Ahora nos llega la noticia de que los responsables de Trabajo en las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña y Euskadi, se han reunido en Barcelona y piden al Ministerio de Trabajo, flexibilidad en las políticas activas de ocupación para que cada Comunidad Autónoma las aplique acorde con la coyuntura propia de su mercado laboral.
Los dirigentes de trabajo de las tres Comunidades Autónomas, coinciden en la necesidad de que los Técnicos de Prevención de Riesgos laborales tengan mayor capacidad ejecutiva y, asimismo resaltan la importancia de la transferencia de los servicios de Inspección de Trabajo.
Es claro que los altos ejecutivos políticos de trabajo, con toda seguridad seguidos de otros muchos responsables laborales del espectro español, son conscientes de que la lucha contra los incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, pasa por la previa conformación de una infraestructura real y actual, acorde con los tiempos, flexible, con capacidad y conocimiento.
En los últimos años, hemos oído hasta la saciedad que las Inspecciones de Trabajo no dan abasto para atender, con profesionalidad las múltiples actuaciones en que son demandados, entre otras, las de más transcendencia, las referentes a la Prevención de Riesgos Laborales. Son importantes las manifestaciones desde la autoridad académica o desde la alta judicatura que coinciden en señalar también, la necesidad de dotar a la Inspección de Trabajo de una mayor formación en materia de salud laboral, quizás porque, a diario somos testigos de que su actuación podría tener mayor contundencia, si dispusieran de un más adecuado manejo de la materia, tanto jurídica como técnicamente.
La solución pasa por la formación, por la creación de órganos exclusivos dedicados a la Prevención de Riesgos, por la integración incluso de los Subinspectores de Empleo en el rango que les corresponde, cuya formación de base, en la mayoría de los casos es más especializada, menos genérica, no teniendo razón de ser dos cuerpos, una subcategoría para hacer prácticamente lo mismo, fiscalizar e intervenir contra la infracción de la normativa; vigilar, controlar y asesorar cara al buen hacer en materia de trabajo, Seguridad Social y empleo. Pasa también, por qué no, por la transferencia de los servicios de inspección a las Comunidades Autónomas, más acorde con el ámbito que regula la salud, el empleo y las relaciones laborales.
Todo ello, redundará sin ninguna duda, en una mayor eficacia de la Inspección de Trabajo, al ser verdaderamente prácticos.
Salvo mejor parecer
Dice bien el Sr. Gabilondo cuando afirma que el actual modelo económico se desmorona, que las cosas no volverán a estar nunca como antes. Eso de que, "las cosas no vuelvan a estar como antes", podría ser una buena noticia, pues si la salida de la crisis supone un buen cambio, bien venido sea, mejor si coincide en manos de un gobernante firme y con aguante, con ciertos fallos de fondo quizás debidos a las malos consejos pero, con una indiscutible capacidad para dar la cara aunque sea tarde, con cierta manera distinta de hacer las cosas, más humildad y con aparente tolerancia.
Precisamente en este momento de crisis, ahora no después, corresponde al Señor Zapatero cambiar aquellas cositas de la casa que no van bien. Si el modelo económico ha fracasado como dice Gabilondo, ¿qué decir de la manera de liberalizar ciertas empresas públicas?. Nadie dice que a estas alturas no haya que liberalizar, por ejemplo, Correos y Telégrafos, pues la Unión Europea ha puesto incluso fechas; ahora bien, las maneras de hacer dejan mucho que desear y bajo el pretexto de que está en transformación, se ha dejado en manos de "cuatro" un poder desmesurado, abandonando prácticamente la prestación del servicio público, gastando dinero de todos sin mediar una triste comparecencia en el Parlamento para dar cuentas, incumpliendo sistemáticamente las leyes, faltando a las más elementales normas del Estado de Derecho y todo ello bajo la forma de "Empresas Estatales", sin control, con el lógico amparo del Gobierno y toda la infraestructura estatal por ser todo su capital del Estado, de los ciudadanos a quienes no da cuentas.
Veíamos recientemente en un programa de televisión, como tres hombres en sillas de ruedas tenían dificultades de acceso a oficinas de la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos y, oíamos atónitos como una empleada de la empresa estatal -de todos- les decía a los interesados y a la locutora: salimos con frecuencia al exterior para atender a discapacitados. Uno de ellos, se preguntó en voz alta ¿cómo sabe esta señora que yo estoy fuera esperando ser atendido?. Pretender dar una imagen de empresa E-volucionada, cuando sigue siendo tipo jurásico, atendida por gestores muy primitivos, no resulta rentable, ocasiona gastos y frustración. Ello, sin mentar los daños que se puedan estar causando a sus empleados funcionarios, en su estatus jurídico.
¡Ahora es el momento para cambiarlo!
Salvo mejor parecer
Bueno, nos dicen que los juzgados de lo mercantil se van a ver saturados por la cantidad de procesos concursales que se avecinan. Los parados llegan a 2.380.000.
Por otra parte, es cierto que no resulta habitual encontrar asociaciones de parados que, de manera directa intenten paliar la problemática acuciante del desempleo, desde una perspectiva propia y directa, organizada desde dentro, aprovechando los propios recursos, uno de ellos el más valioso, su propio tiempo, en buscar soluciones razonadas y tratadas de una manera técnica. La desidia y el desamparo que provoca la propia situación, al quedarse sin empleo, son la causa de que un colectivo tan importante no se haya planteado crear asociaciones.
Los sindicatos actúan con una parsimonia cuando menos sospechosa, entre sus filas y como dirigentes de cierto nivel disponen de cuadros importantes, cualificados y comprometidos, pero pudiera ser que fallen las altas esferas, acostumbradas a los tiempos de bonanza, se han acomodado y en consecuencia distanciado de lo que es la razón de ser de la propia organización, centrados en cursos de formación y sus subvenciones; a mi humilde entender disponen de recursos para actuar en ciertos asuntos más directos, relacionados con el desempleo y con la contratación temporal pero, no lo hacen, ¿por qué?.
Por contra, en algunas administraciones, la autoridad laboral como la de la Xunta de Galicia planta cara a la situación haciendo una labor destacable, consensuada, acertada, clara y tangible a la que sólo le falta compromiso de ciertas organizaciones y estamentos, aparentemente reacias a tomar iniciativas. No tiene relación directa, esta cuestión, con asuntos partidistas o de cariz electoral, aunque también, lógicamente por tratarse de una de las condiciones más elementales, la razón de ser como ciudadanos de un Estado social y democrático de derecho, el trabajo y sus condiciones laborales que, a su vez son elemento base de su propia vida
El iuslaboralista en su amplia concepción, aquel que siente pasión por las relaciones laborales y el derecho del trabajo, el vocacional, tiene mucho que decir justo ahora.
Es llamativa, también la falta de contundencia a la hora de exigir el fiel cumplimiento de las leyes en materia de prevención de riesgos y salud laboral (cumplir la ley), resulta escandaloso comprobar que a diario mueren personas por motivos que se han podido evitar y justamente al lado de quienes hacen una tibia y moderada protesta, se están produciendo irregularidades de igual calibre, haciéndose vista gorda, pasándose fríamente de las malas condiciones que traen enfermedad profesional o provocan accidentes de trabajo y resultan muy caras, una vez se han producido. Oír que un alto cargo sindical, diga que está llegando el momento de exigir el pleno cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales, es tanto como declarar que se ha estado mirando para otro lado. Tiempos ciertamente duros pero, las cosas podrían estar cambiando, ¡ya se verá!
Salvo mejor parecer
Menuda la que está montada, al margen de lo de las narices de la princesa o el pelo de José Bono, algunos ministros de Zapatero, han soltado lastre para que los del patio se pongan a calentar el ambiente, que ya está bien de vacaciones.
Nueva ley del aborto, algunos al borde del ataque de nervios, no les llegaba con lo que teníamos que vienen estos y se la dan con una nueva ley. Para otros ya era hora, en los países donde la cuestión del aborto es menos rígida, no se dan precisamente más abortos, dicen.
Un estudio revela que en las Comunidades Autónomas donde hay más funcionarios, existe menos empleo y viceversa, hay más trabajo donde menos empleados públicos.
Se anuncia que puede adquirirse un título de formación profesional con tres años de práctica en el trabajo; es llamativo el asunto e incluso podría afirmarse que arriesgado y precipitado. Pretender que se pueda alcanzar un título por la única vía del trabajo, no es justo para nadie. No cabe duda de que, es necesario valorar el trabajo, dando incentivos, certificando la experiencia, pero no es bueno dar pasos hacia atrás, la especialización y el estudio son necesarios, es el Estado el responsable de que sus ciudadanos alcancen una formación académica mínima adecuada, que la formación profesional reglada se acerque debidamente al mundo del trabajo, conjugando el estudio y el trabajo. Una cosa es valorar la profesionalidad de quien lleva años ejerciendo una profesión, incluso careciendo de título; otra bien distinta, es pretender que con tres años de trabajo se equipare a un título académico. La cuestión pasa por aclarar bien los enunciados, centrarse en lo que se quiere, que sin duda habrá de venir a ser una urgente adecuación de la formación profesional, de manera formal, aunando ambos conceptos.
En Cataluña, algunas voces hablan de "bloquear el presupuesto del Estado", y esto puede traer miga.
En el ambiente se respira una reactivación, de lo sociolaboral, en los últimos años ciertamente adormecido.
La Ministra de Fomento, Doña Magdalena Alvarez con sus desafortunadas manifestaciones, vino como a responsabilizar a los trabajadores de Spanair, en el asunto de la catástrofe de Barajas. Cosa grave, que no debiera hacer ningún partido, menos si cabe un partido que gobierna, no digamos ya el propio Gobierno, más grave aún que el Sr. Presidente no diga, de momento, nada al respecto.
Celestino Corbacho, en nombre del Gobierno, que dirige Zapatero, anuncia medidas agresivas en materia de inmigración. Las organizaciones sociales y políticas de izquierdas, en cuyas filas hay seguidores y militantes que en las últimas elecciones generales cedieron su voto como útil en favor del PSoE, se sienten traicionados, notan un fallo directo de Zapatero. Estas traiciones se pagan, dejan mal sabor de boca, desilusionan tanto o más que lo de haber visto como no se afrontó la situación de crisis con claridad, con calma ante la verdad. Todos coinciden en advertir del riesgo de un efecto contrario, pues los inmigrantes no son culpables de la crisis y suponen una buena fuente de ingresos a las arcas de la Seguridad Social, además de estar ocupando empleos que no quieren los ciudadanos del país siquiera en crisis; podría en consecuencia suponer una vuelta a la irregularidad y el descontrol. SOS Racismo va más allá y afirma que este tipo de políticas fomentan la intervención de las mafias.
El debate está servido. Mientras tanto el mundo parece tomar una dirección más plural, la nueva generación que muchos llaman "milenaria" es menos xenófoba, multiracial.
Don José Luis Rodriguez Zapatero, no debería esconder la mano que ha de tender a quienes le han dado su confianza y que continúan confiando en él, de momento.
Las cosas van bien, si se sigue simplemente gobernando, no se trata de buscar culpables.
Domingo, 27 de mayo
Antonio Cabrera
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
Vicente A. C. M.
Miguel Torres Galera
Carlos Ruiz Miguel
Josep Carles Laínez
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
José Pómez
Baldomero Gómez
Autor
Contacto
