Resultaría apropiado y necesario que un hombre dado a la cercanía ciudadana, salga en público denunciando los hechos producidos el viernes en Vigo, la ciudad de la que es Alcalde.
El Presidente de Galicia, increpado desconsideradamente, representa a todos los gallegos, ocupa el cargo de mayor rango constitucional en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Esa no es la verdadera imagen de Vigo, ciudad democrática y trabajadora.
Todas y cada una de las reivindicaciones plasmadas inadecuadamente en el foro equivocado el viernes, son apoyadas sin ambages por el que suscribe este artículo y por un elevado número de ciudadanos de aquí y de otros lugares de Galicia pero, al mismo tiempo, siento vergüenza como vigués ante la falta de respeto al Presidente de Galicia. No debe permitirse atropello semejante, desvirtúa las justas reivindicaciones de los ciudadanos, las allí planteadas y muchas otras, que puedan ser dirigidas a cualquiera de las instancias institucionales, de cualquiera de las administraciones públicas (central, autonómica o local) así como, ante los entes privados.
Habrá de imperar siempre, un escrupuloso sentido del respeto, por quienes representan el sentir mayoritario de la ciudadanía.
Don Alberto Núñez Feijoo es el Presidente de Galicia, elegido por los gallegos.
No es justo que se pretenda culpar a los socialistas, de una actuación de tan bajo nivel, pero si es necesario un gesto firme, serio y leal, una manifestación clara de respeto por las normas democráticas y por las instituciones.
Nos lo merecemos todos.
Salvo mejor parecer
Ahora que en Correos y Telégrafos, se dan noticias de que pretenden hacer desde junio de 2010, vigilancia de la salud, conforme al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es cuando toca pedir cuentas a quienes no han hecho sus deberes, durante los largos quince años que está en vigor la Ley
Como todos sabemos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está en vigor desde el año 1995 y desde entonces, algunos fantasmas de Correos no ha hecho vigilancia de la salud de sus trabajadores, como es obligación de todas las empresas y cuando digo todos sabemos, también habrá de entenderse incluido el nuevo Director de Recursos Humanos, aunque en honor a la buena fe, que debe imperar en estas cosas, quizás este señor, Don Luis Pérez Capitán, que no es ningún tonto, quiera hacer funcionar el ejército pero carece de oficiales, pues se ha encontrado con los mandos que dejó Pancho Villa, y en consecuencia se haya visto en la obligación moral de salir al paso empezando la casa por los cimientos. Esa, es entonces la razón de que se anuncie por la empresa que hará vigilancia de la salud a partir de próximo mes de junio, conforme al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el cual establece que tal vigilancia sólo puede llevarse a cabo cuando el trabajador o trabajadora preste su consentimiento.
Otra cosa, es la prevención propiamente dicha, la del día a día, que debe hacerse puesto a puesto, empleado a empleado, con parsimonia, moderación y buena fe, de la cual hemos estado ciertamente carentes; otra cosa también, son aquellos responsables de la empresa, los que estaban en activo con anterioridad a la llegada de los recién nombrados, que deberán esconderse tras las puertas, no tras la empresa, si tienen algo de vergüenza o, bien pueden optar por seguir tan estirados, aparentando que algo tienen que ver en este asunto nuevo, después de quince años, de la entrada en vigor, sin haber hecho nada, con lo que conseguirán causar más repugnancia, si cabe. Todos sabemos quienes son, están a nuestro lado unos, otros siguen firmando papeles.
Respecto de algún Sindicato, que parece ser quiere sacar partido de la novedad de la vigilancia de la salud, después de quince años, decirles que dan pena, ¿dé que les vale formar parte de los Comités de Seguridad y Salud?, ¿por qué han estado haciendo vista gorda de todo lo que sucede?. Pena, porque lejos de anunciar, deben ponerse manos a la obra, dando solución a los problemas que tienen justo en su entorno, desde hace quince años y, los cuales no serán solucionados con la vigilancia de la salud del artículo 22 de la Ley de Prevención, son otros muchos artículos que se están incumpliendo y de los que ese Sindicato con su actitud, está siendo cómplice indiscutible, desde que la Ley y su Reglamento permiten ponerles límites.
No es bueno ser triunfalistas pero, sí reconocer que Pérez Capitán, el Director de Recursos Humanos de Correos y Telégrafos, si consigue le dejen nombrar su propio equipo, podría, si quiere, hacer cambiar las cosas, pero para ello, hay que anotar muy bien, quienes no deben estar, por razones obvias.
Salvo mejor parecer
Sí, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece como un derecho del trabajador lo que viene a ser el deber del empresario, respecto de la protección y la garantía de la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, en todos los aspectos relacionados con el trabajo, quiere ello decir que la integridad física del trabajador está en manos del empresario, respecto de la relación laboral que ambos ostentan.
El actual Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero parece haberse comprometido en materia de salud laboral y, para ello no ceja en su empeño de recomendar a los empresarios que adopten medidas tendentes a la mejora de las condiciones de trabajo. Es grato oir hablar de buenas intenciones, tras quince años de la entrada en vigor de la normativa, tras infinidad de documentos, protocolos, jornadas y un sin fin de actos que llenan los espacios de palabras y palabras, al tiempo que siguen muriendo trabajadores y continúan produciéndose enfermedades como consecuencia de una inadecuada adaptación de la condiciones de trabajo.
Ahora bien, no todos los empresarios son incumplidores, un número importante trata de hacer las cosas bien y dedica tiempo y recursos a cumplir la norma. Desde este espacio, hemos venido fijándonos de manera muy especial en el empresario que se rie de la normativa en materia de prevención de riesgos labores, cuando se trata de una empresa del Estado y, ello por tratarse de una desvergüenza intolerable, que unos gestores pagados por todos, hagan caso omiso de la Ley, malgastando el dinero de todos; haciendo gala de prepotencia frente a los empresarios civiles, que asumen riesgos y son asistidos de gestores que se juegan sus cargos.
Todos hemos asistido en alguna ocasión, a algún evento en el que algún "experto", muchas veces de profesión inspector de trabajo, se esmera en explicar la grandeza de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, haciendo que sus palabras inunden la sala, de sentido común, al tiempo que, en algunos asistentes despierta una sensación de malestar ante la hipócrita actitud del conferenciante, quién minutos despues atraviesa calles, entra en locales, participa de la vida y observa incumplimientos mil, haciendo la vista gorda, sin ningún tipo de intervención directa. En honor a la verdad, si debo añadir que, al lado de esos parlantes, hay otros, la mayoría, buenos y buenas profesionales, del cuerpo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (inspectores y subinspectores) que hacen una labor formidable e imprescindible, pragmática y comprometida, no centrada en conferencias y cuchipandas.
También, en una ocasión, he tenido la oportunidad de oir hablar al tiempo de constatar hechos, en un acto promulgado por empresarios, en el que un conferenciante, Fiscal Superior de Galicia, hizo una disertación en materia de prevención en relación con la responsabilidad penal, clara y firme, muy práctica en contraposición a los planteamientos teóricos, en un foro empresarial muy destacado, integrante de un sector de gran conflictividad, sobretodo en epocas de negociación colectiva, el metal.
A veces, dada la desfachatez de algunos gestores al servicio de empresas públicas, en nuestras denuncias nos referimos al Gobierno, cuando, lo cierto es que son esos gestores, directamente, responsables de sus actuaciones por decirlo y contemplarlo expresamente así la ley, pero caemos en el error de dirigir la protesta pública, ante quienes han depositado la confianza en personas de excasa valía, desleales.
Así, desgraciadamente, como contraste, una vez más tenemos que referirnos a la nefasta actuación de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima; empresa que no consigue consolidar un equipo gestor en materia de relaciones laborales, que tenga el suficiente coraje para dar una solución airosa al amplio colectivo de empleados, que sufren los caprichos de algunos mandos prepotentes, totalmente negados al diálogo, la deliberación, el debate, el encuentro y el consenso. Personas de mal talante, acostumbrados al -yo mando- desconocedores profundos de la realidad de su propia empresa pero, amparados en ella, escondidos tras la fuerza del Estado, al cual flaco favor le están haciendo y, consecuentemente dejando a la altura del betún al Ministro de tutela y al Gobierno.
Consecutivamente, en sendos artículos de Berretum, aludíamos al fracaso de los gestores de Correos y Telégrafos en materia de salud laboral y, lo hacíamos primero respecto del gran número de bajas por enfermedad que, venía a delatar una mala actuación en prevención; después nos centrábamos en la inconsecuente solución que han encontrado, haciéndo uso del "poder especial" de que disponen, obligando a la reincorporación de los enfermos, sin mediar alta médica, valiéndose de un informe elaborado por tres médicos a las órdenes de la casa, en el cual no especifican, ni explican la contradicción técnica respecto del facultativo asistencial que mantiene de baja al empleado. Una imposición desleal con la empresa y con el Estado.
Justamente, tratando de aparentar no estar estafando al Estado, en una actuación relámpago se ponen manos a la obra, elaboran un escrito carente de todo sentido, en su propio contenido, justificándose ante los propios trabajadores, que son conocedores de la realidad, que presencian atónitos el desconcierto, quienes reciben, junto con la nómina de abril de 2010, un comunicado firmado por el Director de Recursos Humanos, Don Luis Pérez Capitán diciendo que hace prevención, con lo que, con sus excusas, tapando a sus predecesores sin necesidad, lejos de convencer, reafirma el abandono del colectivo de Correos y Telégrafos de España, en materia de salud laboral, "excusatio non petita, accusatio manifiesta" - excusa no pedida, manifiesta acusación; "dum excusare credis, accusas" - creyendo excusarte, te acusas, al querer evitar una falta, se agrava por disculparla.
Por ello, a Don Sixto Heredia, Presidente de Correos, responsable por ley del buen fin de la empresa así como, de la integridad física de sus trabajadores, tenemos que exigirle la inmediata solución al desaguisado que está produciendo en la misma. Recordarle al "gestor" responsable que, obligar a reincorporarse a los empleados enfermos, sin mediar alta médica, supone responsabilizarse de su integridad física, no sólo en base a la prevención de riesgos laborales, que también, debiendo al efecto actuarse en la adecuación de las condiciones laborales sin demora, sinó y sobretodo en todo lo que suponga la situación patológica en la que estaba el empleado convaleciente al tiempo de disponer su reincorporación, lo cual incluye la oportuna asistencia sanitaria y la medicación.
Pretender que, los empleados enfermos reincorporados a la fuerza, se sirvan de sus propios médicos asistenciales, costeándose sus gastos en medicamentos con cargo al sistema público de salud, resulta una estafa al Estado y sus ciudadanos, ¿quién paga sus gastos?. Sr. Heredia, si has dispuesto su reincorporación habrás de hacerte cargo, ineludiblemente de su salud e integridad, de toda la asistencia sanitaria, con sus gastos incluso farmaceuticos.
Tú y no otros, habrás de responder directamente, en base al texto de la ley respecto de los titulares de la entidades públicas empresariales, a quienes es de aplicación al desempeño de sus funciones: "a) la responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada". Así habrá de ser.
Salvo mejor parecer.
De fracaso absoluto, debe calificarse el sano intento del Ministro de Fomento, Pepe Blanco, por dar solución a la caótica política de personal y de prevención de riesgos y salud laboral, en la mayor empresa de España, bajo su tutela.
Las ilusiones puestas en el nombramiento de Luis Pérez Capitán, se han frustrado.
Quizás el perfil del nuevo Director de Recursos Humanos de Correos y Telégrafos, no sea el más idóneo para llevar a buen término una mejora moderna de esta empresa, que es una sociedad anónima, en la que hay muchos funcionarios que ejercen como empleados ordinarios pero, cuya relación jurídica está sometida al derecho administrativo. O quizás, este señor, no puede hacer uso de su destreza por, mantenerse en la cúspide a personas antigüas con prácticas propias de otros tiempos, desde la perspectiva de las maneras de hacer, incluso formales.
Decíamos en este sitio que el gran número de bajas por enfermedad en Correos, dejaba patente el fracaso de la política de prevención de riesgos, tras aquel artículo ha coincidido que la empresa procedió a ordenar la reincorporación de un número muy importante de empleados de baja por enfermedades comunes y profesionales, incluso accidentados en el trabajo. La fórmula motivada por el exceso de tiempo de baja, próximos a agotar el tiempo máximo establecido en la normativa y motivada por la impotencia de los gestores acostumbrados a "lo público", se basa en la decisión adoptada, encargada a un trino médico, que vienen en llamar "tribunal", el cual a distancia decide que el empleado esta APTO para el desempeño del trabajo y, hacen esto sin mediar ningún tipo de comprobación respecto de la repercusión de la patogía en el desempeño del trabajo habitual.
Resulta absurdo e insultante para los interesados o, para cualquier observador, que tres médicos se brinden a firmar una certificación de aptitud de un enfermo, al que no han visto, del que no conocen los movimientos o la afectación de su patología respecto del trabajo que desempeña. La prueba más real está, en que la propia empresa carece de historia clínico-laboral de sus empleados, es un desprecio.
Fracaso, es la palabra.
El nuevo Director de Recursos Humanos, no ha sabido o no ha podido dar solución al problema, 
las excasas evaluaciones de riesgos laborales, se realizan carentes de rigor, produciéndose situaciones en las que se da por buena y suficiente, una revisión de tareas, por ejemplo, de un cartero (reparto a pie), simplemente evaluándose el momento de la clasificación en la cartería, con presencia de un miembro de la empresa quién patéticamente, actúa irregularmente en la evaluación, haciendo él mismo, los movimientos que debe hacer el trabajador y obviándose por todos (empresa, médicos y técnicos de prevención), que un cartero realiza el ochenta y cinco por ciento (85 %), de sus tareas en el exterior de la oficina de Correos, que trabaja en la calle, en los portales, entra en los talleres y fábricas, sube cuestas, escaleras urbanas y domiciliarias, clasifica en los buzones de cada uno de los portales de su recorrido, etcétera, etc. Una evaluación de riesgos ha de hacerse individualmente, dos trabajadores realizando una misma función, incluso uno al lado del otro, tendrán, por pura lógica, resultados distintos.
¿Cómo pueden obviarse, por los responsables de la empresa, cuestiones que cualquier ciudadano observa y conoce?
Pérez Capitán nos ha defraudado, no sólo como Director de Recursos Humanos, sino también como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, pues su destacada figura proviene, que sepamos, de su condición de Inspector y cómo tal, no puede pasar por alto el cumplimiento exhaustivo de la normativa. Son muchos los Inspectores de Trabajo que han detectado irregularidades en Correos, entre otras, en materia de Salud Laboral y, también han deteptado que tanto los carteros de a pie, como otros trabajadores de la carga y descarga o, de la clasificación, hacen tareas repetitivas, hacen tareas que no les corresponden a sus puestos de trabajo, causan bajas por enfermedades adquiridas en el desempeño de sus funciones en la empresa. Nos encontramos, con que, como solución especializada de un docto individuo, traído para dar soluciones, se dispone la de obligar a los enfermos a reincorporarse, sin el más mínimo respeto por su salud, contraviniéndose su derecho constitucional a la integridad física, en base a un certificado de aptitud a distancia.
Y todo ello, en tiempos de crisis, con el dinero de todos. En momentos en los que el Gobierno pretende incentivar la prevención en las empresas, momentos en los que el ejemplo ha de hacerse radicalmente desde dentro.
Salvo mejor parecer
Domingo, 27 de mayo
Antonio Cabrera
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
Vicente A. C. M.
Miguel Torres Galera
Carlos Ruiz Miguel
Josep Carles Laínez
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
José Pómez
Baldomero Gómez
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