Cuando en una gran empresa pública, algunos de sus cargos ejercen en base a manifiestas ilegalidades, presiones y abuso de poder, acoso laboral...; cuando tales incumplimientos no son corregidos por los responsables máximos de la entidad e incluso por los responsables departamentales del Gobierno; sin duda alguna, estamos ante una manifiesta muestra de debilidad.
Cualquier estrategia por errada que resulte, por muy mal que puedan dirigir una sociedad cualquier Presidente empresarial y sus directivos; resulta imposible que en la práctica casi todas sus actuaciones se salgan del guión que marca la normativa en vigor, ¡algo más tiene que estar pasando!.
Repárese en que si hablamos de una empresa pública, que incumple con la normativa sobre salud y riesgos laborales, el impacto debe ser considerado como muy grave jurídicamente hablando pero, desde la perspectiva empresarial, social y política ¿qué calificativo le damos, tratándose de una empresa del Estado?
Partiendo de que, los individuos que dirigen dicha empresa, lo hacen en nombre del Estado, si hablamos de incumplimientos en materia de personal, ya sea en el ámbito del derecho laboral o administrativo, si se saltan a la torera las normas ¿donde reside la fides?.
Domingo, 27 de mayo
Antonio Cabrera
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Pedro Fernández Barbadillo
Vicente A. C. M.
Miguel Torres Galera
Carlos Ruiz Miguel
Josep Carles Laínez
Raúl González Zorrilla
Rufino Soriano Tena
José Pómez
Baldomero Gómez
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