Es necesario que la opinión pública conozca lo que, a mi entender, supone un lamentable trato de desigualdad hacia un colectivo asalariado y ajeno a la política que, son utilizados como los portavoces inmediatos de ciertos políticos ante la sociedad.
Los centros sociales no son, como mucha gente piensa centros de tercera edad o dedicados a los jubilados, son espacios que el Estado pone a disposición de los ciudadanos en general –sin distinción de edades o de condiciones físicas- para el encuentro, el desarrollo de actividades, la participación en cursos formativos, la asistencia a charlas y conferencias, organización de eventos y espectáculos, excursiones a cualquier parte del mundo, la lectura, el acceso a la Internet y un largo etcétera de actividades y servicios coordinados y programados por un asalariado o asalariada, empleado de la Administración competente.
Son pues, las Directoras y Directores de los centros sociales, quienes hacen posible de manera directa, a pie de calle, la política social básica y de bienestar que el gobierno de turno presta a los ciudadanos. Estos profesionales, lejos de lo que muchas personas puedan pensar, en Galicia no son nombrados por libre designación según el color político en el poder, son por el contrario personal al servicio de la administración pública que accede por oposición a tal cargo y son por tanto asalariados, trabajadores por cuenta ajena, regulados en Convenio Colectivo que además de su trabajo, han de entregar su propio talento y disponibilidad, en ocasiones por encima de las exigencias del puesto por el que cobran y de la jornada habitual al uso.
Últimamente, muchos trabajadores se plantean qué pueden hacer para instar a las inspecciones y autoridades a la exigencia real del cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos y salud laboral. Es cierto que, las inspecciones en muchos casos actúan de oficio pero en la mayoría de las situaciones, se hace necesaria la denuncia expresa y esta habrá de hacerse adecuadamente, en evitación de que las propias autoridades se vean impedidas o dificultadas para realizar sus investigaciones.
El ejemplo de Correos y Telégrafos, S.A.:
Venimos leyendo en la prensa que, algunos sindicatos están plantando cara a los gestores de Correos y Telégrafos, S.A. en materia de prevención de riesgos laborales. Desde aquí no podemos menos que felicitarnos por tal iniciativa, tardía pero a fin de cuentas necesaria para poner freno a la situación injustificable de graves incumplimientos al respecto en la mayor empresa del Estado.
Denuncias encadenadas sobre inadecuación de mobiliario, carencia de instalaciones, accesos, almacenajes, acoso, falta de protecciones, etcétera; suponen un buen comienzo sin lugar a dudas. Ahora bien, la cuestión radica en la propia responsabilidad de quienes parten del incumplimiento básico de las leyes y esto sí ya es grave. Grave hasta el punto de que si no se soluciona previamente este aspecto, las denuncias planteadas en las demás materias sufren un retraso enorme, dado que primeramente, las inspecciones y autoridades deben llegar al origen.
Domingo, 27 de mayo
Antonio Cabrera
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
Vicente A. C. M.
Miguel Torres Galera
Carlos Ruiz Miguel
Josep Carles Laínez
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
José Pómez
Baldomero Gómez
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