sociedad avanzada, culta y dinámica. Como sin confianza es imposible que una sociedad florezca y se desarrolle creativa y armoniosamente, un análisis racional, aun desde planos puramente utilitaristas y consecuencialistas, desaconseja vigorosamente convivir con desigualdades extremas.

2) Intrínsecas: la desigualdad excesiva impide corregir las injusticias de partida, sobre las que ninguna culpa ha contraído el individuo. Castigado por la lotería genética y la desdicha de haber llegado al mundo en ambientes sociales menos favorecidos, el individuo asiste, impotente, a una perpetuación de injusticias sociales que sólo podrá vencer con un esfuerzo incomparablemente mayor al que habrán de desplegar los miembros de las clases más afortunadas. Además, la complacencia con una desigualdad excesiva conlleva la aceptación de que la única forma de valorar el trabajo humano estriba en su sometimiento a la ley de la oferta y la demanda. Este principio es, sin duda, el más eficiente en lo que concierne a la producción de la mayor parte de bienes y servicios, cristalizaciones de las necesidades crecientes y potencialmente infinitas de la humanidad. Sin embargo, es evidente que el trabajo del hombre no puede considerarse un bien o un servicio como otro cualquiera. En una sociedad avanzada, ni siquiera el dinero se somete al impasible equilibrio de la oferta y la demanda, sino que, al estimarse como una condición de posibilidad de todas las transacciones económicas, se halla sujeto a regulaciones especiales que lo exoneran del raso cumplimiento de esta importante ley rectora de la actividad económica. En el caso del trabajo, las circunstancias son aún más acuciantes. Una desigualdad excesiva implica que el trabajo de unos hombres vale inconmensurablemente más que el de otros. Este hecho puede justificarse desde la perspectiva unilateral de la oferta y de la demanda –esto es, desde el ángulo de la eficiencia, legítimo en tantas ocasiones-, pero al tratarse del producto humano por excelencia y, sobre todo, de lo único que posee la mayor parte de los seres humanos para competir en una sociedad siempre ansiosa de incrementar su rendimiento económico, sería injusto que el esfuerzo, la dedicación y el ímpetu de unos valiesen desaforadamente menos que los de otros. Nos enfrentamos, eso sí, al problema casi insoluble de cómo cuantificar escrupulosamente la desigualdad permisible en la valoración del trabajo, o de si tiene sentido estipular una escala de valoraciones objetivas del trabajo. Mas sin entrar a discutir esta cuestión tan profunda, que afecta a la entraña del sistema económico y en la que sería ingenuo escorarse tanto hacia una visión totalmente objetiva del trabajo como hacia una teoría enteramente subjetiva de su valor, el sentido común, el aprecio por la dignidad humana y la conciencia de que los hombres, por desiguales que se manifiesten en sus talentos, sus conocimientos y sus fuerzas, no son en realidad tan distintos entre sí, sino que muchas veces las circunstancias y las contingencias han fraguado su carácter y han gestado su suerte, nos obligan a adoptar una vía media entre ambas hipótesis. Frente a una concepción objetiva del trabajo, conviene indicar que la mente humana carece de los instrumentos adecuados para calcular, sin el auxilio de la oferta y la demanda, la remuneración certera que ha de percibir el individuo por la labor que realiza. Frente a una visión subjetivista, los argumentos éticos arrecian, porque el trabajo no representa un producto más, sino el producto por excelencia de todo hombre, íntimamente ligado a la conciencia de su dignidad. Si todo ser humano merece el mismo reconocimiento jurídico con independencia de su origen y de sus acciones, y si ni los peores crímenes lo privarían de esta grandeza inalienable que -desde un paradigma filosóficamente más parsimonioso, menos comprometido por un mayor número de supuestos- le corresponde como miembro de nuestra especie, su trabajo, la expresión más sublime de su capacidad transformadora, la huella de su creatividad, el sello que añade a la naturaleza, exige una valoración especial. Aunque no podamos concretar cómo debe efectuarse, sí cabe señalar que una excesiva desigualdad entre los hombres trasluciría un reconocimiento exorbitante del trabajo de algunos y una inaceptable minusvaloración de la labor de otros, para menoscabo del individuo y de la sociedad.

Una persona que en verdad ha creado algo valioso para la humanidad no necesita vanagloriarse de nada. Sus obras resplandecen por sí solas y su figura brilla con luz propia. Lo mismo puede decirse de una civilización. Cuando un individuo o una cultura se ven conminados a demostrar su poder y su grandeza, una profunda desconfianza anida en su seno, quizás el preámbulo de una pronta decadencia.

Desde un punto de vista ético, es injusto sostener que una sola persona y una única compañía puedan atribuirse el protagonismo exclusivo en la generación de un producto exitoso. Confluyen tantos otros factores, tantos contextos, tantas confabulaciones de la diosa fortuna, tantas ventajas sociales acumuladas (como el acervo cognitivo, las tradiciones heredadas, el orden social y jurídico imperante, el trabajo ajeno…), que la legitimidad de una cierta redistribución de la riqueza originada salta a la vista. La sociedad debe mucho a sus creadores, pero éstos difícilmente habrían logrado sus hitos sin el concurso de la sociedad y sin el legado de una humanidad que, a lo largo de dilatados milenios, ha aspirado a explorar nuevos horizontes y a mejorar sus niveles de vida.

Una manifestación privilegiada del talento de una sociedad destellará en la destreza con que concilie dos pulsiones dotadas de idéntico vigor, anhelosa de solventar un problema siempre acuciante: la armonización entre el legítimo derecho del individuo a perseguir sus propios fines y la necesidad de forjar lazos duraderos que estabilicen una sociedad y auspicien el progreso del máximo número de sus miembros. El primero es el principio de la variedad; el segundo es el germen de la cohesión.

No se trata de proponer soluciones equidistantes, refugiados en la falsa tibieza de los justos medios, sino de refinar continuamente el sistema según la experiencia histórica, los valores asumidos y la riqueza disponible. La mente humana no ha conseguido todavía diseñar una ética o una teoría política lo suficientemente poderosas como para cubrir todas las demandas del individuo y de la sociedad sin que ninguna de ellas se vea menoscabada. Ese óptimo de Pareto aún no ha sido desvelado. Sólo el ensayo y el error, el filtro insobornable de la práctica, la sumisión continua de nuestros ideales al severo juicio de la historia, el crecimiento de nuestra conciencia ética y el desarrollo de la tecnología podrán ayudarnos en esta empresa tan ardua como impostergable.

Los europeos podemos sentirnos orgullosos de nuestro continente, pináculo del desarrollo social humano, síntesis de los ideales de libertad e igualdad cristalizada en un modelo capaz de armonizar crecimiento e innovación con seguridad y equidad. En el Estado del bienestar se produce una extraordinaria síntesis entre la razonable voluntad de iniciativa privada y personal (libertad) y el necesario establecimiento de un orden social que proporcione a todos, con independencia de su nivel de iniciativa económica, un bienestar, una vida digna y una capacidad de participación activa en la configuración de la sociedad: una mayor democratización de todos los elementos que vertebran la sociedad.

Ambos parecen oponerse, pero en el Estado de bienestar propiciado por la socialdemocracia y la democracia cristiana coexisten de manera no siempre armoniosa, si bien sostenible al fin y al cabo, lo que posibilita unas cotas de prosperidad y desarrollo desconocidas en otras regiones del globo. Esta Aufhebung hegeliana de igualdad y libertad en la fraternidad supera la parcialidad de los contrarios, mas no los anula, pues los integra en un marco de comprensión más amplio. Estamos condenados a buscar aproximaciones cada vez más precisas, y a contemplar la historia con una mirada más cabal. Mediante el análisis lógico y científico no podemos escrutar aquello que por su naturaleza depende inexorablemente de la voluntad humana y se halla en un incesante proceso de constitución.

El Estado de bienestar representa uno de los hitos sociales e intelectuales más trascendentales de la humanidad. Ha de extenderse y perfeccionarse, pero es legítimo argumentar, sin asomo de jactancia, que en él ha fructificado el modelo de organización social más exitoso concebido hasta ahora. Europa se enfrenta a profundos desafíos, mas esta constatación no debe hacernos olvidar los logros de nuestro continente para, inspirados en ellos, proponer su modelo al resto de un mundo que encarna, por doquier, la afanosa búsqueda humana de prosperidad, justicia y bienestar


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