 Como sabemos, han sido muchos años los que han estado sin un sistema de Prevención de Riesgos conforme a la normativa, en Correos y Telégrafos. La llegada al Ministerio de Fomento de José Blanco, junto con las denuncias reiteradas y fundadas sobre el tema, llegándose a situaciones de una verdadera delincuencia encubierta, trajeron consigo que al nombrar un nuevo Director de Recursos Humanos, se optara por un perfil conocedor de la Salud Laboral.
Luis Pérez Capitán, posiblemente no sin dificultades, ha ido haciendo encajes para conformar un Servicio de Prevención Propio en la Sociedad Anónima, después de catorce años de la entrada en vigor de la Ley y, también después del abusivo mangoneo que se han traido hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, el equipo responsable de estos menesteres y que continúan, a saber ¿por qué? en el área de personal.
La Revista ABRECARTAS (de los empleados de Correos), abre los ojos a quienes hasta ahora no se habían dado cuenta del gigantesco engaño a que nos tenían sometidos los gestores de la empresa, alguno de ellos todavía en medio, quizás a punto de recibir el empujón que le ponga en donde deba estar, lejos del calor de las personas, al no haber conseguido él mismo, mantener una altura mínima de gestión.
Y digo que abre los ojos, mostrando el engaño, al poder leer atónitos todos, que algunos quieren celebrar nada menos que DIEZ AÑOS DE PREVENCIÓN, en un intento absurdo por dar a entender que esto que ahora se hace no es nuevo, sino que proviene de la gran gestión en materia de salud laboral y prevención llevada a cabo por los que no tienen talento, siquiera para disponer de la elemental HISTORIA CLINICO-LABORAL de los empleados. A todos ellos, la más sincera repulsa y solicitud de que por dignidad se vayan, dejando a los que saben, hacer las cosas conforme a la Ley.
¿Intentan tapar?
No son diez años de Prevención, son realmente CATORCE sin ella, desde el 10 de noviembre de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin que en Correos se haya hecho lo que la propia norma establece. Razón suficiente para el cese inmediato de impostores, una vez se han tomado las primeras medidas decentes, para la salvaguarda y el control de la salud de los empleados de la Sociedad Estatal.
Las cosas pueden cambiar con los nombramientos nuevos, no ha sido otro el motivo de la elección de Luis Pérez Capitán. Otra cosa distinta es, ¿qué hacer con los muermos encasillados en el pasado?
Y, si alguna prueba puede resultar de peso, véase la intervención decepcionante, frustrante y descorazonadora, de la Médica de Correos de Pontevedra que a fecha 20 de julio de 2006 dijo por escrito:
"Hasta la fecha, en Correos se ha constituido un solo Servicio de Prevención Central (en el Centro Directivo), del que yo no formo parte, de lo que puede deducir cuáles son mis competencias y cuáles notiene desperdicio, ¿verdad?
Al decir la licenciada en medicina NO PERTENECER al Servicio de Prevención, asume que en la práctica las tareas preventivas y de salud de los trabajadores en su ámbito (provincia de Pontevedra) no han sido tratadas y que, por tanto no ha cumplido con su reponsabilidad.
Al decir, "...de lo que puede deducir cuáles son mis competencias y cuáles no" se aparta de toda competencia en materia de prevención, de todo lo que suponga haber actuado en la evitación del daño que el trabajo ha ocasionado a muchos empleados de Correos, causándose enfermedad profesional y a muchos también de los cuales, se les mantiene en situación espectante a lo largo de años, todo por no adoptar medidas preventivas en su momento y con posterioridad correctoras o de apartarles definitivamente del origen de la patología.
¡Dejación de funciones!
No podemos olvidar que esta médica, ha elaborado y elabora informes médicos, que remite sin autorización ni consentimiento expreso, a espaldas de los interesados (trabajadores) sobre los que informa, a terceros tales como el EVI, en materia de jubilación por incapacidad, aludiendo a cuestiones de adaptación del puesto a la patología, ¿cómo lo hará?, ¿quién se lo permite?
Si uno piensa fríamente en todo esto, llega facilmente a la conclusión de que aquí pasa algo, los menos desconfiados creen que las jubilaciones por incapacidad que realiza la propia sociedad anónima tienen algo raro.
Es prueba también de peso, las alegaciones del actual coordinador del Servicio de Prevención Propio de Correos que en fecha 24.07.2007, salida 298 dijo:
"...y le informo que Dª Mª C. M. del C., Jefa de los Servicios Médicos de Pontevedra, forma parte del Servicio de Prevención de Riesgos de Correos, conforme a lo estipulado en el R.D. 39/1997, disposiciones adicionales 2ª y 3ª" (sic), justamente lo contrario que vino en decir ella.
¿Juegan límpio en materia de salud laboral?
Salvo mejor parecer
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 Produce ciertamente estupor, comprobar día tras día, como quienes peor llevan las cuestiones de las relaciones laborales, resultan ser los mismos que aparecen premiados por su dedicación de excelencia en el tratamiento de sus trabajadores o, forman parte de foros tan importantes como la RED DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS basado en los 10 principios:
1.- Las empresas y los derechos humanos
2.- Vulneración de los derechos humanos
3.- Las empresas y la libertad de asociación
4.- Las empresas y el trabajo forzoso y coacción
5.- Erradicación del trabajo infantil
6.- La discriminización en el empleo
7.- Las empresas y el medio ambiente
8.- Iniciativas para el respeto medioambiental
9.- Difusión de las tecnologías ecológicas
10.- Las empresas y la corrupción, la extorsión y el soborno.
Una llamada de una colega me hace llegar su sorpresa por haberse enterado que la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, es socia integrante de esa Red del Pacto Mundial. En su conversación decía llevarse las manos a la cabeza, al comprobar como una empresa de estas características y sabedores todos, mucha gente, de sus practicas empresariales para con sus empleados, pueda taparse tras una asociación que sigue los principios de las Naciones Unidas.
Hace sentir pena, sí, rubor por la cantidad de letra vertida en asociaciones de caracter mundial que se amparan en el cumplimiento de los más puros deseos del bien común. Pero, lo importante de todo, resulta que no es Correos y Telégrafos quien hace prácticas contrarias a los derechos humanos, son sus gestores, son quienes están apoyados, nombrados, consentidos por organizaciones políticas que representan a los ciudadanos.
Inmediatamente nos han venido a la memoria resoluciones recientes del Tribunal Supremo español, referentes a Correos y Telégrafos, SAE, sobre el trato discriminatorio con sus empleados al aplicar, la empresa, normas contrarias al principio constitucional de igualdad, comentado en su día
Como desarrollo de los 10 principios, la Red española del PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS, menciona:
Discriminación – Directa e indirecta
La discriminación puede producirse de variadas maneras, tanto en el momento de acceder al empleo como en el propio tratamiento dispensado a los empleados una vez incorporados a sus puestos.
Puede ser directa, cuando las leyes, normas o prácticas citan explicitamente una razón como el sexo o la raza para denegar igualdad de oportunidades. Lo más común es que la discriminación se realice de forma indirecta y que surja cuando las reglas o prácticas tienen apariencia de realizarse con neutralidad cuando, de hecho, conduce a exclusión.
Esta discriminación indirecta a menudo existe de manera informal en las actitudes y en las prácticas y si no se combate puede llegar a perpetuarse en las organizaciones. La discriminación también puede tener raíces culturales que demanden un acercamiento individual más específico. (sic)
Es también base para la Red del Pacto Mundial, como mínimo, que las empresas deben esforzarse por garantizar que sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en el país en el que desarrollan su actividad. Y lo es asimismo, el desarrollo higiénico-sanitario y de seguridad en el trabajo.
 Se dijo todo, pero los cambios y los ajustes han sido pocos. Los responsables políticos se limitan al protocolo, al conducto reglamentario. Cuando deciden hacer algo, para investigar un robo, le preguntan al ladrón, para conocer de una irregularidad se dirigen al infractor, ¿qué respuesta esperan?. ¿Quieren que pensemos que no les interesa erradicar el germen podrido?
En Correos y Telégrafos, sus gestores, durante años han tenido abandonada la salud y la seguridad laboral. Mienten quienes dicen que son diez años de prevención (revista de Correos, abrecartas nº 46),les retamos a demostrarlo decentemente. Carecen ahora mismo de la historia clínico-laboral de sus empleados [artículo 37.3c) del Reglamento de los Servicios de Prevención], cuestión elemental y básica para quien pretenda aparentar cuando menos una dedicación sencilla a la prevención. Cuando se les ha pedido dicha historia clínica por las autoridades, intentaron fingir tenerla, hasta que se vieron abocados a reconocer no tenerla, lo cual significa no haber hecho absolutamente nada, en materia de Prevención de Riesgos Laborales y, denotan mala fe.
No son buenas las mentiras para llevar a buen fin una empresa del Estado. No es cierto que los gestores de Correos y Telégrafos hayan hecho bien las cosas en materia de salud y prevención de riesgos laborales.
Es ahora, justo ahora, desde el actual gobierno socialista con Pepe Blanco al frente, cuando se han dado los primeros pasos, no suficientes. Es menester pedir cuentas a quienes han hecho una escandalosa dejación de funciones en esta materia y, llamarles mentirosos y falsos a los que dicen que lo que ahora se hace es parte de lo que se venía haciendo, eso no es verdad, todos, que somos muchos, lo sabemos.
Al lado de todo deben cumplirse,cuando menos, los principios constitucionales. Zapatero ha dado mucha ilusión, no debe permitir bajo ningún concepto, que asome la posibilidad de perderla.
Se ha denunciado hasta el cansancio, la reincidencia delictiva de personas que habían sido penadas por los tribunales, al haber malversado fondos y falsificar documentos públicos. Personas que siguen en medio de todo.
¿Es tan díficil erradicar un cancer tan sucio?
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 Para Sixto Heredia, Presidente actual de Correos y Telégrafos, "en España el sector está ya liberalizado", con los proveedores privados, tanto extranjeros como nacionales, operando con normalidad. El responsable de la sociedad estatal española, asistió a la reunión anual de la Alianza Kahala, en Kioto, donde manifestó que hay que subirse al auge del comercio electrónico, priorizando la paquetería.
Llevamos años oyendo lo mismo. Se habla del comercio electrónico desde la última década del siglo pasado.
Han pasado nueve meses desde que el Señor Heredia ha tomado las riendas de la sociedad estatal posiblemente en desmantelamiento y, en todo este tiempo, nada se ha visto que suponga un cambio sustancioso en la dinámica empresarial, nada sobre su reorganización seria hacia el futuro o, sobre la puesta en práctica de medidas decentes para el pase definitivo a la liberalización del sector, teniéndose en cuenta las repercusiones sobre el factor humano, los funcionarios de los Cuerpos de Correos y Telégrafos que prestan servicio adscritos a la Sociedad Anónima, así como, también los laborales, de los que posiblemente un buen número de ellos tengan sus puestos de trabajo poco seguros.
 A todo ello, habrá que preguntar al Gobierno de España, más concretamente al Ministro de Fomento que está haciendo una labor formidable en su Departamento; Don José Blanco, ¿qué piensan hacer con los sinvergüenzas, que cohabitan con gente de bien, en esta casa cuyo capital es de los españoles?
Hablábamos no hace mucho del descaro que han tenido dos empleados de Correos en Pontevedra, haciéndose pasar durante años por Jefes Provinciales que afirmaban y suscribían tener atribuciones administrativas siendo falso. Ahora que se les ha descubierto el pastel, pretenden aparentar que nada pasa, que fue una simple trastada sin importancia.
¡Casi nada!, una usurpación de atribuciones públicas como un castillo pero, para ellos, como si de un chiste se tratara. Lo último, según nos llega, ha sido simular cambiarse a un cargo también sin atribuciones, un puesto cuyas funciones han decaído de la situación activa al modificarse por la ley 14/2000, de 29 de diciembre, el sistema de competencias, con la llegada de la nueva empresa debiendo ser las potestades nominativas. Un amigo les dice con razón "pájaros de cuidado"; lo cierto es que sus últimas actuaciones, son su verdadera perdición, forjada por ellos mismos. Habrán de tener cuidado quienes se muevan en su entorno, más aún quienes sigan a su lado.
Responsabilidades. Sí, debe responder quién deba responder por las actuaciones llevadas a cabo por unos señores que actuaron con cargos falsos. Deben responder quienes emiten certificaciones falsas, haciendo afirmaciones no ciertas, ya sea médico, empleado o un simple y anticuado subdirector de gestión de personal, ahora avergonzado.
Es el momento de que todos, también los sindicatos, pongan sobre la mesa las actuaciones de quienes no siendo nadie han causado daño sin justificación. Aunque desgraciadamente, algunos dicen aaberlo de siempre, ahora nadie puede aparentar dudar de la suplantación de autoridad, todos tienen en su haber documentos, existen certificaciones, incluso sentencias judiciales donde se hacen pasar por cargo con potestad. En justamente ahora, el momento de sacar a la luz todo documento en donde figure su prepotencia y deslealtad, haciéndose pasar por lo que no eran, emitiendo informes, certificando en falso, imponiendo sanciones. Dejar para más tarde la denuncia de sus fechorías, habrá de acarrear problemas a quienes les encubran, máxime en todo aquello que no puede ser tapado.
A ellos es a quien hay que sancionar. Debe cundir el ejemplo.
Como dice el Sr. Heredia, ha llegado el momento de tomarse en serio el comercio electrónico, facilitando el tránsito fronterizo y las devoluciones de envíos, pero es hora también, de una vez por todas, de librarse de malhechores. Presidente de Correos, es hora de escuchar, ¡hora de sacar los papeles y denunciar!
Salvo mejor parecer.
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Tras un largo recorrido utilizando incluso medios indirectos se ha podido llegar a tener constancia declarada, por la que se establece quién es competente en materia de incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales en Correos y Telégrafos, S.A.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, siendo ponente Don Francisco Javier Cambón García, quién formó sala con Don Fernando Seoane Pesqueira y Doña María Dolores Galindo Gil, ha dictado Sentencia (sientan precedente) respecto de la entrega de la HISTORIA CLÍNICO-LABORAL. Considera el Tribunal, junto con la abogacía del estado, que de existir incumplimientos de Correos, de la legislación de riesgos laborales, el órgano competente es la Inspección de Trabajo.
La cuestión no tiene desperdicio, después de años de espera, dando muchas vueltas respecto de la competencia para actuar cuando se produce un incumplimiento de prevención de riesgos, viéndose afectado un funcionario de los cuerpos de Correos y Telecomunicación a extinguir. Es la primera vez que un órgano judicial dice tan claro coincidiendo textualmente con lo afirmado por la abogacía del estado que, de existir incumplimientos de Correos, el órgano competente es la Inspección de Trabajo.
El funcionario habiendo sido citado en octubre de 2006 para recibir la documentación que pidió expresamente en julio de 2006, se negó a recibir otra documentación distinta a la que establece el artículo 37.3 c) del Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La abogacía del Estado dijo haberse permitido el acceso a la documentación que se tenía y, continúo, textualmente: ..."Otra cosa es que en ese expediente -no estén- todos los documentos que el recurrente cree que debería haber o que los que haya no sean de su agrado."
Lo cierto es que, todos somos conocedores y así nos lo recordaban en palabras recientes del Ministro de Justicia, referentes a personajes presuntamente corruptos: "...la ley es de obligado cumplimiento para todos...", por tanto si la Ley y su desarrollo dicen que hay que vigilar la salud de los trabajadores y que debe existir una HISTORIA CLÍNICO-LABORAL confeccionada de una manera concreta, nadie, puede ser diferente al respecto y si tal documentación no obra en tales condiciones, resulta feo, incluso grosero puntualizar que no puede entregarse lo que no resulte del agrado del interesado, o que pide lo que cree debería haber. Se trata simplemente de reconocer por la empresa, como más tarde ha tenido que hacer, que no se tiene porque no se ha cumplido con la Ley, porque se actúa ilegalmente, de manera contraria al ordenamiento jurídico, no se vigila la salud de los trabajadores y consecuentemente no se tiene lo que manda la Ley, por activa y por pasiva.
El funcionario solicitó expresamente le hicieran llegar, textual:
"Documentación aplicable al caso que por mandato de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales LPRL, 31/1999, de 8 de noviembre, artículos 22 y siguientes y, 37 y concordantes del Reglamento de los Servicios de Prevención deberá disponer la empresa y, que en su momento no le fueron facilitados".
El Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 37.3 c), párrafo segundo establece:
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas.
La Sala transcribe textualmente, en los fundamentos jurídicos las palabras de la abogacía del estado, que dice: "... y si algún incumplimiento de la legislación de riesgos laborales existiese, el órgano competente para depurarlos es la Inspección de Trabajo, bajo la dependencia funcional, en este caso, de la Xunta de Galicia..."
 Evidentemente, el legislador ha querido dejar claro en que consiste una HISTORIA CLÍNICO-LABORAL, y que habrá de reunir precisamente esos requisitos, no otros, por lo que la falta de tal documentación implica no haberse cumplido la normativa respecto de la vigilancia sobre la salud.
En su día, una Inspección provincial de Trabajo, seguramente por error, se había declarado incompetente para la reclamación de tal documentación por tratarse de un funcionario, habiendo sugerido la inspectora experta, que ejerciera la acción ante el órgano competente; el funcionario se encontró con que la justicia y la abogacía del estado entienden que "...si algún incumplimiento de la legislación de riesgos laborales existiese, el órgano competente para depurarlos es la Inspección de Trabajo...". Una vuelta al principio, a lo que ya sabía. Lo mejor es que uno puede encontrarse en una conferencia a la que asiste invitada una persona que hace estas cosas, pero hablando dice otras distintas, aludiendo a que debe cumplirse la Ley, que la Historia clínico-laboral es uno de los medios, por el cual se conoce el cumplimiento de la misma.
La Xunta de Galicia, en el año 2008, también se había manifestado en el mismo sentido, habiendo remitido la autoridad laboral (autonómica) las denuncias ante la Inspección de Trabajo.
Ahora la Inspección debe de actuar puntualmente.
Debemos destacar que el Real Decreto regulador de la actuación de la Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración General del Estado, establece:
..."1. El presente Real Decreto será de aplicación a los órganos centrales y órganos territoriales de la Administración General del Estado, así como a sus Organismos autónomos y otros entes dependientes de aquélla, y afectará a todo el personal empleado en los distintos centros, dependencias o lugares de trabajo de los mismos, con independencia de que la relación que se mantenga sea de naturaleza laboral, estatutaria o funcionarial.
2. No obstante lo anterior, a las entidades públicas empresariales no les será de aplicación el presente reglamento, quedando, en consecuencia, excluidas de este procedimiento y sometidas al régimen ordinario derivado de la plena aplicación del Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social..."
Ahora en 2009, la Fiscalía se manifiesta también en el mismo sentido, Correos debe ser tratada como cualquier empresa, excluida del tratamiento de las administraciones públicas.
De lo dicho más arriba, evidentemente, quedó claro que la empresa no tenía, no tiene los documentos que el recurrente cree que debería haber toda vez que, según reconoce la abogacía del estado, "se le ofreció lo que había", que no era lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención exigen muy claramente.
Ciertas personas de la empresa han cometido delito, ¿no?. El interesado ha sufrido daños de cuya responsabilidad no pueden librarse. La paciencia y la calma, han permitido que cada día lo hayan estropeado un poco y que la cuestión haya llegado a un punto sin retorno. Los nuevos responsables carecen de medios para subsanar los errores cometidos, tan sólo les queda asumir lo ocurrido y hacer las cosas bien a partir de su llegada.
Hay por tanto un incumplimiento muy grave, que resulta extremado por reiterativo, y porque sin duda se repetirá en todos y cada uno de los empleados de Correos y Telégrafos, en todo el Estado español.
¿Por qué no se han hecho las cosas conforme a la Ley?, ¿se ha tratado de una prepotencia o se pretendieron tapar las ilegalidades a la vieja usanza?.
A veces parece que alguien añora tiempos de la dictadura, en los cuales por cierto y, paradójicamente, cualquier responsable en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, actuando de esta manera torticera, hubiera salido con una buena patada en el trasero. Ahora mismo, algún subdirector de personal, sigue con su trasero sentado, dando brillo a la tela de su pantalón, a pesar de certificar en falso, creyéndose importante, pero sabiéndose ridículo y mentiroso.
Muy recientemente la Inspección de Trabajo, que es competente en la materia, corroboró y constató que no hay historia clínico-laboral completa del recurrente; que no se han hecho evaluaciones de riesgos durante años, reconocido expresamente por la propia empresa; que tampoco se cumplieron las exigencias del control de salud en materia preventiva; constata la Inspección de Trabajo que se intentó, por la empresa, reiteradamente simular la entrega de lo que no tenían, no tienen; en un acto delictivo claro, vergonzoso.
Una serie de incumplimientos de la normativa de Prevención y Salud Laboral, detectada por el órgano competente, que es la Inspección de Trabajo.
En su día, el 23.08.2007, hablábamos de esto.
Una vuelta muy grande, acudiendo pacientemente ante los tribunales aun en contra de su propio criterio, para concluir, tres años más tarde, que era competente el órgano a quién en un principio se dirigió el recurrente y para terminar comprobando que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, no ha cumplido y sigue sin cumplir con la Ley, al no asumir lo mal hecho hasta el momento.
Incumplimientos de mucho calado, delito claro cometido reiteradamente con prepotencia torticera, por una empresa del Estado, Correos y Telégrafos, S.A.E. en manos hoy de los dirigentes socialistas.
Campañas divulgativas del Gobierno socialista sobre la necesidad de cumplir con las normas de prevención. Multas a los empresarios que incumplen las leyes en la materia, mientras tanto, la mayor empresa del estado, da la espalda a los derechos de sus empleados, con total impunidad.
Ejemplo de agravio comparativo.
No valen los intentos de entrega, no sirve que hagan firmar un folio por el cual se afirma el recibí de una documentación concreta. Es necesario que se haya cumplido la Ley en sus propios términos, que exista la documentación que acredita haberse realizado el seguimiento de la salud (habiéndose realizado de manera real y probada no sólo a través de la firma de un folio que acredite la recepción de unos documentos), haberse procedido a la adecuación del estado de salud respecto a las condiciones de trabajo, cuestión que no sólo se acredita a medio de documentos, ha de realizarse in situ. Lo contrario es un fraude, obra de delincuentes. Título que habrán de ostentar quienes les protegen, amparan y convalidan.
Se hace necesaria la intervención sindical.
¿De que nos vale que hayan contratado a un supuesto experto en la materia, si convalida actos delictivos previos a su nombramiento?. No se trata sólo de cambiar, que también. Se trata de exigir responsabilidades por lo actuado por acción y omisión, se trata de restablecer los derechos de los perjudicados. Aislar a quien tenga firma en materia de personal pero ha cometido falsedad y dice mentiras, sin pudor, sin sentir vergüenza de sí mismo.
Seguimos erre que erre, es menos costoso cumplir las normas. ¡En Correos no se cumple la Ley!
Salvo mejor parecer.
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 Últimamente, se vienen produciendo ciertas aclaraciones respecto de irregularidades mantenidas, durante años, en la empresa estatal Correos y Telégrafos.
Los recién llegados gestores, en su ánimo de dar una rápida solución a las cosas, con prisas, han conseguido dejar a la vista un número de fechorías abundante, no todas las que han sido denunciadas. Puede tratarse también de un nefasto asesoramiento, centrado más en tapar que en aclarar y solucionar graves ilegalidades. También pudiera que fuese una formidable estrategia, por parte de los nuevos gestores de Recursos Humanos, traídos ex professo, que simulan estar de parte de los delincuentes para así, ir hilando la madeja de incumplimientos, ir detectando personalmente a los profesionales de la acción criminosa y a quienes les protegen, encubren y apoyan, en Correos y Telégrafos, que los hay.
Sabido y constatado, de falsificaciones, usurpación de atribuciones, incumplimiento alevoso en materia de protección de la salud; vamos notando una cierta lentitud en la erradicación fulminante de tales actuaciones y la separación instantánea de los criminales y, ello pueda ser por una formidable estrategia investigadora de la nueva dirección encargada del arbitrio humano en la sociedad estatal, conducente a destapar y capturar. Pudiera ser también, aunque resulte casi improbable, que las artes de los delincuentes consigan confundir al regidor y traten de aminorar las cargas, ralentizando la actuación depuradora.
Algunos hablan de la eficiencia de Pepe Blanco, en todos los ámbitos del Ministerio.
Habiéndose apartado el principal gusano infeccioso, recuerden lo dicho sobre los Comités de Seguridad y Salud. Lo cierto es que, algún malhechor de la empresa postal, ha optado por instalarse en la presidencia de un órgano paritario, encargado, entre otras, de analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer medidas preventivas. La providencia, o la mentada buena estrategia del mando, han hecho posible por fin, que el tramposo haya caído en su propia trampa, como pronto veremos.
Salvo mejor parecer
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 El Comité de Seguridad y Salud Laboral es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
El Comité estará formado, por el empresario o por sus representantes en número igual al de delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.
Las organizaciones sindicales, en muchos casos, no se han percatado de que están siendo utilizadas sibilinamente por ciertos empresarios listos y bien asesorados; de tal modo que con su actuación en los Comités de Seguridad y Salud, sin duda alguna, en la mayoría de casos por desconocimiento, están dando carta blanca a irregularidades en la actuación empresarial. A saber:
El Comité de Seguridad y Salud, está facultado para:
Conocer directamente la situación de la prevención de riesgos en los centros de trabajo.
Conocer los documentos e informes que sean necesarios, relativos a las condiciones de trabajo, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención.
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores.
Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio de Prevención.
Los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud si no formulan denuncia ante las anomalías y los incumplimientos en materia de salud laboral, están siendo de alguna manera cómplices privilegiados, sin duda involuntarios, de cualquier mala situación en prevención de riesgos.
A las reuniones del Comité pueden asistir y participar con voz y sin voto, trabajadores de la empresa que cuenten con especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones a debatir. Tan sólo es necesario que lo solicite alguna de las representaciones.
La inexistencia de toda o alguna documentación que por ley sea obligatorio tener por la empresa a disposición de las autoridades, debe ser detectada y exigida por los miembros del Comité, sin pretexto alguno, salvo la ignorancia alimentada por la confusa o falta de información al respecto pues, a nadie se le ocurre pensar que pretendan, los representantes de los trabajadores, ser cómplices activos del incumplimiento empresarial.
Los daños sufridos por los trabajadores en su salud e integridad física con motivo del desempeño del trabajo, es algo que no puede escaparse del control del Comité de Seguridad y Salud. La falta de actuación en este sentido, es casi lo mismo que inexistencia del propio Comité.
El control de las actuaciones del Servicio de Prevención (medios, programas, personal técnico y sanitario), el conocimiento y la capacidad de informar la memoria del mismo haciendo la crítica e incidiendo en las denuncias, son las armas fundamentales para el impulso de la adecuada prevención de los riesgos laborales.
¿Para qué tener pues, un Comité de Seguridad y Salud?
La Ley prevé su existencia y las empresas, no sin reticencias, lo han ido creando y lamentablemente, en muchos casos, vacío de contenido, ineficaz, incluso como medio para convalidar ciertos incumplimientos dejando pasar, por desconocimiento, actuaciones irregulares, ilícitas e ilegales.
Así, nos encontramos en pleno siglo XXI, pasados trece años desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España, con que empresas de mucha importancia productiva y social, tienen constituido Comité de Seguridad y Salud en los ámbitos central y provinciales en cuyo seno, como representantes de la empresa han situado a miembros del Servicio de Prevención, que incluso, en casos, se trata de médico del mismo.
Ya en otra ocasión, hablábamos en este sitio de la incompatibilidad manifestada por la organización médica colegial y por los tribunales, en el sentido de considerar que los médicos de empresa no pueden ejercer labores de control de ausencias al trabajo por causa de enfermedad, situaciones de incapacidad temporal, conocido como control de absentismo por bajas. La función de los médicos del Servicio de Prevención, es precisamente la PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS y en tal sentido habrán de conocer los motivos de baja por enfermedad, a los solos efectos de la prevención, que habrán de tener en cuenta, en su caso, respecto del desempeño del trabajo, para ninguna otra acción, no puede ser por tanto ninguna otra la causa por la que conozcan los motivos de baja por IT de los trabajadores.
Justamente, también el Comité de Seguridad y Salud, tiene como función prevenir que la empresa no utilice al Servicio de Prevención como instrumento para disimular situaciones de enfermedades profesionales, adquiridas con motivo del desempeño, paulatino e incontrolado, del trabajo habitual o como medio disuasorio para impedir que los trabajadores sigan las recomendaciones de sus médicos asistenciales del sistema de salud, conducentes a la mejoría y adecuada cura de sus patologías. Las organizaciones sindicales deben asimismo asistir a las reuniones del Comité por medio de delegado sindical, con voz y sin voto, pero que permite la doble vertiente, es un derecho que le asiste y que no se ha conseguido en vano. El Comité de Seguridad y Salud, puede denunciar estas situaciones y además los miembros del mismo, representantes de los trabajadores, deben hacerlo llegar a sus organizaciones sindicales para que actúen ante las autoridades administrativas y judiciales, cuando detecten anomalías de forma o actuaciones irregulares.
Lo que sí supone el colmo y ronda la ridiculez más absoluta, es la de ver como, en ciertos Comités de Seguridad y Salud, por la parte empresarial se nombra a un miembro del Servicio de Prevención; más lejos llegan quienes deciden que sea un médico de dicho servicio, no imparcial pues de lo contrario se negará de plano; ya alcanzan la cumbre los que habiendo dispuesto como uno de los representantes de la empresa a un miembro del Servicio de Prevención, éste resulta ser médico de dicho servicio y además consiguen que el Comité le nombre su presidente. ¡La zorra en el corral!, ¿no?.
Salvo mejor parecer.
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 Recientemente, con motivo del funesto accidente ocurrido en Valencia, en el que un inmigrante perdió un brazo y fue abandonado por su jefe, el Ministro de Fomento, preguntado al respecto, manifestaba en la Cadena SER que no pueden producirse hechos de este calibre y que se pondrán los medios para evitar tales atrocidades.
Oídas las manifestaciones de José Blanco en la Cadena SER, en las que dejó claro que hay que cumplir con la prevención y perseguir a los incumplidores, se hace necesario mencionar lo que sigue, de todo lo cual hay documentación fehaciente, por tratarse de una empresa que tutela el Ministerio de Fomento, dirigido por el Ministro José Blanco, a saber:
1) Los Presidentes de Correos y Telégrafos, consintieron sistemáticamente durante años que dos empleados de Correos en la provincia de Pontevedra, Don José Manuel Paz Chapela y Don Rufino Alvarez Alvarez, firmaran licencias por enfermedad (acto sujeto a derecho administrativo) haciendo constar que lo hacían conforme a Poder Notarial otorgado por el Consejo de Administración de Correos de fecha 24.09.2004, siendo FALSO. Ambos firmaban como jefes provinciales y no aparecen en lugar alguno como tales. Dejaron de firmar hace tres meses, después de muy reiteradas denuncias, habiéndose hecho caso omiso durante lago tiempo.
Nada ha ocurrido respecto al tiempo que vinieron firmando sin atribuciones, aun mediando daños a empleados, tales como dejar sin percibo de subsidio de MUFACE, por su intervención en acto administrativo nulo de pleno derecho.
2) El Subdirector de Gestión de Personal de Correos y Telégrafos cometió falsedad afirmando, en un escrito, que se había hecho una EVALUACIÓN DE RIESGOS de un trabajador con patología conocida (artículo 25 Ley Prevención Riesgos Laborales) y que ésta (la evaluación) había sido tenida en cuenta para una Incapacidad que lleva años sin resolver. Tal EVALUACIÓN no se ha hecho nunca; así lo afirma del Jefe de Relaciones Laborales de Galicia y lo constata la Inspección de Trabajo.
El Subdirector de Gestión de Personal de Correos y Telégrafos, mintió en un acto sobre la salud.
3) El Subdirector de Gestión de Personal de Correos y Telégrafos avaló por escrito que la empresa del Estado (Correos y Telégrafos) y los Servicios Médicos de Correos de Pontevedra, habían intentado entregar la HISTORIA CLÍNICO-LABORAL de un empleado y resultó ser que tal HISTORIA CLÍNICO-LABORAL no existe; así lo afirma el Jefe de Relaciones Laborales de Galicia y lo constata la Inspección de Trabajo; así lo afirma también la médica de Correos de Pontevedra quién, sin embargo simuló hacer entrega de la misma, como constata la Agencia Española de Protección de Datos y como se argumentó por la propia empresa incluso en un juicio de lo contencioso-administrativo, diciendo que no se puede entregar lo que no se tiene.
Falsedad muy grave, pues NO EXISTE dicha HISTORIA CLÍNICA, sin embargo reiteradamente se simuló hacer la entrega.
4) Los "responsables" de Correos de Pontevedra citaron a otro empleado por telegrama, para hacerle entrega de su HISTORIA CLÍNICA-LABORAL completa, y resultó que llevaron impresos en blanco, sin cumplimentar, con la intención de que el trabajador firmase un folio inicial por el que reconocía haber recibido dicha documentación en forma, intentaron engañarle reiteradamente, a sabiendas de que no tenían lo que les solicitaba y que ha de existir por imperativo legal, artículo 37.3 c) del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Más tarde, ante la Inspección de Trabajo el Jefe de Relaciones Laborales de Galicia reconoció también que NO HAY HISTORIA CLÍNICA-LABORAL y también la Sra. médica de los servicios médicos de Correos de Pontevedra, reconoce por escrito ante la Inspección de Trabajo que no existe la documentación de dicha HISTORIA CLÍNICA-LABORAL. Mintió y mintieron reiteradamente respecto de más de un empleado.
5) El Presidente de Correos ha reconocido que los Servicios Médicos de Correos de Pontevedra carecen de licencia de actuación, que han carecido de tal licencia siempre.
6) Las autoridades autonómicas (Sanidad y la Inspección Territorial de Trabajo) han encontrado anomalías en los servicios médicos de Correos en Galicia.
7) El nuevo Director de Recursos Humanos de Correos, Don Luis Pérez Capitán, pretende que un empleado asista a los servicios médicos de Correos de Pontevedra, aun careciendo estos de licencia de funcionamiento (nadie ha corroborado lo contrario) y además ante la Sra. médica, que ha mentido en materia de salud, respecto de la HISTORIA CLÍNICA-LABORAL de más de un empleado, simulando la entrega de documentos sobre la salud de empleados (seres humanos con patología conocida por la empresa).
El nuevo Director de Recursos Humanos, Pérez Capitán, parece no haber llegado para dar solución a la problemática de Prevención de Riesgos Laborales en la mayor empresa del Estado.
En Correos y Telégrafos S.A. empresa cuyo capital es íntegramente del Estado, gestionada ahora mismo por el gobierno socialista, bajo la tutela del Ministerio de Fomento, que dirige Don José Blanco no hay Servicio de Prevención de Riesgos acorde con la normativa y suceden cosas como las descritas más arriba, sin que nadie haga nada. Son muchos los empleados ya jubilados con lesiones adquiridas en el trabajo y otros que están dentro o de baja, con lesiones motivadas por el trabajo, sin que exista un control adecuado sobre su salud, tan sólo se limitan a MENTIR, hacer actuaciones y documentos FALSOS.
En Correos de la provincia de Pontevedra, existen problemas de falta de personal para el reparto, recargando a los repartidores con trabajo de otros compañeros, lo cual repercute en su salud y calidad de vida; sin embargo se mantiene durante mucho tiempo, en el Pabellón Postal de Pontevedra a doce (12) contratados en un área excentaria -donde no se pueden renovar vacantes- donde parece que está sobrando personal. Se sigue haciendo en momentos de crisis, con el gasto que supone.
También se han convocado vacantes por responsables de Correos de Pontevedra, haciendo uso de un membrete de un departamento estatal de la empresa "UNIDAD DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN"; consultado tal departamento por un sindicato, dicen no saber de tal convocatoria. El "responsable" provincial convocante sin tener competencias, dice que se trataba de dotar una Unidad de Admisión de Masivas, ya existente (no de nueva creación), lo cual resulta ser FALSO, no existía tal Unidad, todavía hoy no existe.
En Pontevedra, se están dando muchas manipulaciones, que deben ser investigadas, por razones de garantía y control de los bienes del Estado.
Salvo error, el Ministerio de tutela debe intervenir y, las personas que en Correos y Telégrafos, tengan conferidas formalmente competencias responderán personal, directa y profesionalmente de su gestión, así lo expresa literalmente la Ley.
Qué decir de quienes actúan sin competencias usurpando atribuciones. ¿No?
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 Irregularidades en Correos de Pontevedra y alguna otra provincia.
Ante las presiones ejercidas y el traslado de denuncias encauzadas por otras autoridades, el Subdirector de Gestión de Personal de Correos y Telégrafos ha reconocido por escrito que las licencias por enfermedad de los funcionarios de la Jefatura Provincial de Correos de Pontevedra, actualmente son firmadas por él mismo, el propio Subdirector de Gestión de Personal.
Este reconocimiento supone que se ha venido cometiendo delito de manera reiterada, al usurpar atribuciones que no se tenían. Lo hemos venido diciendo hasta el aburrimiento.
Se han venido cometiendo irregularidades muy graves, no sólo firmaba licencias por enfermedad y otros actos administrativos el Jefe Provincial, careciendo de atribuciones y competencias, sino que también firmaba y dictaba actos administrativos, sin tener poder para ello el Jefe de Económico-Administrativos quien firma asimismo, en ocasiones, como Jefe Recursos Humanos;ambos señalaban poseer poder otorgado por el Consejo de Administración de fecha 24.09.2004, era falso, no tienen tal poder notarial, siguieron firmando y falseando hasta fechas muy recientes.
Se hizo necesaria una intensiva denuncia de tales hechos, durante un largo tiempo que ha redundado en que, ahora, deba firmar las licencias el Subdirector de Gestión de Personal.
Ha firmado, asimismo, autorizaciones, permisos, etcétera, el Jefe de Distribución de Vigo, sin poder notarial.
Las atribuciones que el Consejo de Administración de Correos y Telégrafos, S.A. ha conferido a los jefes provinciales de Correos y Telégrafos de España, que constan con nombre y apellidos y DNI, en escritura pública, en materia de personal, son las siguientes:
"La facultad contenida en el número 15 de forma solidaria únicamente en lo referente a la celebración de contratos con trabajadores eventuales, autorizaciones, permisos y licencias e imposición de sanciones leves respecto del personal en su ámbito de actuación".
En el listado donde aparecen los nombres y apellidos, así como el DNI de aquellos jefes provinciales a quienes se les atribuyen las competencias señaladas en el párrafo anterior, resulta que no aparecen algunas provincias españolas, entre ellas la de PONTEVEDRA. Ningún jefe de Económico-Administrativos, ni de Distribución de España, en Correos y Telégrafos, S.A., dispone, en escritura pública, de las referidas competencias y atribuciones.
Se requiere limpieza, confiamos en el Ministro de Fomento.
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 Nos felicitábamos muy recientemente por los adecuados pasos que empezaba dando el nuevo Director de RRHH de Correos, decíamos que comenzar por la salud, podría suponer un voto de confianza para Don Luis Pérez Capitán.
Algo tendrá que ver, sin duda, el nuevo Presidente de la mercantil.
Correos se ha visto obligada a nombrar un Director de Recursos Humanos acorde a las circunstancias y con una trayectoria adecuada a la situación lamentable que se venía produciendo.
No hablamos de despistes puntuales, es algo mucho más grave, en la mayor empresa del Estado, se están cometiendo ilegalidades manifiestas, además, dichos actos delictivos se han venido tapando y reforzando torticeramente.
El actual Subdirector de Gestión de Personal ha tenido la osadía y la desvergüenza de manifestar por escrito, que se había tenido en cuenta una evaluación de riesgos de un puesto de trabajo, siendo esto falso, pues no existía tal evaluación de riesgos, Correos no ha hecho evaluación de riesgos. Correos, la mayor empresa del país por número de empleados, no dispone de ninguna historia clínico-laboral en los términos del artículo 37.3 c) del Reglamento de los Servicios de Prevención, como viene obligada a tener.
Se levantan voces triunfales porque, ahora, nombrado un Director ven que pondrá, parece ser, las cosas en su sitio; comenzando por crear una Subdirección de Promoción de la Salud.
Cualquiera con dos dedos de frente, se llevaría las manos a la cabeza nada más llegar y ver lo que se está haciendo con prepotencia y abuso de poder. Comprobar que existen personas con bajas muy largas o que otras prestan servicio en condiciones propias de incapacidad permanente. Una breve lectura de los escritos realizados por Don Luis Pérez Capitán, nos tienen que proporcionar cuando menos confianza, salvo contradicción con sus propios planteamientos, en que exigirá el cumplimiento de la normativa, ¡no es poco!
Hacer después de 14 años, lo que la ley indica, quiere decir que se ha estado cometiendo un delito continuado.
Que se mienta y se manifiesten falsedades en materia de salud, por un Subdirector de Gestión de Personal, con competencias para participar en el procedimiento, en la decisión incluso, de quién debe ser jubilado por motivos de salud, es muy grave. Resulta una canallada.
A los Sindicatos que no quieran ser cómplices de la situación reinante hasta el nombramiento del nuevo Director de Recursos Humanos, si quieren participar airosos de esta nueva situación, sólo les queda la opción de exigir responsabilidades por los incumplimientos habidos hasta la fecha.
Es bueno resaltar que la situación viene a ser dantesca, dado que por dejación en lo referente a reivindicaciones en la materia, se da la circunstancia de que algunos a quienes se les supone deberían de estar del lado de los empleados desde hace largo tiempo, van ahora con varios pasos por detrás, de la Dirección de RRHH en Correos. ¡Decepcionante!
¡Se ha hecho mucho daño!, daño en la salud y en la moral personal que no se puede obviar.
Da pena ver que sólo tenuemente un sindicato mayoritario y más en conciencia algunos sindicatos minoritarios hayan estado firmes, en todo momento, en la reivindicación del verdadero cumplimiento de las normas sobre salud laboral, que no es otra que la repercusión directa en los trabajadores, la adecuación de sus condiciones personales, físicas y psicosociales. Día a día, con presión en los servicios médicos de la empresa que actuaban sin autorización.
No se trata de felicitarse por lo que se empieza a hacer, es obligado depurar responsabilidades administrativas, civiles y sobretodo penales dado que existen casos de trabajadoras y trabajadores con enfermedades profesionales adquiridas como consecuencia del trabajo en Correos, en los que hay responsabilidad tanto activa como pasiva. Existen también situaciones en las que con conocimiento de alguna sección sindical, alguna trabajadora y trabajador, realiza tareas en condiciones propias de incapacidad permanente total para la profesión habitual.
Correos ha reconocido de manera fehaciente, ante la autoridad gubernativa, no cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, reconoció también no tener autorización para ejercer los médicos de los servicios de prevención en la periferia. Las autoridades sanitarias y laborales ya lo dijeron en su momento.
Seguiremos hablando del asunto de quienes actúan sin atribuciones y competencias.
Ahora, con los papeles en la mano, el que no exija responsabilidades, estará evidenciándose, tan sólo será necesario señalarlo.
Salvo mejor parecer.
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 ¿Se abren las ventanas en Correos y Telégrafos?, ¿entrará por fin aire fresco?.
El nuevo Director de Recursos Humanos de Correos, parece entrar con pisada firme y con buenas maneras. La intención de crear un verdadero departamento de salud laboral y prevención de riesgos en forma, podría ser el primer gran paso para el cambio.
Luis Pérez Capitán, ha llegado muy recientemente para hacerse cargo de la responsabilidad en los Recursos Humanos de la mayor empresa del Estado, una sociedad mercantil que ha estado, hasta la fecha, dominada por prepotentes amparados en el "poder", de espaldas al buen hacer, negados absolutamente a introducir los necesarios cambios, han primado la falta de respeto y la mala fe.
¡Cambios, cambios!, decía un docto y comprometido progresista a un político de alto nivel entre los socialistas, refiriéndose a la sencilla solución de los problemas de Correos. Pero, si los cambios se producen muy lentamente, el efecto es precisamente el contrario. Correos ha sido siempre un objeto experimental, la avanzadilla de las relaciones laborales emanadas del Gobierno en su dirección como Administración-empresario. Llegados a tan amplio nivel de liberalización, cuando se ha constituido en una mercantil de pleno, la lentitud en los cambios, podría ser una muestra clara de la falta de capacidad gestora del Gobierno de turno, ¡no valen las disculpas!
Empezar por la salud, siempre que los cambios estén dirigidos a los destinatarios de la misma, es algo loable y que le va a proporcionar un voto de confianza realmente importante al señor Pérez Capitán.
Un humilde y contundente diseño de prevención de riesgos con un responsable experto en prevención de riesgos, en la cabecera de cada zona territorial de la empresa, es un buen comienzo.
Seguir sin pausa, con los cambios, como si de un solo acto se tratare, sería la solución a los infundados desatinos llevados a cabo, hasta ahora mismo, por gente sin preparación, con mala fe y prepotentes, que vienen actuando de manera torticera, con el "¡es así porque lo digo yo!" por delante, con actuaciones incomprensiblemente contrarias al derecho, de espaldas al interés general, con mentiras, falseando incluso sus propias atribuciones y competencias, encubriendo y dando amparo a quienes contrarían las leyes. Gente que habrá de quedar fuera.
Es hora de hacer un pequeño esfuerzo por la consolidación del empleo y la armonización de las condiciones específicas del personal con relación jurídica laboral, colectivo que está llamado a ser la base humana de la empresa. Asimismo, conviene un decidido empeño por introducir las merecidas buenas maneras hacia el personal funcionario, permitiéndose una salida formal incentivada profesionalmente para el colectivo que ha sido la columna vertebral de la imagen sólida y respetada de lo que hoy quiere ser una empresa moderna.
Sí, ¡cambios!
Cosas sencillas, cuya solución está en manos de Luis Pérez Capitán. ¡Si quiere, puede!
Salvo mejor parecer
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23.03.09 @ 20:33:21. Archivado en Correos, Opinión
 Es lamentable que, algunos ahora, tengan que reconocer que unos pocos están haciendo posible el estropicio de lo que en otro tiempo fue un ente modélico. Ha tenido que pasar casi un lustro para que se dieran cuenta de que, no más que un minoritario grupo de "personas", han llevado la entidad del Correo español a límites insospechados; no es posible ya recurrir a la urgencia o la necesidad para argumentar la eterna provisionalidad de todo, el infundado desenlace a que han llegado. No cabe disculpa alguna, ante el incumplimiento sistemático de las normas, ante el desmesurado abuso de poder. Resulta casi increíble que empiecen a percatarse de todo ello, ahora, pasado tanto tiempo, las autoridades socialistas. ¿Qué impedía verlo antes?
Crear una entidad mercantil partiendo de un ente administrativo comercial, preparar las cosas para la liberalización que la Unión Europea mandata, no es óbice para dar la espalda a la legalidad vigente, para engañar a los trabajadores, despojándoles de los derechos adquiridos con el esfuerzo de muchos años.
Algunos señalan que ha habido venta de derechos a cambio de favoritismos. Cualquiera que fuera la forma, es bien claro que se ha dejado sin muchos de los derechos adquiridos a un número muy importante de empleados, que se han dañado los intereses de muchas personas, que se frustraron expectativas e ilusiones, que se ha jugado sucio justo con los que tenían al lado, que todo ha sido manipulado.
El Tribunal Supremo, paso a paso va dando orden a las cosas, que si actitud contraria a la igualdad constitucional, que si no puede desmerecerse el trabajo de los eventuales frente a los fijos. Al mismo tiempo, en el día a día hemos ido descubriendo que unos cuantos "innombrables" se han mofado del Estado de Derecho, pasándose por el forro de sus chaquetas las más elementales normas de conducta y el respeto por la ley.
Como ya se habló desde este sitio, tuvieron la mala fe durante años de consentir que a ciertos "empleados", en ciertas provincias, les hayan dejado hacer y estos han estado decidiendo a su antojo sin poseer atribuciones. Desde los órganos de alta dirección, consintieron que personas con antecedentes penales en materia de falsificación, siguieran haciendo precisamente lo mismo, firmar y protagonizar actos para los que falsificaron la potestad. Mientras tanto, otros callaron, hicieron y siguen haciendo vista gorda.
También han defraudado la ley en materia de salud.
Son personas, empleados, escondidos tras la empresa para actuar, que están quebrantando la ley.
Por si fuera poco, aunque de momento hayamos de utilizar el término presunción, ahora, sabemos y se constata que, el alto cargo que gestiona al personal en el ámbito de todo el territorio español, miente, ha mentido. ¡Será, sería para sentirse importante!.
Habremos de seguir hablando. Dejarlo así, no sería otro despiste socialista.
Salvo mejor parecer
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 Hoy, día de celebración de la Constitución española, es bueno hacer reflexión y crítica sobre el cumplimiento del contenido de la misma en las actuaciones cotidianas, en todos y cada uno de los momentos que hacen que un país se pueda sentir orgulloso de sí mismo.
Desde este sitio, hemos analizado frecuentemente actitudes y aptitudes, entre otras, referidas a la mayor empresa del Estado por el número de empleados, que está sujeta al derecho privado, Correos y Telégrafos, S.A.; actuaciones llevadas a cabo por personas de manera autónoma, cuya responsabilidad es del Gobierno, pero cuya incidencia ha resultado muy negativa para un amplio colectivo de trabajadores e incluso usuarios, todos con título de ciudadano.
El Tribunal Supremo sentenció que Correos y Telégrafos ha incumplido el principio constitucional de igualdad ante la ley; dicho incumplimiento lo ha llevado a cabo de manera concienzuda y persistente hasta el cansancio, privando del derecho y deber al trabajo a un colectivo amplio que habiendo reclamado sus derechos constitucionales, resultó indemnizado por incumplimientos de la empresa. Ahora, Correos y Telégrafos, dilata la ejecución de la sentencia que rechaza su actitud inconstitucional, presentando recursos por medio de la abogacía del Estado, con quién tiene suscrito un acuerdo especial para que le represente frente a los ciudadanos que están reclamando su derecho avalado por el alto tribunal.
Las autoridades sanitarias han detectado que, los gestores de la querida empresa de todos, incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales (también aquí denunciado). Nada menos que la protección de la salud, derecho a la integridad física y moral, incumplimiento de las más elementales normas sobre salud, falta de medidas de protección, acoso, caso omiso a las advertencias y medidas coercitivas aplicadas por las autoridades.
La autoridad laboral en Galicia, ha puesto manos en el asunto pidiendo la actuación de la Inspección de Trabajo, cuya intervención está siendo muy importante en el ámbito de todo el Estado, con la incomprensible excepción de la Inspección de Trabajo en la provincia de Pontevedra, la cual inexplicablemente, en algún caso, desde hace más de tres años, no es capaz de exigir a Correos y Telégrafos, entre otras cosas, simplemente haga entrega de la documentación que toda empresa viene obligada a tener a disposición de la autoridad laboral conforme al artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (también lo hemos comentado).
El reciente cese del Presidente de Correos, no exime a la Sra. Ministra de Fomento, Doña Magdalena Alvarez, del firme respeto a la ley al que están sujetos también los poderes públicos. Es precisamente el cese de las actuaciones ilegales e ilícitas lo que hace grande al Estado.
Las autoridades gubernamentales centrales, están recibiendo denuncia de situaciones rocambolescas (por nosotros denunciadas), referentes al operador postal estatal, tales como la actuación de personas carentes de potestades administrativas que firman la autorización o denegación de licencias por enfermedad, o realizan actos sujetos al derecho administrativo sin facultades.
Han saltado a la luz recientemente, noticias desde las Islas Canarias (Diario Crítico), que nos advertían de la existencia de unos acuerdos que vienen del año 2000, llevados a cabo entre Correos y la Agencia Tributaria, por los que presuntamente los ciudadanos pudieran haber sido privados de su legítimo derecho a la defensa en ciertos expedientes administrativos, tramitados por correo certificado con acuse de recibo.
En los últimos tiempos, el Señor Presidente del Gobierno de España está haciendo las cosas bien, con prudencia, dando la cara responsabilizándose de la mala situación, en ciertas materias como la del aumento del desempleo, que todos sabemos no son del todo culpa suya. Le hemos visto emocionado, por la victoria en las urnas del presidente electo en EEUU, Barack Obama, firme esperanza para sus futuras relaciones internacionales. Le hemos oído palabras quizás excesivamente estridentes, como la referente a que la democracia americana nos ilumina a todos.
Por eso, hoy, día de celebración de nuestra Constitución, le decimos al Presidente Zapatero que en la mayor sociedad anónima del Estado, Correos y Telégrafos, en cumplimiento de la Constitución, cero.
Salvo mejor parecer.
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Baldomero Gómez
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