San Sebastián. Raúl González Zorrilla. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha confirmado la justicia de la ilegalización de todos aquellos instrumentos políticos ligados a la banda terrorista ETA, es, tal y como ha señalado Arnaldo Otegi, una “catástrofe” para los proetarras, pero es también una declaración jurídica que hace saltar por los aires los que, durante los últimos años, han sido los principales argumentos de los nacionalistas vascos contra la Ley de Partidos aprobada por socialistas y populares el 27 de junio de 2002. En este sentido, y contrariamente a lo que equivocada, feroz y obsesivamente se ha venido aullando desde el PNV de Iñigo Urkullu y desde otras formaciones independentistas, la Corte de Estrasburgo niega taxativamente que el objetivo jurídico de esta norma, que permitió la ilegalización de Batasuna y de otras siglas proetarras, fuera “la prohibición de ideas” y la exclusión de una parte de la sociedad vasca del juego político, sino la proscripción de formaciones que no se desmarcan de la violencia. La Corte de Estrasburgo lo señala claramente: “La medida era una imperiosa necesidad social en defensa de las libertades individuales”.
(Leer íntegra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos - en francés-)
Lo señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos clarifica algo que el mundo nacionalista vasco lleva más de tres décadas sin querer entender: que no es un argumento político defender un tiro en la nuca o justificar la colocación de un coche bomba; que apoyar la violencia terrorista, tal y como hacen los proetarras, no es tener una “ideología diferente” que ha de estar representada en el Parlamento; que el empeño de asesinar a los ciudadanos no nacionalistas y la voluntad de eliminar de Euskadi todo rastro de la presencia de España, no es un “argumento” que pueda ser defendido en igualdad de condiciones; y, sobre todo, que la obligación democrática de respetar y de garantizar la libre expresión de todas las ideas de ningún modo ha de extenderse a todos aquellos mensajes ignominiosos que apelan a la eliminación física de quienes piensan de una forma diferente y que solicitan más sangre, más terror y más muerte.
Durante los últimos tiempos, el nacionalismo vasco, representado por un individuo éticamente indecente, políticamente aberrante e intelectualmente muy limitado como Juan José Ibarretxe, ha gobernado con el apoyo estratégico de los proetarras, y en todo momento ha justificado este comportamiento obsceno con el pretexto de que todas las “opiniones políticas” son igualmente válidas.
Hace once años, el 12 de septiembre de 1998, los nacionalistas vascos y los terroristas vascos firmaron el Pacto de Estella que, entre otras cuestiones, apelaba a “la eliminación de Euskalherria de los representantes del Estados español”, y desde el PNV, EA e Izquierda Unida se justificó este acuerdo bajo el pretexto de que “todas las ideas han de ser respetadas”.
A lo largo de casi cuatro décadas, el mundo nacionalista vasco, desde sus múltiples responsabilidades institucionales, ha tratado de imponer una ética monstruosa que hacía equidistar moralmente a las víctimas y a los verdugos. Para ello se amparaba en un amplio repertorio de eslóganes falsarios y perversos que, en esencia, tenían como único objetivo transmitir la idea de que la “razón” y “lo razonable”, en el País Vasco, era situarse en un punto medio ideal entre la banda terrorista ETA y el Gobierno español, es decir entre los “dos extremos” del argumentario político.
Pues bien, esta estrategia desarrollada desde la Transición por el mundo nacionalista, colaboradora, comprensiva, protectora y utilitaria con respecto a los voceros de la banda terrorista ETA, es la que ha sido derribada sin paliativos por el TEDH, que ha definido y caracterizado perfectamente a los proetarras tantas veces socios de los nacionalistas vascos. Se trata, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de “un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias reglas de la democracia o que busca su destrucción y el desconocimiento de los derechos y las libertades que ésta reconoce”, y, por lo tanto, “no puede aprovecharse de la protección de la Convención Europea de Derechos Humanos.” Esto es, claramente, lo que ha dicho el TEDH, la misma corte internacional a la que Juan José Ibarretxe quería denunciar a España cuando el Tribunal Constitucional prohibió el referéndum que el entonces lehendakari había convocado para sacar adelante su plan secesionista.
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Magnífica noticia del TEDH que ratifica algo que sabíamos todos, incluídos los del PNV que son sus interesados padrinos, menos el Sr. Rodríguez, que tuvo la desfachatez de presentarlos oficialmente nada menos que en Bruselas y "colarlos" torticeramente en las instituciones. Bueno, parece que el TC tampoco se ha enterado mucho dejando que se presente a las elecciones europeas II.
¿Para cuándo la expulsión de ANV de los ayuntamientos y la ilegalización de II y de cuantas franquicias de ETA se presenten con las siglas que sean?.
Jueves, 16 de febrero
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