San Sebastián. Raúl González Zorrilla. El 51% de los estudiantes vascos está algo, bastante o muy de acuerdo con la idea de que, en ocasiones, los actos terroristas pueden estar justificados. El 44% de los estudiantes vascos está poco o nada conforme con la expresión “hay que acabar con ETA”. Casi la mitad de chicos y chicas vascas (49%), con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, no son partidarios de la expresión “la mayor vulneración de derechos en Euskadi la produce ETA.” Y, por si todo esto fuera poco, el 37% de los más jóvenes son de la idea de que, aunque está mal que se asesine, “es necesario el terrorismo callejero -kale borroka-“. Estos son solamente algunos de los desoladores datos que presenta el informe “Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi”, que en las próximas semanas presentará oficialmente el Defensor del Pueblo del País Vasco, Iñigo Lamarca, y del ya se conocen sus conclusiones más llamativas.
Pueden leer el informe íntegro en nuestro canal audiovisual
Más de tres décadas de terrorismo etarra, y otro tanto tiempo de Gobiernos nacionalistas conniventes, comprensivos, tolerantes, coincidentes y dialogantes con la violencia criminal, han dado luz a una realidad social que el Defensor del Pueblo considera “escalofriante”. El informe del Aratarteko habla de más de un millar de personas asesinadas por los terroristas y de 42.000 hombres y mujeres que, actualmente, sufren amenazas, extorsiones o coacciones de ETA. Las amenazas y coacciones terroristas, según el informe, existen desde hace muchos años, pero el número de personas que las experimentan se incrementó cuando, a comienzos de los años noveneta del pasado siglo, la banda terrorista ETA ordenó la puesta en marcha de lo que definió como “socialización del sufrimiento”. Es decir, la extensión de la amenaza fanática y criminal a todo el cuerpo social, desde miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a la Ertzaintza, hasta periodistas e intelectuales, pasando por empresarios que no ceden al chantaje, cargos políticos no nacionalistas, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, artistas y profesores. Es decir, a todos aquellos que expresan sus críticas a la banda terrorista.
El Defensor del Pueblo vasco señala que, por este motivo, “muchas personas se han marchado del País Vasco”. Esta dramática situación sufrió otra vuelta de tuerca tras el asesinato, el 7 de marzo de 2008, del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco. Desde entonces, la amenaza a los concejales vascos se extiende en el tiempo, incluso aunque éstos dejen de ejercer sus cargos. En las elecciones del 27 de mayo de 2007, en Euskadi se eligieron 339 ediles del PSE y 184 del PP, que deben vivir escoltados por más de mil agentes. Unos cien millones de euros son destinados cada año por el Ministerio del Interior para protección, incrementándose, desde 2004, la partida destinada a la salvaguarda de la vida de los cargos públicos en Euskadi.
Antes esta situación, el Ararteko marca una serie de recomendaciones que divide según su ámbito de actuación.
En Justicia, por ejemplo, recomienda que la Dirección de Víctimas del Terrorismo del País Vasco acompañe a las víctimas o actúe de oficio suministrándo a éstas información del estado de las investigaciones. Estudiar la posibilidad de que las instituciones se personen como acusación popular.
Derecho a la dignidad: En el ámbito municipal, la eliminación de pintadas y carteles en favor de ETA que resultan humillantes para sus víctimas. Retirada de las placas y los monumentos en homenaje a los victimarios.
Derecho a la memoria: Promover en todos los municipios, y necesariamente en los que se haya producido una victimación terrorista, una calle o instalación pública en memoria de las víctimas del terrorismo.
El derecho a la paz: El diseño y la evaluación de los programas de concienciación y de educación para la convivencia, dirigidos a grupos escolares y a todos los foros de la sociedad civil, deben contar con la participación de las propias víctimas.
Derecho a la verdad: Debe reconocerse social e institucionalmente que las víctimas del terrorismo, incluyendo las personas amenazadas, representan una verdad política porque han sido atacadas o amenazadas por simbolizar la pluralidad ciudadana de la sociedad vasca y defender la libertad.
Derecho a la reparación: Deben facilitarse los cambios de vivienda, previa acreditación de la amenaza y coacción, para las personas que sufren violencia de persecución. Debe otorgarse la misma importancia a los daños psicológicos que a los físicos, producidos ambos por la victimación terrorista. Debe facilitarse el acceso a la asistencia psico-social por parte de los amenazados por ETA y de sus familiares directos.
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Es escalofriante pero lo es mas oir a tres hijos como le dicen a su madre nacida en San Sebastian de familia aragonesa- "Eres una españolista" y responderles con coraje -soy española y vosotros tambien auqnue no querais.. y ellos atacandola porque su padre es funcionario y proetarra y les a puesto contra su madre.. habria que limpiar las ikastolas para empezar de proetarras y tambien el funionariado
Dios nos asista. Estos son los frutos de la inanición ética y moral que el nacionalismo inyecta en la educaciñon desde hace tanto; eso sí, con el visto bueno del gobierno central.
En cualquier país medianamente normal, se habría suspendido la autonomía vasca por mucho menos.
Que futuro nos espera.
Estimado Raúl: Gracias por este artículo y por las fuentes complementarias de información que nos ofreces. § Desde que Internet existe en nuestras universidades sigo muy de cerca y con muchísima atención el comportamiento del sistema educativo de esa comunidad autónoma. Puedo afirmar que es el principal responsable de la trágica pérdida de "conciencia recta" que tú constatas estadísticamente. § El cambio de gobierno me inspira un cierto grado de confianza, aunque me temo que le va a ser muy difícil corregir las consecuencias de los gravísimos errores del pasado. § Cordialmente.
Estas son las terroríficas consecuencias de la dejadez del Estado en los temas de educación, que si encima se le añade "la mierda santa" y la pasividad de la sociedad ante la perversión del derecho natural, se consigue un cóctel perfecto para que a corto plazo se consiga una sociedad de zombis sumisos y desnaturalizados.
Martes, 14 de febrero
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