No hay solución política posible

Permalink 11.09.17 @ 00:26:33. Archivado en Cataluña

No hay diálogo posible en el conflicto nacionalista de Cataluña, que es como debe llamarse, y no 'la cuestión catalana', ni 'el desafío catalán', porque enfrenta a los nacionalistas españoles y los catalanes, y tanto en la comunidad autónoma como en el resto del Estado hay individuos que creen que hay una nación española y/o una nación catalana. No lo hay ni lo habrá, tampoco, después del 1 de octubre. Desengáñense quienes piensen que, pase lo que pase con el referéndum, una eventual movilización masiva de los independentistas en las urnas o en la calle llevará necesariamente a la búsqueda de una solución política entre las partes. No hay solución política posible, ni la habrá.

No hay posible diálogo ni solución política cuando un bando considera que Cataluña es un sujeto soberano y el otro que lo es España entera, con Cataluña incluida dentro. O prevalece una opción o prevalece la contraria. No hay punto intermedio. Cualquier propuesta de solución política tendría que elegir entre uno de estas dos premisas como base de partida. El federalismo del PSOE, por ejemplo, escoge la primera, y el referéndum acordado la segunda. Pero siempre habrá que decantarse por una de ellas. Y los partidarios de la contraria nunca aceptarán la elección

Los argumentos de unos y otros parten siempre de uno de estos dos axiomas incompatibles, y de hecho son internamente consecuentes con cada uno de ellos. Desde el del Estado, es lógico que haya una legalidad constitucional y una democracia que consiste en contar la mayoría de los votos de todos los españoles; desde el de la Generalitat, es natural que el Parlament pueda establecer su propia legalidad, desobedeciendo la actualmente vigente y a sus tribunales, y que el derecho a decidir corresponda a los electores catalanes. El Estado no permite autodeterminarse a Cataluña y la Generalitat tampoco a las importantes comarcas y municipios en los que el independentismo es minoritario. No es una cuestión de ley ni de democracia, sino de cómo se delimita el colectivo que hace aprobar su norma suprema y del cual se recuentan los sufragios.

La única manera de resolver un conflicto en que las dos partes en litigio no aceptan un suelo común es por la fuerza. Es decir, como va a suceder ahora. Podrá imponerse la fuerza coercitiva o la fuerza reivindicativa, pero en ningún caso se impondrá la razón o el consenso, y siempre habrá un vencedor y un vencido. No hay solución política posible entre dos discursos que son incompatibles precisamente porque son idénticos y se aplican a dos colectivos parcialmente solapados.

Para mí estuvo claro desde que escribí esto hace ahora mismo cinco años, cuando Artur Mas lanzó su iniciativa soberanista tras la Diada de 2012. No es que yo adivinara que iban a llegar hasta el final, sino que, para debatir el fondo de la cuestión, necesitaba suponer que lo harían. Sin duda, el Gobierno de Mas podía haber desistido al comprobar que electoralmente la apuesta le perjudica al actual PDECAT en beneficio de ERC, o podía haberse conformado con una oferta intermedia del de Rajoy o de uno de Pedro Sánchez, o los partidos soberanistas podían haber perdido las elecciones de 2015 también en escaños, o haber renunciado a su apuesta a la vista de la trágica división de la sociedad catalana que están produciendo. O podían haber ido de farol y no haberse atrevido a desobedecer la legalidad constitucional. Pero, pese a las incontables informaciones basadas en “fuentes solventes” que alertaban de que no lo harían, han llegado hasta el final como buenos fundamentalistas que son. Y el final, si llegaban, siempre estuvo claro que sería éste.

Estaba claro que la Constitución, que por sí sola no es más que un papel, no supondría ningún obstáculo. Que la duda es si, al llegar la confrontación, se impondría la movilización social o el miedo a las represalias una vez que éstas empiecen a hacerse efectivas. Y eso es lo que veremos en los próximos meses. Es desolador pero es así.

Más desolador todavía es que los dos axiomas de partida son falsos. El que considera que Cataluña es un sujeto soberano lo hace porque está convencido de que Cataluña es una nación. Y quien asigna categoría de sujeto a España entera porque piensa que la nación es la española, y que Cataluña sólo forma parte de ella. Pero el concepto nación no refleja ninguna realidad objetiva. Sólo que un número amplio de personas tiene la creencia subjetiva de que un determinado territorio lo es. Dar a esa circunstancia legitimidad para emprender una iniciativa política equivale a que la presencia de millones de creyentes en un país justificara la instauración de una teocracia.

El nacionalismo español tiene sólo una ventaja sobre el catalán: que España ya está constituida como Estado, ya es un sujeto soberano jurídicamente establecido. Para derrocar el 'statu quo' y su legalidad vigente, algo necesario porque Cataluña es minoría dentro de España y no podrá imponer nunca su voluntad, hace falta justificarlo con una alternativa que se acerque más a la verdad. Y la de que Cataluña es una nación no se acerca. Es tan falsa como la de que lo es España.

En el ensayo aquel, que ojalá hubiera tenido más difusión, planteaba que no se puede deslegitimar un nacionalismo desde el contrario, porque ambos manejan las mismas falacias de partida, reproducen los mismos sofismas sobre una identidad, una cultura, una lengua y una historia comunes, y por tanto su confrontación dialéctica conduce a un perpetuo empate. Pero que sí se puede desmontarlos todos a la vez. Erradicando premisas metafísicas y restringiéndonos al estrico criterio democrático, habría que permitir una Cataluña independiente formada sólo por los municipios o comarcas donde triunfara el sí, y que aquellos donde ganara el no, tal vez la propia Barcelona incluida, se desgajaran políticamente del nuevo Estado. Algo que, obviamente, ya no habría interesado a ningún nacionalismo.

Lejos del enfoque racional que yo habría deseado, al momento definitivo llega en su plenitud la figuración de colectivos que en realidad no existen pero exigen lealtad de sus ciudadanos. No existe el pueblo catalán igual que no existe el pueblo español, y los catalanes tienen tan poco que ver entre sí como con el resto de españoles y como éstos entre sí. Pero, imaginando y exacerbando comunidades irreales, se ha creado una alteridad nosotros/ellos que emponzoñará durante mucho tiempo la relación entre individuos reales.

Entre españoles e independentistas, y, lo que es más grave porque viven juntos, entre unos catalanes y otros. Habrá referéndum o no, se aplicará el 155 o no, pero la Generalitat la seguirán gobernando los independentistas, probablemente reforzados por indecisos y jóvenes en próximas elecciones si salen perdiendo en este primer embate y el Estado queda como el malo de la película, y la mitad de los catalanes, los que hayan criticado o no se hayan implicado en la ordalía colectiva, quedarán condenados al exilio interior o exterior. Por ellos, y no por la unidad de España, es por lo que debe intervenir el Gobierno. Pero no podrá hacerlo indefinidamente.

La suerte está echada y el momento es ahora. La CUP, que con tanta ingenuidad o mala fe aduce que la independencia les ayudará a hacer la revolución más que aliarse con otras fuerzas del Estado, que incurre en la flagrante incoherencia de defender a la vez la territorialidad de los Països Catalans y la autodeterminación, es quien mejor ha entendido la lógica del desenlace. La independencia de Cataluña pasa necesariamante por la movilización masiva y permanente y por mantenerla cinco minutos más de lo que el Estado se pueda permitir reprimirla. Y la unidad de España por lo contrario. A ver quién aguanta más. A eso se reduce todo. No hay solución política intermedia, ni la habrá. No la hay, no puede haberla, en una guerra de religión.


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