San Sebastián. Raúl González Zorrilla. Mañana comienza el juicio que sentará en el banquillo al actual lehendakari del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, y a Patxi López, candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma Vasca. Ambos, junto con otros miembros de los socialistas vascos (PSE) como Rodolfo Ares y representantes de la ilegalizada Batasuna como Arnaldo Otegi, serán juzgados por tres magistrados que habrán de dilucidar si estos políticos cometieron un delito de desobediencia a la sentencia de la Sala 61 del Tribunal Supremo que ilegalizó Batasuna y que negó al partido vinculado a la banda terrorista ETA cualquier posibilidad de actuación política al declararlo disuelto. Presuntamente, habrían incurrido en ese delito como cooperadores necesarios Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares por mantener reuniones con Batasuna a lo largo del “proceso de diálogo” para el final de la violencia etarra.
Ninguno de los políticos implicados será condenado en este juicio, como ya anuncia el hecho de que la propia fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, haya declarado que el tribunal tendrá que tener en cuenta que lo que hicieron los miembros del PNV y del PSE fue “trabajar para alcanzar la paz” y “buscar soluciones al conflicto vasco”. Pero, en mi opinión, lo más importante de este juicio no es lo que se va a ver en la sala sino, precisamente, lo que no va estar presente, ni va a ser juzgado, en la misma: el presunto delito de alta traición al Estado democrático por el que debería ser juzgado José Luis Rodríguez Zapatero y buena parte de su Gobierno.
Lo que el Gobierno socialista, gran parte de la judicatura, toda la oposición, los medios de comunicación afines al Ejecutivo, los medios de comunicación carentes de cualquier rigor y los medios de comunicación adocenados omiten cuando se refieren eufemística y manipuladoramente a los “procesos de diálogo”, “las conversaciones”, “los encuentros”, “los contactos” y “las tomas de temperatura” que durante meses mantuvieron los representantes de José Luis Rodríguez Zapatero con los terroristas de ETA es que éstos no fueron, simplemente, contactos para buscar un final al terrorismo independentista vasco a través de una posible serie de medidas de gracia y reinserción, tal y como en su momento, acertadamente o no, hicieron Felipe González o José María Aznar.
Lo que se oculta impune y desvergonzadamente a la opinión pública es el término “negociación política” con los asesinos, negociación que supuso la completa sumisión del Estado a los deseos de los criminales, la negociación impúdica del futuro de España con los etarras, la genuflexión de las instituciones democráticas ante los ultranacionalistas vascos y la liquidación a precio de salto de todos los principios éticos sobre los que debe asentarse un Gobierno democrático.
José Rodríguez Zapatero, como presidente del Gobierno español, negoció con los psicópatas de la banda terrorista ETA el futuro político del País Vasco y del resto de España; el porvenir territorial de Navarra; la puesta en marcha de una mesa de partidos con capacidad decisoria por encima de los parlamentos central y vasco, depositarios únicos de la voluntad popular; la paralización de todo tipo de actividad policial contra la banda terrorista ETA y la rápida reinserción de los terroristas con delitos de sangre. Por si todo esto fuera poco, José Luis Rodríguez Zapatero también cometió la aberración moral y la indignidad política de promover en el Parlamento Europeo la legitimación del dúo ETA-Batasuna como interlocutores democráticos válidos y necesarios para alcanzar la paz en Euskadi. (En el Canal de TV del Blog del País Vasco ofrecemos un interesante reportaje sobre este tema)
Por todas estas acciones, José Luis Rodríguez Zapatero y otros destacados miembros de su Gobierno, como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, deberían sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de alta traición y por múltiples delitos contra la seguridad del Estado, tal y como éstos se recogen en el artículo 102 de la Constitución Española. Todo lo demás, incluyendo en este conjunto la sentencia absolutoria que llegará para Ibarretxe, López y los demás, es anecdótico. Lo auténticamente importante, e intensamente dramático para la democracia española, nunca será visto por un tribunal. ¿O sí?.
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Desde que le dieron la puntilla al barón de Montesquieu y hasta la propia fiscal superior del País Vasco, que representa al Estado y la defensa del interés social, está a favor de los inculpados, es fácil colegir lo que saldrá de esta pantomima más que juicio, y es posible que le den a los mequetrefes que juzgan hasta la medalla de servicios distinguidos a la patria.
Fundamentalmente, porque, además de todo lo recibido, los terroristas querían que en el futuro referéndum que habría de celebrarse en Navarra para que esta comunidad se anexionase al País Vasco, el Partido Socialista pidiera el voto afirmativo. El PSOE se negó a comprometerse en ello, a pesar de que siguió manteniendo el resto de sus ofrecimientos.
Raúl González Zorrilla
Una inocente pregunta: si Zapatero les daba todo eso, a saber: "el futuro político del País Vasco y del resto de España; el porvenir territorial de Navarra; la puesta en marcha de una mesa de partidos con capacidad decisoria por encima de los parlamentos central y vasco, depositarios únicos de la voluntad popular; la paralización de todo tipo de actividad policial contra la banda terrorista ETA y la rápida reinserción de los terroristas con delitos de sangre"... ¿por qué fracasó la "rendición"?
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