12.11.09 @ 01:45:03. Archivado en Justicia
El Derecho no es una ley física o biológica que estemos obligados a aceptar inevitablemente como premisa. No deriva de una verdad universal y no tiene por qué ser la regulación más acertada, objetiva o justa posible. Ni siquiera constituye la única forma de organizar la sociedad: aunque descartemos por inicuo al árbitro natural de las relaciones humanas, que no es otro que la ley del más fuerte (la que de hecho prevalece cuando un estado o un movimiento político se sienten en condiciones de sacarla provecho aun a expensas de la legalidad), siempre cabría la opción de resolver los conflictos mediante la consulta a un oráculo, la decisión de la autoridad o el sufragio universal. No en vano, el poder judicial tiene un poco de los tres.
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El único punto que Baltasar Garzón argumenta con consistencia en el polémico auto que emitió para arrogarse la autoridad de juzgar penalmente los crímenes del franquismo, a través de la exhumación de 19 fosas comunes, es, ya casi al final, cuando defiende, citando doctrina de Naciones Unidas, el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas con "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad", aun en el caso de que ya no se pueda proceder judicialmente contra los culpables. Pero no da la sensación de que el sumario aspire realmente a eso.
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Después de las últimas revelaciones de El Mundo, no creo que pueda caber ninguna duda, ni siquiera a los que dudamos de ello en un principio, de que el PCTV y ANV no son simplemente unos partidos afines que, pese a ciertas divergencias ideológicas, se prestaron a llevar la voz de la izquierda abertzale a las instituciones ante la imposibilidad de que lo hiciera la Batasuna ilegalizada, sino los testaferros puntuales y obedientes de ésta. Y tampoco de que el Gobierno pudo haber promovido mucho antes la ilegalización de ambos y, si no lo hizo, fue por la conveniencia política del momento, que era llevar a buen puerto las negociaciones para lograr la disolución de ETA. Ahora bien, la ecuación que sigue indemostrada y es, a fin de cuentas, la que justifica todas las demás proscripciones, es que Batasuna sea, en términos jurídicos estrictos, lo mismo que la banda terrorista a la que justifica. Y el establecimiento de dicha identidad también fue, no lo olvidemos, una instrumentalización de la ley al servicio de consideraciones extralegales.
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Después del numerito que montaron el sábado los abertzales durante la constitución de los ayuntamientos de varios municipios vascos, políticos y periodistas aguardan al primer atentado que cometa ETA para comprobar si los concejales de ANV lo condenan y si el no hacerlo es el detonante de su ilegalización. Sin embargo, el lunes, el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado coincidieron en señalar que no condenar un acto terrorista podría no ser suficiente para instar a la ilegalización de la nueva formación. El vocal conservador del CGPJ José Luis Requero replicó ayer que fue precisamente la negativa a hacerlo con el de Santa Pola lo que provocó la inmediata ilegalización de Batasuna, días después de decretarla el juez Baltasar Garzón al considerarla parte constitutiva del entramado etarra. ¿Qué dice exactamente esa Ley de Partidos que todo el mundo cita y nadie parece haber leído? ¿Debería haber impedido el Gobierno que ANV concurriera a las municipales o que los concejales electos tomaran posesión? ¿Podría ilegalizar a la formación ahora, aunque sólo consiguiera que aquéllos siguieran ejerciendo desde el Grupo Mixto? ¿Qué pasará si no condenan un atentado?
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Los jueces tienen necesariamente que interferir en la política, porque la política es una de las dimensiones de la sociedad y, en nuestra concepción del Derecho, todo lo que sucede en la sociedad entra dentro de la jurisdicción de los jueces; por eso pueden llamar a declarar o imputar a cualquier político fuera de los actos para los que esté aforado. A su vez, la política está implícitamente presente en los jueces, porque son seres humanos y todos los seres humanos estamos ideologizados, sin que para ello haga falta que nos controlen los partidos ni que estemos a su servicio.
Ahora bien, de esta segunda evidencia se deduce el corolario de que la aplicación de las leyes no es objetiva, máxime cuando el enunciado de éstas, compuesto de letras y no de números, ni cubre todas las particularidades posibles ni determina de forma unívoca su interpretación. Y por tanto, los jueces deberían abandonar ese chantaje que consiste en considerar cualquier crítica a sus decisiones como presión o falta de respeto, y los partidos (y periodistas) abstenerse de su costumbre de hablar de "varapalo jurídico" al adversario cada vez que un tribunal le da la razón, porque nada excluye de antemano que el varapalo se lo esté pegando al magistrado la parte contra la que aquél sentenció. Por el momento no se nos ha ocurrido una manera mejor de organizarnos que presuponer que unos tipos disfrazados con togas son los mejores garantes de las leyes, pero eso no puede impedir que analicemos y critiquemos cada una de sus sentencias por separado. A mi juicio, todas las que han focalizado la polémica en la última semana (De Juana, Jarrai, citación de Otegi e Ibarretxe) tienen mucho que reprochar.
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30.11.05 @ 23:40:29. Archivado en Justicia
El mismo día que El Mundo publicó la entrevista con el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, aquélla en la que Francisco José Hernando alertaba de que la aprobación del Estatuto de Cataluña podría dar lugar a que un hecho fuera delito en una comunidad autónoma y no en otra, se iniciaba en la Audiencia Nacional el Proceso 18/98.
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Kiko Rosique
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