 Nuevamente se desencadena un debate, atrevido, sobre la jubilación. La cuestión de fondo no es otra que la puesta en marcha de una serie de adelantos respecto de ciertas reformas en profundidad de las prestaciones sociales, justo las que más duras resultan de plantear ante los ciudadanos.
El estilo ya resulta conocido, viene a ser similar al que Pepe Blanco lanzó con motivo de los cambios a implantar en materia de impuestos.
La medida vendría a situar a España a la altura de EEUU, Alemania o el Reino Unido pero, quizás las maneras al uso, en lo que a los anuncios se refiere, podría llevar al Gobierno a una situación no esperada, más quizás porque los ciudadanos no quieren que el Presidente utilice métodos distantes del pie de calle, al tratar temas de este calibre.
La posible repulsa de muchos votantes podría llegar, no por la medida en sí, sino por la forma de anunciarla.
El humor, en ciertos medios de comunicación, se centra en las contradicciones, la osadía y los cambios de mano del Ministro de Trabajo, al aportar datos que enseguida deben ser enmendandos por sus colegas, o las prediciones sobre el empleo y el fin de la crisis, que dejan a la gente un tanto pensativa.
Ahora que el Gobierno, participa de la representación de Europa, habría de ser tiempo de grandes políticas internacionales, que por otra parte no se ven muy favorecidas. Es tiempo también de ofrecer datos y mucha información sobre Europa a los españoles.
Las cuestiones internas del país, en momentos tan especiales de la negociación social, adolecen de cierta seriedad en lo que a los gobernantes se refiere, quienes se limitan a dar pinchazos, antes icluso, de que los interlocutores hagan sus planteamientos básicos, para iniciar el debate, entre los que serán en definitiva los destinatarios de la negociación. Un juego peligroso, que podría provocar un reacción no deseada con consecuencias nefastas para el partido que obstenta el liderazgo del Estado.
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13.01.10 @ 21:32:00. Archivado en Vigo, Galicia
 El Alcalde de Vigo, pide a los ciudadanos le acompañen en su defensa de los intereses de la ciudad.
Abel Caballero, exige al PP de Galicia y sobretodo de Vigo, que explique con claridad, las razones de su apoyo a la fusión, en detrimento de Caixanova que incluye el traslado de la toma de decisiones fuera de la ciudad olívica, siendo la Caja que mejores resultados ofrece.
Se calienta el debate sobre la fusión de las Cajas de Ahorros, en la comunidad gallega. En Vigo los ciudadanos, no ven bien una fusión impuesta sin razonamientos lógicos, pero falta el empuje político necesario para que con conocimiento de causa, se produzca la verdadera reacción ciudadana al respecto.
Caixanova acaba de aportar datos sobre su liquidez total para afrontar sus compromisos holgadamente.
 La fusión que pretende impulsar el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, podría suponer un fracaso, y en consecuencia arrastrar a una entidad saneada, como Caixanova, a un destino indefinido, sin razón de peso para ello.
La pregunta de la calle es: ¿por qué no mantener a Caixanova como entidad gallega de ahorro, respetando su sede y titularidad?
Todo el grupo de Caixa Galicia ha tenido unos resultados, peores, de los que ha obtenido, Caixanova en solitatio, sin contar con sus entidades filiales y participadas. Este dato ha de ser fundamental para una sosegada reflexión.
 Caixanova, aún siendo más pequeña, ha tenido unos resultados en torno al 29% superiores a Caixa Galicia.
El Bloque Nacionalista Galego, BNG, exige a Núñez Feijoo que adopte la decisión por la fusión sin vacilaciones. Muchos ciudadanos, incluidos militantes, con mal sabor de boca, se preguntan por qué el BNG sin vacilaciones, no habla claro a la ciudadanía, sobretodo a la del Sur de Galicia, y explica con decisión y valentía, las razones para la fusión y la imposición de ubicar la sede en el Norte de Galicia, en detrimento de Vigo, sede de la Caja con mejores resultados económicos y con fuerte arraigo en su ámbito territorial, dado su conocido compromiso con los ciudadanos, a través de su Obra Social.
El Alcalde de Vigo, en solitario, pide a los vigueses, una reflexión calmada pero firme, en defensa de la Caja del Sur de Galicia, hace un llamamiento a la cordura y al sentido común en base a la fortaleza y a la contrastada liquidez total de Caixanova.
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 Los últimos días hemos sido testigos de las declaraciones de miembros del Gobierno referentes a la posibilidad de una regulación de las prestaciones de Seguridad Social, "más acorde con los tiempos", así dicen quienes en bajito para no alterar los ánimos, anticipan que, si bien las pensiones existentes no sufrirán cambios, las que se generen de futuro no se parecerán en nada.
Y por ahí también se va diciendo que, según las circunstancias y la situación del o de la beneficiaria, se percibiría durante un período concreto de tiempo o incluso en un sólo pago. Se hace hincapié en que se reforzarán las pensiones de orfandad.
No obstante, ante la presión de los curiosos, se insiste en que no desaparecerán las pensiones de viudedad que disfrutan actualmente sus beneficiarios, pues se trata de un estudio sobre aquellas que se generen en un futuro.
Los datos del crecimiento del paro y la pérdida de ingresos en las arcas de la Seguridad Social, son el telón de fondo para una reforma que podría dañar los intereses de quienes nada tienen que ver con la crisis y que, de una manera diferida podrían pagar el pato a la hora del cálculo de sus pensiones de jubilación o, en las pensiones de sus beneficiarios. Ello a pesar de haber sido los que contribuyeron a hacer posible que existan prestaciones sociales no contributivas y otros subsidios de cariz político, a costa del trabajo.
El permanente anuncio de que no se dañarán los intereses de la clase trabajadora, habrá de hacerse también respecto de la expectativa de quienes llevan mucho tiempo tejiéndose un porvenir, aun a pesar de los insolidarios y desleales.
La transformación que el Gobierno está haciendo en todos los ámbitos, supondrá a medio plazo un verdadero cambio de cultura. Esperemos que para bien.
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 La adaptación de la terminología, respecto de la definición de las restricciones y limitaciones en la capacidad de las personas en su actividad, más acorde con el criterio de la Organización Mundial de la Salud, y en conformidad a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, viene a suponer algo más que la erradicación del término despectivo y peyorativo "minusvalía"
Desde el pasado 27 de diciembre ha entrado en vigor el Real Decreto que actualiza el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, cuya norma básica, data del año 1999.
Por tanto, cambia el concepto de minusvalía pasando a denominarse DISCAPACIDAD y al mismo tiempo, lo que hasta ahora era la Discapacidad pasa a ser llamada LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD. Consecuentemente, el grado de minusvalía es grado de discapacidad y lo que venía siendo grado de discapacidad es ahora grado de Limitaciones en la actividad.
El término DISCAPACIDAD, en la letra del nuevo Real Decrero, se refiere ahora al genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
El grado de limitaciones en la actividad, son las limitaciones que un individuo puede tener para realizar actividades, expresadas en porcentaje. Una "limitación en la actividad" abarca desde una desviación leve hasta una grave, en términos de cantidad y calidad, en la realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizará una persona sin esa condición de salud.
Todo ello supone un cambio importante, no solo en la terminología, es un cambio sustancial a la hora de definir las "Limitaciones en la actividad" de las personas respecto de su integridad social pero, es de importancia sobretodo en el ámbito laboral, en el cual hasta la fecha se daban situaciones complicadas, al darse un calificativo genérico a la hora de ponderar la adecuación de una patología respecto de las tareas a desempeñar en el puesto de trabajo habitual. La modificación operada, ahora vigente, viene a establecer una definición concreta al centrarse en las limitaciones en la actividad, graduando dichas limitaciones en base a porcentajes, en términos de cantidad y calidad.
Se evitan así, los inconvenientes que la propia Inspección de Trabajo planteaba a la hora de definir una situación en la que se encontraba un trabajador, que no era declarado discapacitado total para su profesión habitual, sin embargo presentaba limitaciones en la actividad, incluso del 90%, de las tareas propias del puesto de trabajo habitual, pero no se le declaraba discapacitado al realizarse una medida de carácter genérico, sin concretarse las limitaciones orgánicas y funcionales que le diferenciaban de otra persona, trabajador, sin esa condición de salud.
Un paso cualificado, sin duda alguna.
Salvo mejor parecer
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23.12.09 @ 12:18:46. Archivado en Opinión
 El problema no puede ser otro que la falta de personas competentes para publicitar lo bien hecho.
Las iniciativas legislativas del Gobierno, sin precedentes, van tomando forma con apoyos harto suficientes y, además, supondrán sin duda alguna la base sólida que el Estado necesita para estar a la altura de las circunstancias en Europa y en el mundo.
Nada se hace saber, ni tampoco se centra adecuadamente el debate con contundencia, en la sociedad, sobre el profundo cambio operado en la Justicia, que dispondrá después del primer trimestre de 2010 de los resortes adecuados para actuar con mayor celeridad y con coordinación, en razón también al acertado desarrollo legislativo y reglamentario.
No se dice, que se han abordado medidas correctoras para los operadores de prestación de servicios, con mayores facilidades y que se regulan las profesiones tituladas colegiadas, conforme al ritmo de los nuevos tiempos y, con la vista puesta en la trasparencia, la proximidad y las garantías para los consumidores y usuarios.
No parece percibirse, la clara y firme decisión del Presidente Zapatero al lado de los débiles, lo cual, por contra, pudiera estarle dando prensa negativa al ser aprovechada la incompetencia divulgativa del Gobierno y del partido, por quienes si saben manejar con destreza los hilos de la publicidad y la propaganda.
No podemos por menos, que fruncir el ceño al estar viendo, una vez más, como se perfila una reforma laboral con cambios de modelos contractuales y de prestaciones. Más de lo mismo, no se aventura, no llega ningún viso tendente, previo, a la transformación del modelo productivo, cuando menos en el ejercicio de poder de dirección empresarial y en la toma de decisiones, entre muchas otras, cuando se decide un despido, en todo lo referente al pago de los salarios de tramitación, cuestión que el Tribunal Supremo va enmendando, al estarse perjudicando los intereses de los trabajadores.
Tampoco se ven deciciones de apoyo real a los trabajadores autónomos, muchos de ellos generadores de empleo, los cuales justamente se quejan de las dificuldades que soportan, como operadores recaudadores delegados, para hacer frente a los seguros sociales y al pago del IVA, incluso antes de cobrar sus servicios.
Sin enbargo, es cierto que son muchas las iniciativas en marcha para enriquecer la calidad de vida ciudadana pero, ¿quién falla en el PSOE?
Unos, dicen que se ha inclinado demasiado la tarea de partido hacia la acción de gobierno, centrándose todo movimiento político en torno al líder y, otros, vienen en decir que quienes deberían ocuparse de los órganos políticos de partido, están demasiado inmersos en sus ocupaciones departamentales, coordinando el hacer ministerial.
Lo cierto es que, estando así las cosas, pudieran no ir a mejor durante el semestre de la presidencia europea. Alguien deberá llevar las riendas del carruaje para evitar se desboquen los caballos.
Salvo mejor parecer
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 El retraso de tantos años en la aplicación de una política y un sistema de prevención de riesgos laborales, en Correos y Telégrafos, acorde con la estructura de la empresa, ha traido consigo un elevado número de empleados de baja por enfermedad, en la mayoría de los casos con afecciones de caracter profesional aunque consten como enfermedades comunes.
Los cambios que se están produciendo a machamartillo, sin contar con especialistas, podrian traer consigo un fracaso mayor a muy corto plazo, al mantenerse presentes a los causantes de todo el daño.
Se están cubriendo huecos, a los efectos de aparentar la existencia de un verdadero sistema de prevención de riesgos.
Falta una campaña interna formal, no de propaganda, dirigida a los destinatarios de la prevención, desarrollada por personas que sepan trasmitir con rigor jurídico, en principio teoricamente, la necesidad de la asunción de una nueva cultura.
No es suficiente con crear equipos vacíos de contenido, compuestos por los mismos de siempre que no creen en ello, que hacen las cosas más como una obligación de dar el pego. No se repara en que ha de ser algo estable, algo que una vez recorrido el ámbito territorial de toda la empresa con un mensaje uniforme, debe traducirse en una implantación única, una puesta en funcionamiento real, al mismo tiempo en todas partes, con técnicos creibles y preparados. Puede hacerse, debe hacerse.
No es asumible que existan personas con bajas por enfermedad de muy larga duración por falta de una política de prevención de riesgos laborales en Correos y Telégrafos, es una estafa que la empresa le está haciendo al Estado. Al mismo tiempo está produciendo un desequilibrio en las personas afectadas, a las que se les ve como interesadas en mantenerse en tal situación, cuando en la mayoría de los casos están a la espera de una decisión del responsable de la salud, que no es otro que el empresario.
Decíamos en otro artículo de este sitio que una médica de Correos y Telégrafos de Pontevedra, evidenciaba su posición de espaldas a la prevención al decirlo ella misma por escrito, afirmando y reafirmando no formar parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y al decir que, en consecuencia, podríamos saber cuales eran sus cometidos y cuales no. Realmente frustrante que una médica del Servicio de Prevención de Riesgos de Correos y Telégrafos diga no pertenecer al mismo, médica que hace informes sobre la salud laboral para entregar al EVI sobre personas que están de baja por una falta de control sobre su salud en el trabajo, sanitaria miembro de un servicio de prevención, que tiene el descaro de solicitar personalmente, a la entidad gestora MUFACE, información sobre la salud de funcionarios de baja, a los cuales ella misma no ha atendido.
¿No es más fácil acudir a los trabajadores en la propia empresa?, ¿Por qué esa táctica de derrumbe y acoso hacia quienes no les han hecho nada, que son sujetos pasivos, a la espera de una intervención limpia y decente?
 En Galicia, la Inspección Territorial de Trabajo, detectó irregularidades y hace mención a una Resolución de Sanidad de fecha 06.08.2007 que decide respecto de Correos "PROHIBIR LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD SANITARIA".
El propio actual Presidente de Correos, Sixto Heredia, ha reconocido en este mismo año 2009, ante la autoridad gubernativa, lo cual le honra, que el Servicio Médico de Correos en Pontevedra carece de autorización administrativa de funcionamiento, pero que estaban próximos a recibir autorización. ¿Qué han hecho pues durante tantos años?
Debe destacarse que el actual equipo directivo, es quien está tomando cartas en el asunto por decisión del nuevo titular del Ministerio, y quienes no tienen pelos en la lengua a la hora de decir las cosas claras respecto de lo que se están encontrando, seguramente atónitos.
¿Qué podemos decir de los que han estado al frente de esta empresa del Estado?, ¿qué decimos de quienes han hecho una política de acoso y humillación en lugar de prevención en Correos y Telégrafos?
 La autoridad sanitaria inspeccionó a Correos en materia de Prevención de Riesgos y constató el incumplimiento, pero en la empresa siguen riéndose de todos, por ello no es de recibo que ahora, en el momento que el Ministro Pepe Blanco establece la necesidad de cambios, se pretenda por quien es el encargado de hacerlos, mantener a la vista y con responsabilidades, nada menos que a quienes fueron parte directa de todo este desaguisado, de toda esta actitud prepotente. ¿Cómo puede defenderse algo así?
Sanidad dijo: "Correos incumple la normativa"
Sanidad insistió en dirigirse a Correos advirtiéndole de la necesidad de cumplir la normativa de Prevención de Riesgos y de poner a disposición de los interesados, a solicitud de estos, la historia clínico-laboral completa.
 ¿Con qué cara puede pedirsele a cualquier empresario en España, el cumplimiento de la Ley, si se hace vista gorda con una que es del Estado?. No puede consentirse y debe conocerse por la ciudadanía para que cesen actitudes contradictorias, impropias de una sociedad democrática.
Lo ocurrido en esta Empresa, no es propio de Zapatero, no lo es de Pepe Blanco, no va con las maneras del PSOE. Es una manera de maltrato a los empleados, desprecio acoso y humillación a personas concretas que están de baja por enfermedad, por causas cuya responsabilidad recae en la propia empresa, en los gestores obsoletos que siguen ahí, que han estado haciendo, durante años, caso omiso a sus obligaciones. Los nuevos responsables deben tomar nota prioritariamente de esto, llevan cierto retraso.
¿Para cuando los cambios? Cambiar, según la Real Academia Española de la Lengua, es dejar una cosa o situación para tomar otra; convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria.
Ministro Blanco, en Correos no te tienen informado. Has empezado bien, no es bueno para tu Ministerio y para tu partido tanto retraso en la resolución de esta indecente actuación en materia de SALUD.
Salvo mejor parecer
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 Como sabemos, han sido muchos años los que han estado sin un sistema de Prevención de Riesgos conforme a la normativa, en Correos y Telégrafos. La llegada al Ministerio de Fomento de José Blanco, junto con las denuncias reiteradas y fundadas sobre el tema, llegándose a situaciones de una verdadera delincuencia encubierta, trajeron consigo que al nombrar un nuevo Director de Recursos Humanos, se optara por un perfil conocedor de la Salud Laboral.
Luis Pérez Capitán, posiblemente no sin dificultades, ha ido haciendo encajes para conformar un Servicio de Prevención Propio en la Sociedad Anónima, después de catorce años de la entrada en vigor de la Ley y, también después del abusivo mangoneo que se han traido hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, el equipo responsable de estos menesteres y que continúan, a saber ¿por qué? en el área de personal.
La Revista ABRECARTAS (de los empleados de Correos), abre los ojos a quienes hasta ahora no se habían dado cuenta del gigantesco engaño a que nos tenían sometidos los gestores de la empresa, alguno de ellos todavía en medio, quizás a punto de recibir el empujón que le ponga en donde deba estar, lejos del calor de las personas, al no haber conseguido él mismo, mantener una altura mínima de gestión.
Y digo que abre los ojos, mostrando el engaño, al poder leer atónitos todos, que algunos quieren celebrar nada menos que DIEZ AÑOS DE PREVENCIÓN, en un intento absurdo por dar a entender que esto que ahora se hace no es nuevo, sino que proviene de la gran gestión en materia de salud laboral y prevención llevada a cabo por los que no tienen talento, siquiera para disponer de la elemental HISTORIA CLINICO-LABORAL de los empleados. A todos ellos, la más sincera repulsa y solicitud de que por dignidad se vayan, dejando a los que saben, hacer las cosas conforme a la Ley.
¿Intentan tapar?
No son diez años de Prevención, son realmente CATORCE sin ella, desde el 10 de noviembre de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin que en Correos se haya hecho lo que la propia norma establece. Razón suficiente para el cese inmediato de impostores, una vez se han tomado las primeras medidas decentes, para la salvaguarda y el control de la salud de los empleados de la Sociedad Estatal.
Las cosas pueden cambiar con los nombramientos nuevos, no ha sido otro el motivo de la elección de Luis Pérez Capitán. Otra cosa distinta es, ¿qué hacer con los muermos encasillados en el pasado?
Y, si alguna prueba puede resultar de peso, véase la intervención decepcionante, frustrante y descorazonadora, de la Médica de Correos de Pontevedra que a fecha 20 de julio de 2006 dijo por escrito:
"Hasta la fecha, en Correos se ha constituido un solo Servicio de Prevención Central (en el Centro Directivo), del que yo no formo parte, de lo que puede deducir cuáles son mis competencias y cuáles no"
No tiene desperdicio, ¿verdad?
Al decir la licenciada en medicina NO PERTENECER al Servicio de Prevención, asume que en la práctica las tareas preventivas y de salud de los trabajadores en su ámbito (provincia de Pontevedra) no han sido tratadas y que, por tanto no ha cumplido con su reponsabilidad.
Al decir, "...de lo que puede deducir cuáles son mis competencias y cuáles no" se aparta de toda competencia en materia de prevención, de todo lo que suponga haber actuado en la evitación del daño que el trabajo ha ocasionado a muchos empleados de Correos, causándose enfermedad profesional y a muchos también de los cuales, se les mantiene en situación espectante a lo largo de años, todo por no adoptar medidas preventivas en su momento y con posterioridad correctoras o de apartarles definitivamente del origen de la patología.
¡Dejación de funciones!
No podemos olvidar que esta médica, ha elaborado y elabora informes médicos, que remite sin autorización ni consentimiento expreso, a espaldas de los interesados (trabajadores) sobre los que informa, a terceros tales como el EVI, en materia de jubilación por incapacidad, aludiendo a cuestiones de adaptación del puesto a la patología, ¿cómo lo hará?, ¿quién se lo permite?
Si uno piensa fríamente en todo esto, llega facilmente a la conclusión de que aquí pasa algo, los menos desconfiados creen que las jubilaciones por incapacidad que realiza la propia sociedad anónima tienen algo raro.
Es prueba también de peso, las alegaciones del actual coordinador del Servicio de Prevención Propio de Correos que en fecha 24.07.2007, salida 298 dijo:
"...y le informo que Dª Mª C. M. del C., Jefa de los Servicios Médicos de Pontevedra, forma parte del Servicio de Prevención de Riesgos de Correos, conforme a lo estipulado en el R.D. 39/1997, disposiciones adicionales 2ª y 3ª" (sic), justamente lo contrario que vino en decir ella.
¿Juegan límpio en materia de salud laboral?
Salvo mejor parecer
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 Son muchos los que piensan que el Partido Socialista acertó nombrando a Pepe Blanco Ministro. La cuestión en principio podría suponer una simple frase, salvo cuando nos ponemos a hacer un breve repaso sobre su actuación en el escaso tiempo que lleva al frente de un Departamento complicado, donde los haya. Es entonces cuando vemos su eficacia política que debería ahora, cuanto antes, traducirse en eficacia técnica.
Importante resaltar que, entre quienes destacan tal acierto están líderes de la oposición estatal, no de la gallega por supuesto y, quienes están avalados por un buen número de votos, tales como Don Alberto Núñez Feijoo presidente de Galicia.
Resulta imprescindible que, sin mirar para otro lado, empiece a notarse el aspecto tangible que no es otro que la gestión directa. Una manera de que los desencantados de la izquierda gallega, hartos de experimentos de colores, pudieran simpatizar con una manera de hacer las cosas, que compagine, a las claras, política y gestión.
El juego de palabras que surge cuando los periodistas preguntan, al Secretario General del PSdeG-PSOE, sobre la posibilidad de coexistencia de un líder del partido junto a un candidato distinto a la Xunta de Galicia, hace que los no militantes, con pensamiento de izquierda levanten la ceja planteándose dicha posibilidad como atractiva, tras lo cual viene la disyuntiva de siempre, ¡qué pena no abran las ventanas y dejen entrar corrientes!
Salvo mejor parecer
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 Ver a los líderes sindicales metidos en harina, haciendo planteamientos concretos y firmes, no puede menos que producirnos alegría. El pasotismo injustificado de los últimos tiempos causaba decepción; por contra, el posicionamiento valiente de Cándido Méndez ante el líder de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán más proclive ahora a escuchar o, las propuestas cabales y certeras de Ignacio Fernández Toxo, permiten respirar hondo, más motivados ante un tiempo nuevo con visos de renovación.
Por fin, despierta la inquietud realista por dar verdadera solución a los problemas del mercado de trabajo, en conjunción con los cambios de cultura, ya sean referidos a las modalidades de empleo al uso, ya lo sean al modelo productivo propiamente dicho.
El anuncio, a modo de señuelo, planteado por la Vicepresidenta Elena Salgado, sobre la implantación de modelos normativos de otros países, en materia de contratación parcial, ha abierto un debate necesario, respecto de la busqueda de soluciones, con la acertada plática sosegada a que nos tiene acostumbrados la Ministra económica.
Un cambio de cultura, necesario sin duda alguna, habrá de ser precedido de un cambio normativo que haga posible la consolidación de los acuerdos al tiempo que marque de manera clara la transitoriedad de otras medidas. Es por tanto, llegado el momento de plantearse la tan manida reforma laboral, basada en un objetivo de modernidad en las relaciones laborales y como pilar de la reforma de modelo productivo, sin obviar la adecuada protección de los derechos de los trabajadores. Hacer una improvisación podría no tener las consecuencias deseadas, deben por tanto adoptarse medidas jurídicas bien consensuadas, incluso profesionalmente, contando con expertos laboralistas en su confección y en su puesta en práctica para ser certeros.
En los últimos años, ha habido una especialización concienzuda en la contratación temporal, quizás basada en la incertidumbre del empresariado frente a la indemnización por despido que consideran rígida y cara, aunque en realidad no resulte serlo tanto. Ahora bien, al lado de esa realidad existe otra, llamativa y casi incomprensible, de la que se habla poco por considerarse normal, se trata del sector público, también centrado en la contratación temporal, disponiendo de grandes bolsas de contratación para cubrir vacantes, vacaciones, excesos productivos y un largo etcétera de modalidades contractuales, adoptadas incluso por la propia Administración Pública.
Existen en el sector público empresarial varios ejemplos, empresas como Correos y Telégrafos con una plantilla ciertamente amplia, del orden de los 67.000 empleados actualmente, entre los que excepcionalmente también hay funcionarios públicos; empresa que cuenta con bolsas de contratación temporal y de fijos discontinuos también de consideración. Dada la situación actual, en la que se impone un cambio de cultura en diversas lineas del espectro laboral y empresarial, no estaría de más plantearse la posibilidad de un relevo generacional en las plantillas de estas empresas de titularidad pública y con capital integro del Estado; una manera de dar ejemplo, siendo los primeros en dar el paso renovador. La jubilación de 15.000 funcionarios en Correos que hayan cotizado lo suficiente para la percepción del cien por ciento de su pensión, a cambio del empleo de otros tantos empleados temporales que actualmente componen las bolsas de empleo eventual que disponen de preparación profesional, supondría una cualificada opción, tanto desde la perspectiva laboral como desde la económica.
Otro área, en la que resultaría interesante el cambio de cultura, referido a la prestación parcial de servicios, podría darse en el ámbito de cierto perfíl de los autónomos, dado que, en algunas actividades, previa la regulación al efecto de compatibilidades concretas respecto de la percepción de desempleo o, de pensiones, se abriría un filón de trabajo por cuenta propia que, al mismo tiempo cotizara parcialmente por la actividad desarrollada.
Los sindicatos y la patronal tienen la palabra.
Salvo mejor parecer
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 Produce ciertamente estupor, comprobar día tras día, como quienes peor llevan las cuestiones de las relaciones laborales, resultan ser los mismos que aparecen premiados por su dedicación de excelencia en el tratamiento de sus trabajadores o, forman parte de foros tan importantes como la RED DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS basado en los 10 principios:
1.- Las empresas y los derechos humanos
2.- Vulneración de los derechos humanos
3.- Las empresas y la libertad de asociación
4.- Las empresas y el trabajo forzoso y coacción
5.- Erradicación del trabajo infantil
6.- La discriminización en el empleo
7.- Las empresas y el medio ambiente
8.- Iniciativas para el respeto medioambiental
9.- Difusión de las tecnologías ecológicas
10.- Las empresas y la corrupción, la extorsión y el soborno.
Una llamada de una colega me hace llegar su sorpresa por haberse enterado que la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, es socia integrante de esa Red del Pacto Mundial. En su conversación decía llevarse las manos a la cabeza, al comprobar como una empresa de estas características y sabedores todos, mucha gente, de sus practicas empresariales para con sus empleados, pueda taparse tras una asociación que sigue los principios de las Naciones Unidas.
Hace sentir pena, sí, rubor por la cantidad de letra vertida en asociaciones de caracter mundial que se amparan en el cumplimiento de los más puros deseos del bien común. Pero, lo importante de todo, resulta que no es Correos y Telégrafos quien hace prácticas contrarias a los derechos humanos, son sus gestores, son quienes están apoyados, nombrados, consentidos por organizaciones políticas que representan a los ciudadanos.
Inmediatamente nos han venido a la memoria resoluciones recientes del Tribunal Supremo español, referentes a Correos y Telégrafos, SAE, sobre el trato discriminatorio con sus empleados al aplicar, la empresa, normas contrarias al principio constitucional de igualdad, comentado en su día
Como desarrollo de los 10 principios, la Red española del PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS, menciona:
Discriminación – Directa e indirecta
La discriminación puede producirse de variadas maneras, tanto en el momento de acceder al empleo como en el propio tratamiento dispensado a los empleados una vez incorporados a sus puestos.
Puede ser directa, cuando las leyes, normas o prácticas citan explicitamente una razón como el sexo o la raza para denegar igualdad de oportunidades. Lo más común es que la discriminación se realice de forma indirecta y que surja cuando las reglas o prácticas tienen apariencia de realizarse con neutralidad cuando, de hecho, conduce a exclusión.
Esta discriminación indirecta a menudo existe de manera informal en las actitudes y en las prácticas y si no se combate puede llegar a perpetuarse en las organizaciones. La discriminación también puede tener raíces culturales que demanden un acercamiento individual más específico. (sic)
Es también base para la Red del Pacto Mundial, como mínimo, que las empresas deben esforzarse por garantizar que sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en el país en el que desarrollan su actividad. Y lo es asimismo, el desarrollo higiénico-sanitario y de seguridad en el trabajo.
 Se dijo todo, pero los cambios y los ajustes han sido pocos. Los responsables políticos se limitan al protocolo, al conducto reglamentario. Cuando deciden hacer algo, para investigar un robo, le preguntan al ladrón, para conocer de una irregularidad se dirigen al infractor, ¿qué respuesta esperan?. ¿Quieren que pensemos que no les interesa erradicar el germen podrido?
En Correos y Telégrafos, sus gestores, durante años han tenido abandonada la salud y la seguridad laboral. Mienten quienes dicen que son diez años de prevención (revista de Correos, abrecartas nº 46),les retamos a demostrarlo decentemente. Carecen ahora mismo de la historia clínico-laboral de sus empleados [artículo 37.3c) del Reglamento de los Servicios de Prevención], cuestión elemental y básica para quien pretenda aparentar cuando menos una dedicación sencilla a la prevención. Cuando se les ha pedido dicha historia clínica por las autoridades, intentaron fingir tenerla, hasta que se vieron abocados a reconocer no tenerla, lo cual significa no haber hecho absolutamente nada, en materia de Prevención de Riesgos Laborales y, denotan mala fe.
No son buenas las mentiras para llevar a buen fin una empresa del Estado. No es cierto que los gestores de Correos y Telégrafos hayan hecho bien las cosas en materia de salud y prevención de riesgos laborales.
Es ahora, justo ahora, desde el actual gobierno socialista con Pepe Blanco al frente, cuando se han dado los primeros pasos, no suficientes. Es menester pedir cuentas a quienes han hecho una escandalosa dejación de funciones en esta materia y, llamarles mentirosos y falsos a los que dicen que lo que ahora se hace es parte de lo que se venía haciendo, eso no es verdad, todos, que somos muchos, lo sabemos.
Al lado de todo deben cumplirse,cuando menos, los principios constitucionales. Zapatero ha dado mucha ilusión, no debe permitir bajo ningún concepto, que asome la posibilidad de perderla.
Se ha denunciado hasta el cansancio, la reincidencia delictiva de personas que habían sido penadas por los tribunales, al haber malversado fondos y falsificar documentos públicos. Personas que siguen en medio de todo.
¿Es tan díficil erradicar un cancer tan sucio?
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¿Obraron de mala fé?
Tras la sentencia definitiva del Tribunal Superior de  Xustiza de Galicia, anulando las licencias de Finca do Conde, donde se ubicaron dos torres con 228 viviendas y un Centro Comercial próximo a la Gran Vía de Vigo, es necesario que de manera urgente, los responsables de la concesión de tales licencias ilegales, políticos del Partido Popular con nombres y apellidos, hagan una intervención pública, en diversos foros, dirigiéndose a la ciudadanía, explicando todo lo relacionado con su actuación.
Justamente, aquellos partícipes de actuaciones que ahora suponen un desastre para Vigo, un desprestigio para la institución municipal y un enorme daño y agravio a los ciudadanos vigueses; vienen obligados a dar la cara.
Primero y principalmente aquellos que, son causantes directos de manera personal, deberían de presentar la dimisión de sus cargos públicos, en honor a la decencia debida. Acto seguido, conocido el fondo, partiendo de la posibilidad de que se concedieran licencias ilegales a sabiendas, habrán de adoptarse las medidas formales, por quienes ostentan la representación ciudadana, para que, en su caso, los delincuentes den cuentas por ello ante la Justicia. No hacer esto, será más de lo mismo.
No es hora de reproches, la gente no quiere oir, como siempre, lamentaciones de políticos en activo respecto de aquello que hicieron otros. Es hora de pedir responsabilidades formalmente, de una manera directa a las personas que actuaron fuera de la ley, en nombre de los vigueses.
No valen alusiones a que "algún día deberán explicar...", es ahora cuando hay que hacerlo, deben evitarse las percepciones ciudadanas de que "todos son iguales".
Lo mismo que se sale en campaña electoral pidiendo el voto, ofreciendo a cambio actuaciones favorables al bien común; del mismo modo, ahora sólo cabe salir igualmente en público a asumir responsabilidades por actuaciones que han causado un daño muy grande.
Ya dimitidos o destituidos los políticos y políticas actuantes, habrá de ser su partido, el PP, quien tome la iniciativa para dar una solución conjunta al grave problema que han producido.
Todo ello por higiene, por salud.
Salvo mejor parecer
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 Un oportunista malintencionado, del Partido Popular, ha levantado la polémica en Vigo por el nombramiento de familiares de militantes y concejales del PSOE en el Ayuntamiento.
Se ha producido malestar incluso entre los propios socialistas, mal informados, recelosos de que la imagen de su partido, pueda verse dañada por aquello que se va diciendo por ahí.
Un personaje del Partido Popular, introduce la cizaña. Dice, sin responsabilidad alguna, centrado únicamente en soltar lastre sucio, que nombrar a ciertas personas próximas al PSOE en Vigo, es una injusticia cara a los ciudadanos.
Injusto, resulta que a personas que se permiten hacer el mal, desde un cargo otorgado por los votantes, en este caso de los votantes del Partido Popular, no se les pidan cuentas después de comprobar que han hecho un flaco favor al bienestar ciudadano.
Pena nos da, ver que no se da asentado la derecha en una democracia serena, en la que hace falta sumar y construir. El inconsciente personaje sólo ha tirado piedras contra el tejado del ordenamiento jurídico creado por y para el pueblo, hace una labor infecciosa que no beneficia a nadie, abre su boca ante la opinión pública, a través de los medios, de algunos desinformados en la materia y entre todos, sacan un ladrillo más en el derrumbe de lo que tanta falta nos hace, el orden básico para la convivencia.
El propio Partido Popular, al que pertenece el anunciador frustrado, debería salir al paso de tales manifestaciones, desautorizando su impertinente intromisión.
Es bueno recordar que el personal al servicio de los Ayuntamientos puede ser de índole diversa, de todos conocidos, existen funcionarios de carrera, entre los cuales hay que diferenciar los de habilitación nacional (Secretarios e Interventores-Tesoreros, ambos pasan por las fases de entrada y superior); los restantes funcionarios locales; el personal laboral, compuesto por fijos y temporales y, finalmente el personal eventual.
La polémica levantada en el Ayuntamiento de Vigo, por un irresponsable oportunista del Partido Popular, se refiere a personal EVENTUAL, este tipo de relación jurídica está compuesta por personas de CONFIANZA que pueden prestar puestos Directivos de Servicios, para lo que necesariamente habrán de ser funcionarios de cualquier Administración (local, autonómica, central, etcétera); también dentro de los eventuales (puestos de confianza) existen aquellos puestos propiamente denominados de CONFIANZA O ASESORAMIENTO ESPECIAL, a los que no se exige ninguna condición ni específica, ni especial para su nombramiento. Así se establece en la Ley.
En las plantillas municipales, habrán de existir una previsión de las normas estatales referente a ciertos puestos de trabajo, que podrán ser desempeñados indistintamente por funcionarios o personal eventual. Así, el Pleno del Ayuntamiento desde el comienzo del mandato, es conocedor y partícipe de este tipo de personal eventual y de sus clases; el nombramiento y el régimen retributivo deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. El Alcalde-Presidente es quién nombra y cesa a estos eventuales, resultando que los de CONFIANZA O ASESORAMIENTO ESPECIAL, deberían cesar cuando deje el cargo quién les ha nombrado.
Nada ilegal parece desprenderse de la actitud del Alcalde de Vigo, al nombrar a personas de su confianza para el asesoramiento especial que estime oportuno. Siempre que haya cumplido con las prerrogativas, mínimas legales, descritas.
Lamentar una vez más, la conducta destructiva del individuo popular. Maneras poco democráticas, formas de hacer política recurriendo a la confusión que no pueden ser convalidadas por nadie.
Salvo mejor parecer
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Baldomero Gómez
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