Ciertamente, la única responsable del atentado en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas, en el que han muerto dos ciudadanos ecuatorianos, es la banda terrorista ETA, pero esta afirmación incuestionable no puede servir de excusa para que el Gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero deba liberarse de toda culpa por emprender, con dosis supremas de frivolidad, prepotencia, ignorancia e irresponsabilidad, una amplia negociación con los criminales que, además de ser éticamente inaceptable, ideológicamente perversa, estratégicamente errónea y políticamente intolerable, solamente ha servido para que los violentos y sus voceros de paisano hayan vuelto a convertirse en árbitros y protagonistas de la actualidad española. Solamente por este motivo, el presidente José Luis Zapatero, que desde el primer momento se ha presentado como el máximo garante de esta táctica dialogante y complaciente con los asesinos, tendría que haber presentado su dimisión, pero, además, existen otras razones, de igual gravedad que la anterior, que exigen la renuncia inmediata del actual equipo de Gobierno y la convocatoria de unas nuevas elecciones.
1) El Presidente debe dimitir porque a pesar de lo que digan destacados representantes de su partido, el Gobierno no ha tenido problemas de información durante las negociaciones mantenidas con los criminales. Desde el inicio de las mismas, tanto los servicios policiales españoles como las fuerzas de seguridad francesas han informado al Ejecutivo, puntualmente, de las numerosas pruebas existentes en el sentido de que ETA no tenía ninguna voluntad de abandonar las armas. José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de todo, decidió no atender estos avisos y prosiguió con el diálogo.
2) El Presidente debe abandonar su puesto porque su persistente irresponsabilidad, su perturbada osadía y su afán mesiánico han servido únicamente para legitimar a los criminales, para dar pábulo público a los portavoces alegales de éstos y, sobre todo, para transmitir a los terroristas la idea profundamente perversa de que más de treinta años de terror sí que pueden servir para obtener beneficios políticos. Cuando se negocia en condiciones de igualdad con un puñado de psicópatas, como lo está haciendo el Gobierno socialista, se transmite a éstos el mensaje que más desean recibir: el de que se les reconoce como un interlocutor válido y representativo de algo o de alguien.
3) El Presidente debe dimitir porque en aras de mantener abierta su negociación política con los terroristas ha presionado indecentemente a la Justicia, ha debilitado el funcionamiento de las instituciones democráticas, ha cuestionado la integridad territorial del Estado y ha tenido la desfachatez suprema de promover en el Parlamento Europeo la legitimación del dúo ETA-Batasuna como interlocutores validamente democráticos para alcanzar la paz en Euskadi. Todo esto, además, cuanto los criminales no habían hecho ningún gesto que invitara a creer en su deseo de abandonar las armas y cuando los portavoces alegales de los asesinos tampoco habían dado ninguna prueba de su voluntad de condenar definitivamente la actividad terrorista.
4) El Presidente debe dimitir porque en aras de proteger su juego negociador con los criminales no ha tenido ningún complejo a la hora de despreciar, vejar e insultar a las víctimas del terrorismo; no ha mostrado tener ningún problema para buscar aliados en los nacionalistas más rancios y en la izquierda más obsoleta del panorama político español y, además, no ha demostrado ningún miramiento a la hora de crispar el ambiente político y mediático hasta límites difícilmente alcanzables. Un Presidente empeñado hasta la obsesión en un objetivo deífico que, al final, se ha saldado con el asesinato de dos personas y con daños materiales aún no cuantificados del todo, no puede tener la poca dignidad de continuar al frente del Gobierno como si nada hubiera ocurrido a su alrededor.
5) El Presidente debe dimitir porque negociando con los criminales de ETA, dando aliento al movimiento totalitario representado por Batasuna, pasando la mano por el hombro a los nacionalistas vascos más radicales, no prestando atención a los centenares de actos de terrorismo callejero cometidos en Euskadi a lo largo de los últimos meses y, sobre todo, transmitiendo el mensaje de que el sistema democrático español es flexible a la hora de luchar contra el terror, ha echado por tierra décadas de intenso trabajo policial y años de esfuerzo en el sentido de transmitir la idea de que con el terror no es posible alcanzar ningún objetivo político. Hoy, los terroristas saben, y entre otras cosas por ello asesinaron el pasado sábado 30 de diciembre de 2006 a dos personas, que la violencia criminal sí puede servir para moldear las actitudes políticas de un Gobierno débil, intelectualmente diezmado y formado por personas sin convicciones firmes sobre lo que significa vivir en democracia y sobre lo que exige defender los derechos elementales de todos los ciudadanos.
6) El Presidente debe dimitir porque al fracasar, como no podía ser de otro modo, en su apuesta por la negociación política con los terroristas, ha dejado el futuro político del país en manos de los asesinos. De hecho, al haber cercenado escandalosamente cualquier acercamiento a la oposición mayoritaria, José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado su Gobierno a merced de los apoyos siempre obtusamente radicales de los nacionalistas y de Izquierda Unida, y pendiente de que la banda terrorista ETA decida o no volver a cometer un nuevo crimen. Esta situación, además, se hace más grave en Euskadi donde las conversaciones con los terroristas y el diálogo del PSE con Batasuna ha proporcionado al movimiento totalitario vasco una fuerza, una legitimidad y una impunidad que ha llevado a que los ultranacionalistas hayan vuelto a campar por los calles de este territorio con la soltura de quienes saben que pueden hacer lo que quieran, violentar, amenazar, chantajear, destruir, atemorizar y extorsionar, sin miedo a ningún tipo de consecuencia ni policial ni judicial.
7) El Presidente debe dimitir porque su desfachatez para otorgar impunidad a los criminales, su atrevimiento a la hora de negociar el futuro de España con unos psicópatas, su disposición a moldear el ordenamiento territorial español al albur de las exigencias de un puñado de politicastros formados en el asesinato, la amenaza y la extorsión, y su incapacidad para entender cuál debe ser el verdadero papel de firmeza e integridad que debe jugar un Estado democrático en la lucha contra el terrorismo son elementos que le han convertido en el mandatario más nocivo que ha conocido nuestro país desde el comienzo de la Transición. Y lo más desolador, además, es que las cosas todavía pueden ir a peor.
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